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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó de su aislamiento dispuesto a defender la iniciativa que envió al Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.

“No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando autoridades corruptas, empresas extranjeras”, manifestó el mandatario.

El principal cambio de la reforma es modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la energía generada en las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

Aunque analistas han advertido que esto impactaría en precios más altos para la industria y consumidores finales, el presidente defendió su propuesta.

“Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, para que no siga ese saqueo, pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo para no aumentar el precio de la luz”, sostuvo.

López Obrador insistió en que la reforma energética de 2013, que abrió el sector energético a la inversión privada, se hizo con base en sobornos de empresas a legisladores. Indicó que es necesario poner orden y acabar con la corrupción; no seguir apostando a destruir a la CFE, y con ello dejarle el negocio a los “traficantes de influencias”.

En ese sentido, el presidente aprovechó la mañanera para advertir que, si los partidos afines a su gobierno pierden la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, los opositores van a querer “seguir manteniendo el régimen de corrupción”.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

Investigación completa en MCCI

De visita por Ciudad Madero, Tamaulipas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en junio próximo, la ciudadanía decidirá entre la corrupción que representan los partidos de oposición, y la continuidad de la Cuarta Transformación, misma que Morena respalda.

En ese sentido, dijo que el partido que fundó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no permitirá la intervención de los gobernadores de oposición, quienes dijo, son “mañosos”.

“Vamos a estar muy atentos para que no se permita que los gobernadores abusivos metan la mano. Conocemos las mañas que tienen, conocemos lo mañosos que son (…) por eso  queremos ser muy exigentes para que dejen que la gente decida libremente”, manifestó.

Delgado Carrillo aseguró que Morena y aliados estarán muy pendientes del desarrollo de las elecciones, para que cualquier tipo de abuso que se detecte, sea denunciado oportunamente. “Conocemos muy bien a los gobernadores tramposos”, insistió.

El líder morenista señaló que por primera vez la oposición se está sincerando, y ya no les da pena ni vergüenza decir que son lo mismo, esto al decidir ir en alianza en las próximas elecciones.

“Esto hará que la decisión sea muy sencilla para la gente: o la corrupción que ellos representan, o la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que Morena respalda”, sostuvo el dirigente político.

Ante las criticas por la elección de quien buscará las gubernaturas, Delgado insistió en que Morena siempre buscará ser un reflejo de la voluntad del pueblo de México, por lo que es a través de las encuestas que se conoce la opinión de la gente, y así elegir a los mejores liderazgos.

“Morena es plural, que a nadie le espante un debate interno siempre vivo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos pudiera dividir. Quienes integramos este proyecto nunca vamos a anteponer un interés personal al de la transformación de México”, remató.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, es muestra de que el gobierno federal se encuentra en una tendencia de mejora en uno de sus principales objetivos, acabar con la corrupción.

Sandoval Ballesteros aplaudió que, por segundo año consecutivo, México avanzó en el IPC dos puntos más que en la edición anterior, obteniendo 31 puntos de 100 posibles. Dijo que desde la edición 2019 el actual gobierno ya había detenido la caída que registraba en dicho ranking.

“México ha acumulado, en tan solo dos años de nuestro gobierno, tres puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el IPC, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre los años 2012 y 2018”, señaló la dependencia en un comunicado.

La SFP enlistó algunas acciones se concretaron en 2020, tales como la aplicación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, o bien que en el marco de la contingencia sanitaria por la Covid-19, instruyó a que se focalizara la vigilancia de las compras públicas y recepción de denuncias.

Resaltó que se emprendieron acciones para acabar con la impunidad, al emitir sanciones a exfuncionarios del más alto nivel, entre las que destacan un extitular de la Comisión Reguladora de Energía y una exsecretaria de Cultura.

Finalmente, la Función Pública dijo que los resultados de Transparencia Internacional coincidían con otros estudios como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que aseguró que se confirma que el actual gobierno federal “ha logrado constituirse como el más honesto en la historia de México”, y ha duplicado la población que confía en él y en las políticas anticorrupción de la Función Pública, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

La organización Transparencia Internacional presentó la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que mide 180 países, y que registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados.

La edición 2020 es encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos), Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85 puntos), todos ellos, en la posición 1 y 2 de los 180. Los últimos lugares son ocupados por Sudán del Sur y Somalia (12 puntos cada uno).

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, México mejoró dos puntos su calificación respecto a 2019, pasando de 29 a 31 puntos en la medición, la cual se compone de 100 puntos. Sin embargo, en términos relativos, escaló seis lugares, pasando de la posición 130 que ocupó en 2019, a la 124 el año pasado. México se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Aun con el avance que registró, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran.

La organización precisa que “aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014”.

El reporte señala que en el caso mexicano, un tema que sigue afectado la calificación es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que han sido del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación; tan es así que en 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucraron empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en nuestro país.

Se indica que la edición 2020 hace un especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que una de las recomendaciones para nuestro país es ese sentido; se indicó que México debe fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

“La Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica. El INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria”.

Otra de las recomendaciones que Transparencia Internacional hace es a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las instituciones de impartición de justicia, a las que dijo deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentaron este miércoles las “10 soluciones por México”, que buscan ayudar a enfrentar los problemas por lo que atraviesa el país, esto luego de acusar al Gobierno federal de malas decisiones.

Aseguraron que el gobierno de Morena no ha cumplido nada de lo que prometieron, pues actualmente hay crisis económica, de desempleo, de inseguridad y un severo deterioro del sistema de salud. “Estos dos años han estado marcados por la indiferencia, la ineptitud, la corrupción y la falta de resultados”.

“El día de hoy estamos aquí para refrendar el acuerdo que firmamos el pasado 22 de diciembre, materializarlo en un compromiso puntual a través de una agenda legislativa común. Este plan cuenta con 30 acciones concretas que refrendan el compromiso de un trabajo en conjunto, cuyo eje primordial es la defensa y el fortalecimiento de la democracia; la lucha contra la corrupción y la impunidad; la salud digna; la educación; el rescate y apoyo al campo, igualdad sustantiva, así como el bienestar de las y los mexicanos”, se indicó en el evento que estuvo encabezado por los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano.

Los líderes políticos aseguraron que el Gobierno federal marcha hacia la construcción de un régimen con tendencias autoritarias mediante el debilitamiento de los controles y contrapesos, el desmantelamiento de programas e insumos públicos y la constante polarización a la que incita el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En materia económica, se indicó que buscan impulsarán oportunidades de trabajo para jóvenes, y que el gobierno se enfoque en generar ingresos, evitando el derroche de recursos públicos en proyectos como la Refinería Dos Bocas.

En cuanto al apartado de la justicia social, proponen crear un Ingreso Básico Alimentario para 25 millones de personas en pobreza extrema, así como mejorar los apoyos para los adultos mayores, estudiantes, grupos vulnerables.

También buscan garantizar que las y los trabajadores del campo cuenten con recursos necesarios para producir, competir, vender a precio justo y puedan ofrecer productos de mejor calidad y precio para el consumidor. En todos los apoyos, enfatizaron que no deben estar sujetos al voto.

Sobre el tema de corrupción, se menciona la necesidad de contar con una Fiscalía autónoma y eficaz, despolitizada, así como reformas para prohibir el uso del dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno. En seguridad, proponen la creación de un Servicio Civil de Carrera Policial para los tres órdenes de gobierno.

En salud, sugieren implementar una Ley de Emergencia en Salud para reglamentar y vigilar la estrategia de combate a la COVID-19 para que el gobierno asuma su responsabilidad, además de que nadie se quede sin medicamentos por la negligencia de las autoridades.

En educación, se incluye el tener escuelas de tiempo completo, preparatorias de calidad, garantizar acceso a las universidades, “calidad en la educación”, e incorporar mecanismos de medición de la calidad de la educación. En seguridad e igualdad sustantiva para las mujeres, buscan restituir estancias infantiles para madres trabajadoras, mantener las casas de resguardo y los albergues para víctimas de violencia.

En protección y aprovechamiento responsable del medio ambiente, aseguraron que no permitirán reformas que dejen de lado las energías limpias, así como aquellas que excluyan a la iniciativa privada de las actividades de generación.

En uno de los puntos más importantes de su documento, el relativo a la democracia, señalaron que votarán en contra de cualquier cambio que implique mayor concentración de poder en el Ejecutivo Federal, así como ir en contra de la eliminación o debilitamiento de los órganos autónomos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un “exhaustivo” procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

El grupo brasileño Odebrecht, que hace seis años se implicó en un escándalo internacional de corrupción, anunció este viernes que ha decidido cambiar su nombre comercial y ahora pasará a llamarse Novonor.

“No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado”, dijo en un comunicado el accionista mayoritario del grupo, Mauricio Odebrecht.

“Después de todo lo que promovimos en cambios y corrección de rumbos, estamos ahora mirando hacia lo que queremos ser. Una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte”, agrega la nota.

El comunicado hace referencia a los nuevos mecanismos de buenas prácticas empresariales adoptados tras el escándalo de la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó una serie de negocios sucios que implicaban a Odebrecht y otras compañías, así como a políticos tanto de Brasil como de una decena de países, entre ellos México.

Según la nota, esos “cambios de procesos internos” y “métodos de actuación” están ahora “rigurosamente dirigidos por la ética, la integridad y la transparencia”.

El nuevo nombre Novonor englobará a las seis empresas del grupo, que emplean a cerca de 25,000 personas y actúan en los sectores de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, inmobiliario, petroquímica y la industria naval.

El proceso de reestructuración del conglomerado empresarial llevó incluso a que, en 2019, solicitara el que hasta ahora fue el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil, con una deuda que fue cifrada en unos 100,000 millones de reales (20,000 millones de dólares).

Odebrecht surgió en 1944, fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht como empresa familiar y volcada inicialmente al área de la construcción, aunque con el tiempo amplió sus negocios de una forma vertiginosa y llegó a ser uno de los mayores conglomerados del país, con operaciones en toda América, África, Europa y Oriente Medio.

En nuestro país, la corrupción que se vivía en Odebrecht alcanzó a diversas dependencias y políticos. Relacionado a la firma están las acusaciones de Emilio Lozoya contra diversos personas como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario Luis Videgaray, al empresario Alonso Ancira; se han visto involucrados gobiernos estatales como el de Veracruz, y por supuesto, toda la relación que hubo con Pemex.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2017 documentos que referían sobornos que la firma entregó en países de América Latina y África, entre los que se incluía a México con un monto de 10.5 millones de dólares.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rindió esta tarde su segundo informe anual de labores, en el que dijo que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración.

El ministro recordó que, aunque el 2020 ha estado marcado por una pandemia mundial, gracias a un esfuerzo colectivo, la justicia en el país no se detuvo.

“Desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes, para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia. Consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo; por alcanzar la igualdad de género y la paridad; por modernizar la formación de nuestros cuadros jurisdiccionales; por implementar el nuevo modelo de justicia laboral, y por impulsar una reforma a la justicia federal, respetuosa de la independencia judicial y de la división de poderes”.

Señaló que una de las estrategias centrales de su administración ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, acatando una política de cero tolerancia.

En el rubro del combate a la corrupción, Zaldívar enfatizó que se puso en funcionamiento el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura, el cual garantiza el anonimato, y turna de forma automática el asunto a las instancias competentes para su investigación, y permite, si es oportuno, solicitar de inmediato la atención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Al informar que actualmente existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, dijo que eso constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción.

Añadió que se han impuesto sanciones en casos de alto perfil ocurridos en el pasado, como el de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito; y el del Director General de Inmuebles y Mantenimiento a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

Indicó que las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional, por ello señaló, el seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en la lucha contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido expresó que el combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de su administración.

“Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la Institución”.

Aseguró que a diferencia de lo que pasaba antes, hoy se visibiliza la corrupción y se combate. Insistió en que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras, por lo que la lucha contra la corrupción es también por ellos, ya que si se combate a los corruptos, se defiende a los honestos.

En su informe de labores, Arturo Zaldívar aseguró que eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, lo que dijo es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y de nuestro país.

Así, dijo que en 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial; ejemplificó que se impulsó una política integral que comprende tres líneas de acción: conciliación personal, familiar y laboral; juzgar y defender con perspectiva de género, y consolidar una cultura libre de violencia de género.

También recordó que en el Consejo de la Judicatura Federal entró en funciones la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el fin de proporcionar atención inmediata y acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual y de género.

Otro aspecto que mencionó, fueron las políticas de austeridad que se implementaron durante el ejercicio 2020. Insistió en que la gestión administrativa generó importantes ahorros y economías. Expuso que, en el Consejo de la Judicatura, se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, todo lo cual permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Añadió que, en el ejercicio del presupuesto, se abatió una vez más la tendencia histórica del subejercicio, al alcanzar una eficiencia en el uso de los recursos de más del 99%.

“Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, pero los cimientos están puestos y el camino trazado. Hoy en día, tenemos una justicia federal con un rostro distinto. Una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y paridad de género”, sostuvo el ministro presidente.

Zaldívar aseguró que se está demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, el compromiso con la renovación de la justicia federal. Al insistir en que no los detuvo la pandemia, aseguró que tampoco lo harán las resistencias.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A un día de haber cumplido dos años al frente del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió esta mañana una encuesta realizada por el propio gobierno, en la que califican su desempeño como titular del Ejecutivo con un 6.6 de 10.

La encuesta se hizo a 2500 personas, a quienes se les preguntó que en una escala de 0 al 10, donde 0 significada que hacia un mal trabajo y 10 un muy buen trabajo, 20.5% lo calificó con la máxima puntuación. 18.6% con 8; 12% con cero; 10.6% con 9 y 7 cada uno; 9.6% con 5; 5.6% con 6; 3.3% con 4; 2.6% con 3; 1.7% con 2 y un 1.1% con 1. El resto (3.7%) no supo o no contestó. Así, la calificación promedio fue de 6.6.

“Hay oposición al gobierno, eso es legítimo, no aspiramos al pensamiento único (…) Aun así, la gente nos está apoyando”, dijo el presidente en conferencia de prensa antes de presentar la encuesta.

De celebrarse hoy el referéndum sobre la revocación de mandato previsto para 2022, un 71.1% de los mexicanos votaría a favor de que López Obrador continúe en el cargo hasta finalizar su presidencia en 2024, mientras que un 23% votaría por su renuncia; a un 2% le da igual y un 3.9% no contestó.

Comparada con la gestión de su predecesor, Enrique Peña Nieto, el 60% cree que la de López Obrador es mejor; el 18.8% considera que es igual; el 17.5% dijo que es peor y solo el 3.8% dijo no tener opinión al respecto.

Según el sondeo del propio gobierno, un 47.2% de los mexicanos dijo tener una situación económica peor a la del año pasado, mientras que un 39% dijo que es igual y un 12.8% dijo que es peor. La cosas no cambian mucho respecto a cómo prevén que sea el próximo año. El 31.8% cree que el próximo año será peor; el 31.1% cree que será mejor; el 26.5% dijo que será igual y el 10.5% no lo sabe.

“Esto tiene que ver desde luego con la pandemia y la crisis económica”, justificó López Obrador, quien puntualizó que hay “una expectativa de que las cosas mejoren”.

Sobre la pandemia de la Covid-19 y la respuesta del gobierno de López Obrador, el 44% considera que la respuesta del gobierno federal ha sido buena, mientras que el 37.7% cree que ha sido mala; el 12.8% la considera regular y el 5.4% no lo sabe.

Sobre la mayor promesa de López Obrador: el combate a la corrupción, el 43.7% cree que esta práctica se ha reducido; el 33.6% dice que sigue igual y el 17.9% cree que se ha incrementado.

En ese sentido, el 25.1% de los consultados considera que la corrupción es el mayor problema del país, mientras que el 19.1% cree que es la inseguridad; el 14.1% menciona la falta de empleo. Le siguen: la mala distribución de la riqueza (7.2%), la falta de educación (6.6%), pobreza (6.3%), el sistema de salud pública (3.4%), la impunidad (3.3%), el narcotráfico (2.6%), la discriminación (1.1%), la falta de agua (0.7%), y otros (8.0%):

“Ahora hay más conciencia de que el principal problema de México es la corrupción”, indicó el presidente, quien opinó que la inseguridad afecta “más a las clases medias y altas”, mientras que la corrupción a toda la población.

El presidente aseguró que la encuesta “no cuesta porque la hace el mismo gobierno” en lugar de encargarla a una encuestadora. Enfatizó que el sondeo fue telefónico, indicó que si hubiera sido presencial el ejercicio, habría obtenido una mayor calificación porque “no todos tienen teléfono”.

Luego de los señalamientos que hiciera su equipo legal, Rosario Robles confirmó la noche de ayer que ha tomado la decisión de acogerse a la figura de testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, indicó que sus abogados hicieron declaraciones que no fueron acordadas con ella, por lo que dijo, los ha instruido a atenerse al procedimiento judicial. Advirtió que “hablará con la verdad”.

Y es que ayer, el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en el desvío de recursos a través del mecanismo conocido como la ‘Estafa Maestra’, señalando directamente a Luis Videgaray.

El abogado indicó que por ordenes de Videgaray se desviaron fondos a diferentes campañas del PRI, como la del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia de 2015, la de Alfredo de Mazo en el gobierno del Estado de México en 2017 y la de José Antonio Meade en 2018.

“Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas” para utilizar dichos recursos en las campañas, dijo Arturo Ramírez.

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos, y se dijo abierto a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la FGR.

“El PRI de hoy está en contra de la impunidad y ratifica su compromiso a favor del combate a la corrupción, y alienta los principios de transparencia y rendición de cuentas”.

La dirigencia nacional del tricolor dijo que no existe ningún registro que indique en las campañas de 2012, 2015 y 2018 hayan ingresado recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita.

Recordó que las actividades político-electorales realizadas por los partidos políticos en México son fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades electorales.

Quien también salió a negar lo declarado por el equipo de abogados de Rosario Robles fue el propio Luis Videgaray, quien dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Videgaray Caso aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

La Justicia española confirmó la extradición del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México S.A (AHMSA), luego de que la justicia mexicana lo acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) rechazó por unanimidad el recurso de súplica que presentó Ancira contra el auto que acordaba su extradición a nuestro país.

La decisión judicial, que se ha conocido hoy y contra la que ya no cabe recurso, respalda la entrega de Ancira al considerar que los hechos por los que se le persigue en México también son delito en España y concurre, por ello, el principio de doble incriminación.

Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, fue detenido el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de una orden de detención emitida por México; desde su detención el empresario se negó a ser entregado a las autoridades mexicanas.

El “rey del acero”, como también se le conoce a Ancira, ingresó a prisión al día siguiente de su detención por orden del magistrado de la AN Santiago Pedraz y en julio pasado pagó una fianza de un millón de euros para seguir su proceso en libertad.

Recordemos que la justicia de nuestro país investiga cuatro transferencias realizadas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, por un monto de 3.4 millones de dólares.

La investigación comenzó por una denuncia de Pemex relacionada con un supuesto sobreprecio millonario en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a esta empresa.

El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando éste fuera director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.

Los hechos investigados encajarían en España en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”.

El tribunal descarta que los hechos hayan prescrito, así como la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a todos los ciudadanos a que entre todos se establezca un verdadero sistema político democrático.

Pidió a los ciudadanos no permitir que se regrese a los tiempos en que predominó el fraude, la compra del voto, el relleno de las urnas, la falsificación de actas, entre otras prácticas. Dijo que eso debe quedar atrás.

AMLO insistió en que mucho de los problemas de México, sobre todo el problema de la corrupción, se pudo afianzar en el gobierno por la falta de democracia.

“Cuando hay democracia nadie puede sentirse absoluto en ningún nivel de la escala. La democracia es equilibrios, es competencia, la democracia obliga al que está en el gobierno a hacer bien la cosas porque, si no, en la elección futura sale ese partido y entra otro. Es competencia y eso es bueno”, sostuvo el mandatario.

Lamentó que anteriormente en México un solo grupo era el que tenía el predominio y por lo tanto no había democracia; acusó que durante ese tiempo hubo puras imposiciones.

Dijo que se debe garantizar que no haya simulación, pues era costumbre que en el discurso político siempre se hablaba de democracia, pero en los hechos no había. Recordó que hubo fraude en diversas elecciones, señalando específicamente las elecciones del 1988, 1994, 2000, 2006 y 2012.

Puso como ejemplo una de las “traiciones a la democracia más lamentables”: después de muchos años de dominio del PRI, en el año 2000 ganó Vicente Fox, quien permitió que se hiciera fraude al término de su gobierno. “El que llegó con la bandera del cambio democrático propicia el fraude y lo peor de todo es que lo dice, lo confiesa (…) entonces, lamentable”.

Señaló que con su triunfo en 2018, se puso un alto al fraude en las elecciones. Prometió no fallarle al pueblo de México, además de que reiteró que su gobierno dejará como herencia que haya democracia.

En ese sentido reiteró que en las elecciones del próximo años, todos los mexicanos tienen que ayudar, “ser guardianes” para que se respete el voto, para que sean elecciones limpias, libres, y en caso de que se presenten irregularidades, denunciarlos.

El todavía titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, contestó este jueves al ex presidente Vicente Fox, quien criticó su próxima renuncia al gobierno federal, para buscar la gubernatura de Sonora.

A través de sus redes sociales, Durazo Montaño dijo que aunque no es el primer ataque que recibe del ex mandatario, nunca le había contestado pues Fox se ha convertido en “una pena para él mismo y para el País”.

“Sin embargo, hoy le digo: Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro”, enfatizó el colaborador del presidente López Obrador.

Alfonso Durazo aprovechó para recordar que Vicente Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y al término de su administración ocupó el lugar  70.

Sostuvo que en la administración de Fox de “ratas generalizadas fui una excepción”. “Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, añadió.

Y es que ayer, luego de que Durazo confirmara su próxima salida de la SSPC, Fox expresó en Twitter que “las ratas son las primeras que saltan” cuando se hunde el barco.

 

En distintos mensajes, Fox se refirió a Durazo y a su deseo por convertirse en el próximo gobernador de su estado natal.

“Pobre Sonora, sin pedirlo te lo endilgaron”, dijo Fox, añadiendo que es mejor ir con el nuevo movimiento Si por México. Pidió rechazar al “inútil y descalificado Alfonso”.

Afirmó que Alfonso Durazo presentó su último informe de seguridad en las mañaneras de López Obrador, el cual mostró cero resultados.

“Vaya despedida, nada que presentar en más de 2 años más que fracasos y más fracasos…  Aguas Sonora, no puedes ir con un fracasado!!”.

La presidencia de la República alertó este lunes sobre prácticas de fraude, corrupción y extorsión por parte de terceros ajenos a la Administración Pública Federal (APF), utilizando el nombre del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

La oficina indicó que fue notificado en recientes días sobre el actuar de terceras personas se han hecho pasar por el cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por algunos miembros de su equipo para solicitar aportaciones monetarias o en especie a cambio de diversos fines, los llamados “moches”.

“Dentro de las funciones de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, NO SE ADSCRIBE la solicitud de algún tipo de aportación, contribución o cualquier otro apoyo monetario o en especie para ningún fin”, indicó la Presidencia a través de un comunicado.

Fue la propia Oficina de Romo quien señaló que dichas prácticas se enmarcaban en el fraude, corrupción y extorsión; por ello invitaron a presentar las denuncias correspondientes ante dichos actos.

Al respecto, adelantó que se han emprendido las acciones legales respectivas ante las autoridades correspondientes.