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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles despenalizar el aborto a nivel federal.

La Corte resolvió que es “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

En un paso previo, hace dos años exactamente, la SCJN determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime de este miércoles.

El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados del país. El gobierno de la Ciudad de México fue la primera entidad en legislarlo, y también la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007.

El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La organización señaló que con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, encabezaron junto a otros actores una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Explicó que con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte en septiembre de 2021, presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.

“Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, celebró GIRE al conocer la decisión de la Corte.

Recordaron que al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Y es que con esta resolución, el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud.

Foto: GIRE

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó este lunes que la barrera de boyas alambradas instalada en el Río Grande (Río Bravo) fue desplazada al territorio estadounidense, en respuesta a las acusaciones de que estaban del lado mexicano.

La afirmación la hizo un día antes de que su Gobierno acuda a una corte federal para defender sus medidas antiinmigrantes, tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa junto a los gobernadores de Oklahoma, Kevin Stitt; Iowa, Kim Reynolds; Dakota del Sur, Kristi Noem, y Nebraska, Jim Pillen, en el sector de Eagle Pass, donde están instaladas las boyas, el republicano Abbott culpó a la Administración del presidente Joe Biden por no proteger la frontera y el país.

Abbott dijo que el Gobierno demócrata de Biden no se ha preocupado tampoco por la vida de los migrantes y puso de ejemplo la muerte de una infante que murió ahogada en el Río Bravo antes de que se instalaran las boyas a mediados de julio.

Y es que las críticas contra las boyas aumentaron a principios de este mes cuando se confirmó la muerte de dos migrante en el área de la barrera.

El Gobierno de Abbott se defendió en ese momento diciendo que uno de los migrante murió “río arriba” y que la corriente había arrastrado el cuerpo hasta las boyas.

El gobierno de Texas se enfrentará mañana con los fiscales de Estados Unidos en una corte federal de Austin por la instalación de las boyas, por las que México también ha presentado una queja formal.

Un documento judicial presentado por el DOJ asegura que las boyas estaban ubicadas en territorio mexicano. Al respecto, Abbott dijo este lunes que conoció de los alegatos y que movió las boyas a territorio estadounidense.

La barrera flotante hace parte de la iniciativa Estrella Solitaria de Abbott, emprendida en marzo de 2021 para frenar la llegada de migrantes y que ha incluido el desplazamiento de soldados de la Guardia Nacional de al menos 15 estados republicanos.

Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante su negativa a reducir su salario como lo establece la ley, con el fin de que ganen menos que el Presidente de la República.

En la demanda aparecen los nombre de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Además de Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles anunció que junto a otros compañeros de bancada presentaron la demanda contra los ministros por la presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no bajarse el sueldo y lograr amparos.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia el 1 de diciembre de ese año.

Sin embargo, recordaron que la Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

“En esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten a lo que dice nuestra Constitución, hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que hay austeridad de parte de todo el servicio público”, expuso el diputado.

Pese a ello, el pasado 3 de julio, la Suprema Corte aclaró al gobierno federal que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

Una semana antes, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe, en donde recordaron que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La SCJN detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Eduardo Ramírez, afirmó que el Senado ha cumplido con su responsabilidad constitucional para desahogar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrario a lo que señaló la Corte la tarde de ayer

El senador consideró que el resolutivo de la Suprema Corte, por el que determinó que existe una omisión de la Cámara de Senadores por no haber aprobado los nombramientos, está fuera de contexto.

Recordó que, a finales del mes de abril, se sometió a consideración del Pleno una propuesta para cubrir la vacante de un integrante del INAI, pero no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para ello, lo que provocó que senadores de oposición tomaran la tribuna.

Por eso, insistió en que el resolutivo de la Suprema Corte es erróneo, porque el Senado sí cumplió cabalmente con esa responsabilidad, “pero si no se tienen los consensos necesarios, nadie está obligado a lo imposible”.

“Espero que el próximo periodo nos pongamos de acuerdo, dejemos a un lado la parte política electoral, y que se asuma una parte de responsabilidad política con lo que el Senado debe cumplir. Y yo estoy cierto de que tenemos estos meses para poder conseguirlo”, añadió el senador.

En su calidad de presidente de la Jucopo, indicó que en su momento propondrá a los perfiles que puedan generar consenso. “Si hay condiciones, se van a sacar; si no hay condiciones, pues seguirá este tema discutiéndose en los próximos meses”.

Ramírez Aguilar asentó que se tiene que cumplir con la convocatoria, en la que ya hay perfiles que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo.

“Lo lógico y lo procesalmente legislativo es que retomemos de la convocatoria los perfiles, volver a hacer otro nombramiento, y del tercer comisionado hacer la convocatoria nuevamente para sacar algún perfil o, en su defecto, retomar la última convocatoria de la discusión del mes de abril, en el que no logramos un consenso”.

Dijo que, en este momento, “no creo que existan condiciones” para llevar un Periodo Extraordinario, por lo que tendrán que esperar hasta los primeros días de septiembre para retomar el tema.

Finalizó asegurando que en el Senado estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asunto.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN) rechazó el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz, que pretendía dar por infundada la impugnación formulada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en relación al nombramiento de los comisionados que están pendientes por parte del Senado.

Ocho ministros se pronunciaron en el sentido de que la Cámara de Senadores incurrió en una omisión, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio Instituto.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña votaron en contra del proyecto.

Solo los ministros Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar apoyaron la ponencia de su compañera.

Los ministros señalaron que la realización por parte del Senado de algunas actuaciones tendientes a realizar los nombramientos respectivos, que no culminaron con estos, no implica la inexistencia de la omisión determinada.

También señalaron que la previsión constitucional en el sentido de que el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales esté integrado por siete comisionados o comisionadas, implica un mandato para que los órganos responsables hagan los nombramientos correspondientes en un plazo razonable.

“La falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del organismo constitucional autónomo, que funge como garante de la protección de los derechos señalados”, destacó la Corte.

Al ser rechazado el proyecto, el asunto será returnado a un ministro de entre aquellos que conformaron la mayoría para realice y presente uno nuevo, que sea sometido a consideración del Pleno de la Corte.

Y a pesar de que fue desechado el proyecto, el INAI seguirá sin poder sesionar al menos hasta que la Corte vuelva a analizar el tema, lo cual se prevé pueda suceder en agosto próximo.

Tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la nueva titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, solicitó a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, un informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución.

Dicho artículo señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República.

La SEGOB indicó que la solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la SEGOB para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país.

Precisó que dicho artículo concede un plazo de cinco días para que se emita una respuesta, en este caso de parte de la SCJN, sobre las medidas que se han adoptado para acatar el texto constitucional.

Especialistas en derecho como Javier Martín Reyes han señalado que la Secretaría de Gobernación no tiene ninguna facultad para vigilar a la Suprema Corte, como lo señaló la dependencia

“La facultad que citan (art. 27, fr. VII, LOAPF) sólo aplica para la Administración Pública Federal —y no al Poder Judicial—”, precisó el abogado.

Tras la orden de AMLO a Gobernación, el diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que ha instruido al secretario técnico de su bancada a que elabore una carta dirigida a los organismos autónomos solicitándoles justifiquen los salarios que superan lo que establece la Constitución y la ley secundaria.

“Pidió que justifiquen por qué ganan más que él, legalmente que justifiquen. Lo celebro, es más, yo diría: por qué no lo hicimos antes nosotros, si aquí nació la Ley de Remuneraciones. Bueno, celebro que lo haga el Presidente y creo que debe de ser extensiva”, añadió.

Indicó que se le preguntará lo mismo a todos los organismos constitucionalmente autónomos que actualmente están ganando por encima de lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley de Remuneraciones.

Recordó que los organismos autónomos presentaron amparos y están en su derecho; sin embargo, también es adecuado que respondan si “moralmente eso es válido o no”. “Es un tema de empatía, es un tema de ser funcional a lo que está viviendo México. A los nuevos tiempos que vive la nación. Es un asunto de interiorizar, de reflexión interna, personal”.

El morenista también informó que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, respondió a su invitación para reunirse, indicándole que consultará con el pleno de la Corte su eventual asistencia.

“Ayer tuve la oportunidad de obtener la respuesta por parte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que seguramente nos vamos a ver la próxima semana, una vez que ellos puedan resolver la agenda que ya tienen establecida y podamos reunirnos la próxima semana”, apuntó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo este jueves la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el llamado “Plan B”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Corte dejó sin validez la segunda y última parte de las reformas al reiterar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso.

Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo pasado al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en fast track.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido actualmente por la veda electoral.

En su totalidad, el “Plan B” proponía recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que generó incertidumbre de cara al proceso electoral del próximo año.

También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

En la discusión de hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del “Plan B”, pues apuntó que se sumaba que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución. “Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.

Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, quienes llegaron a la Corte a propuesta de él, votaron en contra de invalidar la legislación.

Previo a la sesión de la Corte, López Obrador acusó en su conferencia matutina a la Corte de “intromisión” en el Poder Legislativo y reprochó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisara el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

Al reconocer que el paquete de reformas sería invalidado, adelantó que en su momento presentará una iniciativa constitucional para la elección de los ministros por voto del pueblo, y así evitar que estos funcionarios representen solo a “una élite”.

Una Corte de España inició una investigación judicial este viernes por las acusaciones de crimen de odio perpetradas por tres personas que fueron arrestadas esta semana por proferir insultos racistas durante un partido contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius fue objeto de insultos racistas durante el encuentro del domingo pasado en el Estadio Mestalla en Valencia, en donde se impuso una sanción de cerrar parte de sus gradas en los próximos cinco encuentros.

El jugador de origen brasileño ha sido objeto de comentarios similares toda la temporada.

Una corte de Valencia indicó en un comunicado que le pedirán en algún momento su testimonio a Vinícius a través de videoconferencia.

El juez también le pidió al club Valencia que identifique a los guardias de seguridad del partido para que posiblemente testifiquen y que mantengan el material audiovisual del duelo a partir del minuto 72 para estudiarlo.

Sin embargo, mientras la Corte confirma la investigación judicial, el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF) rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, tras estimar en parte un recurso presentado por el Valencia.

El Valencia había apelado la decisión del Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, de cerrar durante cinco partidos la denominada grada Kempes del estadio de Mestalla.

El Comité de Apelación, que ya había rechazado el jueves suspender cautelarmente la sanción impuesta por Competición, admitió rebajar la sanción al club valencianista, según una resolución hecha pública este viernes.

La apelación considera que “no se puede exonerar al Club (Valencia) al ser correcta la tipificación y no existir una disposición de medidas suficientemente intensa (para atajar los insultos)”.

Pero, “creemos que no se tuvieron suficientemente en cuenta” por el Comité de Competición las medidas tomadas por el club ‘che’ durante el encuentro para evitar lo ocurrido.

De esta manera, el Comité de Apelación rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, que debería empezar a aplicarse el domingo en el encuentro que el Valencia disputará contra el domingo contra el Espanyol en la penúltima jornada del torneo.

Apelación también rebajó la multa aplicada al Valencia de 45,000 euros a 27,000 euros.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció los efectos de la invalidez dictada en la controversia constitucional promovida en contra del acuerdo que catalogaba las obras públicas o proyectos prioritarios como de seguridad nacional y de interés público.

El llamado decretazo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado publicado el 22 de noviembre de 2021, fue invalidado la semana pasada, y para hoy los ministro definirían los efectos y alcances que tendría.

La SCJN determinó en cuanto a dichos efectos, por mayoría de seis votos, que la invalidez del acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la cual quedó insubsistente.

Esto significa que la invalidez tiene efectos generales y no solamente los de competencia del Inai, que fue quien presentó el recurso en contra del ‘decretazo’.

Los ministros que votaron por la invalidez general fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y la ministra presidenta Norma  Piña Hernández.

En tanto, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. Estos últimos tres fueron quienes en la discusión de la semana pasada votaron por mantener el decreto.

Como parte de la decisión de la Corte de hoy, se indicó que por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.

Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.

La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.

DECRETO AQUÍ

Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.

Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.

El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.

De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.

López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.

López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.

El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.

El presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Comisión Permanente, Santiago Creel, consideró que aunque todo es perfectible y nada puede quedarse estático, rechazó una reforma judicial como la que propone el presidente López Obrador, en la que quiere que se elija por voto popular a los ministros de la Corte.

El panista explicó que cuando se elige a alguien, quienes tienen el poder de hacer un despliegue territorial son los partidos políticos, por lo que una propuesta como la del Ejecutivo necesariamente politizaría el proceso, como se hizo con la Revocación de Mandato o con la consulta a los expresidentes.

“¿Cuál sería la plataforma de campaña de estos candidatos? ¿Quién los financiaría? ¿Quién pagaría una elección? Una elección que vale alrededor de cinco o seis mil millones de pesos, si es una elección con todas las urnas en todo el país”, subrayó el legislador.

El panista dijo que la propuesta de López Obrador es un “verdadero absurdo, es un disparate”.

Sobre lo expuesto por AMLO, de que la oposición debería hablarle al pueblo, el líder del PAN sugirió al presidente sea él quien voltee a ver al pueblo, al número de pobres que ha generado su gobierno, así como los 150 mil homicidios violentos, 40 mil desaparecidos y 15 mil feminicidios registrados en su administración.

“¿De qué pueblo habla? ¿o habla de todos o habla de su facción, y si va ser faccioso un Jefe de Estado, es algo oprobioso”, manifestó Creel Miranda.

Asimismo, afirmó que las descalificaciones a la SCJN y los insultos a los ministros son fuegos de artificio que quieren espantar como el “petate del muerto”, porque “habemos muchos más los que estamos dispuestos a defender a la Suprema Corte de Justicia en todos los términos. Tenemos Corte, habemus Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Finalmente, Santiago Creel anticipó que todo lo que constituyó la semana negra legislativa en el Congreso se va, igualmente, a controvertir mediante Acción de Inconstitucionalidad.

Movimiento Ciudadano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La bancada del partido naranja señaló que se hizo valer el recurso que presentaron, sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señalaron los legisladores de MC.

Recordaron que durante el proceso legislativo, la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.

“En Movimiento Ciudadano advertimos desde el primer momento la inconstitucionalidad del contenido de la reforma electoral constitucional y del Plan B, y de manera congruente rechazamos ambas propuestas al tratarse de un retroceso para nuestras instituciones democráticas. Ante las violaciones sistemáticas del régimen, seguiremos alzando la voz y denunciando sus excesos”, añadieron las y los diputados de MC.

Por su pate la bancada del PRD saludó el fallo de la Suprema Corte, afirmando que con la decisión de los ministros, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

Al igual que MC, recordaron que la dirigencia del partido presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

“Las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo”, indicaron los diputados.

Al reiterar su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras, llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, a frenar los ataques y presiones hacia la Corte.

La bancada del PRD confió en que la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral correrá la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se reunió al reconocimiento de la decisión de la Suprema Corte de rechazar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país.

Los senadores del PRI señalaron que la decisión de la SCJN reitera la ruptura del orden interno en el Congreso, la violación de los procedimientos legislativos y la precipitación en los trámites, que no forman parte de la democracia, a pesar del bloque oficialista.

Enfatizaron en que una mayoría oficial tiene derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es respetar las reglas democráticas que el Congreso se ha dado a lo largo de los años.

Señalaron que la decisión de la Corte es un antecedente para las impugnaciones que se presentarán por la aprobación de 20decretos hechos por Morena y aliados en la llamada “noche negra”.

Acción Nacional aseguró por su parte que con la decisión de los ministros y ministras de la Corte, ganó la democracia en el país. Acusó que Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. 

“Este gobierno y Morena quedan exhibidos por su obsesión de destruir a las instituciones y nuestra democracia”, dijo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. “Hoy suman un nuevo revés de la Corte al declarar inconstitucional la primera parte del lamentable Plan B. Nuestro reconocimiento a las y los ministros por su actuar democrático y con apego a la división de poderes”, añadieron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, celebraron que la SCJN rechazara la primera parte del “destructivo” ‘Plan B’ en materia electoral del gobierno federal.

“La Corte ejerce su papel de contrapeso constitucional democrático. Como @gpplural lo celebramos. La mayoría legislativa no es sinónimo de agandalle para violar la Constitución”, enfatizaron los senadores.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre si habrá ‘Plan C’ de Morena y el Gobierno federal, tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso.

Luego del revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera al traslado operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, Integrantes del Frente Nacional Obradorista (FNO) exigen la renuncia de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

El FNO instaló un plantón a las fueras de la Corte, donde se colocaron carpas en la entrada principal del inmueble, mientras que autoridades colocaron un operativo con vallas metálicas para resguardar las instalaciones, y en el que participan Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y elementos de la Guardia Nacional (GN).

Los inconformes, seguidores de la 4T, buscan recabar 150 mil firmas, que apoyen sus exigencias sobre la renuncia de la ministra Piña Hernández. Además, los integrantes del FNO han anunciado una nueva marcha, aunque todavía no definen la fecha.

“Estamos luchando para quitar a esta clase de servidora pública que es la ministra Norma Piña… en vez de ayudar al pueblo está ayudando a los narcotraficantes, como Francisco García Cabeza de Vaca (que) ya le quitó la orden de aprehensión, ya liberó a Rosario Robles por esa demanda de 5 mil millones de pesos que desaparecieron en Sedesol. Liberó cuentas de Genaro García Luna… luchamos por los mexicanos, ayudando a nuestro mandatario. El pueblo debe de quitar a los jueces y poner otros, estamos buscando firmas para sacar a la narcoministra, es tiempo que México despierte”, dijo uno de los manifestantes que se encuentran en el plantón, según reportó El Universal.

Este es solo el más reciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una tensa relación que se avivó cuando Arturo Zaldívar dejó la presidencia y Norma Piña asumió el cargo.

El presidente López Obrador se ha lanzado en repetidas ocasiones en contra de las decisiones de algunos ministros. En el 2021 criticó a Norma Piña por oponerse a la llamada Ley Zaldívar, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que buscaba ampliar por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte. 

En marzo de este año, el presidente criticó a los ministros de la Corte por suspender su polémica reforma electoral, mejor conocida como Plan B, lo que le sirvió para acusar a los jueces de ser parte de la “mafia del poder”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Juan Jesús Garza Onofre, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la relación entre el Poder Judicial  y el Ejecutivo.

Foto: Twitter @bereaguilarv

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este miércoles que insistirá en transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tras el fallo de la Suprema Corte, que invalidó dicho movimiento.

Fiel a su estilo, el mandatario se lanzó contra la Corte, a la que acusó de haber actuado de manera “facciosa”.

“Actuaron (los ministros de la Corte) de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió al fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la reforma legal que él promulgó en septiembre del año pasado, para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Con ocho votos a favor del proyecto, la Corte invalidó la ley al señalar que durante la creación de la Guardia, que ahora cuenta con cerca de 130,000 integrantes, se estableció que la corporación debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la decisión, López Obrador avisó que “la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También indicó que mantendrá como comandante de la corporación al general retirado David Córdoba Campos. Indicó que ya dio instrucciones a la secretaria de Seguridad de actuar en ese sentido.

Adicional, ordenó a Rosa Icela Rodríguez visitar “todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país” para informar a los elementos “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En la Constitución se establece que, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos”, defendió López Obrador.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Por ello, anunció que esperará a septiembre de 2024 para presentar otra propuesta de reforma constitucional, confiando en que en las elecciones del próximo año su movimiento tenga mayoría calificada, es decir, dos tercios del Congreso.

La reforma causa controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Pero López Obrador aseveró que “los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no con la mayoría del pueblo de México” al citar que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con más confianza ciudadana.

También acusó a los ministros de seguir apostando por el modelo de seguridad de gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón con Genaro García Luna.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este martes no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera público una relación sexual entre ambos.

Trump, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense en enfrentar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan, Juan Manuel Merchan, poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14:30 hora local con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas, una imagen que si bien se sabía era poco probable se presentara, todos estaban a la espera.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía.

Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, bajo el número 71543-23, según The New York Times, que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

Está previsto que tras su declaración regrese a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde esta noche ha prometido hacer una declaración pública.

Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía “surrealista”: “Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos”, escribió desde el vehículo que lo trasladaba a la Corte.

Junto a la gran sede del Tribunal Supremo de Manhattan había desde la mañana una enorme expectación que se tradujo en la presencia de periodistas de todo el mundo.

Y aunque se esperaba una presencia en apoyo al expresidente, dos concentraciones pro y antiTrump convocadas esta mañana apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.

Los hechos centrales por los que ha sido imputado sucedieron en 2016, cuando a través de un intermediario Trump pagó supuestamente 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que tuvo con ella diez años atrás.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó los señalamientos que se hicieran esta semana en su contra, respecto a que se haya contratado un asesor con cargo a la Corte para manejar su cuenta de TikTok.

“Es falsa la información publicada en el periódico Reforma”, dijo el ministro a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Explicó que la Suprema Corte, bajo su presidencia, contrató a un asesor externo de redes sociales y creador de contenido a efecto de fortalecer la comunicación social desde las cuentas institucionales de la SCJN y del CJF como son Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Indicó que dicho especialista, como experto en comunicación digital especialmente dirigido hacia los jóvenes estudiantes de derecho, trabajó en lograr una comunicación oficial sencilla y con contenido ágil y llamativo para la sociedad en general.

Negó que la contratación del asesor fuera para manejar sus redes sociales y cuentas digitales, cuando ejercía como presidente de la Corte.

Sostuvo que sus redes sociales, desde su  origen hasta el día de hoy, son manejadas personalmente por él.

Y es que de acuerdo al diario Reforma, Cristian Magazo, fue contratado, con cargo a la Corte, para trabajar en las redes del entonces ministro presidente, con un sueldo de 93 mil pesos mensuales durante los 5 meses del año pasado en que colaboró con Zaldívar.

La polémica creció pues Magazo, al concluir la gestión del ministro en la presidencia, logró su contratación con un suelo de poco más de 36 mil pesos mensuales. El contrato, que exhibió el diario, incluye  prestaciones como aguinaldo, prima quincenal, prima vacacional, vacaciones, seguro social, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, ayuda para despensa, apoyo para comprar anteojos, estímulo por antigüedad, entre otras prestaciones.