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Ya no queda casi nada del nuevo centro comercial “Retroville”, situado en el noroeste de Kiev y bombardeado por las fuerzas rusas ayer por la noche, un ataque que dejó al menos ocho muertos, según un informe oficial preliminar.

A las 22:45 hora local, un bombardeo sacudió este suburbio de la capital ucraniana y destruyó tanto el edificio como los alrededores más cercanos.

Inaugurado a inicios de 2020, un poco antes de la pandemia de COVID-19, “Retroville” era un templo del consumo, con sus 250 tiendas, cines y sus 3.000 lugares de estacionamiento. Toda la parte sur del inmenso complejo comercial quedó devastado.

Según los lugareños, el bombardeo fue el mayor en Kiev desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este lunes que es demasiado pronto para hablar de una reunión entre el presidente Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque aún no hay ningún avance en las conversaciones de paz.

“Para poder discutir una posible reunión entre los dos presidentes, primero debe hacer su tarea. Es decir, debe realizar y acordar los resultados de las negociaciones”, dijo Peskov en una conferencia de prensa diaria. “Hasta el momento, no se han logrado avances significativos. Simplemente, los presidentes aún no tienen acuerdos que aprobar”, señaló.

Y es que las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvieron tres rondas de negociaciones presenciales en Bielorrusia a partir del 28 de febrero para buscar una posible solución al conflicto actual. Las dos partes comenzaron su cuarta ronda de negociaciones a través de un enlace de video el pasado14 de marzo.

Sin embargo, el miércoles pasado, el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, dijo que Zelensky podría sostener conversaciones con Putin en los próximos días.

También se informó este lunes que Rusia convocó al embajador de Estados Unidos en señal de protesta después de que el presidente Joe Biden calificara a Putin de “criminal de guerra” a raíz del conflicto en Ucrania.

“Este tipo de declaraciones del presidente estadounidense, que no son dignas de un político de alto rango, han puesto las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En tanto, el partido socialdemócrata Rusia Justa presentó este lunes a la Duma (Cámara de Diputados) un proyecto de ley para que su país abandone la Organización Mundial de Comercio (OMC) debido a las sanciones económicas impuestas contra Moscú.

Con el fin de defender “los intereses nacionales”, los diputados proponen denunciar el protocolo al Acuerdo de Marrakech suscrito en 2011 y también la ratificación parlamentaria de 2012.

“El ingreso en la OMC se debió a motivos políticos. Beneficios económicos había pocos”, comentó uno de los autores de la iniciativa, Alexéi Chepa, vicepresidente del comité de Asuntos Internacionales de la Duma.

El diputado consideró que en condiciones de sanciones internacionales, la salida de la OMC permitirá a Moscú rebajar las tarifas y los precios, y apoyar a los productores nacionales, algo que está restringido por dicha organización.

Recordemos que Rusia fue la última gran economía mundial en ingresar en la OMC, donde entró el 22 de agosto de 2012 tras casi dos décadas de arduas negociaciones.

Paralelamente, la Justicia rusa respondió a la demanda de la Fiscalía, sobre prohibir en el país las actividades del gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerarle una organización extremista por permitir llamamientos a la violencia contra rusos.

“Queda prohibida la actividad de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por actividades extremistas”, señaló el tribunal.

El fallo no se aplica al servicio de mensajería WhatsApp de Meta debido a que no contiene funciones para la difusión pública de información, añadió.

Aunque estos servicios quedan oficialmente bloqueados, la Fiscalía no califica el uso de las redes sociales como participación en actividades extremistas.

El motivo de este proceso fue el levantamiento temporal por parte de la prohibición a los residentes de varios países de publicar información con llamamientos a la violencia contra los ciudadanos rusos a raíz de la “operación militar especial” lanzada por el Kremlin en Ucrania.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal debido a la negativa de Meta a eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares. Rusia ya había bloqueado Instagram y restringido el acceso a Facebook.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este viernes la iniciativa de ley que prevé regular los créditos de nómina con cobranza delegada y permitir que los bancos cobren pagos directamente del salario de los empleados.

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador”, señaló el mandatario a pesar de que la iniciativa fue aprobada gracias al apoyo de Morena y aliados.

Agregó que ningún banco debe hacer esta retención ni tampoco ninguna institución financiera. Indicó que el gobierno no debe prestarse a esto. “No estoy de acuerdo con esta iniciativa”.

López Obrador recordó que esta iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados con cambios, por lo que regresó al Senado, donde confió que se revise bien. Acusó a los legisladores de no leer bien las iniciativas, lo que pudo provocar que pensaran que era en beneficio de los trabajadores.

Finalmente, dijo que era “respetuoso” del Poder Legislativo, aunque afirmó que, de aprobarse, él mismo buscaría vetar la ley.

Y es que ayer, la Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que regula los Créditos de Nómina con Cobranza Delegada. Busca impulsar un tipo de financiación que se entrega tomando como garantía el pago quincenal o mensual que reciben los trabajadores.

Según esta ley, una vez se obtiene el crédito, el trabajador puede autorizar a la empresa donde trabaja descontar directamente de su nómina un monto específico para realizar pagos parciales, periódicos o totales, sobre el préstamo que tiene con la entidad financiera.

La Secretaria del trabajo publicó en sus redes sociales un mensaje en que señaló que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, “no pueden ser embargados los salarios de los trabajadores”.

Indicó que la postura del presidente es firme respecto a la iniciativa, pues atenta contra el principal sustento de la familia.

La bancada del PAN señaló que la reforma incorpora mecanismos fuera de la ley, como es la cobranza delegada, la cual en un término simple se refiere a que el patrón se convierte en el cobrador del sector financiero y eso va en perjuicio de la clase trabajadora.

Alertó que se autoriza al patrón a descontar directamente al trabajador el importe del pago de los créditos, desde antes de que reciba su salario. “Los diputados oficialistas con su voto avalan operaciones agiotistas”, indicó Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN.

Tras señalar que la reforma sólo beneficia a una parte de las entidades financieras, en este caso a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), mencionó que lo que llama la atención es la urgencia de los integrantes de Morena para aprobarla, y es “porque públicamente lo han dicho, tienen financieras y lo que quieren es ganar aún en perjuicio de los trabajadores. Vean los tuits y vean las reacciones que ha habido en este tema”.

La bancada de Movimiento Ciudadano señaló que el dictamen aprobado por Morena y aliados da certeza jurídica solamente a quienes otorgan créditos y embarga de facto el salario de las y los trabajadores. Dijo que abre la puerta a que el salario de las y los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido.

“Su intención es acceder a la retención del 45%. Tampoco se fija cuál será la tasa de interés de los créditos, abriendo la puerta al crecimiento incontrolable de deuda”, acusó la bancada naranja.

Finalmente, la bancada del PRD denunció que Morena y sus aliados pretenden retornar a las y los trabajadores a esquemas de finales del siglo XIX y principios del XX cuando, en las llamadas “tiendas de raya” los patrones cobraban adeudos a sus empleados directamente de sus salarios.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, parece haber cambiado de discurso y ahora indicó que la reforma constitucional en materia eléctrica podría votarse este semestre, cuando antes su bancada hablaba que se votaría entre abril.

El morenista además señaló que la votación en este semestre ocurrirá siempre y cuando se den las condiciones y consensos necesarios para su dictaminación en Comisiones.

Indicó que luego de que concluyera el Parlamento Abierto, la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) prepara los “libros blancos” para que sean avalados y enviados a las Comisiones que dictaminarán la iniciativa.

“La propuesta de Morena es que se aprueban los ‘libros blancos’ en el seno de la Jucopo, se remiten a las Comisiones Unidas, se instalan las comisiones, se declaran en sesión permanente para empezar la dictaminación, proceso que iniciará hasta que tengamos las condiciones necesarias para garantizar que el dictamen sea votado a favor”, dijo Mier Velazco.

El diputado comentó que hasta el momento su bancada analiza cuatro propuestas concretas que se presentaron en el Parlamento; no obstante, cada grupo parlamentario presentará la suya en los próximos días.

Expuso que una es la modificación al artículo cuarto de la Constitución para que el acceso a la electricidad sea considerado un derecho humano, una condición necesaria para garantizar los otros derechos consagrados en la Carta Magna. Otro planteamiento se refiere a la modificación de las leyes sobre el Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, a fin de generar estímulos para la compra de vehículos eléctricos y la fabricación de motores eléctricos.

Asimismo, otra propuesta se refiere a la participación del sector social en la cogeneración de la electricidad, y una más se refiere a la revisión de las tarifas para garantizar el precio asequible, como un derecho humano a la energía eléctrica.

Aclaró que estas modificaciones no romperían con el espíritu de la iniciativa del Ejecutivo, donde deberá prevalecer la transición energética, la garantía de la soberanía eléctrica y la seguridad nacional, teniendo como regulador a la Comisión Federal de Electricidad y un esquema de participación público-privado, donde sea el 56% lo genere la CFE.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa de reforma, en los términos que está presentada, no tiene viabilidad, por lo que la bancada de Morena “le toca hacer una nueva propuesta”.

“La propuesta del Gobierno Federal sobre esta materia no va acompañada por leyes secundarias, es una lista de buenos deseos que muestra imprecisión en temas como el de la nacionalización de la industria, la minería del litio y otros minerales estratégicos”, destacó el priísta durante la inauguración del Foro nacional de transición energética. Futuro energético de México, organizado por las y los diputados federales del ´PRI en el Estado de México.

Indicó que los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD determinaron hacer algunas puntualizaciones y presentarlas pronto ante los ciudadanos. Subrayó que en la Constitución tiene que quedar la transición energética, pero no sometida a una compañía, que es como viene ahora, en referencia a la CFE.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que si Morena desea que la iniciativa presidencial de reforma eléctrica sea aprobada, deberá presentar una nueva propuesta, tomando en cuenta los planteamientos expresados en el Parlamento Abierto.

El priísta señaló que los morenistas y sus aliados no cuentan con las dos terceras partes de la votación que requieren para aprobar una reforma constitucional, por lo que deben hacer modificaciones y rectificar algunos temas, si quieren que avance.

Recalcó que el partido que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados la conserva por una ficción electoral que deriva en una sobrerrepresentación parlamentaria, pero en realidad el 52% de los mexicanos no votó por Morena en las pasadas elecciones de 2021.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) externó que la postura del PRI es esperar la nueva redacción de la iniciativa, después de las 180 horas de reflexión y análisis que efectuaron organizaciones de la sociedad civil, especialistas, expertos en materia energética, representantes del sector privado, académicos y ciudadanos en general, desarrollados en un ejercicio democrático nunca realizado en tal magnitud, y que fue promovido por los legisladores del PRI.

Dijo que para los integrantes de la bancada tricolor es indispensable que se den varios factores para que otorguen su voto a favor de una nueva propuesta de reforma eléctrica.

Primero, debe haber en la Cámara de Diputados un ambiente de aceptación en el sentido de que, así como está el texto, no puede ser aprobado.

En segundo lugar, detalló, se debe atender lo propuesto en los foros de Parlamento Abierto, además de mantener autónomos a los órganos reguladores del sector eléctrico; igualmente, la producción de energía eléctrica debe diversificarse; y dejar claro que no habrá consecuencias internacionales para nuestro país, derivadas de la cancelación de contratos previamente firmados.

El líder parlamentario aseguró que su partido jamás votará en contra del interés de México o a favor de propuestas que dañen al país y a su población, e insistió en que el debate parlamentario deberá llevarse a cabo después de los procesos electorales que se desarrollarán en seis estados este año, con el fin de evitar que el tema eléctrico se convierta en un asunto electoral.

Al referirse al tema de los costos de las tarifas eléctricas, que tanto interés despierta en la ciudadanía, criticó que Morena hace promesas que no puede cumplir, pues el abaratamiento de los recibos de luz para los usuarios no será un asunto que se dé de inmediato.

La Cámara de Diputados aprobó, con 268 votos a favor y 213 en contra, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La propuesta, presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

Es decir, con esta iniciativa ahora aprobada por los Diputados, se establece que la difusión de la Revocación de Mandato no sea considerada propaganda gubernamental.

Así, de acuerdo a la interpretación que se hace a lo que establece la Constitución, se señala que no constituye propaganda las expresiones de las personas servidoras públicas y establece, entre otras cosas, que no podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón, entre otras cosas:

Posteriormente, con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, se aprobaron los artículos reservados para su discusión en lo particular en términos de la iniciativa.  Se procedió a enviar al Senado la iniciativa para sus efectos constitucionales.

La bancada del PAN rechazó el “albazo legislativo de Morena y sus aliados”, para aprobar el proyecto, con el que acusaron, Morena y aliados buscan que las expresiones de servidores públicos sobre la consulta de Revocación de Mandato no sean consideradas propaganda gubernamental.

El diputado Marco Humberto Aguilar dijo que esta desvergonzada maniobra parlamentaria de Morena pretende quebrar de manera definitiva el sistema de división de poderes sobre el que está constituido el Estado mexicano; “literal, el proyecto se duele de la evolución de los criterios interpretativos que en materia de utilización indebida de recursos del Estado, para favorecer a una fuerza o actor político”, afirmó.

Recordó que el Congreso de la Unión no cuenta con la facultad para interpretar las leyes que expide, en todo caso, dijo, puede interpretar a su régimen interno, parlamentario y administrativo.

Denunció que existe un monitoreo de páginas de internet y de redes socia-les, en donde Morena y sus aliados, violaron la restricción legal y aplicaron recursos públicos en diversos eventos de la recolección de firmas.

Por su parte el diputado Santiago Torreblanca Engell acusó que lo que pretende la “indigna mayoría”, no es interpretar una ley, sino realmente legislar violando el proceso legislativo.

“Esta interpretación que pretende la indigna mayoría, no únicamente va a tener efectos para la Revocación de Mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales, se lleve a cabo esta interpretación y, que, por lo tanto, un gobernador pueda usar los medios de comunicación del Estado, en área de comunicación social y todos los recursos que no estén expresamente etiquetados para ese fin, para exaltar su figura, la de su candidato, la de su partido político, y usar su poder y su tribuna para denostar a sus opositores”, afirmó Torreblanca Engell.

En tanto, la diputada Marcela Guerra Castillo del PRI afirmó que el planteamiento de la iniciativa de Morena relativa a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la de Revocación de Mandato es erróneo y carece de fundamentación jurídica.

Aseguró que los y las morenistas otorgan un beneficio directo al Ejecutivo mediante el decreto por el que se da una nueva interpretación al concepto de propaganda gubernamental, en la legislación electoral y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
La diputada explicó que la nueva legislación permitirá hacer uso de organizaciones, de instituciones y de servidores públicos “para manifestar posturas que a todas luces violentan la veda electoral ya establecida por el Instituto Nacional Electoral”.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano señaló que apenas ayer presentaron la iniciativa, y lo sometieron a votación en el Pleno, sin siquiera ser turnado a comisiones.
Acusaron que la iniciativa buscaba eludir las sanciones que ha marcado el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, entre otros actores afines a la 4T.

“No solo es un albazo al violentar el proceso legislativo, su propuesta viola el artículo 105 constitucional, que impide modificar leyes de materia electoral por lo menos 90 días antes de alguna contienda. Permitir a los servidores públicos intervenir en los procesos claramente violenta la legalidad y la equidad de la contienda. Con esta aprobación Morena busca rebasar las funciones del Poder Legislativo. El Tribunal Electoral ha fallado tres veces ya en contra de las determinaciones de Morena y nada parece frenar su intención de violar permanentemente la ley”, señaló la bancada.

Finalmente, Movimiento Ciudadano promovió una moción suspensiva para detener la aprobación de este dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 327 votos a favor, 148 en contra y una abstención, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, y el 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.

Los votos a favor provinieron de las bancadas de Morena, PT y PVEM, aliados legislativos, así como de la bancada el PRI. En contra votaron el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Llamó la atención que al momento de la votación, la Mesa Directiva de la Cámara aceptó, en un ejercicio inédito, el voto telefónico del coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira. El voto por esta vía se lo “recibió” el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Las reacciones no se hicieron esperar; la diputada Elizabeth Pérez del PRD cuestionó a la Mesa Directiva el fundamento para aceptar el voto, vía telefónica del priísta, toda vez que dicho voto no se realizó vía Zoom, por la aplicación de la Cámara o de manera presencial.

El morenista dijo que ante las posibles falla de las plataformas, la Mesa Directiva puede “proveer” lo necesario para privilegiar que los legisladores expresen su voluntad.

Ante esta respuesta, la diputada Anabey Garcia del PAN solicitó que se publicara el número telefónico de Gutiérrez Luna, para que puedan reportar sus votos también por teléfono y así exista igualdad entre los legisladores.

El reintegro de las prerrogativas se podrá llevar a cabo en caso de catástrofes sufridas en el territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.

Los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, es decir del INE, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.

Además, estipula que en caso de que ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente, tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente.

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que no será una falta el reintegro del financiamiento público que, en su caso, realicen los partidos políticos, en términos de la ley.

De igual forma, que los ingresos, por concepto de aprovechamientos que los partidos enteren a la Tesorería, podrán ser destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preferentemente para atender los efectos de cualquier desastre.

La bancada de Morena indicó que el dictamen instituye el derecho potestativo de los partidos políticos a renunciar parcialmente o reintegrar el financiamiento de actividades ordinarias permanentes para que sea utilizado para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga a la ciudadanía en grave peligro.

Añadieron que el reintegro o renuncia de los recursos de los partidos contribuye al erario nacional, permite disminuir los efectos adversos y manda un mensaje positivo a la sociedad; asimismo, impacta favorablemente en la función del Estado en el diseño de las políticas gubernamentales y maximiza una conducta de comportamiento de la función partidista bajo las premisas de asegurar los recursos suficientes y necesarios con una planeación ordenada y eficiente.

La diputada de MC, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía y el diputado del PAN, Román Cifuentes Negrete, presentaron mociones suspensivas al proyecto, las cuales fueron desechadas por el Pleno. Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, y el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Posteriormente, se procedió a analizar y votar el proyecto en lo particular, donde el dictamen se avaló por 320 votos a favor y 135 en contra, con los artículos reservados en sus términos; fue remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

La Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por la diputada de Morena, Graciela Sánchez Ortiz, aprobó en lo general y en lo particular, con 26 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto en materia de renuncia parcial y/o devolución del financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

La reforma, que es impulsada por Morena, es a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y adiciona el artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

​Respecto a la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 23 se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al inciso d) del numeral 1, para establecer que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.

​Lo anterior, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros, agrega.

​Destaca que la devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento.

​Los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.

​En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido, tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente.

​En el artículo 25 se adiciona un último párrafo al numeral 1, sobre obligaciones de los partidos políticos, para establecer que no constituirá una falta la renuncia o devolución del financiamiento público que en su caso realicen los partidos políticos.

Sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se adiciona el artículo 19 Ter, para fijar que los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que correspondan a las disponibilidades o remanentes de recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso d), cuarto párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, podrán ser destinados por la secretaría preferentemente para coadyuvar con los programas o acciones en materia de atención a desastres naturales, salud, educación, entre otros, agrega.

El dictamen logró avanzar gracias al apoyo del PRI; en votación económica se avaló agregar una reserva relativa a los tres artículos, presentada por la diputada Cristina Ruiz Sandoval del tricolor. Dicha reserva propone sustituir algunos términos como la palabra reintegrar en lugar de devolver, concepto adecuado para temas financieros por ser más exacto.

Argumentó que el proyecto debe tratarse con prudencia porque su resolución deberá impactar para bien de la ciudadanía. Agregó que de no afinarse algunos aspectos pueden “abrir puerta a la discrecionalidad”. También propone eliminar el término “entre otros” de la redacción del dictamen, porque viola el principio de certeza y certidumbre jurídica y abriría paso a posibles actos discrecionales que no sean específicos para emergencias o desastres naturales.

La intención es que hoy suba al pleno el dictamen, donde Morena y aliados confían en que sea avalada. Para Morena, esta es la introducción a la reforma electoral que preparan a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los morenistas confían en que una vez que sea avalada en la Cámara de Diputados, el proyecto avance sin problema en el Senado.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados informó que como parte de los foros del Parlamento Abierto, se decidió invitar a los dueños y representantes de las principales generadoras de energía, con el fin de conocer su postura sobre la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.

La Jucopo recordó que se decidió ampliar el programa del Parlamento Abierto, para que se escuche directamente a los propietarios y directivos de las grandes empresas consumidoras de energía y de autoabastecimiento.

Detallaron que se giraron invitaciones a Marco Fuente, director general de Intergen; Andrés Félix, director de Saavi Energía; Pedro Rivero González, director general de Minera Autlán; Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México; Jordi Vich, de GP en México; Sergio Alcalde, director general de Fortius Electromecánica; Enrique Giménez Sáinz, de Frontera México Generación.

También, están invitados Marcos Ramírez Silva, de Generadora Fénix; Ignacio Engwall, director general de EVM Energía del Valle de México; Bruno Riga, director general de Enerl Green Power; Antonio Carrillo Rule, director general de Arcosa; Juan Guichard, director general de Ammper Generación; Teruo Wakahara, de Electricidad Águila de Altamira; José Arosa, de AES Corporación; y Sergio Ramírez Lomelí, director general de Acciona infraestructuras, entre otros.

La propuesta es que ellos asistan el próximo miércoles 23 de febrero, a las 11:00 horas, al Parlamento Abierto en modalidad de diálogo con la Junta de Coordinación Política.

“Ojalá acudan y nos expongan sus argumentos, es importante que en esta reforma todas y todos sepan los alcances y principalmente los legisladores voten bien informados para que no suceda lo del 2013”, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

El diputado lamentó que a pesar de los señalamientos públicos que se han vertido sobre la forma de operar y trabajar de las empresas de autoabastecimiento y generadoras de energía, únicamente han acudido a los foros los socios o representantes, pero no los directivos y propietarios de las empresas involucradas.

Recordemos que ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se ha encargado de acusar a las eléctricas privadas, especialmente a las extranjeras, de “saquear” el país y de incurrir en actos de corrupción.

Sin dar más detalles, volvió este lunes a acusar a Iberdrola de hacer “lobby” en México y de ser un monopolio.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, calificó como una buena decisión extender una semana más el ejercicio de Parlamento Abierto, en el que se discute y analiza la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Tengo entendido que la Junta de Coordinación Política ha enviado invitaciones a los sectores pendientes para que se sumen al debate desde la Cámara de Diputados y así ampliar su visión sobre una reforma tan importante como ésta”, aseguró el morenista

Indicó que los grupos que faltan por asistir son “los auténticos dueños de las generadoras de energía”, así como periodistas, líderes de opinión y nuevamente las y los gobernadores.

Adelantó que para el próximo 23 de febrero se agregó la mesa “Grandes productores y consumidores de electricidad”, en modalidad de diálogo con la Jucopo, para que acudan los empresarios y dueños a manifestar sus posturas.

Mier Velazco consideró que los foros de Parlamento Abierto han sido exitosos y sobre todo han cumplido su objetivo, que es poner en el centro del debate público la recuperación de la soberanía eléctrica; “es un hecho la necesidad de esta reforma para acabar con un modelo que, si bien es legal, es contrario a la libre competencia.

Señaló que temas como las energías limpias y subsidios ilegales, además de la falta de planeación que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico serán los ejes del debate que se desarrollará con analistas y especialista que en los medios de comunicación han argumentado en sentido contrario; incluso dijo que parece más una campaña pagada para desvirtuar las bondades de la reforma eléctrica propuesta.

Precisó que al ser la Cámara de Diputados la casa del pueblo, no debe haber temor de acudir para defender cada quien su postura sobre los temas que se discuten; “seremos tolerantes y respetuosos, como ha sucedido hasta este momento, con quienes acudan a exponer sus ideales”, e indicó que quieres respaldan la propuesta no rechazarán debate, aunque sí convocarán a que haya claridad en las posturas, información técnica y elementos verídicos.

Además, Mier Velazco consideró como alentadora la opinión de Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, sobre la necesidad de reformar nuestras leyes en materia eléctrica.

“Estamos haciendo las cosas bien. Hablando de frente al pueblo y a todos los sectores, no va a haber letras chiquitas en la reforma, como ocurrió en el pasado. Por eso considero necesario que una vez agotados los foros comencemos la ruta para el proceso de dictaminación de la reforma para que salga en este primer semestre del año”, remató el coordinador parlamentario.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas en materia eléctrica, en respuesta a la que presentó el presidente López Obrador y que Morena y aliados buscan aprobar, la cual busca generar electricidad con fuentes renovables en proyectos estatales que atiendan sus prioridades energéticas.

El diputado José Mauro Garza Marín de la bancada naranja indicó que la iniciativa está pensada en beneficios a mediano y largo plazo; apuesta por energías limpias, cuida la economía de los hogares y de pequeñas y medianas empresas.

“La iniciativa propone crear un nuevo capítulo en la ley para que la Secretaría de Energía en coordinación con entidades federativas, generen electricidad con fuentes renovables y de eficiencia energética mediante proyectos municipales que atiendan y destinen su producción al consumo local”, explicó el diputado.

Se plantea contar con un Comité Energético encargado de definir la estrategia para la generación de energía local que pueda dar certidumbre a la inversión. Los fondos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica municipal provendrían del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Secretaría de Energía.

A esto, se suma un candado climático a nivel constitucional que obligue a la transición energética, la creación del Impuesto a Emisiones de Carbono para destinar el 20% de la recaudación a la transición por energías limpias, y la exigencia a la Federación, estados y municipios para transitar a energías renovables.

Movimiento Ciudadano acusó que la reforma eléctrica que propone el presidente pretende regresar al pasado, además de que pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones; se señaló que la reforma presidencial va en dirección contraria a lo que promete: aumentaría el costo de la luz entre un 32% y 54% y podría aumentar las emisiones de dióxido de carbono en un 65%. Por eso se ha comprometido a un trabajo legislativo serio que pueda mejorar la industria eléctrica en los hechos.

“No apoyamos una iniciativa que va a destruir el futuro de nuestras hijas e hijos. No vamos a avalar una propuesta que busca mantener las energías caras y sucias y, al mismo tiempo, olvida las energías limpias. No vamos a negociar esta reforma: es dañina para el medio ambiente, para la salud y para la economía de nuestro país”, apuntó Mauro Garza a nombre de la bancada.

Al respecto, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, informó que su bancada tendrá como prioridad defender el medio ambiente, esto en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, y adelantó que no hay posibilidad de que se apruebe antes del proceso electoral.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, propuso que los recursos que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas procedentes de narcotraficantes y criminales se usen para equipar a las policías estatales y municipales del país.

“¿Qué les parece? Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país”, dijo Rodríguez al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena.

La funcionaria recordó que actualmente se tienen cerca de 13,400 millones de pesos incautados a la delincuencia organizada y criminales de cuello blanco.

“Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podría destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios”, aseveró.

Sin embargo, aceptó que para ello se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y demás instancias involucradas, a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos.

Rodríguez afirmó que entre los principales objetivos para este 2022 está pacificar las zonas del país donde aún persiste la violencia, capacitar y equipar a policías estatales y municipales, así como apoyar el mejoramiento de los Centros Penitenciarios Estatales.

Además, dijo que se busca contribuir al fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, mejorar los procesos de judicialización de los delitos cibernéticos y atender la violencia contra las mujeres y las niñas.

En este último punto, propuso una iniciativa para llevar el vacío legal que hay en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para involucrarlos en actividades ilícitas.

“En este tema ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la Policía Cibernética y que este tipo de conductas se castiguen y que no quede en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana”, dijo la titular de la SSPC.

Asimismo, pidió una reforma para endurecer sanciones para quienes almacenen, distribuyan y realicen pornografía infantil.

Destacó la necesidad de devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios. También dijo que se debería plantear una iniciativa para que los gobiernos de los Estados destinen recursos para la compra de productos que los presos fabriquen en centros penitenciarios.

La funcionaria defendió que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de “abrazos y no balazos” no significa que el gobierno estén cruzados de brazos, sino por el contrario, afirmó que “trabajamos con entrega diariamente”.

Añadió que en México están sentadas las bases para atender la violencia y el delito con respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y bajo un enfoque de atención a las causas que generan la inseguridad; ello dijo, se debe al liderazgo del presidente; a la coordinación con estados, municipios, órganos autónomos; el acompañamiento del Congreso de la Unión y del Poder Judicial.

Recordó que los senadores recibirán en este periodo ordinario de sesiones los informes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de actividades de la Guardia Nacional, para sus respectivos análisis.

Finalmente, destacó que en tres años se han detenido a 2,700 criminales relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 940 eran objetivos prioritarios. “Tengan la certeza de que quienes integramos el gabinete de seguridad del gobierno federal jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen”, puntualizó.

De acuerdo con un proyecto publicado en estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se propone modificar la pregunta que se aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato.

Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sin embargo, el proyecto señala que no está previsto en la Constitución una consulta de ratificación de mandato, lo cual queda de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello, de ser aprobado por al menos ocho ministros, esa parte de la pregunta tendría que eliminarse.

En el proyecto también se establece que el Congreso no tiene una obligación expresa para proveer el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera para llevar a cabo la consulta, y que es el propio Instituto quien debe prever la inclusión del presupuesto para el ejercicio, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que envía al Ejecutivo Federal, para que este, a su vez lo incluya en el proyecto.

El ministro propone declarar invalido que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato; aunque se propone que los partidos puedan nombrar a un representante ante cada mesa directiva de casilla.

El proyecto podría estarse discutiendo la próxima semana en el Pleno de la Corte.

Al respecto, en el marco de la segunda reunión plenaria de su bancada que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la revocación de mandato genera un blindaje para que en un futuro no haya presidentes que no representen a la mayoría.

Ahí aprovechó para comentó que propuso a la bancada de su partido una iniciativa que adecúe la Ley General de Partidos Políticos para que Morena pueda regresar recursos que le fueron otorgados para su operación, pero que, frente a la emergencia sanitaria, decidió devolver a fin de que se usaran en la atención de la emergencia.

“Es para que podamos devolver de manera directa a la Tesorería de la Federación, de manera directa 547 millones de pesos a los que nos comprometimos devolver. Con esto llegaríamos a la cifra de los 800 millones de pesos, que fue nuestro compromiso regresar, de la prerrogativa ordinaria a pesar de que era año electoral”, indicó.

La Cámara de Diputados inauguró este lunes el Parlamento Abierto con el que se discutirá la iniciativa de reforma eléctrica que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es un hecho histórico, inédito. Nunca en la cámara se había dado un ejercicio de esta magnitud”, expresó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Especialistas, empresarios y autoridades debatirán la reforma constitucional que López Obrador propuso en septiembre para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en la que se limita a un máximo de 46% la participación privada en generación eléctrica.

La propuesta de reforma también busca eliminar los reguladores autónomos de energía, la CRE y el CENACE, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados y nacionaliza el Litio.

Los gobernadores de Morena, presentes en la inauguración del Parlamento Abierto en calidad de invitados especiales, respaldaron la iniciativa. Una de las que habló fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Según las bancadas afines a la 4T, la reforma busca acabar con abusos y saqueos de los privados, que ahora abarcan más del 60% de la generación. El Parlamento Abierto terminará el 15 de febrero, para dar paso a la elaboración del dictamen, su discusión en comisiones, y luego en el Pleno. Se prevé que pueda ser discutida y votada a más tardar la primera semana de marzo.

Jorge Romero, líder de los diputados del PAN, advirtió que “defenderá a muerte” la libre competitividad y los avances en medioambiente.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para establecer los mecanismos que posibiliten la remoción del presidente o presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), justificando que este mecanismo podría usarse cuando se “transgreda de forma grave o reiterada” lo dispuesto en la Constitución.

Fue el diputado Martín Sandoval Soto quien informó que se trata de una reforma a los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se deriva de la crisis institucional al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral de agosto pasado, cuando se solicitó la remoción del magistrado presidente, lo cual no está formalmente previsto en la ley, y que llevó al Tribunal a tener dos presidentes durante un breve periodo.

Recordemos que el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde todos los magistrados se reunieron con el ministro Arturo Zaldívar. Tras ello, los magistrados José Luis Vargas, quien ostentaba la presidencia, presentó su renuncia pues ya no contaba con el respaldo de sus pares. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue elegido por algunos de sus compañeros como presidente interino también presentó su renuncia.

Esto permitió una nueva votación, donde resultó electo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien concluirá su encargo a finales de octubre de 2024.

Ante esta situación, Morena señaló que existe la necesidad de dotar de normas jurídicas que permitan en un futuro poder dar resolución a las dificultades entre los magistrados, “evitando la parálisis de las decisiones de justicia electoral”.

Sandoval Soto apuntó que la propuesta determina el proceso por el cual el o la titular del TEPJF pueda ser removido de su cargo, esto cuando al menos cinco de los magistrados determinen que se transgredió de forma grave o reiterada la Constitución.

Además, aclaró que la resolución tendrá efectos definitivos, debiendo procederse inmediatamente a la designación del nuevo presidente en los términos de la ley. “En caso de remoción del presidente del TEPJF, se elegiría a un nuevo titular únicamente por el tiempo restante del encargo y podrá ser reelecto únicamente por una ocasión”, puntualizó.

El diputado explicó que al igual que las dos Cámaras del Poder Legislativo Federal eligen libremente sobre sus procedimientos de remoción de los integrantes de Mesa Directiva, en el TEPJF también debe contemplar un procedimiento de derecho y de hecho, cuestión que no requiere de una reforma constitucional.

Recordó que el TEPJF es el órgano encargado de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia en nuestro país, mismo que debe contar con mecanismos institucionales para resolver las discrepancias que puedan generarse entre sus miembros.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó el formato del Parlamento Abierto que se llevará a cabo para discutir la reforma eléctrica, el cual constará de con cinco ejes temáticos y 19 subtemas; llevará como lema “Conéctate al debate de la reforma eléctrica”.

En declaraciones a la prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, indicó que se implementará una convocatoria amplia para que todas y todos los mexicanos que tengan el interés de participar en el debate puedan hacerlo.

“No se había hecho en ninguna de las reformas constitucionales, se hizo una aproximación con la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional. Lo que fue aprobado por unanimidad garantiza la neutralidad, imparcialidad y la máxima publicidad”, señaló.

El Parlamento Abierto se desarrollará del 17 de enero al 15 de febrero, en comisiones, en la Jucopo y en el Canal del Congreso y la inscripción de ponentes se llevará a cabo una semana antes de que se realice la mesa que le interese.

Su inauguración será con la invitación de gobernadores, pues “somos una Federación y ellos tendrán algo que decir”, dijo el morenista.

Los legisladores precisaron que durante el ejercicio se abordarán temas como redes eléctricas, generación y sociedades de abastecimiento, despacho, mercado eléctrico y contratos legados, mecanismos de transferencia a la Iniciativa Privada, certificados de energías limpias, inversión privada y CFE.

Asimismo, el papel del Estado en la construcción del Sistema Eléctrico Nacional, procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética 2013, planeación del Sistema Eléctrico Nacional y su impacto en la confiabilidad y seguridad. También se discutirá el impacto económico y financiero para la CFE y Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad, así como costo de las tarifas, residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energías renovables y no renovables.

También se incluirán temas como la constitucionalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica, energías limpias y medio ambiente, la Agenda 2030 y cambio climático, la emisión social y desarrollo productivo de la CFE, T-MEC vs reforma eléctrica y transición energética, soberana y litio como área estratégica.

Ignacio Mier añadió que los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios harán lo propio. Además, informó que ya se formalizó el apoyo del Sistema Nacional de Radio y Televisión para que, a través de sus espacios noticiosos, promuevan el Parlamento Abierto.

De igual forma, la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y el Canal del Congreso se involucrarán para la difusión de los trabajos del parlamento, y se la dará la máxima publicidad y será difundido en distintos medios de comunicación, redes sociales como Facebook y twitter, y transmisiones en vivo.

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, que el lunes aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital, detuvo su avance para analizar la pérdida de empleos que podría generar dicha decisión y el impacto a la economía de las familias que viven alrededor de la tauromaquia.

El presidente de la Comisión, Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que este martes se reunió con el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Pedro Haces, quien le solicitó reunirse con los integrantes de la comisión para analizar qué pasará con las personas que dependen económicamente de las corridas de toros en la capital.

Sesma dijo que tras la plática solicitó a sus compañeros diputados “si tenía la venia de ellos para no mandar de manera inmediata el dictamen a la Mesa Directiva”, además de llevar a cabo una calendarización de juntas con las familias, con el gremio (de la tauromaquia), con el mismo gobierno para ver cómo se podía solventar la pérdida económica que pudiera generarse.

El objetivo de las reuniones, dijo, es que las familias “tengan la menor afectación posible dada la situación económica que provocó la pandemia”.

Agregó que falta que el dictamen pase al Pleno y para ello se necesitará de la ayuda de todos los ciudadanos y apuntó que “si Cataluña pudo prohibir las corridas de toros por qué la Ciudad de México no”.

Ahora, la Comisión de Bienestar Animal, expuso la diputada Ana Villagrán, del PAN, tiene 45 días para enviar el dictamen aprobado en la comisión a la Mesa Directiva “para escuchar a todos los sectores involucrados (…) pero vamos por la desaparición de la tauromaquia”.

Tras la decisión será hasta febrero de 2022 cuando se vuelva a tocar el tema en el Congreso capitalino.

El dictamen, aprobado el lunes, reformaría diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de corridas de toros: tiene por objetivo prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

El dictamen también contempla incrementar las multas hasta en 55,000 veces la Unidad de Medida, es decir, poco más de 4.9 millones de pesos al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.

La empresa de la Plaza México, rechazó “cualquier medida que busque prohibir la tauromaquia” y dijo que siempre “estará atenta a cualquier regulación desde una perspectiva incluyente, basada en el respeto a los derechos fundamentales y, sobre todo, que tome en cuenta e incorpore la opinión y punto de vista de todas las partes involucradas”.