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EXTENSIÓN

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La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó, por mayoría de votos, la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), por la que declaró la imposibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los estatutos del PRI, con lo que validó la extensión del periodo de Alejandro Moreno al frente del tricolor.

“Se declaró la procedencia de las reformas, relacionadas con el periodo que tiene el Consejo Político Nacional para ejercer su facultad de prorrogar el cargo de las dirigencias nacionales”, dijo el TEPJF.

La controversia se originó cuando el Consejo Político Nacional del PRI convocó a una sesión extraordinaria para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de su normativa interna. Como parte del procedimiento, el PRI le solicitó al INE que calificara la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones.

Al respecto, la autoridad electoral declaró la imposibilidad de pronunciarse, porque el órgano político no justificó debidamente el procedimiento de modificación como lo exigen sus estatutos, por lo que diversas personas militantes y la dirigencia misma del PRI acudieron ante el Tribunal a fin de controvertir la decisión.

A propuesta del magistrado José Luis Vargas, y con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, revocó la determinación del INE al considerar indebida la exigencia al Consejo Político Nacional de llevar a cabo una motivación reforzada para acreditar plenamente el supuesto de excepción, para ejercer su facultad para modificar la normativa partidista, ya que ello se tradujo en una intromisión a la vida interna del partido y a su autodeterminación.

Relativo a la posibilidad de prorrogar la dirigencia nacional cuando la conclusión de su cargo se encuentre dentro del periodo de 90 días hábiles previos al inicio del proceso electoral se determinó que es una facultad que ya se encontraba prevista antes de la modificación y además la militancia ya tenía conocimiento de la posibilidad de que se prorrogaría la dirigencia con motivo de la proximidad de los procesos electivos.

“La modificación se hizo por el Consejo Político Nacional, órgano legitimado para asumir de forma extraordinaria la facultad de reformar los estatutos a través del procedimiento previsto. El plazo se trata de una medida que tiene un fin legítimo que garantiza el funcionamiento del partido frente a los procesos electorales, dentro de un periodo razonable y necesario”, señaló la Sala Superior.

Además, dijo que se trata de una medida idónea para que el partido pueda adecuar sus estrategias frente a los procesos electorales.

Recordemos que estaba previsto que el priista dejaría su cargo el 18 de agosto próximo; sin embargo, el Consejo Político Nacional del PRI realizó modificaciones a sus estatuto a finales del año pasado para, entre otras disposiciones, ampliar el periodo de Alito Moreno al frente del partido.

Así, Alejandro Moreno permanecerá al frente de la dirigencia nacional del PRI hasta 2024, con lo cual será el responsable de conducir al partido en la elección presidencial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó, por mayoría de votos, el proyecto que proponía invalidar la ampliación del periodo de la actual dirigencia nacional de Morena, que encabezan Mario Delgado y Citlali Hernández.

El proyecto que se discutía buscaba invalidad que el mandato de los morenistas se extendiera hasta octubre de 2024

“Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional. Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este Movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la Cuarta Transformación. Hoy estamos más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza”, dijo Delgado al celebrar la decisión del Tribunal.

Y es que recordemos que miembros del partido, algunos identificados con el ‘Ala Democrática’ de Morena, que encabeza Alejandro Rojas Díaz Durán, figura cercana a Ricardo Monreal, impugnaron ante el TEPJF lo que consideran, la “ilegal extensión” de mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Otras figuras como John Ackerman también apoyaban la impugnación que se había presentado.

En su planteamiento, exigían al Tribunal que anulara la decisión, y que fuera a través de una consulta popular que se eligiera a la dirigencia nacional que debería tomar las riendas del partido.

Horas antes del fallo del Tribunal, Morena había acusado al Tribunal Electoral de querer violar los derechos político-electorales de los militantes y atentar contra la autonomía del Partido.

La dirigencia del partido recordó que en el III Congreso Nacional Ordinario convocado con cuatro meses de anticipación, para cumplir en tiempo y forma nuestros estatutos y el máximo criterio de publicidad, se propusieron, analizaron, debatieron y se votaron y aprobaron reformas a los documentos básicos del partido.

Enfatizó que un grupo de militantes propuso  la incorporación de un artículo 3° transitorio, para prorrogar hasta el próximo 31 de octubre del 2024, la presidencia y la secretaría general del partido, que actualmente ocupan Mario Delgado y Citlali Hernández, respectivamente.

“La propuesta fue votada favorablemente por la mayoría de los congresistas al evaluar los buenos resultados que se han tenido -15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en 19 congresos locales- , y por considerar los riesgos que implicaría la renovación de estos cargos en pleno proceso de encuestas para seleccionar a nuestro candidato o candidata presidencial y las demandantes tareas organizativas del 2024”, dijo la dirigencia de Morena a través de un comunicado.

Además, precisó que a finales del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó los cambios y ratificó que el Congreso Nacional es la autoridad superior y el máximo órgano de decisión de Morena.

Alejandro Rojas Díaz Durán afirmó a través de sus redes sociales, que desde Palacio Nacional presionaron a los magistrados del TEPJF para validar la “extensión ilegal” de la dirigencia de Morena.

Remató señalando que Mario Delgado y Citlali Hernández serán “dirigentes espurios e ilegítimos en la elección de la candidatura presidencial. Les falta autoridad moral y política”.

Foto: Twitter @DipMorenaEdomex

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó este viernes que no extenderá su mandato hasta 2024, pese a la ampliación que aprobó el Congreso, lo que implicaba extender por dos años su gestión.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el que fui electo”, señaló el magistrado en una conferencia de prensa.

El ministro presidente aseguró que ayer, durante un encuentro privado que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le informó sobre su decisión.

“Él expresó apoyo y respeto a la decisión que estoy tomando”, afirmó el ministro.

Por la mañana, durante su conferencia de prensa, López Obrador había adelantado que veía “muy difícil” que se aprobara la extensión de mandato de Zaldívar.

“Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. Es muy difícil, así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, y estaban recibiendo instrucciones, órdenes, en ese sentido”, dijo AMLO.

Zaldívar aseguró durante su mensaje que siempre estará del lado de los derechos humanos, asegurando que su único compromiso “ha sido, es y será” con la Constitución y con los derechos humanos de las personas y por una mejor justicia para la gente.

“Yo no estoy aquí por cargos, puestos y privilegios. Estoy en la Suprema Corte por principios y valores, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí están mis proyectos, mis sentencias. Siempre del lado de la constitución y de los derechos de las personas”, apuntó.

Recordó que la reforma judicial, presentada por López Obrador e impulsada por él, es la “más trascendental” en los últimos 25 años, pues busca “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial”.

Recordemos que durante la aprobación de la reforma en el Congreso, los legisladores afines a la 4T introdujeron de último momento un polémico artículo transitorio para ampliar la gestión de Arturo Zaldívar “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial”.

Zaldívar aprovechó su encuentro con los medios para agradecer las reiteradas muestras de confianza y apoyo por parte del presidente López Obrador, quien insistió en que debía ser él quien culminara la consolidación de la reforma.

El mensaje del ministro presidente se da horas antes de que el ministro José Fernando Franco González Salas presente formalmente el proyecto en que se abordaría dicha extensión de mandato. “Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte”, remató.

Las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el próximo 21 de agosto, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, a horas de que venciera el plazo de las restricciones actuales.

La extensión de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el lunes que comenzará a permitir la entrada al país de visitantes estadounidenses completamente vacunados el 9 de agosto para viajes no esenciales

El plazo impuesto para mantener el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos a viajes terrestres no esenciales vencía este miércoles 21 de julio, y llamó la atención que hasta esta mañana, no se había anunciado  la ampliación de las restricciones o en su caso, sobre la reapertura.

La última extensión impuesta por las autoridades estadounidenses en junio apuntaban a un mantenimiento de las restricciones hasta las 12:00 de este 21 de julio.

Recordemos que la frontera se cerró por primera vez el 21 de marzo de 2020 como parte de un plan bilateral para prevenir la propagación de la COVID-19 en la zona.

La medida prohíbe actividades no esenciales y sólo permite el cruce hacia territorio estadounidense desde México a ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos.

Después de una larga espera, que se ha prolongado hasta 16 meses más, las autoridades estadounidenses y los empresarios en las zonas fronterizas han solicitado al gobierno del presidente, Joe Biden, que levante las restricciones para impulsar el comercio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación (SCJN) admitió la consulta extraordinaria presentada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar y definir si se extiende dos años su periodo en la presidencia.

Zaldívar anunció ayer por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno, y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días en realizarse.

“Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno”, se apuntó en el acuerdo.

Recordemos que Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato; en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.

Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió. Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

Recordemos que originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”, las cuales señaló, fueron posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”. Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para “dirimir” estas controversias instruirá “la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

La nueva ola de COVID-19 que ya están experimentando algunos países de América podría ser más extensa que la anterior, tal como ya sucede en Brasil, Uruguay y Cuba, y el principal consejo ante el incremento acelerado de los casos es quedarse en casa, dijo este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Carissa Etienne dijo en rueda de prensa que la región sufrirá fuertes aumentos de contagios, incluso en países que lograron contener la primera ola, si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

“Sin acciones preventivas, nuestra región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior”, dijo la jefa del organismo regional.

Etienne explicó que el final del verano en el Hemisferio Sur, después de las vacaciones en que las familias y amigos se reunieron, generó un alza de los contagios, por lo que instó a los gobiernos a tener cuidado antes de relajar las restricciones al movimiento.

La OPS informó que hasta el momento se han reportado más de 19.7 millones de casos de COVID y 475,000 muertes en América, con al menos una de las tres variantes de mayor preocupación identificadas en 32 países y territorios de la región.

Etienne insistió en  que hay un “alza de los casos en toda la región, incluso en lugares que parecían haber contenido o evitado los brotes”, y advirtió que hay un “riesgo real” de que este auge sea peor que el registrado el año pasado en muchos países.

La experta advirtió que en varios países el avance de la pandemia está “desbordando” los hospitales.

La jefa de la OPS llamó a todos los países a estar en alerta. La “complacencia lleva a más casos”, indicó. Etienne también señaló que no hay suficientes vacunas para detener los brotes activos y abogó por la prevención.

Recordemos que en nuestro país, las autoridades sanitarias y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han alertado sobre una posible tercera ola, principalmente ante el actual periodo vacacional de Semana Santa, que comenzó oficialmente el pasado lunes.

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron desechar la demanda presentada en contra de la llamada #LeyBonilla, que permite la ampliación del periodo del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La impugnación fue presentada por la ciudadana Luz María Flores Guarnero en contra de la determinación del Congreso de Baja California de ampliar el plazo del cargo del gobernador de dos a cinco años; se determinó que se desechaba la demanda por falta de interés jurídico.

El Pleno consideró que Flores Guarnero no acredita que dicha ampliación le cause algún daño en sus derechos político-electorales, aunado a que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y estar afiliada a un partido político en otra entidad federativa (Nuevo León) sin acreditar que es ciudadana de Baja California.

Y es que el 24 de julio pasado Luz María Flores Guarnero presentó una demanda en contra del Congreso del Estado de Baja California para controvertir el acto legislativo por el cual ampliaron el termino para ejercer el cargo del gobernador electo a cinco años.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, en contra de reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Dicha modificación permite la extensión de mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

La Comisión, integrada por los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos de los magistrados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicaron que las controversias eran desechadas por “notoria improcedencia”.

Las controversias interpuestas argumentaban que no se convocó a los Ayuntamientos referidos a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de la que ya es llamada la #LeyBonilla.

Los Ministros concluyeron que las controversias fueron promovidas en contra de “actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, por lo que no eran procedentes.

Recordemos que la noche de ayer el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato.

Sin embargo, al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el aval que hicieron los diputados del Congreso de Baja California a la ley que contempla la extensión de mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años.

AMLO dijo que es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente, por lo que pidió que no le echen la culpa, pues no tuvo nada que ver.

“No sé si se está informando bien sobre este asunto (…) debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN”, acusó el mandatario.

Lamentó que ahora en un “doble discurso con una doble moral”, quienes votaron por dicha medida resulta que están en contra y lanzan acusaciones. Así dijo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y aclaró que dicho grupo no solo incluye al PAN, sino que es más amplio.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente”, planteó López Obrador.

Dijo que lo que pasaba antes era que desde Presidencia se daba la orden al secretario de Gobernación para orquestar dichas acciones; sugirió preguntarle a la secretaria Olga Sánchez Cordero si recibió alguna orden para que se llevara a cabo la reforma en Baja California.

Ante la insistencia de la prensa sobre saber su opinión, AMLO dijo que prefiere no emitir ninguna opinión para no dar pie a las malas interpretaciones, aunque finalmente dijo que era un extremo de la hipocresía el que ahora estén haciendo cuestionamientos sobre el asunto los opositores cuando fueron ellos quienes probaron el cambio.

Dijo que si hubiese sido Morena quien logró aprobar dicha reforma, entonces sí habría motivos para acusarlo.

Desde una sede alterna, el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato que se aprobó para el próximo gobernador.

Al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del morenista, Jaime Bonilla, ahora gobernador electo.

Ocupando como sede el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, los legisladores concluyeron que “se desecha por improcedente la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a este H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efectos el Decreto 112 de la Constitución local, acto jurídico distinto a la Iniciativa que modificada el 8vo Transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo”.

El exhorto se rechazó con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, Transformemos, así como de los siete diputados que pertenecían al PAN y PRD que se declararon independientes tras la aprobación de la polémica reforma, se convocó a una segunda sesión para hacer la declaratoria formal de incorporación constitucional, relativa a la polémica reforma, la cual dice:

“Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral del 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. La reforma al artículo 44 mediante el cual se declara la toma de posesión del gobernador del Estado el mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral del 2030. Por única ocasión el gobernador del Estado electo en el proceso electoral 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2030”.

Los diputados locales indicaron que pedirán al gobernador de la entidad, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid su publicación en el Periódico Oficial del estado; advirtieron que de confirmarse la negativa para promulgarla, tal como lo declaró el gobernador, la Legislatura solicitará su publicación de manera directa como lo contempla la Constitución.

Eva María Vásquez, diputada del PAN, quien votó en contra de la ampliación del periodo de Bonilla, acusó que sus homólogos estaban convocados a la sesión para emitir dicha validez de una forma extraña, pues junto a su compañero de bancada, Miguel Antonio Osuna Millán, acusaron que la convocatoria no se les hizo de manera formal y terminaron enterándose por terceras personas o por las redes sociales.

El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de hechos contra de quien resulte responsable, por lo que consideraron la “ampliación arbitraria” del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero, destacó que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar de a un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso del estado de Baja California”.

Advirtió que harán todo lo posible para detener la contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena”.

Señaló que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky está detrás de esta ilegalidad, “lo que quieren hacer es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso”.

En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en contra de cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma y este partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento que es residente norteamericano.

En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al “contralor carnal” en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Jaime Bonilla.

“El presidente del congreso tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio”, expresó.

En ese sentido, pidió “congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede lavar las manos”.

Pese a que diversos actores de Morena han afirmado que la extensión de mandato que se aprobó en recientes días en Baja California era a petición de los propios ciudadanos, la más reciente encuesta de El Financiero demuestra lo contrario.

Al preguntar si el Congreso local hizo bien o hizo mal al extender el periodo en el que gobernará Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años, 57% que opinó que hizo mal; solo un 16% de los entrevistados indicó que hizo bien.

Pese a que se necesitó el apoyo de los legisladores de los partidos de oposición, PAN y PRI, al ser minoría los representantes de Morena, quienes más rechazan la reforma son precisamente los ciudadanos que se identifican con Acción Nacional y con el PRD.

Lo arrojado por la encuesta de El Financiero, coincide con lo reportado por el diario Reforma, quien preguntó la opinión de los bajacalifornianos, y encontró que el 54% está en contra de la ampliación del periodo.

En la encuesta de Reforma, 41% se mostró a favor de la medida.

Al respecto, recordemos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso local, por lo que exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente señaló que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, trasgrede el principio de certeza electoral, y violenta el principio de no reelección de gobernantes.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizará la reforma que realizó el Congreso de Baja California que extiende el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, a fin de ver qué participación tendrá en el asunto la Cámara de Diputados.

“En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión la Junta de Coordinación Política para ver a la Cámara de Diputados, como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto, si es el caso”, indicó Mario Delgado.

Sostuvo que habrá que revisar, con cuidado la reforma y ver sobre todo su constitucionalidad y que no sea un caso que atente contra la democracia.

El morenista indicó que la polémica que ha causado la reforma se debe a que pudo haber aprobada antes de la elección, ya que las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo; en este caso, reconoció, el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma.

Aclaró que la modificación a la Constitución estatal “fue respaldada por un partido que no es Morena”, pues lo hizo “una mayoría de Acción Nacional”.

En el caso de los legisladores de Morena que apoyaron la reforma, puntualizó que será el partido quien decidirá sobre ellos, y “seguramente tendrá que ser la Comisión de Honor y Justicia del partido” quien intervenga.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer una modificación al proyecto del Tren Maya, el cual tendrá un ajuste en su circuito quitándole 55 kilómetros de extensión.

Ahora, el circuito del Tren Maya correrá de Valladolid a Coba y a Tulum, cuando en un inicio, de Valladolid se iba directo a Cancún.

El director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela, informó que dicho ajuste significará un ahorro de 5 mil 500 millones de pesos, además de que no se utilizará la autopista propiedad de la constructora ICA.

“Estamos presentando de manera oficial el cambio de trazo, puede ser que posteriormente se haga otro ramal directo Valladolid-Cancún, si es que hay aforos”, indicó el funcionario.

En el marco de su participación en la Conferencia Bilateral de Infraestructura México-Estados Unidos, detalló que con el cambio planteado, de Tulum habrá un ramal de doble vía que conectará con Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancuín.

Detalló que en total se realizarán siete licitaciones para igual número de tramos de vía, que consistirán en una asociación público-privada; cada uno de los tramos constará de alrededor de 214 kilómetros y tendrá un costo aproximado mil 100 millones de dólares.

El titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, indicó que a las empresas que tengan a su cargo cada uno de los tramos s les pagarán tres cosas: capital, intereses y mantenimiento, por ello dijo, serán responsables competos de la caldiad de la obra.

“Si en cinco años hay un socavón, es bronca de él, porque a ellos se les da la responsabilidad. Tienen que hacer todo el proyecto completo, no puede haber sorpresas”, expuso.

El gobierno de México rechazó este martes la decisión unilateral de Estados Unidos de devolver a solicitantes de asilo para que esperen la respuesta a sus pedidos en territorio mexicano, medida que ya aplica en Tijuana y que se extendió ahora a la ciudad de Mexicali.

“El Gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las autoridades de Estados Unidos”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) a través de un comunicado.

 “La medida estadounidense conducirá a que, a partir de esta semana, sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos”, añadió.

Y es que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó el lunes al Congreso su decisión de extender la implementación de sus “Protocolos de Protección a Migrantes”, política bautizada originalmente como “Quédate en México” (Remain in Mexico) por el presidente Donald Trump.

La cancillería detalló que “por razones humanitarias” tanto ellos como la Secretaría de Gobernación han mantenido contacto con autoridades estadounidenses para recibir información sobre las personas retornadas, de las que “un número significativo” cuenta con algún tipo de documento migratorio mexicano.

Dicho contacto, agregó la institución, tiene como principal finalidad proteger los derechos humanos de los migrantes afectados. “Ese intercambio de información no significa en modo alguno que el Gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones y acciones tomadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la dependencia.

Agregó que Segob informará al gobierno de Baja California sobre la decisión estadounidense y establecerá contacto con autoridades de Mexicali para que adopten medidas que permitan que los migrantes tengan una estancia segura mientras esperan la decisión final de cortes estadounidenses sobre sus pedidos de asilo.