Vidal Llerenas Morales

EL ECONOMISTA

Me parece que no mucho. Las diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y la que aprueba el Congreso se reducen a dos aspectos por el lado del gasto.

Uno son los etiquetados a estados y municipios para proyectos específicos, sin planificación alguna, muchas veces ligados a prácticas de corrupción.

El otro son incrementos a rubros que la SHCP sistemáticamente recorta en su propuesto original, porque normalmente los diputados los incrementan.

Es el caso de los recursos para universidades estatales y los de las organizaciones agropecuarias. Los recursos para financiar dichos cambios en el gasto generalmente provienen de fondos que nadie defiende, como los de medio ambiente, desarrollo urbano o fomento económico.

También proviene de que, año con año, se incrementa la estimación del tipo de cambio, lo que lleva a un mayor cálculo de los ingresos petroleros, una parte se registra como ganancia de Pemex, otra nutre el obscuro rubro de aprovechamientos. El resto del paquete permanece intocado. El gobierno compra con los etiquetados y recursos a grupos de interés el evitar que el Congreso se convierta en una arena para la discusión de las finanzas públicas.

En el Congreso no se cuestionan con seriedad las variables que determinan el presupuesto, ni el pronóstico de crecimiento, ni el de inflación, ni de tasa de interés, ni la plataforma petrolera, ni la recaudación de cada una de las fuentes de ingresos.

Las capacidades técnicas del Congreso son muy limitadas, pero también los espacios de discusión real de dichas variables.

Tampoco existe una valoración de las políticas que tenga impacto en las asignaciones presupuestales, incluso en áreas en donde la evaluación es intensa, como en la política social.

El proceso de discusión del paquete financiero sirve poco para que las propuestas de ingresos y gasto pasen por el ácido de una revisión profunda.

Eso permite que sucedan cosas como que la inversión del gobierno sea menor al costo financiero de la deuda y al propio crecimiento del endeudamiento, o a que no sepamos qué proyectos en específico se pagan con deuda.

La otra razón por el que la discusión es relativamente irrelevante es porque el gasto y los ingresos del gobierno son muy distintos a los aprobados por los legisladores.

Mientras en el 2015 el gobierno recaudó más de 190,000 millones de pesos del Impuesto Especial a las Gasolinas, en el 2017, tan sólo al tercer trimestre, decidió dejar de ingresar, por medio del famoso subsidio, 33,500 millones, que puede terminar en más de 45,000 millones al final del año. Es un gobierno que en promedio gasta 1 punto del PIB más de lo programado, pero que el año pasado tuvo un excedente de ingresos de más de 3 puntos.

Una parte de estos ingresos extras tienen reglas para su ejercicio, otros no, lo mismo sucede con los fideicomisos, cuyo monto supera ya los 680,000 millones de pesos. De hecho, no conocemos exactamente la fuente de financiamiento de cada incremento del gasto.

Los que tienen mayores recursos a los aprobados son siempre los mismos, la Presidencia, la propaganda, las oscuras partidas a seguridad y las transferencias discrecionales a los estados. Es decir, discutir el presupuesto sirve de poco porque al final lo importante siempre se modifica durante el ejercicio.