La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, propuso que los recursos que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas procedentes de narcotraficantes y criminales se usen para equipar a las policías estatales y municipales del país.
“¿Qué les parece? Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país”, dijo Rodríguez al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena.
Agradezco la invitación de @MorenaSenadores para participar en la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario, donde dimos a conocer los avances en materia de seguridad y los retos que podemos asumir en conjunto. @M_OlgaSCordero @RicardoMonrealA @Luciatraswbcs pic.twitter.com/pPv7iYgKkT
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) January 30, 2022
La funcionaria recordó que actualmente se tienen cerca de 13,400 millones de pesos incautados a la delincuencia organizada y criminales de cuello blanco.
“Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podría destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios”, aseveró.
Sin embargo, aceptó que para ello se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y demás instancias involucradas, a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos.
Rodríguez afirmó que entre los principales objetivos para este 2022 está pacificar las zonas del país donde aún persiste la violencia, capacitar y equipar a policías estatales y municipales, así como apoyar el mejoramiento de los Centros Penitenciarios Estatales.
Además, dijo que se busca contribuir al fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, mejorar los procesos de judicialización de los delitos cibernéticos y atender la violencia contra las mujeres y las niñas.
En este último punto, propuso una iniciativa para llevar el vacío legal que hay en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para involucrarlos en actividades ilícitas.
“En este tema ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la Policía Cibernética y que este tipo de conductas se castiguen y que no quede en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana”, dijo la titular de la SSPC.
Asimismo, pidió una reforma para endurecer sanciones para quienes almacenen, distribuyan y realicen pornografía infantil.
Destacó la necesidad de devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios. También dijo que se debería plantear una iniciativa para que los gobiernos de los Estados destinen recursos para la compra de productos que los presos fabriquen en centros penitenciarios.
La funcionaria defendió que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de “abrazos y no balazos” no significa que el gobierno estén cruzados de brazos, sino por el contrario, afirmó que “trabajamos con entrega diariamente”.
Añadió que en México están sentadas las bases para atender la violencia y el delito con respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y bajo un enfoque de atención a las causas que generan la inseguridad; ello dijo, se debe al liderazgo del presidente; a la coordinación con estados, municipios, órganos autónomos; el acompañamiento del Congreso de la Unión y del Poder Judicial.
Recordó que los senadores recibirán en este periodo ordinario de sesiones los informes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de actividades de la Guardia Nacional, para sus respectivos análisis.
Finalmente, destacó que en tres años se han detenido a 2,700 criminales relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 940 eran objetivos prioritarios. “Tengan la certeza de que quienes integramos el gabinete de seguridad del gobierno federal jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen”, puntualizó.
