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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió promover la creación de 24 gasoductos por parte de empresas privadas para que proveyeran a la CFE de gas natural para generar energía eléctrica por dos razones.

La primera es que el único proveedor de gas natural para la CFE hasta ese momento era Pemex, pero entre los varios problemas de la empresa y ante la caída en la extracción de crudo, la producción de gas natural también presentó una caída sostenida desde 2009, lo que comenzó a generar un problema de desabasto para la CFE.

La segunda es que la CFE no tenía el capital suficiente para construir los gasoductos, pero sabía que mediante inversión privada la generación de energía no solamente se garantizaría, además sería más barata que las dos alternativas: utilizar combustóleo, que sale cuatro veces más caro para la CFE, o diésel, que sale seis veces más caro.

De esos 24 gasoductos 17 ya están operando, proveyendo de gas natural a la CFE, en un esquema que es el que ha seguido no solo México, sino gran parte del mundo, para bajar los precios de la electricidad y, en los casos más exitosos, como en Francia y la empresa Engie, utilizar energías renovables.

A la fecha entonces quedan 7 gasoductos por comenzar operaciones. Tres de ellos están cerca de concluir sus obras. El primero es el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cuya licitación ganó la empresa Fermaca en 2016 y tendría que haber comenzado a operar en enero del 2018. Trae sin duda un retraso que, por alguna razón no le interesó mencionar al presidente López Obrador en la mañanera del lunes pasado. De las 4 empresas que tienen los contratos por estos 7 gasoductos, a Fermaca no se le mencionó. Solamente a Grupo Carso; IEnova y Transcanada.

En situación similar están el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Grupo Carso y el gasoducto Marino de IEnova y Transcanada. Este gasoducto transportará gas natural del sur de Texas a Tuxpan. Se está construyendo en el mar, de ahí su nombre, para evitar los sabotajes que han sufrido los otros cuatro gasoductos que aun no pueden surtir de gas natural a la CFE, pero que aun así están recibiendo los pagos acordados bajo contrato.

La condición contractual es que, una vez inicien operaciones y concluido el contrato establecido, las empresas involucradas sigan proveyendo del gas natural a la CFE que ya les pagó mientras el ducto no puedo operar.

Es decir, el dineral que dijo el presidente López Obrador que la CFE le está pagando a IEnova y Transcanada, lo está pagando porque el estado es responsable de liberar los gasoductos de quienes los sabotean o se amparan por conflictos en las zonas por las que atraviesan los ductos. No es, por lo tanto, dinero tirado a la basura. Será recompensado a la CFE una vez concluya el plazo de los contratos con los privados.

 

Columna completa en El Universal

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que si los empresarios que son dueños actualmente de los gasoductos que no están operando no cooperan para regularizar dicha situación, se les demandará.

Al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó al titular de la CFE qué harían si los representantes de las empresas Carso, IEnova y TransCanada, que actualmente tienen los gasoductos, no negocian sus contratos.

“Lo que dijo el Presidente es muy claro, él va a invitar a estas empresas que son conocidas para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo anterior y si no están de acuerdo serán demandados”, señaló.

De acuerdo con estimaciones de la CFE, la paraestatal pierde 21 mil millones de pesos, debido a que tienen que pagar por los problemas en la construcción o de operación de los ductos.

“Firmaron muchos contratos con empresas privadas para traer gas, básicamente de Estados Unidos, unos están funcionando y otros no porque han tenido problemas en la construcción. Que si el problema de los yaquis, que entraron a terrenos nacionales y no está permitido, toda una lista de asuntos sociales”, refirió el funcionario.

El expresidente Felipe Calderón respondió ante los señalamientos que hizo en su contra Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien dijo que en el sexenio del expanista se realizaron “jugosos negocios al amparo del poder público”.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa publicó: “Por supuesto: revísense los contratos que se consideren abusivos. Nota: en la industria del petróleo o el gas la figura común es el contrato ‘Take or Pay’ en el cual el comprador paga un cargo por el producto transportado independientemente de que luego decida que no lo quiere… Es positivo que se plantee la posibilidad de dialogar, siempre con respeto, sobre temas tan delicados como los del sector energético. La inversión privada ha reducido los costos para @CFEmx. En todo el mundo el sector privado genera electricidad, en particular renovable”.

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en vez de mejorar, México ha empeorado en materia de energía eléctrica. Afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era una empresa exitosa, y ahora con la Reforma Energética, solo produce la mitad de lo que se consume, pues son particulares las que abastecen el mercado. AMLO añadió que se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, lo que derivó en que 7 ductos estén paralizados.

Por su parte, el director de la CFE, Manuel Bartlett reveló los nombres de los exfuncionarios involucrados en dichos contratos.

“Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, periodo en el que se abre la participación de las empresas privadas: José Córdova Montoya, que participó en el negocio eléctrico y luego abrió una empresa que todavía opera… Jesús Reyes Heroles González Garza… Carlos Ruiz Sacristán… Luis Téllez, quien estuvo en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón… Alfredo Elías Ayub… Felipe Calderón Hinojosa… Georgina Kessel Martínez… Jordy Herrera Flores…”, señaló Bartlett.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respetará los 107 contratos celebrados con particulares derivado de la reforma energética.

Indicó que dicha decisión ayudará a evitar la declinación petrolera que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex); afirmó que durante los primeros tres años del gobierno no se realizarán cambios a la reforma energética, pues desean ver “hasta dónde da”.

Tras participar en el evento ‘Energy México 2019’, Nahle insistió en que la reforma propició la llegada de inversionistas de otros países, a quienes dijo, se les dará respaldo y seriedad.

Señaló que entre las primeras acciones para contrarrestar la baja exploración y producción de Pemex, la Secretaría de Hacienda inició el proceso de un régimen fiscal para poder cambiar o “aligerarle” la carga tributaria a la empresa productiva del Estado.

La funcionaria federal confió en que con diversas medidas, entre ellas la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, se logré revertir la actual situación que se padece en materia de hidrocarburos.

Al respecto informó que el proceso de licitación de la nueva refinería sería restringido, pues se invitará a empresas “especialistas y serias”.

“La va a licitar Pemex, va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas especialistas serias, y cuando digo serias, no es porque no haya empresas que no lo sean así, pero estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción”, dijo la Nahle.

Afirmó que dicha decisión ayudará a que evitar que participen empresas con antecedentes de corrupción y así evitar incumplimientos.

Luego de que trascendiera la información de que Excellence Freights, subsidiaria del Grupo Idesa, una compañía fundada por Pascual Gutiérrez Roldán, el suegro del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, recibió contratos por adjudicación directa para transportar el combustible de Pemex, la compañía negó estar participando en el proceso de distribución.

“Grupo IDESA informa que su filial, Excellence Freights de México S.A. de C.V., no ha participado en la entrega de gasolinas a las estaciones de servicio, con motivo del cambio en la estrategia de distribución de hidrocarburos, que el Gobierno Federal ha implementado recientemente”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Y afirmó que su giro de negocio es principalmente el transporte de materias primas, productos químicos y similares, para las empresas del Grupo IDESA, además de que únicamente transporta los combustibles necesarios para su auto consumo y aquellos relacionados con sus clientes.

El comunicado concluye reiterando: “Señalamos que no es verdad el que Excellence Freights de México, S.A. de C.V. haya participado, o este participando, en la transportación de combustibles propiedad de Pemex para su entrega a estaciones de servicio para el público en general.

Cabe destacar que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, fue Consejero de Grupo Idesa hasta abril del 2018, y su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez, es accionista de la compañía.

Esta no es la primera vez que relacionan a la empresa con el Gobierno, hace unos días trascendió que Grupo Idesa recibió permisos de la Secretaría de Energía para la importación de millones de litros de gasolina y turbosina entre 2016 y el 2018.

Además, a través de una sociedad estratégica con otra empresa, Grupo Idesa ganó la Ronda 1.3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para la extracción de petróleo en Tecolutla, Veracruz, por lo que desde principios del 2018 inició la perforación del campo.

Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco aún dan de qué hablar en materia de transparencia, asunto que generó polémica desde que se lanzó el proyecto.

Este lunes, el diario El Universal publicó que la Policía Federal indaga un supuesto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) había destinado al proyecto.

La conclusión de la indagatoria ya ha sido entregada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) y están bajo la mira el ex director General de Obra del GACM, Raúl González Apaolaza, así como el ex director General de Administración del GACM, Carlos Noriega.

El reporte destaca la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador del estado de Hidalgo.

Los actos de corrupción tienen que ver con contratos para la compra de materiales de construcción como tezontle y basalto que llevó a las empresas involucradas a beneficiarse con 17 mil 724 millones de pesos.

Javier Jiménez Espriú, quien estará al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el próximo gobierno, aseguró que en caso de encontrarse evidencia o presunción de corrupción en los contratos correspondientes al proyecto del aeropuerto de Texcoco, se procederá ante las instancias correspondientes.

El colaborador de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las posibles denuncias podrían ser presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Lo que es irregular no será aceptable, y lo que es correcto será atendido de acuerdo con la ley”, dijo Jiménez Espriú al asistir a la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural de México.

Precisó que los contratos se revisarán tan pronto asuma el nuevo gobierno, y adelantó que los empresarios que se encuentren dentro del ejercicio de la ley podrán participar en las siguientes etapas de la administración federal, situación contrario para aquellos a quien se les comprueben irregularidades.

Sobre el proceso de finiquito que se les pagará a las empresas que participaban en la construcción del proyecto en Texcoco, el futuro secretario de Estado indicó que “está caminando, va a ser un proceso de detalle, pero es largo; están en este momento los contratistas haciendo su análisis de qué es lo que se les ha cubierto, qué es lo que está comprometido y son gastos que no pueden recuperar, para presentarlo en su momento, no lo han presentado aún”.

Finalizó asegurando que tras los primeros acercamientos, todos los contratistas están absolutamente tranquilos sobre sus inversiones porque saben que las cosas se “van a hacer como deben de hacerse, transparentes y con equidad”.  Refirió que se les pagará lo justo.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO 

El coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, repercutirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

Indicó que repercutirá porque habrá que pagar de forma inmediata las penas convencionales de los contratos incumplidos.

El legislador afirmó que la “sin duda va a ver repercusión” por la cancelación del proyecto aeroportuario que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la mañana de ayer.

Señaló la necesidad de que los gobiernos actual y entrante actúen de forma inmediata para que den “un mensaje muy claro, sobre cuál va a ser la relación que se va a tener con los contratos vigentes, con los incumplimientos de los contratos y con las penas convencionales”.

Escobar y Vega enfatizó que si bien es un mal mensaje que él López Obrador les dio a los mercados internacionales, “esta es la nueva forma de gobernar”, por lo que dijo que habrá que esperar a que madure la decisión y se constate el nivel de repercusiones que habrá.

Descartó la idea de que los bonos que se tienen actualmente en el proyecto actual se puedan transferir para las obras que se van a hacer en Santa Lucía, pues señaló que se trata de bonos bursátiles que están cotizados en los mercados mundiales, por lo que se tendrán que hacer contratos nuevos y para hacer contratos nuevos, primero hay que concluir los anteriores.

La empresa brasileña Odebrecht ofreció al gobierno mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares, equivalente a menos de la tercera parte de las multas impuestas en el país, así como dar información sobre casos de sobornos en el país, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas.

La información se desprende de un texto al que la agencia Reuters accedió, y el que se detalla una de las condiciones era que el acuerdo se mantuviera en confidencialidad, y que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

Se sabe que el gobierno federal rechazo la propuesta vía la PGR.

Recordemos que la SFP ha multado multas que ascienden a 57 millones de dólares a dos filiales de Odebrecht en México, y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.

En un video, un exfuncionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

Reuters reporta que la PGR confirmó que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht, mientras que una fuente de la SFP dijo que “no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública”.

La PGR ya se había negado a firmar otro acuerdo reparatorio con Odebrecht, a mediados del año pasado, antes de que la SFP multara a la empresa. En ese momento, dijo que lo hacía porque “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados”.

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) indicó que presentará al actual Gobierno Federal y al equipo de transición del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un documento que plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de las contrataciones del gobierno.

Señaló que el enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno, es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.

Indicó que tan solo en 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos. 78% de los contratos se otorgaron por medio de una adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y solo 12% por medio de una licitación pública.

Detallaron que las entidades del Estado mexicano tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes y competidos para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.

Sin embargo, la COFECE asegura que de forma recurrente se presencian procesos de adquisición irregulares, donde se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios; se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas, entre otras irregularidades.

Por ello, la Comisión presentará el documento al Gobierno Federal, al Equipo de Transición del Virtual Presidente Electo, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción, para “unir esfuerzos en la búsqueda del mejor ejercicio posible del gasto público”.

 

El vocero de la campaña presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Fernando Rodríguez Doval, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que aseguró que tras conocerse los contratos otorgados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al empresario José María Rioboó, queda claro que el cambio que el Morenista promete no es real.

 

El panista indicó que gracias a diversos medios de comunicación, se ha dado cuenta que la información revelada por Anaya durante el debate, y que el Frente subió a un portal de Internet, es verdadera por lo que quedó claro que  López Obrador mintió de manera descarada al negar los hechos, engañando a la ciudadanía en cadena nacional.

Indicó que haciendo revisión de la información, se ha detectado que al momento en el que se le adjudicó directamente uno de los contratos a la empresa de José María Rioboó, su empresa se encontraba inhabilitada por dar incumplimiento a otros contratos a nivel federal. Sin embargo eso no fue impedimento para que se diera la adjudicación.

Además señaló que pese a los dichos de equipo del AMLO sobre que la obra en cuestión fue multiauditada, “la realidad es que tenemos resultados de una auditoría donde se da cuenta de un daño patrimonial, después de analizar este fideicomiso de arriba de 350 millones de pesos”.

Doval indicó que la relación entre Grupo Rioboó y AMLO es un tema delicado ya que Rioboó sigue siendo un personaje muy cercano al candidato presidencial, además de que es el principal asesor de López Obrador en un tema delicado como lo es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Explicaron que habría un conflicto de interés ya que Grupo Rioboó participó como contratista para el nuevo aeropuerto, en donde buscó diseñar las pistas y los rodajes, y como no se le dio el contrato de alrededor de mil millones de pesos, “creemos que ahora, en represalia, como consecuencia, quiere tirar por completo este proyecto para construirlo de nuevo en donde él quiera” al amparo de López Obrador.

Rodríguez Doval indicó que el único cambio que habría entre esta administración y la que habría si AMLO llega al poder, sería que saldría grupo Higa para que entrara grupo Rioboó.

 

El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, afirmó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su colaborador Javier Jiménez Espriú deben rendir cuentas por el caso Odebrecht, ya que dijo, el empresario realizó negocios con la empresa Idesa-Braskem, filial de la brasileña en nuestro país.

Meade señaló que los contratos firmados con la empresa Idesa-Braskem se realizaron un año antes de que él asumiera la titularidad en la Secretaría de Energía (SENER) y explicó que, como presidente del Consejo de PEMEX, trabajó para lograr acuerdos que permitieran a la paraestatal tener una política clara para desarrollar ese mercado.

“Hoy hay quien nos puede explicar, porque se ostenta en la hoja de internet de Andrés Manuel como quien fuera presidente del Consejo de Idesa, y quien tiene además en su familia intereses patrimoniales. Luego entonces, cualquier pregunta vinculada con Odebrecht hay que hacérsela a Andrés Manuel López Obrador o a Jiménez Espriú”, subrayó el candidato.

Sobre la contienda electoral, Meade afirmó que su campaña proselitista ya logró lo más difícil, consolidarse en ruta y trayectoria frente al electorado, por lo que aseguró que logrará el triunfo en las urnas el próximo 1 de julio.

De cara a la recta final de la contienda, el aspirante presidencial expresó que estos son días claves, y adelantó que los militantes de los tres partidos que lo postulan será más entusiastas y la población reflexionará sobre las propuestas que escuchó a lo largo de este proceso electoral. 

Luego de que la noche de ayer durante el debate presidencial, Ricardo Anaya señalara los contratos millonarios que se asignaron a la empresa Rioboo S.A. de C.V. cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba al frente del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum salió en defensa de la adjudicación.

 

 

A través de sus redes sociales, la ex delegada de Tlalpan reprochó que se “hagan un lío con el proyecto ejecutivo del 2o piso de Periférico”; pues explicó que el proyecto corrió a cargo e la empresa de José María Rioboó, ya que es uno de los ingenieros estructuristas del país con más reconocimiento y prestigio nacional e internacional.

Sheinbaum dijo que los contratos adjudicados se anunciaron en su momento, por lo que no era ningún secreto y por lo tanto ningún descubrimiento de Anaya y su equipo, quienes decidieron retomarlo en el debate con la intención de perjudicar a AMLO.

La candidata de Morena-PT-PES dijo que “ahí está la obra. Auditada 29 veces y disponibles los contratos hasta la fecha en www.fimevic.df.gob.mx/cc.htm”.

La morenista concluyó diciendo que todo se trataba de una cortina de humo. “Ya no saben ni que inventar. Una cortina de humo para no explicar el verdadero tráfico de influencias y el enriquecimiento inexplicable de otros”.

 

El Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda, afirmó que el candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene mucho que explicar sobre la adjudicación directa de contratos por alrededor de 170 millones de pesos al empresario José María Rioboó.

“Hoy, López Obrador amanece con una gran tarea: tiene mucho que explicar, porque ahí están los contratos, asignados de manera directa a su constructor consentido, Rioboó”, dijo en conferencia de prensa.

El líder panista indicó que por más que ayer durante el debate AMLO se empeñó en negar los hechos, la verdad es que “ahí están los documentos públicos. Tanto que habla de corrupción y de contratistas favoritos, pues ahí está el suyo, una vergüenza”.

Zepeda afirmó que tras el buen resultado del debate, el Frente entrará de lleno a la recta final de la campaña, motivados y listos para dar el triunfo a su candidato.

Insistió en que de acuerdo a las encuestas que ellos tienen, Anaya está a siete puntos de López Obrador, por lo que dijo que esa diferencia es “perfectamente remontable. Lo vamos a alcanzar y le vamos a ganar. Estamos motivados y pondremos todo el resto en la recta final”, concluyó.

 

El candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que fue muy productiva la reunión que sostuvo con los banqueros de México en el marco de la 26 Reunión Plenaria de Consejeros 2018 Citibanamex.

Detalló que algunos de los temas en los que intercambiaron puntos de vista, fueron el desarrollo del país, crecimiento económico, inversiones, reforma energética y el desde luego, el proyecto del nuevo aeropuerto.

Indicó que les prometió Estado de Derecho, el cual sostiene no ha habido en el país. “En México no ha habido Estado de Derecho, sino de chueco (…) no hablamos exactamente de los sobornos, o moches, pero si de casos como los de Odebrecht, que no se deben repetir, por eso debemos de revisar los contratos tanto del aeropuerto, como revisar los contratos de petróleo”, dijo ante los representantes de los medios de comunicación.

El tabasqueño insistió en que expresó a los banqueros su preocupación de la viabilidad del nuevo aeropuerto, pues les dijo que es preocupante que en la etapa en la que se encuentra la construcción ya se haya gastado mucho dinero, por lo que advirtió “se está convirtiendo en un barril sin fondo”.

Al comentar sobre la campaña de miedo que se ha echado a andar en su contra, AMLO dijo que “el cambio va a ser ordenado, pacífico y para beneficio de los mexicanos, aunque va a seguir la guerra sucia, pero no les funciona. Estoy recomendando a los que están financiando la guerra sucia, que no malgasten su dinero, pues no les va a servir, la gente ya está muy despierta, muy avispada, no se deja engañar”.

Al comentar sobre el spot de Mexicanos Primero, acusó que Claudio X. González es promotor de la campaña que lanzaron con niños defendiendo la reforma educativa. Dijo que González era como el Fidel Velázques de la cúpula empresarial.

En otro tema confirmó que si asistirá a los tres debates que organiza el INE, pues a pesar de que lo quisieron trampear, subió en las encuestas tras el debate del pasado domingo.

 

Tal como se había adelantado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo la adjudicación de contratos de la licitación de medidores de baja tensión, los cuales fueron asignados a las empresas IUSA y Conymed, mismas que se encuentran bajo una investigación por parte de la Cofece  por posible colusión en el mercado de medidores de luz.

La CFE informó que pese a los señalamientos que se han hecho en días recientes sobre un posible favoritismo a las empresas ganadoras, con la licitación obtuvo un ahorro de 384 millones de pesos en la adquisición de medidores equivalente al 16% del monto erogado para la compra de estos equipos en 2017.

En total se detalló que la CFE adquirió un total de 1,766,309 medidores de los cuales 345,529 cuentan con la especificación GWH00-34 (271,053 monofásicos y 74,476 bifásicos), así como 1,420,780 medidores con especificación GWH00-09 (1,088,975 monofásicos, 292,662 bifásicos y 39,143 trifásicos), 71,902 medidores más que en 2017, lo que representa una compra 4% mayor.

Indicaron que en el proceso licitatorio participaron cinco empresas distintas, de las cuales tres cumplieron con la evaluación técnica: Electrometer de las Américas S.A. de C.V., Industrias Unidas S.A. de C.V. (IUSA), así como Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V. (CONYMED).

Justificó que la razón para haber otorgado la licitación, fue porque la empresa IUSA ofertó el medidor monofásico a un precio 7.5% menor a lo ofertado por la empresa Electrometer de las Américas. El medidor monofásico GWH00-34 26% más barato al ofertado por la empresa Electrometer de las Américas. Mientras que para los medidores bifásicos, sólo ofertó la empresa CONYMED y para los medidores trifásicos, sólo IUSA.

CFE aclaró que no se abrieron las ofertas de las empresas Protecsa Ingeniería S.A. de C.V y Ciudades Conectadas Netcity S.A.P.I de C.V. / Sistemas de Alta Tensión Espejel S.A. de C.V., ya que no cumplieron con la evaluación técnica requerida.

“Las licitaciones que realiza la CFE para la adquisición de medidores se apegan estrictamente a la normatividad vigente, y son públicas, internacionales, transparentes y competidas”, concluyó la empresa.