Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, capturado el viernes pasado en Sinaloa, fue informado este fin de semana de su situación jurídica: está detenido provisionalmente con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, secuestro y homicidio de un funcionario estadounidense, el agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985.
Con la notificación se inicia el procedimiento legal para lograr su extradición a Estados Unidos, cuyo gobierno lleva 30 años intentando sentarle en el banquillo por la tortura y muerte de Camarena. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo el viernes que se buscaría la “extradición inmediata”.
Un juez con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México le informó a Caro Quintero que su captura había sido considerada legal y le notificó los cargos en su contra, explicó el funcionario.
El capo, considerado uno de los “padrinos” del narcotráfico mexicano, se encuentra detenido en la prisión de alta seguridad de Almoloya, mejor conocido como El Altiplano, 85 kilómetros al oeste de la capital. En este penal, considerado uno de los de máxima seguridad en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, logró fugarse en 2015.
Caro Quintero, de 69 años, era uno de los fugitivos más buscados por el FBI desde que en 2013 fue liberado de una cárcel mexicana por un aparente error judicial después pasar casi tres décadas encarcelado por el asesinato de Camarena y de un piloto mexicano. El FBI ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.
Fue detenido el viernes en las montañas de su estado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).
Catorce marinos que participaban en las labores de resguardo de la operación murieron al desplomarse el helicóptero Black Hawk en que se trasladaban. La Marina dijo que todo apunta a que fue un accidente, cuyas causas aún se investigan.
Caro Quintero tenía otras dos órdenes de captura en México, pero se ejecutó la que era con fines de extradición y que se remonta a 2013. Estados Unidos la interpuso tras su salida de la cárcel, una liberación que, aunque las autoridades en México la revirtieron pronto, provocó la indignación de Washington porque el capo desapareció en un abrir y cerrar de ojos y volvió a sus actividades delictivas.
Ahora el gobierno estadounidense tiene un plazo 60 días naturales para presentar la solicitud formal de extradición y todas las pruebas que considere necesarias, procesos que se hacen a través de la cancillería. Posteriormente el juez que lleva la causa determinará si procede o no.
En ese plazo, los abogados de Caro Quintero pueden presentar los amparos y pruebas que consideren pertinentes para evitar la extradición o para atrasar el proceso, que es lo que habitualmente hacen las defensas de este tipo de detenidos.
Los procesos de extradición suelen ser largos, aunque su agilidad depende mucho de la voluntad política de los países para sacar adelante el tema y de los resquicios legales en los que pueda ampararse el acusado para evitarlo.
En el caso del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, tardó un año. Actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.
Caro Quintero, nacido en la localidad de Badiraguato al igual que Guzmán, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y, según la DEA, uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980. Actualmente luchaba por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas en Sonora, estado fronterizo con Arizona.
En 1984, Caro Quintero culpó a Camarena por una redada en una enorme plantación de marihuana. Al año siguiente, el agente estadounidense fue secuestrado y un mes después se localizó su cuerpo torturado.
Sobre la detención de Caro Quintero, La directora de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social de México, Elizabeth Castro, informó que el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, habría intercedido en 2013 a favor del narcotraficante para lograr su puesta en libertad ante el expresidente Enrique Peña Nieto.
Según Castro, Caro Quintero había solicitado su liberación a Peña Nieto en una carta que le hizo llegar a través de Sandoval. Seis meses después, el narcotraficante salió de la cárcel de Puente Grande en la que se encontraba ingresado.
El entonces gobernador de Jalisco confirmó que había entregado la carta, según informaciones de Milenio. “Señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto: Yo, Rafael Caro Quintero, llevo 28 años y no recuerdo cuántos días y meses privado de mi libertad por estos delitos, los cuales ya pagué. Le pido que me dé mí libertad”, señalaba la misiva.
Varios ex altos cargos de la administración de Sandoval han confirmado la existencia de este documento.
El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, había emitido una solicitud para que fuera detenido por su supuesta implicación en el asesinato de un agente de la DEA.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha asegurado que la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue realizada exclusivamente por autoridades de México y sin la intervención de las fuerzas estadounidenses.
En un comunicado, Salazar ha indicado que si bien la Administración de Control de Drogas (DEA) del gobierno estadounidense participó en las labores de investigación para dar con su paradero y arrestarlo, precisó que la detención la realizaron miembros de la Secretaría de Marina y que en el operativo no participaron fuerzas ni personal de Estados Unidos.
La detención sucede pocos días después del encuentro entre los presidentes López Obrador y Joe Biden en La Casa Blanca. Fue ampliamente celebrada por Washington y según analistas, podría limar las asperezas que habían surgido desde hace más de un año entre la DEA y el gobierno de nuestro país.
Hoy en su conferencia matutina, el presidente confirmó que no hay un estimado del tiempo que podría tomar el proceso de extradición, aunque confirmó que desde este fin de semana se presentaron amparos para evitar su traslado.
“Se va a actuar de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar en que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el que hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo su amparo”, explicó AMLO.
