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La democracia estadounidense atraviesa por una crisis sin precedentes desde que Donald Trump decidió gritar “trampa” y aseguró que él ganó la elección de noviembre del 2020 y que Biden es un presidente que está usurpando las funciones que a él le corresponden.

El momento más grave se identifica en la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021 y por ello han comenzado una serie de seis audiencias para intentar fincar responsabilidades y que esa amenaza a la transferencia pacífica del poder no se vuelva a dar.

Resulta increíble que el ejemplo de democracia para el mundo esté ante la amenaza de que en el 2024 quizás no se de una transferencia pacífica del poder. Esta es una película que conocemos bien en América Latina pero que, como ha dicho Moisés Naim, la hemos visto siempre en español. Ahora por primera vez la estamos viendo en inglés.

A principios de mes fui invitada por la Universidad de California en San Diego a entrevistar a Barbara Walter quien acaba de publicar el libro How Civil Wars Start en el que la académica experta en guerras civiles en el mundo ve que en Estados Unidos existen muchos de los componentes para encender las alarmas de que una guerra civil muy bien puede ocurrir en su país.

El declive de la efectividad del Estado y sus normas democráticas; el ascenso de facciones políticas alineadas no por una misma ideología sino por identidad étnica y la preservación de privilegios para los blancos; la división radical entre población urbana y rural; la existencia de lideres políticos y en los medios de comunicación (Tucker Carlson) que se benefician de avivar el fuego de la polarización son algunas de las condiciones que identifica Walter para encender los focos rojos de la violencia que ya está y que puede fácilmente recrudecerse en Estados Unidos. El momento que más ha llamado la atención, evidentemente es el 6 de enero del 2021.

Todo esto es el trasfondo para las audiencias que están ocurriendo en este momento en el legislativo norteamericano en donde se busca responder a la gran pregunta: ¿Es Donald Trump culpable de instigar la violencia que llevó a la toma del Capitolio?

Por las audiencias que ya hemos escuchado es claro que Trump sabía que había perdido la elección de noviembre. Salvo Rudy Giuliani, todos a su alrededor, desde el procurador Bill Barr hasta su hija Ivanka, le dijeron que había perdido la reelección. Pero aún así Trump insistió en que se la habían robado. Esa es la gran mentira que genera la gran pregunta respecto de las audiencias: ¿se logrará que, a través de éstas, la verdad sea aceptada por suficientes estadounidenses como para que el 2024 se pueda dar una transferencia pacífica del poder sin importar quién gana?

El columnista del New York Times, David Brooks, identifica que el grave problema para Estados Unidos hoy es que hay millones de estadounidenses que creen absolutamente convencidos que 1) la elección del 2020 se la robaron a Donald Trump 2) el uso de la violencia se justifica para rectificar lo anterior y 3) que las reglas y normas que cohesionan a la sociedad norteamericana no importan.

Si las audiencias no logran modificar estas tres convicciones de miles de estadounidenses, “Houston, we have a problem”.

Columna completa en El Universal

El presidente Joe Biden afirmó que los desacuerdos se pueden solucionar en democracia «con mutuo respeto y diálogo», esto al inaugurar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California.

La democracia «es el ingrediente esencial para el futuro», afirmó el presidente. «Tenemos que renovar nuestra convicción de que la democracia no sólo define a las Américas, sino que es el ingrediente esencial del futuro. En momentos en que las democracias están bajo asalto en el mundo, unámonos otra vez”, dijo.

La Cumbre se da a pesar del boicot, como lo han señalado diversos especialistas, de algunos jefes de Estado de la región, en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien canceló su participación al haber sido excluidos de la cita los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En su representación, AMLO envió al canciller Marcelo Ebrard, quien dijo a sus homólogos que esta exclusión constituyó un «error estratégico» y que México quiere «refundar el orden interamericano». «Es evidente que la OEA y su forma de actuar están agotados», afirmó Ebrard.

«La democracia es un sello distintivo de nuestra región» como señala la Carta Democrática Interamericana, afirmó Biden durante la inauguración. Llamó a los participantes, entre los que figuraban representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial, a unirse «en torno a ideas audaces, acciones ambiciosas y demostrar a nuestra gente que el increíble poder de las democracias brinda beneficios concretos y mejora la vida de todos».

«Ya no es solo la pregunta de ¿qué hará Estados Unidos por las Américas? La pregunta es qué podemos lograr trabajando juntos como verdaderos socios con capacidades diversas pero con respeto mutuo e igualitario, reconociendo tanto nuestra soberanía individual como nuestras responsabilidades compartidas», añadió.

Biden aprovecha la cumbre para mantener encuentros bilaterales con dirigentes de la región, entre los que destaca el previsto para este jueves con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.

Aliado del expresidente Donald Trump, Bolsonaro puso en tela de juicio el resultado de la elecciones de 2020 que llevó al demócrata al poder en Estados Unidos, tensando las relaciones entre Washington y Brasilia.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, informó a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One que el tema electoral está en la agenda y que Biden hablará de «elecciones abiertas, libres, justas, transparentes y democráticas».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a Estados Unidos por excluir a su país de la Cumbre de las Américas y tachó la cita de una oportunidad perdida por una política trasnochada, discriminatoria e injerencista de Washington.

«Cambió Cuba, cambió nuestra América. Pero el imperio no cambió», aseguró Díaz-Canel en un discurso en el Palacio de la Revolución sobre los excluidos de este encuentro en Los Ángeles, al que este miércoles se suman los jefes de Estado y Gobierno.

La Cumbre de las Américas reedita en su opinión la doctrina Monroe, resumida en la frase «América para los americanos», y es un «espectáculo de tinte neocolonial» del que no se puede esperar una «discusión de fondo».

Por eso, consideró un mérito no estar en la reunión de Los Ángeles: «Nos honra encabezar lista (de excluidos) junto a Nicaragua y Venezuela».

Díaz-Canel cuestionó el argumento de La Casa Blanca para excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela por no ser democráticos y afirmó que «Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de democracia», cuando no la promueve ni dentro ni fuera de sus fronteras.

Señaló que Washington equipara democracia y capitalismo, cuando a su juicio son conceptos contrapuestos, y aseguró que la democracia y la promoción de los derechos humanos no parecen los principios de su política exterior».

En su opinión, la cita no va a abordar los problemas más graves de América Latina y el Caribe, como las causas de la migración, el desarrollo económico, la desigualdad, el racismo, la discriminación, la transferencia de tecnología, sino que es tan solo un «espectáculo publicitario» dirigido a la «politiquería interna» de Estados Unidos.

El presidente cubano lamentó que Washington desaproveche la ocasión de haber hecho un «aporte trascendental» a la región. «Podría haber sido de otra manera», dijo Díaz-Canel, quien señaló que para eso era preciso «humildad», «autocrítica», «respeto» y «solidaridad» por parte de la administración Biden.

Agradeció en este punto las «notables ausencias» de líderes que en protesta al veto de Washington no han acudido a la Cumbre de las Américas, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

Toda elección narra una historia, y las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos nunca han sido la excepción. En 2010, esa historia fue la del estallido del movimiento del llamado Tea Party y una rebelión contra la recién promulgada ley de acceso a la cobertura médica del Presidente Barack Obama. En 2018, fue un rechazo virulento de mujeres de zonas suburbanas del país contra la beligerancia misógina del Presidente Donald Trump. La historia de algunas elecciones a menudo se vuelve más evidente en retrospectiva, pero sin duda en el caso de 2010 y 2018 hubo focos rojos parpadeantes en la antesala de los comicios que apuntaban a que el partido que controlaba la Casa Blanca se encaminaba a un varapalo en las urnas. Parecería que ese patrón se repite camino a las legislativas de 2022. Los índices de aprobación del Presidente Joe Biden no mejoran, lo cual ahonda el peligro para las estrechas mayorías Demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado. Desde la Segunda Guerra Mundial, el partido del presidente en el poder ha perdido en promedio 26 escaños en la Cámara y cuatro en el Senado. Hoy los Demócratas controlan la Cámara por solo ocho escaños mientras que en el Senado es la vicepresidenta quien le otorga el control de ese recinto a su partido. Muchos líderes y legisladores Demócratas ya están hechos a la idea de que perderán, como mínimo, el control de la Cámara.

Si bien siete de las últimas ocho elecciones pueden ser caracterizadas como elecciones de cambio, la volatilidad política ya se ha convertido en un lugar común en una nación tan polarizada y tribalizada como Estados Unidos hoy. Un reciente estudio del Carnegie Endowment muestra que ninguna democracia consolidada en tiempos recientes se ha encontrado tan profundamente polarizada como lo está la estadounidense. Si los Republicanos conquistan la Cámara y el Senado en noviembre, Biden se convertiría en el quinto presidente al hilo en ver a su partido perder ambas cámaras legislativas durante su mandato. Pero aparte del pesimismo Demócrata, ¿cuál es la historia de este año? ¿Qué motiva a los votantes? ¿Qué está espoleando a las elecciones, además de los habituales e históricos movimientos pendulares de la política estadounidense? Lo que brinca a primera vista es que EE.UU es hoy una nación cansada. Este es un país agotado por la política, por una pandemia que no se acaba. Está agotado por la incertidumbre. Está agotado por la inflación, que la administración inicialmente subestimó. Está agotado por un contexto internacional violento y fluido. Y eso evidentemente no es idóneo para quien sea el que detente el poder. A la vez la nación se encuentra agitada por la posibilidad de que la Suprema Corte, escorada a la derecha, pueda dar al traste con el derecho al aborto. Si bien este último factor podría motivar y activar a la base de votantes Demócratas camino a los comicios y el día mismo de la elección, posiblemente blindando por lo menos el control Demócrata en el Senado, hay un segundo factor clave que es la desilusión. Muchos creían que con Biden asumiendo el cargo el país volvería a una sensación de normalidad. Como resultado de los últimos meses, 2022 se perfila como un año en el cual la confianza entre el presidente y muchos de los votantes -progresistas pero también moderados- que ayudaron a elegirlo se ha erosionado, con un Partido Demócrata cuya política identitaria y social se ha topado con resistencias y rechazo social fuera de las zonas metropolitanas del país.

Sin embargo, aunado a lo anterior, hay un tercer factor adicional -cardinal, quizá- camino a las urnas en noviembre. Ese factor, que han vuelto a remachar los procesos primarios en cinco estados (particularmente en uno emblemático y clave, que es Pensilvania) la semana pasada y que debiera poner en alerta a la democracia estadounidense, es cuánto se ha radicalizado la base electoral del Partido Republicano.

El resultado sin duda más importante y perturbador es la decisión del GOP de Pensilvania de seleccionar, por un amplio margen, al senador estatal Doug Mastriano como su candidato a la gobernatura. Hay polos radicales, y luego está Mastriano, quien se encuentra a la derecha extrema de la extrema derecha. Es un ferviente apóstol de la patraña de la “elección robada” de 2020, asistiendo al mitin de Trump que precedió al asalto sedicioso del Capitolio del 6 de enero de 2021, fletando camiones para transportar a manifestantes desde Pensilvania, buscando que la legislatura estatal anulase el voto de los electores Demócratas del estado en el Colegio Electoral y quien desde entonces ha promovido un esfuerzo constitucionalmente quijotesco para descertificar al presidente. En Carolina del Norte, la primaria Republicana eligió al Representante Ted Budd -quien votó en el Congreso en contra de certificar los resultados de 2020 y continúa negándose a reconocer a Biden como el presidente- como candidato para contender por un escaño al Senado. Y en Idaho, donde Trump ganó abrumadoramente en 2020, el 57 por ciento de los votantes Republicanos respaldó a dos candidatos que han propalado las mentiras de Trump y las patrañas del supuesto complot Demócrata de sustituir a la población étnicamente blanca por migrantes.

Un estudio reciente reveló que uno de cada cinco legisladores estatales Republicanos en el país está afiliado a grupos de extrema derecha. Ideologías y conspiraciones que alguna vez fueron marginales e inaceptables ahora son tan importantes en el GOP que la cúpula del partido simplemente se niega a denunciarlas. Al menos 357 legisladores estatales Republicanos -el 44 por ciento de los legisladores de ese partido en los nueve estados donde la pasada contienda presidencial se decidió por un margen estrecho- han utilizado su cargo para desacreditar o tratar de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, según una análisis de votos y declaraciones oficiales publicado por The New York Times el domingo pasado. Ello expone cuán profundamente arraigadas se han vuelto las mentiras y la desinformación sobre la derrota de Trump en las legislaturas estatales, las cuales desempeñan un papel integral y clave en la democracia estadounidense. De ganar en noviembre como parte de una oleada Republicana, esta nueva hornada de políticos no solo podría controlar, en el caso de Pensilvania, un estado que de nueva cuenta podría definir el resultado de la elección presidencial en el Colegio Electoral en 2024 sino que se sumarían a legisladores impresentables de extrema derecha en el Capitolio como Andy Biggs, Lauren Boebert, Paul Gosar o Marjorie Taylor Greene.

La Casa Blanca, el Presidente Biden, su partido y los candidatos Demócratas debieran ciertamente valerse de este creciente extremismo antidemocrático para convertirlo en el hilo conductor de la narrativa e historia de esta elección y para buscar contrarrestar las sombrías predicciones que hoy predominan en torno al potencial dictamen que podrían arrojar las casillas. Como parte de esa narrativa destacará también enfatizar la aprobación de un importante paquete de estímulo económico y un proyecto de ley de infraestructura bipartidista, la creación de aproximadamente 8 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo más baja en medio siglo. Esa historia Demócrata ahora también incluye la confirmación de la primera mujer negra en la Corte Suprema, una promesa que el presidente le cumplió a uno de los bloques electorales más leales de su partido. Los Demócratas también buscarán compensar sus desventajas estructurales movilizando a los votantes en torno al aborto y otros temas socioculturales. Muchos políticos y estrategas Demócratas esperan que hacia fines de este verano, las condiciones económicas hayan mejorado, particularmente en el frente de la inflación. Si eso sucede, algunos de ellos piensan que a pesar de que para junio los votantes estadounidenses suelen haber tomado ya una decisión acerca de cómo votaran en noviembre, éstos podrían reevaluar sus impresiones sobre Biden y que los indecisos podrían pensársela dos veces antes de devolver el poder a un Partido Republicano crecientemente antidemocrático y que más que nunca sigue bajo el control de Trump. Eso presupone como sine qua non, evidentemente, que para finales de este año el riesgo significativo de una recesión inminente se haya disipado.

La política siempre es volátil y fluida, y cuando faltan aún poco más de cinco meses para las elecciones, bien pueden darse acontecimientos imprevistos o sorpresas que modifiquen las tendencias actuales. Las campañas marcan la diferencia, al igual que las cualidades y perfil de cada uno de los candidatos, especialmente en las contiendas a nivel estatal para el Senado y las gobernaturas. Pero en una coyuntura en la cual estrategas electorales Demócratas admiten que este ha sido el peor entorno político-electoral que han visto en mucho tiempo, con las mayorías tan estrechas como las que ostenta el partido en ambos recintos legislativos, hay muchas razones para que la Casa Blanca, el Consejo Nacional Demócrata y muchos de nosotros nos encontremos tan preocupados como lo estamos en este momento, no solo cara a lo que ocurra en las urnas el 8 de noviembre sino por la democracia estadounidense misma.

La propuesta de Reforma Electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “iniciativa sólida y de gran valor para nuestra democracia”, plantea en cuatro ejes una democracia más representativa, más ciudadana, más barata y en paz, afirmó Rubén Moreira Valdez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados.

Está orientada “a fortalecer nuestra democracia, las instituciones y el sistema de partidos políticos”, aseguró, al encabezar en la sede nacional del tricolor, en compañía de integrantes de su bancada, una conferencia de prensa. Moreira Valdez recalcó que, en contraste, la propuesta de Reforma Electoral de Morena “es poco seria y no abona a resolver problemas político-electorales del país; fractura a la sociedad mexicana, atenta contra las instituciones y frena el proceso democrático”, por lo que adelantó que “no vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral”. Luego de señalar que el PRI “es un partido de propuestas”, que “actúa de manera responsable” y como un partido histórico, sin caer en ejercicios de antagonismo, el también Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, sintetizó en 10 puntos la propuesta del Revolucionario Institucional. 1 Reducción de 500 a 300 diputaciones, para evitar la sobrerrepresentación y la conformación de mayorías artificiales, además de ahorrar mil 730 millones de pesos. 2 Segunda vuelta para la elección presidencial. 3 Crear la Vicepresidencia de la República, cargo electo por el mismo término del Presidente, para desahogar asuntos de política interior. 4 Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. 5 Reducción del financiamiento público a partidos. 6 Combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. 7 Voto en modalidad de urna electrónica. 8 Nacionalización plena de los comicios federales y locales. 9 Fortalecimiento del nombramiento de los consejeros electorales. 10 Fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del Tribunal Electoral. Finalmente, Rubén Moreira sostuvo que con la propuesta de Reforma Electoral del PRI “disminuiríamos costos, daríamos certeza, dejaríamos de vulnerar la soberanía de los estados y construiríamos una democracia mejor, pacífica, más barata, más cívica y más con la participación de la sociedad civil”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, encabezó la presentación de la la propuesta de reforma electoral de su partido, a la que calificó de seria, moderna e innovadora y que dará certeza a los resultados electorales.

“Impulsamos una propuesta electoral que fortalece nuestra democracia, que pone controles al gobierno, logra una correcta representación del mandato popular en la Cámara de Diputados y genera mejores condiciones de gobernabilidad”, puntualizó.

Acompañado de los coordinadores en la Cámara de Diputados, Jorge Romero; en Senado, Julen Rementería, y la diputada Joanna Felipe Torres, señaló que la propuesta responde a la necesidad de fortalecer las instituciones electorales, y no desaparecerlas como propone el gobierno federal.

Cortés Mendoza afirmó que lo que se busca es construir un marco político-electoral que represente mejor manera el mandato popular de la gente, que estimule mayores consensos electorales y de gobierno; que reduzca la polarización electoral y social, y que dé mayor certeza y confianza en los procesos electorales.

Indicó que también busca inhibir el involucramiento de la delincuencia organizada en los procesos electorales; que se use la tecnología para que haga menos manipulable y más rápida y eficaz la jornada electoral; que se respete y fomente la pluralidad en las ideas, y que le ponga controles al poder, a la difusión gubernamental y al uso electoral de los programas sociales.

El presidente del PAN aprovechó para reiterar que la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador es regresiva y autoritaria, y “no cuenta con el voto de Acción Nacional, porque es un dardo envenenado contra la democracia, porque atenta contra la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral en el país, por lo que esa propuesta no pasará”.

Fue el diputado Jorge Romero quien detalló que la propuesta de reforma electoral será presentada formalmente mañana ante la Comisión Permanente.

Debido a que en la presentación se enfatizó que era una propuesta del PAN, el diputado aclaró que una vez que esté en el Congreso, se habrá de fusionar con las propuestas electorales del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano.

Entre otros puntos, la iniciativa propone la necesidad de que exista elecciones primarias, es decir, que dejen de ser la elección de candidatas o candidatos, decisiones meramente cupulares de partidos; la regulación formal de los gobiernos de coalición; impulsar la segunda vuelta en la elección presidencial; eliminar la sobrerrepresentación legislativa; establecer como delito penal el violar el artículo 134 Constitucional, que señala: “si eres Gobierno federal, estatal o municipal y estás en medio de un proceso electoral, no te puedes referir a esa elección”.

También se propone que sea causal de nulidad absoluta y automática de cualquier elección, el más mínimo indicio de la participación de delincuencia organizada; la introducción de la urna electrónica para dar mayor certeza a los resultados; regular la figura de declinación entre candidatos, a fin de que esos votos se sumen al candidato al que se declinó; lista B para candidatos plurinominales; segundos mejores lugares, e intercalar las listas del partido más las mejores candidaturas «perdedoras» de mayorías relativas.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró este viernes que la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un intento por debilitar la democracia en México. Aseguró que la reforma no aporta nada para el fortalecimiento democrático; sino al contrario, representa un enorme peligro de desaparecer el régimen democrático. Por ello, advirtió, “está destinada al fracaso”. Moreno advirtió que el gobierno federal y Morena pretenden tener un distractor de los problemas nacionales que preocupan a los mexicanos, como el encarecimiento de la canasta básica, la inseguridad y la crisis de salud por la falta de medicamentos. Expuso que la iniciativa no impulsa la fortaleza y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) para seguir garantizando elecciones limpias, transparentes y equitativas, ni atiende preocupaciones sociales.

En ese sentido, al INE, a sus consejeros electorales, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sus magistrados, les expresó que tienen todo el apoyo y el respaldo del PRI y de la coalición Va por México. El líder nacional del tricolor explicó que no le ven nada positivo a la iniciativa. «Vemos una bandera electoral más; querer construir una narrativa», añadió al decir la reforma atenta contra el sistema de partidos, contra la representación en el Poder Legislativo, y para nada alienta la participación real.

«Es querer darle más poder al poder, desde el poder”, remató el priísta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y miembros de su gabinete, anunciaron esta mañana que en las próximas horas enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional del sistema electoral.

López Obrador ha acusado en repetidas ocasiones al Instituto Nacional Electoral (INE) de estar a favor de sus opositores, de no ser imparcial y estar en contra de la democracia.

La propuesta busca, entre otros puntos, federalizar las elecciones, por lo que se eliminarían las autoridades electorales locales los llamados OPLES y los Tribunales Electorales locales.

Los árbitros de las elecciones, es decir los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, serán elegidos por los ciudadanos, de forma directa o por voto popular, de una lista de propuesta que hagan los tres poderes de la Unión. Con esto. En el caso del Consejero General del INE, habrá disminución de consejeros, de 11 a 7 consejeros.

Además se propone reducir el número de legisladores, a 300 en el caso de Diputados y a 97 en el caso de Senadores; mientras que los Congresos locales también reducirán el número de diputados, de un mínimo de 15 a un máximo de 45, dependiente su población.

La iniciativa propone crear un nuevo organismo federal que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE). Se trataría del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

«No hay la intención de que se imponga un partido único», dijo el mandatario. «Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales (…) Dejar establecido un verdadero estado democrático», agregó.

Se contempla que el financiamiento a partidos políticos sea exclusivamente para campañas electorales, es decir, que no tengan financiamiento en periodos ordinarios como sucede hoy en día. Al mismo tiempo, se redefine la propaganda gubernamental para que funcionarios del gobierno puedan pronunciarse durante las campañas, algo que ahora está prohibido por las vedas electorales.

También se propone instaurar el voto electrónico, pues señalaron que en muchas de las ocasiones, la distancia a donde se colocan las casillas, hace que los ciudadanos no ejerzan su derecho al voto, y facilitar el sufragio de los ciudadanos en el extranjero.

Los encargados de presentar la reforma, Adán Augusto López, Horacio Duarte y Pablo Gómez, apuntaron que con la reforma se estima un ahorro de 24 mil millones de pesos, y se reformará en total 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Se contempla hacer una sola legislación electoral.

López Obrador justificó que la reforma elimina el fraude, algo que insiste padeció en 2006, cuando perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón.

«Nosotros venimos de una lucha por la democracia, y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones, somos víctimas de la antidemocracia, del fraude, llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo», indicó.

Sin embargo, especialistas ya adelantan que será difícil que la reforma consiga el apoyo suficiente en el Congreso, porque Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada de dos tercios necesaria para aprobar tales cambios. Los partidos de oposición, PRI-PAN-PRD y MC han dicho que no apoyarían la propuesta.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, participó la tarde de ayer en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, donde habló de los retos de la democracia en México y otros países, así como de la posible reforma electoral que ha anunciado el presidente López Obrador y Morena.

Córdova Vianello sostuvo que al igual que en otras democracias, en México hay descontento social por la falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestros tiempos, entre los que mencionó la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia.

Ese mismo efecto lo señaló en los partidos políticos, quienes dijo, atraviesan por una crisis de credibilidad.

El consejero presidente precisó que en muchos de los casos, la debilitación de la democracia se ve ayudada por el ataque a las instituciones electorales entre los que enumeró las descalificaciones verbales públicas desde el gobierno federal; las amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de servidores públicos de órganos electorales; o bien los ataques a la autonomía presupuestal.

Respecto a la reforma electoral que el presidente y su partido han anunciado, Córdova Vianello dijo que si bien una reforma electoral puede ser pertinente, esta debe estar encaminada a mejorar el sistema de partidos, la presentación y el fortalecimiento de las instituciones electorales, parlamentos e institutos políticos.

Dijo que tal como ha sido planteado, la reforma no tendría otro fin que de incrementar el control del gobierno y la captura política de las instituciones electorales, así como socavar el sistema de partidos y erosionar la representación política.

Y aunque sus comentarios fueron no solo en referencia a México, sus declaraciones fueron retomadas por diversos medios de comunicación, atribuyéndolos exclusivamente a nuestro país y al gobierno que encabeza López Obrador.

Por ello, el INE emitió una tarjeta informativo en la que aclaró que Lorenzo Córdova no dijo en ningún momento que la crisis de la democracia se debiera a la falta de resultados de este o de algún gobierno en particular, sino a las promesas incumplidas de la democracia, y compartió la cita textual de lo expuesto por el consejero electoral.

«El primer problema es un problema estructural, es un problema que deriva, digámoslo así, de las promesas incumplidas de la democracia o si se quiere de los problemas estructurales que están aquejando a nuestras sociedades y que los gobiernos democráticamente electos, no han logrado resolver, es decir, es un problema no de la democracia, es un problema de políticas públicas adecuadas, pero se trata de problemas que invariablemente están generando o están alimentando ese desasosiego, esa desafección, el descontento social del que están nutriéndose muchas expresiones autoritarias en México y en el mundo».

Sin embargo, fue el propio PAN quien en uno de sus boletines, señaló que en la plenaria a la que acudió Lorenzo Córdova, «se analizaron los principales ejes que han debilitado a las instituciones y ponen en riesgo la democracia de nuestro país», idea que habría rechazada por el INE.

Rápidamente, los detractores del INE y del consejero presidente utilizaron sus declaraciones y su participación en la plenaria del PAN, para «evidenciar» que Córdova por fin se había quitado la máscara de árbitro imparcial, y se había dejado ver abiertamente como parte de la oposición en México.

La Cumbre por la Democracia, organizada por Estados Unidos y en la que han estado presentes de forma virtual más de 100 países, con ausencias notables como China y Rusia, acabó este viernes sin acuerdos concretos y con la promesa del presidente Biden de convocar una nueva cumbre en 2022.

Biden llamó a los asistentes a reunirse en un año para revisar el cumplimiento de los compromisos lanzados en estos dos días de discurso, aunque no ha habido un consenso específico alcanzado por los participantes.

Este foro multilateral concluyó como empezó, con un discurso de Biden, en el que insistió en la necesidad de seguir colaborando para fortalecer las democracias de amenazas como la desinformación, la corrupción o los autoritarismos.

Consideró que los líderes de los gobiernos tienen la responsabilidad de fortalecer las democracias impulsando reformas dirigidas a la transparencia y la rendición de cuentas y a la resiliencia frente a quienes apuestan por el autoritarismo.

También dijo que es necesario trabajar con el sector privado para combatir la corrupción y construir economías más igualitarias.

A la hora de hablar de los compromisos estadounidenses, Biden habló no sólo de colaborar en el fortalecimiento de las democracias en el mundo, también citó retos nacionales, y en especial el de defender el «sagrado derecho a votar libremente», en un momento en varios estados republicanos han aprobado normas que según denuncian los demócratas restringen dicho derecho.

Aunque el discurso de Biden fue un repaso de todo lo hablado en esta cumbre, la jornada de hoy estuvo centrada en temas como el papel de la tecnología y en la necesidad de normas que la regulen para evitar ataques a la democracia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defendió en este sentido la necesidad de regular el mundo digital para que sirva a los propósitos y el bien común y llamó a combatir todas las formas de extremismo y populismo para fortalecer las democracias.

A pesar del entusiasmo de Biden y su Administración con la celebración de la cumbre, varios de sus altos funcionarios descartaron desde ayer que la reunión fuera a terminar con un acuerdo conjunto firmado por todos los países participantes.

«No planeamos tener un documento o comunicado conjunto al final de la cumbre porque esto es solo el inicio, queda mucho trabajo por hacer», señaló una de estas fuentes del gobierno estadounidense en una llamada con periodistas.

En esa línea, Biden recalcó este viernes en su discurso que ahora toca poner en práctica los compromisos expresados por unos y otros y examinar lo que se haya hecho en la cita de 2022.

La democracia se enfrenta a «desafíos continuos y alarmantes» en todo el mundo, afirmó este jueves el presidente Joe Biden al inaugurar la Cumbre virtual sobre la Democracia, que cuenta con participación de 110 representantes de todo el mundo.

Biden estimó que la tendencia «apunta en gran medida en la dirección equivocada», y dijo que en Estados Unidos la ciudadanía sabe «mejor que nadie» que «renovar la democracia y fortalecer las instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante».

Entre los retos que se enfrentan, Biden mencionó la insatisfacción ciudadana con los regímenes democráticos, que «no cumplen» con sus necesidades, e insistió en hacer una defensa de la democracia como el mejor sistema para garantizar la dignidad humana y resolver problemas, a pesar de que sea un sistema «duro» que necesita «cooperación».

Pidió a los participantes «apoyar los valores» que les unen, como la libertad de expresión, de prensa, de religión o el
Estado de Derecho, además de reclamar «protección» para los Derechos Humanos de todas las personas.

Durante su intervención, Biden anunció la llamada Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, un conjunto de medidas del gobierno estadounidense para «reforzar la democracia y defender los Derechos Humanos a nivel mundial».

Con 424,4 millones de dólares, la iniciativa se enfoca en cinco pilares: el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, la lucha contra la corrupción, el apoyo a los sectores que pueden reformar la democracia (grupos marginados tradicionalmente, como las mujeres), el desarrollo de tecnologías que favorezcan la democracia y la defensa de los procesos políticos y las elecciones justas y libres.

En cuanto al apoyo a los medios de comunicación, la iniciativa prevé la protección física, legal y digital de los periodistas con 9 millones de dólares que se destinarán al Fondo de Defensa de la Difamación para Periodistas, que ofrecerá cobertura a los reporteros de investigación y sus organizaciones.

En referencia a la lucha contra la corrupción, el gobierno estadounidense prevé apoyar a los agentes del cambio a favor de la anticorrupción y, en este sentido, la Administración Biden proporcionará hasta 5 millones de dólares para poner en marcha un programa que promoverá medidas de protección para los denunciantes, los activistas de la sociedad civil, los periodistas y otras personas en riesgo debido a su trabajo contra la corrupción.

El punto tres del plan hace referencia a empoderar a los grupos históricamente marginados y asegurar que todas las personas manifestarse en favor de la democracia. Se destinarán 33.5 millones de dólares para poner en marcha una iniciativa enfocada en el liderazgo político y cívico de las mujeres.

El programa de Biden también prevé avances en la consecución de un internet abierto y seguro para todos y poner en marcha enfoques que fortalezcan la integridad electoral a nivel global.

Para La Casa Blanca, la cumbre, que se realiza de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus, encarna el liderazgo de Estados Unidos en una lucha existencial entre democracias y dictaduras o autocracias.

La Cumbre, que comenzó con las palabras de Biden y del secretario de Estado, Antony Blinken, cuenta con la participación de representantes de gobiernos, ONG’s, empresas y organizaciones filantrópicas.

China y Rusia, que Biden considera autocracias, quedaron deliberadamente fuera, lo cual según estos países aviva una «brecha ideológica». «Ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y variado panorama político del mundo con un único criterio», escribieron el embajador ruso, Anatoly Antonov, y el chino Qin Gang.

Lo que acabó de exasperar a Pekín fue que el gobierno estadounidense invitara a Taiwán, al que China considera parte de su territorio, aunque no esté bajo su control. Esto se suma al anuncio que hiciera el lunes La Casa Blanca sobre que no enviaría a funcionarios gubernamentales a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a celebrarse en febrero, en protesta por las violaciones de los derechos humanos.

En América Latina y el Caribe, quedaron sin invitación a la Cumbre ocho países: Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y Venezuela, aunque se ha invitado a Juan Guaidó, líder opositor enfrentado al gobernante de Nicolás Maduro.

Una de las principales críticas al gobierno de Estados Unidos por la convocatoria a esta Cumbre, es que Biden tiene dificultades para restaurar la fe en la democracia en su propio país, toda vez que Trump se niega a reconocer los resultados de las elecciones de 2020.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, defendió este martes una reforma electoral que abarate el costo de las elecciones, los partidos y las autoridades electorales, pues en línea con el discurso del presidente López Obrador, afirmó que la democracia mexicana «es una de las más caras del mundo».

«Una premisa fundamental es el tema de la austeridad. Tenemos una de las democracias más caras del mundo, una democracia que puede simplificarse. Los partidos políticos reciben mucho dinero y las autoridades electorales deben simplificarse para una democracia más barata», dijo Gutiérrez Luna.

En entrevista con la agencia Efe, el diputado indicó que la reforma electoral es una de las tres reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido enviar al Congreso durante esta legislatura, junto con la reforma energética y la de la Guardia Nacional, aunque no se ha aclarado del todo su contenido.

Gutiérrez, quien antes de presidir la cámara fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), opinó que en el sistema electoral hay cosas «que son óptimas y hay que salvaguardarlas y otras que hay que replantear», como su costo.

El diputado aseguró que Morena volverá a impulsar una reducción de las subvenciones a los partidos y, aunque en el pasado acusó en reiteradas ocasiones al árbitro electoral de ir contra del gobierno, ahora tiene «una relación institucional» con el INE.

Para aprobar cualquier modificación a la Constitución, López Obrador requiere de una mayoría calificada de dos tercios del Congreso, por lo que necesita forzosamente el apoyo de los partidos de la oposición, que se presentaron en bloque en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Pero Gutiérrez sostuvo que en este arranque de legislatura, el PAN y el PRI se han expresado «en buen tono» y que de momento hay «buen ánimo». Recordó que en la legislatura pasada, el Congreso aprobó por unanimidad la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública.

Así, se dijo convencido de que dialogando, buscando puntos de coincidencia y escuchando a la oposición se puede llegar a buenas soluciones para todos los mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no debe preocupar la presencia de grupos internacionales de ultraderecha en el país, esto porque en México casi no hay «analfabetismo político», además de que aseguró que la democracia ya no tiene vuelta atrás.

«No debemos preocuparnos mucho porque el proceso democrático de México se echó a andar y no nos van a detener. México es de los pueblos de avanzada, estamos a la vanguardia por el nivel de concientización que ha alcanzado su pueblo», aseguró el mandatario.

Una reportera le cuestionó sobre una investigación de WikiLeaks y Contralínea, que señala que México es un centro mundial de operaciones de grupos de ultraderecha como Hazte Oír, Citizen Go o El Yunque, que en el país están vinculados a empresarios y a políticos del conservadurismo, ligados al Partido Acción Nacional (PAN).

López Obrador aseguró que «es muy poco el analfabetismo político» en México y se dijo «orgulloso» del «cambio de mentalidad que se ha logrado» a favor de la democracia desde que ganó las elecciones presidenciales de 2018.

La investigación que se citó en la mañanera obtuvo documentos según los cuales El Yunque, una organización mexicana clandestina y ultracatólica con vínculos con España, realiza espionaje político, prácticas paramilitares y copta a menores para sus actividades.

«Lo más importante es que se conozcan estos hechos porque quienes participan en asociaciones secretas con estos propósitos al ser descubiertos creo que les va a dar vergüenza», opinó López Obrador.

Aunque no aclaró si las autoridades investigarán estos hechos, el presidente consideró que estos grupos forman parte «de la prehistoria, un signo de atraso que no tiene que ver con nuestros tiempos».

«A veces actúan con doble discurso. Llegan a ser asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños y al mismo tiempo participan en estos actos reprobables y condenables», dijo el mandatario, quien indicó que la mejor manera de combatirlas es informando de sus actividades.

Puso como ejemplo que exmiembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que perpetraron la llamada guerra sucia contra disidentes políticos entre los años 60 y 80, se siguen reuniendo a día de hoy y «se sienten héroes».

«No debería ser motivo de orgullo pero durante mucho tiempo se ocultaron todas las barbaridades que cometieron, violaciones a derechos humanos. Por eso permanecen estas cosas», opinó.

El presidente Joe Biden reunirá en diciembre mediante videoconferencia a líderes mundiales para una «cumbre por la democracia», convocatoria que ha sido catalogada como un desafío a China y una alternativa al encuentro tradicional del G20.

La reunión virtual, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre, congregará a jefes de Estado y de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y del mundo económico «de un diverso grupo de países democráticos», informó La Casa Blanca en un comunicado.

Un año después, Biden planea reunir de nuevo a los mismos participantes, preferiblemente en persona, para evaluar los avances sobre tres temas principales que se discutirán desde esta primera edición: defensa contra el autoritarismo, lucha contra la corrupción y promoción de derechos humanos.

La Casa Blanca no especificó qué países están invitados a esta cumbre que se presenta.

Recordemos que los líderes del G20, que está integrado por las principales economías e incluye regímenes autoritarios como China y Arabia Saudita, deben reunirse a fines de octubre en Italia.

«El desafió de nuestro tiempo es demostrar que las democracias pueden mejorar las vidas de sus ciudadanos y atender los grandes problemas que enfrenta el mundo», explica el comunicado, retomando un tema recurrente de Biden.

El mandatario estadounidense ha expresado su deseo de asumir nuevamente el rol de «líder del mundo libre» que tradicionalmente se otorga al ocupante de La Casa Blanca, luego de las políticas aislacionistas de su antecesor, Donald Trump.

La Casa Blanca describió la cumbre como una oportunidad para los líderes mundiales de escucharse unos a otros y a sus ciudadanos, compartir éxitos, impulsar la colaboración internacional y hablar de manera honesta sobre los desafíos de la democracia en el mundo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la Consulta Popular celebrada este domingo, pese a baja participación que se registró. Dijo que no fue un «fracaso» tal como lo ha querido hacer ver la oposición, y aprovechó para culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) de no tener suficiente «entusiasmo» para organizarla.

«Los que no procesan con autenticidad la democracia como forma de vida y de Gobierno, y los medios de información van a decir ‘fracaso’. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Y aunque el ‘Sí’ arrasó con el 97.7% de los votos frente al 1.5% del ‘No’ y el 0.7% de sufragios nulos, la participación fue solo del 7.1%, muy lejos del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante.

Según cifras dadas a conocer por el INE, participaron 6.6 de los 93.6 millones de mexicanos convocados, cuando se requería el voto de 37 millones de personas.

«Fue realmente muy importante y ejemplar lo que se vivió en esta jornada», expresó el mandatario. «Es algo realmente trascendente. (…) No se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. Por eso mi felicitación a todos los que participaron», añadió.

Si bien fue la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, López Obrador dijo que nunca antes había votado tanta gente en un ejercicio así, puesto que la consulta informal que convocó en 2018 sobre cancelar las obras del aeropuerto capitalino tuvo una participación de un millón de personas.

«Por eso ahora es un triunfo el que 6.6 millones de ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta», expresó.

Recordó que en marzo próximo habrá una consulta sobre la revocación de mandato, sobre la que se dijo convencido de que votará mucha más gente.

El presidente aprovechó para arremeter una vez más contra la autoridad electoral, a la que acusa de no haber puesto suficiente empeño en la organización de la consulta.

«Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta. No han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas», reprochó AMLO.

El mandatario dijo que la baja participación no impide «la posibilidad de que haya juicios» contra los políticos del pasado, ya que las autoridades tienen «el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas».

A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido «fraudes masivos» en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso «gravísimo» si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

«Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible», afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a «un proceso gravísimo para México» porque desde hace tres décadas «los problemas políticos se dirimen en las urnas» y ya no hay fraudes como «a los que estábamos acostumbrados» en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que «hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación» para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y «fake news».

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto «entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas».

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

«La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho», indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un «órgano imparcial» sin «filias ni fobias», y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo «aliviado» de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

«Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país», destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. «En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos», afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

«En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados», aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.