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Los teléfonos de al menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infiltrados con el sistema Pegasus durante la actual administración, que encabeza l presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de las promesas de que su gobierno no espiaba a nadie como se supo se hizo en el sexenio pasado.

Los investigadores de Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos, encontrando que los dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus, software que se usó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que pertenece a la empresa israelí NSO Group.

Sus hallazgos fueron publicados en un informe del grupo mexicano de defensa de los derechos digitales R3D, que señaló que las tres víctimas documentaron presuntos abusos de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

López Obrador, que llegó al poder en diciembre se 2018, se comprometió a detener el este tipo de tecnología para espiar a adversarios, periodistas y activistas, después del escándalo que sacudió el gobierno de su predecesor.

En 2021 aseguró que que “ya no existe ninguna relación” con Pegasus. Fuentes en el gobierno aseguraron que la administración de la autollamada Cuarta Transformación no había firmado contratos con las empresas utilizadas para adquirir el software.

Grupo NSO dijo que no podía verificar los hallazgos del Citizen Lab sin ver los datos encontrados, aunque recordemos que suele rescinde los contratos cuando encuentra irregularidades en el uso de su software.

El software espía, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente en los teléfonos, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, normalmente sólo se vende a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad.

El presunto uso de Pegasus plantea nuevas preguntas sobre si López Obrador ha cumplido su promesa de no espiar a opositores. También reaviva la preocupación por lo que deben soportar los periodistas y los defensores de los derechos humanos, quienes siguen siendo atacados incluso desde la tribuna presidencial.

Según Citizen Lab y R3D, el activista Raymundo Ramos, que ayuda a las víctimas de presuntos abusos militares en el estado de Tamaulipas, fue blanco de Pegasus entre agosto y septiembre de 2020.

El periodista Ricardo Raphael, columnista de Proceso y Milenio, además de conductor del canal ADN40, también fue víctima de espionaje entre octubre y noviembre de 2019, y diciembre de 2020. También detectaron que un teléfono de un periodista de Animal Político, que pidió el anonimato, fue infectado en 2021.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones respectivas a Renato Sales Heredia, Fiscal de Campeche, por no acudir a comparecer, para esclarecer el ejercicio de recursos públicos federales.

“Se incumplió una determinación legal de este órgano legislativo que fue comunicada en tiempo y forma. Lo anterior da pie a que ésta presidencia de la Comisión (…) proceda a solicitar ante las autoridades correspondientes se apliquen las sanciones respectivas al Renato Sales Heredia por no acudir a comparecer”, expuso en una conferencia de prensa el presidente de la comisión, el priísta Pablo Angulo Briceño.

Dijo que se solicitará a la ASF continúe con el trámite de la denuncia interpuesta en contra de Sales Heredia, a fin de que se le sancione en los términos de la legislación penal aplicable.

Recordó que en la octava sesión ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto, se aprobó citar al fiscal el día 23 del mismo mes, a fin de que aclarara y justificara aspectos vinculados con la auditoría de DN19-006 llevada a cabo por la ASF respecto de las cuentas públicas 2015, 2016, 2017 y 2019 en la que se determinó un daño patrimonial a la hacienda pública federal por la cantidad de 807 millones de pesos.

“Como presidente de la Comisión de Vigilancia dejo claro mi compromiso de citar a comparecer a cualquier funcionario público o exfuncionario que haya hecho mal uso de los recursos públicos. La facultad exclusiva de las fiscalizaciones es de la Cámara de Diputados y deposita en la comisión esta potestad, la cual en todo momento habremos de ejercer”, añadió el diputado.

Subrayó que el fiscal está en desacato a las disposiciones legales y no se pasará por alto que haga caso omiso a una comparecencia, a las que está obligado. Refirió que aunque el funcionario mostró en sus redes sociales un documento donde comparece por escrito, y aparece el sello de recibido por parte de la Cámara de Diputados, “seguramente lo acaba de presentar hace unos momentos”.

Diputados de la Comisión señalaron que la solicitud surge porque se ha descubierto que Sales Heredia “es el gran espía de México y hay una gran documentación que lo prueba; serán presentadas en su momento y podrán descubrir la tremenda red de espionaje que existe en México”, que afecta a todo aquel que incomoda al régimen, incluidos legisladores y periodistas.

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se acordó citar a comparecer al fiscal General de Campeche fue ilegal toda vez que no alcanzó el quórum para su realización y además no tiene la facultad para convocar a un funcionario estatal.

En ese sentido, defendió que Sales Heredia no asistiera a la reunión de la Comisión.

“No puede asistir a un acto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados. La sesión no existió, no hay un reconocimiento legal porque no había quórum”, indicó el morenista.

Acusó que dicha cita “obedece más bien a una necedad política de un diputado (Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF) que quiere ayudar, y eso está bien, a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado durante toda su carrera política”, en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente nacional del PRI.

Mier Velasco explicó que la única instancia que puede llamar a comparecer a un funcionario del ámbito estatal es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Si nosotros permitiéramos un acto de esta naturaleza, al rato cualquiera va a estar haciendo que comparezcan en función de intereses políticos”, añadió el morenista.

En medio de la polémica, por diversos audios que la gobernadora de Campeche ha difundido en su contra, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que se hará un peritaje independiente de dichas grabaciones, con el fin de demostrar la manipulación que se les ha hecho.

Alito Moreno señaló que han sido cinco semanas de audios “publicados”, fabricados por el gobierno, advirtiendo que faltan muchos más en ser revelados.

“Inventaron complots, inventaron delitos y ahora audios”, dijo el líder nacional del tricolor en un mensaje a través de sus redes sociales. El también exgobernador de Campeche advirtió que todos los audios que se han difundido se obtuvieron y manipularon con un sistema de espionaje, que nunca se entregó a la Policía Federal y que se “robó” el hoy Fiscal de estado, Renato Sales Heredia.

Moreno reveló que el proveedor del equipo que se habría utilizado es una empresa Israelí, y dijo que un “pajarito” le acaba de contar que lo tiene el Fiscal, quien se desempeñaba antes como Comisionado Federal de Seguridad. Indicó que Sale Heredia ya está denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el “robo” de equipo de más de 800 millones de pesos”. Advirtió que con ese equipo, se está espiando a toda la oposición, periodistas y empresarios.

En Broojula, te presentamos un recuento de lo que ha sucedido con Alejandro Moreno y Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien se ha encargado de difundir los audios, siendo el más reciente en el que se le escucha decir a Moreno que a los periodistas no se les mata a balazos, sino de hambre.

El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en Miami en 2020, se declaró este martes culpable de cometer espionaje para Rusia desde Estados Unidos en una corte de la ciudad de Miami.

Con uniforme de preso color beige y esposado, el mexicano compareció hoy ante el juez Donald M. Middlebrooks y se declaró culpable de actuar dentro de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.

“Me declaro culpable”, le dijo Cabrera al juez después de que la Fiscalía leyera todas sus actuaciones en territorio de Estados Unidos para espiar y entregar información sobre el país a un “agente de gobierno” ruso.

Acompañado de sus abogados, Cabrera Fuentes contestó en inglés a varias preguntas del juez en las que le advertía las consecuencias de declararse culpable, entre ellas que puede enfrentar una sentencia máxima de 10 años de cárcel.

Al término de la audiencia, los abogados de Cabrera, quien trabajaba como investigador en una institución de salud en Singapur antes de su arresto, no quisieron hablar con la prensa.

El mexicano, que tendrá de nuevo una audiencia de sentencia en mayo próximo, fue detenido en febrero de 2020 cuando trataba de viajar a Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami.

Cabrera Fuentes llegó a Miami pocos días antes de su arresto con una visa de turismo y negocios temporales junto a una mujer con la que está casado en México. A la Policía le reconoció que tenía otra esposa en Rusia, un país al que estaba relacionado por ese motivo y donde, según la investigación, fue supuestamente reclutado para hacer espionaje.

El automóvil alquilado que usó durante su estancia en Miami fue visto en un condominio donde vivía un informante confidencial del gobierno de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nacional, recordó este martes la Fiscalía.

En los teléfonos celulares de Cabrera y su esposa mexicana se hallaron fotografías de la placa de un vehículo perteneciente a esa persona, según los documentos.

En un interrogatorio en febrero de 2020 el mexicano mencionó que había conocido en reuniones en Rusia a una persona que creía que trabajaba para el gobierno de Rusia y con la que se reunió a solas por primera vez en mayo de 2019 en Moscú. El “funcionario ruso” le dijo que podría ayudarle a que su esposa rusa y sus hijas pudieran salir del país si él le ayudaba con algo.

Según la Fiscalía, en septiembre de 2019 le pidió que alquilara un apartamento en Miami en el mismo condominio donde residía el informante del gobierno estadounidense, pero que no hiciera el contrato a su nombre ni informara a su familia rusa de ello.

El apartamento lo arrendó en diciembre de 2019 una persona allegada a Cabrera, quien le transfirió unos 20.000 dólares para pagar el depósito y el alquiler.

Según los documentos, el siguiente encargo del funcionario a Cabrera fue localizar el vehículo del informante en el condominio y anotar el número de placa. El funcionario le especificó que no tomara fotografías del auto, pero Cabrera le pidió a su esposa que lo hiciera.

Según el expediente, la próxima reunión con el funcionario ruso iba a celebrarse en abril o mayo de 2020 y en ella Cabrera le iba a pasar la información obtenida, pero antes fue detenido en Miami.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.

Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.

El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.

El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.

De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.

El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos. 

Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves considerar el escándalo del espionaje de ‘Pegasus’, cometido durante los dos sexenios anteriores, en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto que él mismo promovió en in inicio para juzgar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”.

López Obrador evadió pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos con el programa de origen israelí, al señalar que “para eso es la Consulta”.

“Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la Consulta, que se va a llevar a cabo en 15 días, menos”, respondió el mandatario.

El fin de semana pasada, una investigación de medios internacionales reveló  que gobiernos de varios países espiaron 50,000 teléfonos a través del software ‘Pegasus’, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta de cualquier país.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí NSO.

Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la Consulta del 1 de agosto.

“Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan”, añadió.

Posteriormente, el presidente criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE), no promueva, a su juicio, suficientemente la Consulta.

Recordemos que López Obrador impulsó la Consulta, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para que los ciudadanos decidieran sobre enjuiciar a sus predecesores. Y aunque la pregunta original mencionaba por nombre y apellido a cada uno de sus antecesores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte cambió la pregunta..

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado y que aparecerá en la boleta a usarle el próximo domingo 1 de agosto.

La votación ha despertado críticas de la oposición, porque la tachan de propaganda, por someter a la voluntad popular la justicia o porque opinan que el gobierno miente sobre la pregunta.

Incluso esta mañana el mandatario cuestionó a intelectuales como el historiador Enrique Krauze por hablar de “una dictadura plebiscitaria”. “Sí a la consulta, sí al plebiscito en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo, lo otro es seguir apostando por que sean las élite las que decidan”, dijo.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, negó tener conocimiento sobre la adquisición y uso del programa de espionaje Pegasus durante la pasada administración.

Osorio Chong afirmó desconocer cualquier sistema de espionaje: “nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) o lo hacían las áreas correspondientes”.

Y es que el pasado domingo pasado, una investigación de un consorcio de medios internacionales destapó que gobiernos de varios países, espiaron 50,000 teléfonos mediante el programa ‘Pegasus’, desarrollado por una empresa israelí, de los cuales 15,000 casos fueron en México durante el gobierno pasado.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas, del entonces líder opositor y actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de sus colaboradores, familiares y hasta de su cardiólogo.

Peña Nieto negó “categóricamente” en 2017 espiar a periodistas y activistas tras un reportaje que reveló que su gobierno había intervenido el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, entre otros.

Osorio Chong, actual senador de la República, insistió que en el Cisen tenían otros sistemas con los que trabajaban. “Tuve varias reuniones allá, pero se trabajaba en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así”, insistió el priísta.

Reiteró que no tuvo conocimiento de que existiera algún otro programa dedicado al espionaje, y afirmó que ya rindió su declaración respecto al caso, aunque dijo que ahora estará pendiente de lo que surja a partir de las nuevas investigaciones.

“No reconozco ningún sistema de espionaje (…) No hay lugar al comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, reiteró.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que a diferencia de lo que ocurría antes, en su gobierno ya “no se espía a nadie”. Descartó tomar medidas judiciales contra quienes lo espiaron en el pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una “vergüenza” que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto luego de que una investigación fuera dada a conocer por medios como The Washington Post o The Guardian.

El mandatario aprovechó el tema para asegurar que su administración acabó con prácticas del pasado y ahora no espía a nadie.

Ayer, se dio a conocer que el círculo más cercano al mandatario, además de periodistas y políticos, fueron objetivos de espionaje por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de que AMLO llegara al poder.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno, o estábamos sometidos a un gobierno, autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos”, sostuvo López Obrador.

Y es que se informó que al menos 50 personas cercanas al ahora mandatario fueron eventualmente seguidas durante parte la administración de Peña Nieto, incluidos su esposa, hijos y hermanos, y hasta uno de los médicos que lo atendían.

El informe periodístico se basa en una filtración de más de 50,000 números de teléfono supuestamente seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) habrían contratado sus servicios con el programa ‘Pegasus’.

“Ya esto no sucede, el gobierno (actual) no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se le limitan sus libertades”, añadió López Obrador, quien denunció haber sido espiado desde los años 1970.

El mandatario señaló que no iba a instruir ni solicitar ninguna investigación sobre el caso, aunque no descartó que, de existir, se investigue el uso de programas de espionaje.

“No sé si pueda existir el contrato (con NSO Group), y lo voy a revisar, y hoy mismo vanos a informar, de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie”, dijo AMLO.

La investigación corrió a cargo del consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories; en dicho trabajo se refirió que de los 50,000 números telefónicos alcanzados en la red de espionaje, México encabeza la lista con unos 15,000 contactos.

AMLO afirmó que en el pasado se gastaba “dinero del presupuesto” para espiar a los dirigentes de oposición y periodistas y a “muchísima” gente. Refirió que se tenían “equipos sofisticados” para escuchar todas las llamadas telefónicas, tanto del “blanco” del espionaje como de “todo su entorno”.

La empresa israelí NSO Group calificó este lunes de “endeble” la investigación que implica a su software ‘Pegasus’ en el espionaje de activistas, políticos, empresarios y nombres destacados, entre los que se menciona distintos casos en México.

Y es que una investigación del diario The Washington Post reveló este fin de semana una lista de 50,000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía ‘Pegasus’ de la empresa israelí.

Según la investigación, al menos 37 contactos, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

1,000 contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de gobierno.

En el listado de teléfonos espiados con ‘Pegasus’ presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’, Bloomberg, ‘Le Monde’, ‘Financial Times’ o Al Yazira.

La investigación está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

El software ‘Pegasus’ de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

El programa de espionaje se instala cuando el usuario da click en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según The Washington Post, que indicó que se revelará más información en los tres próximos días.

El análisis que se realizó, se indicó que el mayor número, 15,000, estaban en México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros.

Al respecto, el diario británico The Guardian, asegura que al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, incluyendo su esposa e hijos, aparecen en la lista de números a los que se espió. La lista incluye a colaboradores e incluso a un médico de AMLO, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos y hasta sacerdotes.

El mes pasado NSO publicó su primer Informe Anual de Transparencia y Responsabilidad, en el que asegura que sus productos son utilizados por los estados para frustrar atentados terroristas de envergadura y desmantelar organizaciones del narcotráfico.

Recordemos que NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó ‘Pegasus’ contra 1,400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí niega la acusación y asegura que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.

Al respecto, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han denunciado este lunes el uso ‘Pegasus’ para “atacar” de forma “abusiva” a periodistas y activistas, por lo que han instado a proteger y respetar los Derechos Humanos.

En un comunicado, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, señaló que, tras una serie de investigaciones, ha quedado al descubierto que el software es “el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a
periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, ha aseverado.

“Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología”, precisó antes de matizar que “aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos”.

Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos a 180 periodistas de 20 países que fueron seleccionados como posibles objetivos de ataques con el software espía de NSO entre 2016 y junio de 2021.

NSO Group rechazó la información obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, y difundida ayer por The Washington Post.

“Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente”, dijo la empresa en un comunicado publicado ayer.

Aclaró que los gobiernos o agencias de seguridad que usaron ‘Pegasus’ para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada. La compañía aseguró que “continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones” lo que incluye “apagar el sistema de un cliente”.

‘Pegasus’ fue diseñado para perseguir a criminales y terroristas y está restringido a un número limitado de gobiernos y agencias gubernamentales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó esta mañana que su gobierno esté espiando a periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos críticos de su gobierno, como han venido señalando diversos líderes de opinión, y que hoy publica en primera plana El Universal.

“No tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar, es falso. No tiene sentido (investigar) porque es falso, totalmente, es que este periódico se dedica a difamar, es el hampa del periodismo”, manifestó el mandatario en conferencia de prensa.

El presidente exhibió la primera plana del diario, donde se denuncia el presunto espionaje de áreas de seguridad civil y militar para “presionar, amedrentar e intimidar”.

El artículo, que cita a activistas como Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México, quien señala espionaje en contra de columnistas de alto perfil, como Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Raymundo Riva Palacio.

“¿Para qué los vamos a espiar, de veras? Si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no somos como ellos, ni como sus jefes”, añadió López Obrador.

La polémica ocurre mientras México se ha consolidado como el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el CPJ, con 19 asesinatos de periodistas en relación a su profesión contabilizados por Artículo 19 desde el inicio del sexenio de López Obrador en 2018.

Y es que tan solo en la última semana han sido asesinados tres periodistas: Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, Felipe Enrique García en Estado de México, y Saúl Tijerina Rentería en Coahuila.

Sin embargo, el presidente rechazó tener relación con la violencia pese a recibir críticas de organizaciones internacionales por sus ataques y estigmatización de la prensa.

“Sí, pues el presidente (es) malísimo, populista, comunista, autoritario, mesías, que persigue periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura, algo nunca visto en México y que además ya no les da dinero a los periodistas”, manifestó con sarcasmo.

La controversia también sucede ante la aprobación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el que el gobierno federal obligará a los usuarios a compartir sus datos biométricos, como la huella digital y el iris, para acceder a un celular.

La nota de El Universal señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ordenó espiar a periodistas que criticaron este padrón.

“No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, y segundo, qué sentido tiene, qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros. ¿Les digo algo? Con toda franqueza, no leo una columna de estos señores porque no hace falta”, insistió López Obrador.

Sostuvo que si se presentan pruebas que demuestren las acciones de espionaje, se despediría de inmediato a los funcionarios que estén detrás.

Una investigación especial del diario español El País, revela que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho en repetidas ocasiones que en su gobierno no se espía, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

El diario señala que entre 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx, que ha fungido en nuestro país como intermediaria de la italiana Hacking Team, que a su vez fue señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Según un análisis realizado por la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Neolinx habría vendido sus productos a los gobiernos de Guerrero, Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.

Ahora Neolinx, quien ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, es intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

Y si bien la adquisición de estos programas no es ilegal, ya que las autoridades justifican su uso para el combate a la delincuencia organizada, activistas y expertos han advertido que podrían ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.

El primer contrato celebrado durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares. El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, que es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles.

Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, y el costo fue de 1.1 millón de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1.7 millones de dólares por el servicio.

Destaca que las compras de estos servicios se hicieron con cargo a la partida 33701 denominada “gastos de seguridad pública y nacional”, misma partida de la que se pagó en el sexenio de Peña Nieto la compra del programa Pegasus con el que se espió a activistas y periodistas. Analistas han señalado que esta bolsa se usa de forma discrecional y es poco transparente.

Investigación completa en El País

Una nueva investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de Ciudad de México, el gobierno local tenía un centro de espionaje que monitoreaba a ciudadanos, funcionarios y políticos, entre ellos al hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling en la colonia Centro operó como un centro de espionaje pagado con dinero público; desde ahí se intervinieron teléfonos de ciudadanos, funcionarios locales y políticos principalmente de Morena.

Especialmente, MCCI reporta que López Obrador fue una de las personas vigiladas. La organización accedió a documentos entre los que se encuentra un estudio con fotografías e información sobre propiedades, residencias y puntos de reunión del hoy presidente de México, su esposa e hijos.

“En estos documentos, parte del análisis forense informático que integra una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detallan ejemplos de lo obtenido en el edificio entre 2016 y 2018: miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos”, entre los que señalan a Patricia Mercado, entonces secretaria de Gobierno y el exdelegado de Cuauhtémoc Ricardo Monreal.

La investigación refiere que las prácticas de espionaje comenzaron, al menos, un mes y 11 días después de que Miguel Ángel Mancera asumiera como titular del gobierno capitalino. Se habría desmantelado durante los últimos meses de su sexenio.

Los responsables de la investigación, Íñigo Arredondo y Valeria Durán, relatan que al cuestionar a Mancera sobre si  conocía dichas operaciones de espionaje, el ahora senador se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades es investigar.

El coordinador de la ‘casa espía’ de Sterling fue Gustavo Caballero, policía de investigación. Anteriormente, Caballero había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la dependencia.

El equipo, de al menos 30 personas, se encargaban de realizar las escuchas telefónicas, seguían ubicaciones y armaban supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Para ello contaban con al menos 42 computadoras, drones, 10 motos y 12 autos.

Pese a que el puesto oficial de Caballero era el de de director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF, testimonios refieren que nunca se reportaba a la Procuraduría, sino a Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta 2015 y hoy diputado federal, con el que se reunía semanalmente.

El análisis forense informático que realizó MCCI, indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 hasta el 5 de diciembre, los empleados de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio. Por ejemplo, horas después de la toma de posesión del gobierno de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos.

Entre los miembros de Morena a los que se les ‘investigó’, aparecen: Armando Contreras Castillo, Bertha Luján, Carlos Candelaria López, Layda Sansores, Martha Lucía Mícher Camarena, Martí Batres, Pablo Moctezuma Barragán, Ricardo Monreal, Vidal Llerenas Morales, y Yeidckol Polevnsky.

Investigación completa en MCCI

Las descargas de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat estarán prohibidas en Estados Unidos a partir de este domingo, confirmó hoy el Departamento de Comercio al argumentar amenazas a la “seguridad nacional”.

“El Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, dijo el departamento estadounidense en un comunicado.

El gobierno de EUA cumple así la amenaza del presidente Donald Trump contra estas dos aplicaciones chinas, en un contexto de grandes tensiones entre los dos gigantes económicos. Washington deja, sin embargo, una puerta abierta para TikTok, una aplicación muy popular entre los jóvenes para compartir videos cortos, antes de prohibirle por completo operar en su territorio.

“El presidente deja hasta el 12 de noviembre para resolver los problemas de seguridad nacional que plantea TikTok. Las prohibiciones podrían levantarse si es necesario”, dijo el Departamento de Comercio.

TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, estaba operando bajo condiciones en Estados Unidos desde principios de agosto.

Trump, quien lo acusa de espiar para el gobierno chino, firmó entonces un decreto para exigir la venta de sus actividades estadounidenses antes del 20 de septiembre, bajo pena de prohibición en el país.

Los gigantes estadounidenses Microsoft y Walmart hicieron una oferta para comprar esas actividades de TikTok, pero ByteDance la rechazó el domingo pasado. El grupo californiano de software Oracle presentó una oferta para convertirse en “socio tecnológico de confianza” de TikTok, aunque no se han divulgado detalles.

“Aunque las amenazas planteadas por WeChat y TikTok no son idénticas, son similares. Cada una recopila cantidades significativas de datos de los usuarios”, apuntó el Departamento de Comercio.

La plataforma WeChat, que pertenece al gigante chino Tencent, brinda servicios de mensajería, pagos remotos y reservas, entre otros.

Luego de que el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado denunciara un presunto espionaje en sus oficinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno sea responsable de estas acciones y dijo que los paratos fueron instalados hace una década.

“Se encontraron micrófonos en el Senado. Me interesó el tema porque tengo que andar a las vivas y parece que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años cuando se inauguró el edificio del Senado”, comentó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador dijo que la instalación de los micrófonos hace una década quedó constatado en un acta.

Y es que ayer, la bancada de Morena dio a conocer un testimonio de un trabajador de la Cámara quien señala que los micrófonos existen desde que se inauguraron las nuevas oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, lo cual era conocimiento del mismo grupo parlamentario.

Adicional, un informe del jurídico del Senado, entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), revela que desde el 2012 el PAN fue notificado de la existencia de 61 micrófonos en su sede.

Los artefactos fueron colocados por la empresa constructora y de acuerdo al informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado a la FGR, se detalla que en el documento de entrega recepción de la sede de Reforma e Insurgentes, entregado por Banobras al Senado, en julio del 2012, se dio constancia de “diversos sistemas tecnológicos, entre los que se encontraban el Sistema de Audio y Video Parlamentario.

La senadora de Morena por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó en redes sociales que “cuando el grupo parlamentario del PAN fue mayoría en el Senado, en 2012, ‘compró e’ instaló los micrófonos”.

El jueves de la semana pasada, la sesión ordinaria de la Cámara alta fue suspendida luego de que el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, informará que se habían encontrado tres micrófonos en el salón de juntas de su bancada.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, solicitó a las autoridades competentes investiguen minuciosamente y a profundidad los presuntos actos de espionaje al interior del Grupo Parlamentario del PAN, se deslinden las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes.

Señaló que se entabló comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de hacer de su conocimiento los acontecimientos ocurridos.

Se le solicitó al fiscal la apertura de una carpeta de investigación, por lo que se procedió a presentar una denuncia de hechos.

A través de un comunicado, aseguró que hay una “necesidad de realizar una revisión exhaustiva, de conformidad con los protocolos aplicables, en todas las instalaciones del Senado de la República, incluyendo los espacios que ocupan los grupos parlamentarios y, de manera muy especial, de cada una de las oficinas de las senadores y los senadores de la República”.

Finalmente, se informó que la sesión de ayer, que fue interrumpida al conocerse los hechos, se reprogramó para el próximo martes 10 de marzo a las 10:00 hrs.

Respecto a lo sucedido, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, acusó que ante el hallazgo de los micrófonos, los panistas hayan “arrancado” los cables, alterando así la evidencia.

El morenista cuestionó el actuar de sus compañeros legisladores, pues dijo que hubiera sido mejor haber denunciado a la Fiscalía directamente y no haber subido a la tribuna a hacer la denuncia.

En ese sentido, dijo que el actuar del coordinador del PAN, Mauricio Kuri, solo se explicaría si lo único que quisiera era generar “el escándalo mediático, y solo es el montaje burdo. Ir a la tribuna con el cable, me parece muy grave y muy delicado”.

Monreal concluyó diciendo que el que nada debe, nada teme.

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, acusó que sus compañeros de bancada han sido víctimas de espionaje dentro de las instalaciones del Senado, por lo que la sesión de este jueves fue suspendida.

El legislador interrumpió la sesión del pleno, apoyado por sus compañeros, para asegurar que personal administrativo le mostró los micrófonos que se encontraron en las oficinas del grupo parlamentario, lo cual causó molestia entre los demás legisladores.

“Encontramos micrófonos en la sala de reuniones de las oficinas de nuestro grupo parlamentario (…) repudiamos esta práctica retrógrada y llevaremos a cabo medidas legales hasta dar con los responsables de esta intromisión”, dijo el legislador.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió la suspensión de la sesión y llamar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes y se castigue a los culpables.

Las medidas fueron respaldadas por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, quien afirmó que dichas prácticas perjudicaban a la democracia en el país. Dijo que las cámaras que hay en Senado, podrán mostrar quién colocó los micrófonos.

La senadora Alejandra Noemí Reynoso afirmó que era inadmisible que se realicen prácticas de espionaje al interior del recinto legislativo.

Por su parte la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, fijo postura sobre los hechos, y dijo que la presidencia reiteraba su compromiso con la transparencia en la realización de los trabajos legislativos.

En conferencia de prensa posterior, Ricardo Monreal, también coordinador de la bancada de Morena, dijo que “el que nada debe, nada teme”, por lo que apoyaba se realizaran todas las investigaciones necesarias.