México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en nuestro país.
La cancillería informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y aclaró que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.
Se estima que sea un proceso que podría durar años, y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.
La demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.
El gobierno federal sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
La demanda señala que su objetivo es “poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”.
Además, refiere que la amplia mayoría de las armas decomisadas en escenas de crímenes en nuestro país provienen de Estados Unidos.
Se calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales “negligentes”, como dice México. “Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras”, señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.
En tanto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la demanda es parte de la campaña del gobierno federal contra las armas. “La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, afirmó. “No buscamos alterar las leyes americanas”.
Agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas y aseguró que no anticipa “ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos”.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, el gobierno pedirá una compensación de al menos 10,000 millones de dólares, dijo.
“No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos”, dijo Celorio. “Lo hacemos para que no haya muertos en México”.
El funcionario añadió que México no buscó la asesoría del gobierno de Estados Unidos antes de interponer la denuncia y sólo informó a la embajada estadounidense en el país que presentaría la demanda.
Steve Shadowen, el abogado principal que representará a México ante la corte estadounidense, dijo que en los primeros años del siglo XXI una treintena de ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia por las armas de fuego.
Agregó que algunas ciudades comenzaron a ganar, por lo cual los fabricantes fueron al Congreso que les otorgó inmunidad a esas empresas. Sin embargo, Shadowen consideró que esa exención no aplica cuando las consecuencias del uso de sus armas ocurren fuera de Estados Unidos.
“Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y entonces tenemos que sortear este estatuto de inmunidad, lo cual pensamos que vamos a ganar”, dijo. “El estatuto simplemente no aplica; sólo aplica cuando estás en los Estados Unidos”, detalló Shadowen en entrevista con la agencia AP.
Recordemos que la venta de armas de fuego está estrictamente limitada en nuestro país, y controlada por la Secretaría de la Defensa (Sedena). Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando.
