Tag

delitos

Browsing

Luego de una reunión con el gabinete de seguridad,  el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó que se ha identificado la presencia de al menos 12 grupos criminales en la capital del país.

El funcionario hizo dicha declaración al reconocer que una buena cantidad de los homicidios que se registran en al capital están ligados a la venta de droga.

Indicó que los grupos criminales que operan en la Ciudad son similares a La Unión-Tepito”, y enlistó grupos como La Anti-Unión”; El Cartel de TláhuacLos RodolfosLos Molina, y La Rosa Nueva.

“Una cantidad importante de homicidios están relacionados con la disputa del territorio por el consumo de drogas, eso sin duda, dijo el funcionario, aunque aclaró que no todos los grupos que se han identificado han actuado violentamente.

Hablo de organizaciones delictivas y, de esas, no hay cuatro ni cinco; hay 10 o 12, pero esos no son cárteles como los entiende la gente, explicó el funcionario.

Adicional detalló, se tienen ubicados otros 12 grupos de colombianos, cuyos integrantes, según sus dichos, trabajan para “La Unión-Tepito”.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la votación que se vivió en la Cámara de Diputados la tarde noche de ayer, por la que se aprobó aumentar el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

El presidente fue cuestionado sobre cómo la bancada de Morena echó mano de los nueve legisladores que anunciaron su separación de la bancada del PRD, con lo que se logró la mayoría calificada que se necesitaba.

AMLO dijo que no está de acuerdo con lo que sostenía Maquiavelo, en el que decía que ‘el fin justifica los medios’.

“Creo que los medios también son el fin; creo que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, por eso sí son importantes los medios, no sólo el fin que se persigue”, indicó el mandatario.

AMLO reconoció que no estaba enterado de cómo se realizó la votación, pero celebró que delitos como la corrupción, el robo de combustible o el fraude electoral hayan pasado a ser considerados como graves.

“Sí fue una muy buena decisión la que tomaron ayer los legisladores. No sé cómo estuvo la votación, se necesitaba mayoría calificada, no mayoría simple. No sé cuántos votos fueron a favor, cuántos en contra”, aclaró López Obrador.

Señaló que si bien en la Cámara de Diputados se aprobó catalogar algunos delitos como graves, confió en que en el Senado se agreguen otros delitos.

 

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) informó que luego de una revisión a  42 mil 524 indagatorias, en 29 mil 082 expedientes se detectó que fueron clasificados como delitos de bajo impacto para demostrar una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto.

La revisión corrió a cargo de la Dirección General de Política y Estadística Criminal y abarcó un total de 194 mil 479 carpetas de investigación iniciadas entre enero y noviembre de 2018 por diversos delitos. Las fechas comprendidas corresponderían a las gestiones de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva.

Gracias a la revisión se pudo establecer que el promedio diario real de delitos de alto impacto cometidos en el periodo señalado fue de 170 ilícitos registrados, lo cual mostró un aumento del 100%, con respecto a las cifras oficiales difundidas de delito de alto impacto que fue de 84.7 promedio diario.

La funcionaria explicó que la metodología fue aplicada a mil 227 indagatorias que se encuentran en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, y se determinó que 82 expedientes fueron catalogados como hechos culposos o pérdidas de vida por causas naturales o fortuitas; sin embargo, se trataban de homicidios dolosos.

En tanto, de 14 mil 349 expedientes que están en la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, se conoció que 3 mil 946 se registraron como otro delito diverso al investigado.

También se detectó que no fueron reportadas 939 indagatorias por robo de vehículo, así como mil 314 carpetas de investigación por delitos de alto impacto cometidos por menores de edad, las cuales no se contabilizaron por considerarlas incompetencias.

En el delito de robo de celular con y sin violencia, se detectó un universo de 18 mil 723 indagatorias clasificadas como de bajo impacto; no obstante, el análisis estableció que cumplen las condiciones para considerarse como ilícitos de alto impacto.

Por cuanto hace a denuncias de hechos, se tomó una muestra de 6 mil 911 carpetas de investigación y se determinó clasificar 4 mil 078 expedientes como delitos de alto impacto. Lo anterior se sumó a un universo de 28 mil 240 indagatorias y dio como resultado un total de 32 mil 318 indagatorias por delitos de alto impacto. Los casos son los siguientes:

Respecto al delito de secuestro, la PGJCDMX puntualizó que se registraron 32 eventos, cifra que no presentó variaciones, toda vez que este ilícito se concentra en una sola fuente que es la Fiscalía Antisecuestros.

Luego de que El Vaticano reconoció más de 100 casos de padres involucrados en casos de pederastia en México, los cuales son crímenes sin castigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si su gobierno se involucraría en dichas investigaciones.

El mandatario indicó que eso corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR), que es quien debe informar sobre denuncias que existan; por su parte dijo que no quiere confrontarse con las iglesias.

“No queremos confrontarnos con las iglesias. Así de claro. Necesitamos la unidad nacional, estamos por la reconciliación. Desde luego, si hay un proceso legal no podemos taparlo, no podemos ser cómplices, eso no lo haríamos. Pero no vamos a atizar el fuego, en ningún caso”, dijo López Obrador.

AMLO reconoció que hay diferencias con su gobierno en varios temas, tales como la diversidad, en temas religiosos, temas ideológicos, diferencias entre obreros y patrones, todo lo que es una sociedad plural.

Aun así dijo, busca la conciliación, resolver las diferencias de manera pacífica y no alebrestar o meterle carga ideológica.

“En nuestro país hay una gran diversidad y una gran pluralidad, y tenemos que ser respetuosos de todos, de todos; sobre todo cumplir con la Constitución para que se respeten las libertades: la libertad de pensamiento, la libertad de creencia y el Estado laico”, remató el presidente.

 

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este martes al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López.

La dependencia informó que fue detenido en las inmediaciones de Puerto Vallarta, Jalisco, y adelantó que será ingresado en las próximas horas al reclusorio Preventivo Sur.

Se detalló que la orden de detención se cumplimentó con fines de extradición, y fue girada por un juez federal por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.

Jorge Torres era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en los Estados Unidos, ya que estaba implicado en el delito de lavado de dinero.

Torres López ocupó el cargo de gobernador interno de enero a diciembre de 2011, luego de que Humberto Moreira renunciara para asumir la presidencia nacional del PRI.

 

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que al concluir el 2018, en 35.8 por ciento de los hogares hubo al menos un integrante que fue víctima de algún delito.

Estos delitos fueron desde el robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático) o extorsión.

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el INEGI indicó que hasta diciembre de 2018, en 15.8 por ciento de los hogares, al menos un integrante del hogar sufrió robo o asalto en la calle o en el transporte público.

Por otra parte, 13 por ciento de los hogares fue víctima de robo parcial de vehículo, y en 12.4 por ciento de los hogares al menos un integrante del hogar sufrió extorsión.

A nivel nacional, en 35.8 por ciento de los hogares, al menos uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Esta cifra se incrementa en la región oriente de la Ciudad de México y en Ecatepec, al llegar a 54.2 por ciento y 54.1 por ciento, respectivamente.

En contraparte, en Tuxtla Gutiérrez y La Paz, la proporción de hogares con víctimas de robo y/o extorsión fueron las que menos padecieron esos delitos con 14 por ciento y 18.2 por ciento, respectivamente.

Los resultados del vigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indican que en diciembre, 73.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Ello representa un cambio significativo con respecto a diciembre de 2017, en el que esta percepción fue de 75.9 por ciento.

Entre las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir ahí es inseguro están: Reynosa, Chilpancingo de los Bravo, Puebla de Zaragoza, Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos y Villahermosa, con 96, 93.8, 93.4, 93.4, 93.4 y 92.3 por ciento, cada uno.

Por el contrario, las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, Durango y Los Cabos, con 23.1, 28.8, 30.5, 38.7, 39.5 y 42.3 por ciento, respectivamente.

El 83.4 por ciento de la población siente más inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 75.3 por ciento en el transporte público, 70.7 por ciento en el banco y 67.8 por ciento en las calles que habitualmente usa.

Esta percepción de inseguridad obligó a la población a modificar sus hábitos en 2018, cuando un 61.4 por ciento de la gente mayor a 18 años encuestada, aseguró que dejó de “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito.

El 56.2 por ciento aseguró que ya no permite que “sus hijos menores salgan de su vivienda”; 53.2 por ciento cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 34.6 por ciento cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostró números respecto a homicidios y violencia, señalando que hay una ligera tendencia a la baja que todavía no puede asegurarse.

AMLO presentó los datos de violencia que tienen de manera oficial desde el inicio de su gobierno. Los datos son de homicidios, robo de vehículos y robo de combustible, ya que son los que decidieron tomar como referencia para medir el grado de inseguridad en el país.

El presidente dijo que “son delitos en los que se puede tener más certeza sobre lo que realmente sucede, hay delitos que no se denuncian, pero homicidios y robo de vehículo son delitos que sí se denuncian. Se tienen que abrir carpetas de investigación en estos casos, lo mismo en lo que se relaciona con el robo de combustible porque se lleva un reporte desde hace algún tiempo todos los días de este delito”, dijo el tabasqueño.

Asimismo, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, presentó la metodología para hacer el conteo de delitos y señaló que la usada por el diario Reforma tiene fallas pues no se puede reproducir de manera independiente.

Y es que, Reforma señaló que en el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentaron los homicidios 65%, respecto al mes anterior, por lo cual Alfonso Durazo invitó a la casa editorial a que compararan sus números, ya que desmiente totalmente lo publicado por el periódico.

El funcionario mostró un gráfico donde se aprecia que los homicidios tienen una tendencia marginal a la baja.

Respecto al robo de combustible, Durazo mostró que de acuerdo a los datos tuvo un descenso desde la intervención de las fuerzas federales en las instalaciones de Pemex.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que como parte de un programa de apoyo a las poblaciones vulnerables, cinco indígenas que no contaban con los recursos para pagar sus fianzas fueron liberados.

“Hoy inicia un programa de pre liberación o liberación de indígenas presos por delito de robo que tenían acceso a fianza y que por falta de condiciones económicas, no habían tenido derecho a su liberación”, dijo la mandataria local.

Refirió que este lunes fueron liberadas cinco personas, de las que dijo responden a los nombres de Luis Arturo, interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el delito de robo, y que es de origen náhuatl; Valente Anastasio, interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el delito de robo, es de origen otomí.

Otro de los liberados es José Roberto, interno en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte por el delito de robo también, de quien también su lengua originaria es el náhuatl; Daniel, interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México por el delito de robo, de origen zapoteco y Orlando interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de origen mazateco.

Explicó que los cinco indígenas seguían recluidos por no tener recursos económicos para pagar sus fianzas, mientras que de todos sus delitos eran “realmente menores”.

Adelantó que a las personas se les seguirá acompañando, pues no solo es un proceso de liberación sino de acompañamiento para beneficio de ellos y de sus familias.

 

Con 91 votos a favor y 18 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa en diversos delitos como el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales.

Según información de Notimex, la reforma fue “matizada” durante el debate legislativo, pues los senadores acordaron que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.

Los matices, derivados de señalamientos e inquietudes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen que en un plazo de cinco años, una vez entrada en vigor la reforma, se evalúe la eficacia de esta medida cautelar, por medio de informes emitidos por los gobiernos Federal y estatales.

La prisión preventiva oficiosa también se ordenará en los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión, incluidas calificativas, atenuantes o agravantes, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y en materia de corrupción.

Otras de las modificaciones que se realizaron en el Pleno son un artículo transitorio que señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados.

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero destacó que el tema migratorio se abordará como un asunto de protección de derechos humanos por la próxima administración, pero dijo que si los migrantes incurren en ílicitos, se aplicará la ley sobre ellos.

Tras participar en la inauguración de la Sala de Cine “Jorge Carpizo”, la ex ministra de la Suprema Corte reconoció que el de los migrantes es el tema “más importante” que tendrá que enfrentar la próxima administración.

“Ustedes saben, y lo he repetido muchísimas veces, porque además el señor secretario actual de Gobernación y yo compartimos precisamente, digamos, el pensamiento de Jorge Carpizo, la protección de los derechos humanos; entonces en primerísimo lugar la protección de los derechos humanos”, dijo la Ministra en retiro.

Al ser cuestionada por la actuación que tendrán las autoridades durante el siguiente sexenio en los casos de migrantes que incumplan las normas del país, Sánchez Cordero dijo que se aplicará sin vacilar la ley sobre ellos.

“Si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de alguno de los migrantes, bueno, se procederá conforme a derecho, no tenemos por qué no hacerlo”, aseguró.

El presunto atacante contra una  sinagoga de Pittsburgh, en donde murieron 11 personas el sábado pasado, fue acusado hoy de 44 cargos por un gran jurado federal, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El hombre de 46 años fue acusado de crímenes de odio que resultaron en muerte, entre otros cargos, por supuestamente haber atacado la sinagoga “El Árbol de la Vida” en el barrio de Squirrel Hill en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania.

Además de los 11 muertos, seis personas más, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas. El propio supuesto atacante también fue herido por disparos de la policía, por lo que esta semana se lo vio aparecer en los tribunales en silla de ruedas. 

El acusado mencionó su deseo de “matar judíos” en el momento de perpetrar el ataque, según el Departamento de Justicia. Además, sus cuentas en redes sociales muestran numerosas publicaciones racistas y comentarios en los que dice que los judíos son los culpables por el ingreso de inmigrantes hispanos a Estados Unidos.

Según las autoridades, el hombre podría enfrentarse a la pena de muerte o a la cadena perpetua sin libertad condicional, seguida de una sentencia a 535 años de prisión.

 

Foto: Twitter 

El sospechoso detenido en Estados Unidos vinculado al envío de más de una docena de paquetes bombas a opositores del presidente Donald Trump fue acusado de cinco delitos federales, informó este viernes el fiscal general Jeff Sessions.

Los cargos incluyen el transporte interestatal de un explosivo, el envío de explosivos, amenazas contra un ex presidente y amenazas a las comunicaciones entre estados, dijo Sessions en rueda de prensa.

En caso de ser juzgado y condenado, el sospechoso podría enfrentar hasta 58 años de prisión.

Al respecto, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray confirmó que trece artefactos explosivos fueron enviados por correo en Estados Unidos a diferentes personas. Precisó que los dispositivos incluían un tubo plástico, un pequeño reloj, una batería y cableado.

Advirtió que aún “puede haber” más paquetes en tránsito.

Señaló que es “demasiado pronto para hablar sobre los motivos” del sospechoso arrestado en Estados Unidos vinculado al envío de los paquetes bombas. Sin embargo varios medios estadounidenses mostraron imágenes de la camioneta del detenido, incautada por las autoridades, cubiertas con calcomanías a favor de Trump.

 

Loretta Ortiz, actual coordinadora nacional de los foros por la paz y la reconstrucción que realiza el gobierno electo, anunció que el próximo 24 de octubre se presentará una iniciativa de ley para crear la “Fiscalía para la Paz”.

Ortíz señaló que dicha Fiscalía atenderá los crímenes más graves, tales como la desaparición forzada, trata de niños y adolescentes, tráfico de migrantes, feminicidios, entre otros.

“Para atender el problema de la justicia se está redactando un proyecto de ley, que es la ley general, que establece el Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas”, indicó al inaugurar un Foro Escucha en León, Guanajuato.

Al respecto dijo que la Fiscalía formará parte de lo que será el nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas que previamente el presidente electo ha anunciado.

Aprovechó para hablar sobre la propuesta de amnistía que López Obrador (AMLO), ha planteado desde su campaña.

Refirió que la amnistía nunca procederá con aquellos delincuentes que hayan cometido delitos violentos. “Jamás procederá en el caso de desapariciones, feminicidios, trata, delitos contra los periodistas, ningún acto violento el delincuente que haya cometido, no será sujeto amnistiable”.

Señaló que la amnistía está pensada para niños y niñas cooptadas por el crimen organizado, que se hayan dedicado a traficar la droga, armas, o que hayan robado; además podría beneficiar a mujeres que fueron encarceladas por haberse prestado a traficar sustancias psicotrópicas o de armas sin violencia. Adicional dijo que la amnistía podría beneficiar a quienes fueron encarcelados por delitos políticos y que resultaban incómodos para el sistema.

 

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó una propuesta para modificar el artículo 108, con la que buscan que el Presidente de la República pueda ser sujeto a responsabilidad penal por delitos electorales, de corrupción y contra la humanidad.

Salomón Jara Cruz, vocero de la fracción de Morena, indicó que es necesario que la figura presidencial ya no sea una persona con derecho a inmunidad, como ha sucedido en los últimos años.

El senador indicó que hoy nuestro país ha iniciado una nueva época de cambio político, en donde se están impulsando acciones legislativas que transparenten y permitan que en México no haya ningún tipo de inmunidades ni privilegios.

La propuesta que presentaron tiene como objetivo que el titular del Ejecutivo en funciones sea sometido a proceso cuando incurra en actos de corrupción o cuando la autoridad competente compruebe su participación en algún tipo de delito electoral vigente, lo que comúnmente se conoce como fraude electoral.

“El fraude electoral, en el caso de México, ha sido una práctica común, a lo largo de la historia, en la que los titulares del Poder Ejecutivo se inmiscuyen en asuntos electorales, especialmente cuando se trata de una contienda para renovar la Presidencia de la República; sólo recordemos el caso cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución y la Ley Electoral al haber realizado propaganda gubernamental durante el periodo de veda”, señaló el legislador.

Jara Cruz añadió que su propuesta también trata de incorporar otros supuestos, como la responsabilidad penal por la comisión de algún delito contra la humanidad.

 

El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que Javier Duarte no saldrá de prisión porque aún tiene un proceso penal pendiente en esa entidad y podría ser acusado de desaparición forzada, además de que la Procuraduría General de la República no ha confirmado la reclasificación del delito por delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano confirmó que el exgobernador está acusado en el estado por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

“No hay ninguna posibilidad de que Duarte ponga un pie en la calle, y si pone un pie en la calle, ahí lo estarían esperando elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para traerlo al penal de Pacho Viejo”, aseguró Yunes.

Asimismo, Yunes dijo que Duarte también podría ser procesado por desaparición forzada, un delito por el que ya están siendo juzgados ex miembros de la policía, por lo que la FGE está a la espera de que la PGR solicite a las autoridades guatemaltecas que se incorpore este delito, debido a que ellos lo extraditaron al país.

De igual modo, Yunes Linares añadió que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias por el desvío de 27 mil millones de pesos y también está a la espera de que se tramiten en la PGR.

Yunes prometió que Duarte y sus cómplices serán sancionados con severidad. “Como ciudadano mantendré mi exigencia, elevaré mi voz para que se haga justicia en este caso. No puede haber impunidad”, afirmó.

Postura en torno al proceso penal de Javier Duarte.

Postura en torno al proceso penal de Javier Duarte.

Posted by Miguel Ángel Yunes Linares on Wednesday, August 22, 2018

 

La Procuraduría General de la República (PGR) en Jalisco inició cuatro carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por la probable comisión del delito contra la salud, derivado de la localización de tres sembradíos con 70 mil plantas, de aparentemente marihuana.

De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Policía Federal (PF) hicieron del conocimiento a los representantes públicos de la Federación que, al realizar diversos recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la comunidad Los Soyates y el poblado de Amatitán, en el municipio de Tequila, Jalisco, localizaron los plantíos.

En los predios, los efectivos federales destruyeron, por medio de incineración, las 70 mil plantas de la hierba verde, mismas que se encontraban en una superficie de aproximadamente seis mil 500 metros cuadrados.

En otra acción, elementos federales localizaron en el poblado de Mitlán, del municipio de Tequila, un secadero con media tonelada de plantas de la hierba verde referida, que posteriormente fue destruida por medio de incineración.

En estos lugares, se recabaron muestras representativas, mismas que fueron puestas a disposición de los Ministerios Públicos de la Federación, quienes continúan con la integración de las carpetas de investigación, para resolver conforme a derecho.