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Los familiares de los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, aceptaron el plan de rescate presentado por el gobierno federal, y que inicialmente habían rechazado porque tomaría hasta 11 meses.

“Ya hay un consenso, las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este fin de semana desde Nuevo León.

El jueves pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó el plan de rescate a los familiares de los mineros, lo que causó inconformidad pues podría tomar entre seis y once meses.

El viernes, el presidente defendió que los expertos que trabajan en el rescate buscarán acortar los tiempos en la medida de lo posible.

El derrumbe que dejó a los mineros atrapados desde el 3 de agosto de dio cuando se abrió un orificio en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en el vecino complejo Conchas Norte se desbordará hacia el lugar donde trabajaban.

Cinco obreros lograron salir, pero en todo este tiempo no ha sido posible establecer contacto con los 10 mineros atrapados, cuyo estado se desconoce.

En el acto público de este domingo, López Obrador dijo que buscarán “sacar los cuerpos” lo más pronto posible, sin hacer referencia a la posibilidad de que aún puedan estar vivos.

Los familiares temen que a medida que pase más tiempo hay menos posibilidades de volver a ver a sus seres queridos con vida.

Según explicó el jueves la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres “opciones” para el rescate, una de las cuales consiste en abrir un túnel con “rampas de acceso inclinado” para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

López Obrador instruyó al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reforzar el apoyo en las tareas de rescate de 10 mineros, a la par que anunció que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización superior a los montos que originalmente estaban establecidos.

También recordó que continúan los trabajos en la mina de Pasta de Conchos por respeto a la decisión de 11 de 65 familias que pidieron la recuperación de los restos de los mineros atrapados en 2006 en el municipio San Juan de Sabinas en Coahuila.

El rescate de 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el pasado 3 de agosto podría alargarse hasta 11 meses, según informaron autoridades federales a las familias de los mineros,

“Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto”, dijo a la agencia AFP Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros, quien estuvo presente en la presentación del plan presentado de rescate.

En una conferencia posterior a dicha reunión, María Elena Chávez, esposa de uno de los mineros atrapados, confirmó la información que indica que el rescate podría demorar entre seis y los once meses.

En la reunión, la directora nacional de Protección Civil Laura Velázquez, habría reiterado que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso desde la superficie, tal como se expuso esta semana en la conferencia matutina.

Los familiares acusaron que las autoridades les han estado cambiando la información y las alternativas de rescate que se han propuesto. Y aunque indicaron que les ofrecieron una indemnización, señalaron que no la aceptarán si no se logra el rescate de los trabajadores.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que hoy no se había presentado la actualización del caso, pues confirmó que se estaba “haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares”.

La familia de Debanhi Escobar llevó a cabo este fin de semana el sepelio de la joven, entre reclamos de justicia por un presunto feminicidio, caso que la Fiscalía primero indagó como accidente.

El funeral ocurrió en el municipio de Galeana, en el sur del estado, tras una caravana de varias horas que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de familiares, amigos y activistas con globos y consignas contra la impunidad.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”, expresó el padre de la joven, Mario Escobar.

El caso de Debanhi, de 18 años, ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en una carretera el 9 de abril en el municipio de Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi, cuyo conductor presuntamente la acosó.

También causó indignación por las presuntas fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que primero manejó el caso como un accidente y después declaró a los medios que la causa principal de la desaparición de las mujeres es por “rebeldía” y “falta de comunicación de la familia”.

El padre cuestionó en el funeral la versión de las autoridades, que hallaron el cuerpo el jueves pasado en una cisterna de un motel cerca del lugar donde se le vio por última vez. “La Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total”, aseveró.

Escobar anunció que mostrará un vídeo que muestra al taxista tocar los pechos de su hija, por lo que debería considerarse principal sospechoso del acto. “Decirles que no nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”, manifestó.

La familia de Debanhi Escobar había señalado este sábado que exigiría una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual.  La primera autopsia reveló quela joven sufrió golpes en diversas partes del cuerpo como la cabeza y la cara. Según lo expuesto por la Fiscalía, el golpe en la cabeza fue la causa de la muerte de la joven.

Tras el velorio en Monterrey, la familia y asesores legales afirmaron este sábado que “sí hubo abuso sexual”, por lo que acusaron a la Fiscalía de “inconsistencias” en el caso.

Un día después, miles de feministas protestaron en diversas marchas para exigir justicia por el feminicidio de Debanhi Escobar, principalmente en Nuevo León y la Ciudad de México.

Algunos contingentes marcharon del Bosque de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Otras centenas protestaron desde el Monumento de la Revolución mientras que decenas más lo hicieron desde la “Antimonumenta” contra la violencia de género en el Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central.

Aunque el crimen ocurrió en la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, las mujeres de la capital se solidarizaron con Debanhi y compartieron historias locales, por lo que llevaron su protesta a la Jefatura General de la Policía de Investigación de la capital.

Las marchas también ocurrieron en Nuevo León, donde diversos contingentes se movilizaron desde diversos puntos. En lo que va de año, tan solo el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.

Además, se dio a conocer un nuevo video en el que se aprecia a la joven de 18 años ingresar sola al motel Nueva Castilla, en cuyas inmediaciones fue hallado su cuerpo tras varios días de reportada como desaparecida.

Familiares de niños con cáncer preparan una gran manifestación el próximo sábado que, han anunciado, recorrerá el primer cuadro de la Ciudad de México, y con la que buscan exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos tras tres años de escasez.

“Lo único que hemos encontrado son descalificaciones de la actual Administración. No vamos a permitir que más niños sigan perdiendo la vida”, dijo la abogada Andrea Rocha, quien representa a 220 padres y madres de niños con cáncer.

Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional por la Salud marcharán junto a familiares de niños con cáncer desde el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, y que planea llegar hasta la plancha del Zócalo capitalino.

A la marcha acudirán padres y madres de diferentes estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Chiapas, dijo Rocha.

Los manifestantes llevarán al Palacio Nacional una petición para que el gobierno exhiba los contratos de compras de medicamentos oncológicos y el presupuesto para su adquisición. “Los papás y mamás están cansados de llegar a reuniones con el gobierno y que les muestren gráficas pero los medicamentos no lleguen a las clínicas”, dijo la abogada.

Y es que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos se agudizó en 2019 tras la llegada al poder de López Obrador, cuyo gobierno modificó los métodos de adquisición de medicamentos para combatir la corrupción y los monopolios farmacéuticos, y además hizo recortes presupuestarios.

López Obrador ha atribuido en varias ocasiones la falta de medicinas para niños con cáncer a un sabotaje de las farmacéuticas y ha culpado a los gestores de los hospitales de que las medicinas no lleguen a los pacientes.

El gobierno anunció el pasado 1 de julio que distribuyó 30,000 unidades de medicamentos oncológicos después de varias manifestaciones de familiares que bloquearon el acceso del aeropuerto capitalino.

Recordemos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó a las familias de politizar el desbasto y dijo que la derecha usa el movimiento para promover un “golpe de Estado”.

Foto: Twitter @EsTendenciaHoy

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede seguir engañando a la ciudadanía, y debe dar una explicación creíble ante el evidente acto de corrupción en que han incurrido sus hermanos, el más reciente Martín Jesús López Obrador, a quien se le ve en un video recibiendo 150 mil pesos de la mano de David León Romero.

“Ya no puede seguir diciendo que su plumaje es como de las aves que cruzan el pantano y no se manchan, su plumaje ya está muy manchado y lo está manchando todavía más su familia, a quien se niega usted a investigar”, le recriminó el perredista.

Zambrano Grijalva criticó que el Ejecutivo Federal siga argumentando que el video proviene del bloque opositor que quieren manchar su imagen. Criticó que AMLO no solicite  a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las fiscalías correspondientes que hagan una investigación a fondo.

 

Ante los dichos del presidente sobre que no es igual a los políticos de antes, Jesús Zambrano le dijo que esa idea no es creíble, pues se está demostrando que es “más corrupto que todo lo que criticaba anteriormente”.

Por su parte la bancada del PAN en la Cámara de Diputados preguntó “cuántos López Obrador se necesitan para que se investiguen sus actos de corrupción”.

Acusaron que el presidente sigue solapando los actos de corrupción al interior de su gobierno, actos provenientes de sus familiares y amigos, demostrando que es la administración de la opacidad y la complicidad, pese a que presumieron luchar contra este tipo de actos.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que primero haya sido Pío y ahora Martín López Obrador quienes aparezcan cometiendo estos actos.

Entre aportaciones al movimiento y préstamos, López Obrador justifica la corrupción entre él y sus más cercanos. Es muy grave la corrupción y el cinismo con el que miente este gobierno”, dijo el panista.

Los senadores del PAN afirmaron que la familia del mandatario está llena de corruptos que deberían estar sentados frente a un juez, y lamentaron que gocen de la impunidad que les otorga el Presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este viernes el rescate de los siete mineros que quedaron atrapados en una mina ubicada en Múzquiz, Coahuila, prometiendo que se llevará a cabo una investigación sobre el derrumbe.

“Lo que importaba más era el rescate de mineros atrapados y ahora se tiene que llevar a cabo la investigación de por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones de trabajar, si había seguridad”, señaló el mandatario.

Y es que de acuerdo a la información difundida por el gobierno federal, a noche de ayer se rescató el cuerpo del último minero, de los siete que quedaron sepultados en el derrumbe hace una semana.

AMLO destacó que lo principal era no dejar en el abandono el rescate de los mineros, como sucedió en 2006 con quienes quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos.

Destacó que se actuó de inmediato, y muchos elementos y miembros del gobierno se trasladaron al lugar de los hechos para conducir las tareas de rescato, las cuales duraron más de 150 horas buscando encontrar con vida a los mineros, aunque finalmente no se logró este último objetivo.

“Lamentamos la perdida de nuestro compañero Juan Carlos Moreno Cervantes. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ha sido recuperado su cuerpo”, apuntó la organización ‘Familia Pasta de Conchos’, formada por familiares de las víctimas del accidente ocurrido en 2006, y que acompañó en esta ocasión a los familiares de los trabajadores en Múzquiz.

La organización indicó que las “dolorosas muertes” de los siete mineros se habrían evitado si hubieran habido verdaderas medidas de seguridad. “La minería debe dejar de ser un destino de muerte en la zona carbonífera”.

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y paredes de la mina, que generó el hundimiento del lugar, en cuyo interior quedaron atrapados los siete mineros.

Además de los militares, en el lugar trabajan autoridades de Protección Civil e inspectores de la Secretaría de Trabajo para llevar a cabo las labores de rescate, que consisten en sacar el agua mediante bombas para acceder a la mina.

La organización urgió a tomar medidas que eviten más muertes y accidentes en minas del país. Señaló que es necesaria una “investigación diligente y exhaustiva” que alcance a empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores “por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados”.

Asimismo, exhortó a prohibir las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometa públicamente a no comprar carbón extraído de este tipo de minería.

En el primer aniversario del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, su familia urgió a realizar una reforma policial radical, esto durante una reunión que sostuvo este martes con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden y Harris recibieron a varios familiares de Floyd en La Casa Blanca, quienes antes sostuvieron encuentros con legisladores para presionar por un avance de la reforma policial, que está atascada en el Senado.

“Si puedes hacer leyes federales para proteger a los pájaros, al águila calva, puedes hacer leyes federales para proteger a las personas de color”, dijo Philonise Floyd, el hermano menor de George, al salir de la reunión a puertas cerradas, que duró más de una hora.

Terrence, otro de los hermanos Floyd, dijo que se sintió alentado por la “conversación productiva” en la que Biden y Harris estaban ansiosos por “escuchar nuestras preocupaciones”.

La madre de Floyd, sus hermanos y su hija Gianna, junto con los abogados de la familia, se reunieron previamente en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y otros legisladores.

Mientras los adultos discutían sus esperanzas de una reforma policial, fue Gianna, de siete años, quien, abrazando a su madre Roxie Washington, se refirió elocuentemente al legado duradero de su difunto padre, al afirmar que él “cambiaría el mundo”.

“La familia Floyd ha demostrado un valor extraordinario, especialmente su pequeña hija Gianna, a quien volví a ver hoy”, dijo el mandatario a través de un comunicado.

Asesinado el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis durante su detención por cuatro agentes de policía, Floyd se ha convertido en un símbolo en Estados Unidos y más allá.  En esa ciudad del noreste del país, la tensión se mantenía alta este martes: una persona resultó herida por disparos en el lugar de la muerte de Floyd, donde la gente se congregó al cumplirse un año del drama.

Derek Chauvin, el agente que se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi diez minutos, fue condenado por asesinato. La sentencia se conocerá el 25 de junio, pero los miembros de la familia Floyd, que se han transformado en portavoces de esta lucha, insisten en que las cosas deben cambiar en profundidad y presionan para que el Congreso apruebe un amplio proyecto de ley de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta mañana que familiares suyos han fallecido por Covid-19, además de que otros miembros de su familia y amigos se han contagiado.

Y es que dese ayer, se reportó que una prima de López Obrador permanecía en estado grave en un hospital de Tampico, tras contagiarse del virus. Su esposo y un hijo fallecieron por la misma razón, detallaban los informes.

“Sí. Sí tengo familiares enfermos. También desgraciadamente han perdido la vida familiares, como pasa lamentablemente en estos casos”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario dijo que es algo que suele pasar cuando se vive una pandemia, que familiares, amigos y conocidos estén expuestos.

Dijo que a todos los enfermos de Covid-19 les desea una pronta recuperación, y confió en que quienes permanecen hospitalizados puedan salir adelante.

“A los que ya se nos adelantaron pues ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno; ya lo hice el domingo pasado y lo vamos a seguir haciendo, porque son pérdidas de vidas humanas, es muy doloroso lo que está sucediendo”, remató el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

“El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes”, dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente “ratificó su compromiso” con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. “El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación”, añadió.

“(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir”, expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que “existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía”.

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este fin de semana, en una operación conjunta con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato, se llevó a cabo la detención de presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.

La dependencia detalló que los hechos ocurrieron cuando personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales, cumplimentaron una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, en Celaya.

Entre los detenidos se encuentran María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial y madre, hermana y prima, respectivamente, de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder de la organización criminal.

La Sedena detalló que la aprehensión de las familiares de “El Marro” Originó diversos ataques a las vías de comunicación, principalmente incendios en diversos puntos del municipio. Se reportó que la quema de al menos 20 vehículos en 11 puntos, los cuales se utilizaron para bloquear el tránsito. Además, se registró el incendio de siete negocios.

Los hechos de violencia se extendieron a otros municipios de la entidad, los cuales duraron hasta la madrugada de ayer.

Contado a la madre, hermana y prima, se detuvo a 26 personas, a quienes se les aseguraron un kilogramo de una sustancia con características similares de la Metanfetamina y más de dos millones de pesos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En respuesta, “El Marro” utilizó las redes sociales para compartir un video en el que confirmó la aprehensión de su madre, acusando que “humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia; ante ello, advirtió que será “una piedra en el zapato” para el gobierno federal.

En otro mensaje también publicado en redes, agradeció “a todas las mujeres de todos los municipios de alrededor por el apoyo que le están dando allá a mi familia”, y pidió más apoyo a los habitantes de los pueblos que le son leales.

Foto: Twitter @luisghernan

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó esta mañana que no puede atender directamente a los familiares de desaparecidos debido a las medidas de distanciamiento social, esto tras una polémica desatada ayer durante su gira por Veracruz.

“No puedo, por la sana distancia, exponerme y exponerlos a ellos; lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de cuidado y sana distancia”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Además ofreció una disculpa por no tener comunicación directa con los ciudadanos, pero aseguró que todos los días se atiende a ciudadanos y a familiares de víctimas de la violencia.

Ayer, decenas de familiares de personas que han desaparecido en Veracruz pidieron al presidente se detuviera y bajara de la camioneta en que viajaba, para que los atendiera.

Entre gritos, los manifestantes exigían a López Obrador que se bajara del vehículo; ya casi cuando se abría paso entre la multitud, una mujer que caminaba a un lado del vehículo le reclamó: “¡Solo atiendes a la mamá de El Chapo! ¡Atiendes a la madre de “El Chapo”, cabrón. A nosotros no!”, gritó.

Y es que recordemos que en marzo pasado, se hizo viral un video donde el presidente saludó de mano a Consuelo Loera, madre del narcotraficante y le aseguró que había recibido su carta.

“Te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta”, le decía el mandatario a Loera, quien solo le respondió “ándele, pues” desde una camioneta.

En febrero, el mandatario le ofreció ayuda para tramitar una visa humanitaria que le permitiera visitar al capo en Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua desde julio pasado.

De acuerdo con el último reporte de la desaparición en México, el país registra oficialmente 61,367 desaparecidos y recientemente familiares de las víctimas han mostrado su descontento porque la pandemia ha frenado los operativos de búsqueda sobre el terreno, y además se han puesto sobre la mesa recortes gubernamentales en organismos clave como la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV).

A un año de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del informe de acciones para atender a los familiares de las víctimas.

“Esto del ‘huachicol’ es producto de la desatención, de no dar opciones, de no dar alternativas, desde luego manejado por un grupo de delincuentes pero con una base social”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo exhortó a las comunidades cercanas a ductos de combustible a que no participen en este tipo de actividades, que más allá de su carácter delictivo representan un riesgo para la vida de las personas.

Informó que el robo de combustibles continúa aunque con una disminución significativa que derivó en ahorros de 50 mil millones de pesos como resultado de la aplicación del plan contra el robo de combustible.

Indicó que Hidalgo y el Estado de México son las entidades con mayor incidencia en este delito.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, explicó que la atención a las víctimas y familiares se realizó desde la coordinación interinstitucional integrada por las secretarías de Bienestar; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura y Desarrollo Rural y de Cultura, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Detalló que se llevaron a cabo acciones inmediatas para la identificación y registro de familiares desaparecidos, hospitalizados o fallecidos; apoyos terapéuticos, funerarios, para la ampliación del panteón de Tlahuelilpan, humanitario con 15 mil pesos por familiar afectado a fin de reducir la vulnerabilidad, así como la asignación de recursos desde el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2019.

Además, se distribuyeron Becas para el Bienestar, recursos a niñas y niños hijos de madres trabajadoras, seguros de vida para jefas de familia, pensiones para adultos mayores, Tandas para el Bienestar y estímulos a la producción.

La subsecretaria detalló que el 14 de octubre Pemex adquirió un inmueble para la construcción del memorial en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Este sábado, cuando formalmente se cumpla un año del incidente, la subsecretaria Diana Álvarez y un grupo de servidores públicos visitarán al pueblo de Tlahuelilpan.

“Llevan nuestro pésame, nuestra solidaridad. No debe de haber motivo para estigmas, somos todos productos de circunstancias, es la circunstancia la que lleva a ciertas actividades o procederes. Nadie puede sentirse culpable. Los que pierden la vida en este caso están ahí y buscan sobrevivir, un ingreso, un apoyo y sus familias lo mismo. Ellos merecen todo nuestro apoyo y solidaridad”, remató el presidente.

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y descendientes de la familia del general Emiliano Zapata acordaron mantener la exposición “Zapata después de Zapata” tal como se encuentra.

Durante la reunión, convinieron conservar la pieza “La Revolución” y colocar a su lado una cédula informativa que manifiesta el desacuerdo de la familia Zapata con la interpretación.

Asimismo, respaldaron la diversidad y expresaron una condena a la violencia contra miembros de la comunidad LGBTI y el apoyo a sus derechos.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura, los acuerdos se alcanzaron tras realizar un recorrido por la exposición Zapata después de Zapata, ofrecido por el curador Luis Vargas Santiago, y el compromiso de la dependencia federal de difundir por todos los medios a su disposición, la dignidad y el homenaje al General Emiliano Zapata, incluyendo una cartilla itinerante sobre su figura y legado, así como retirar de la difusión oficial la publicidad de la obra.

La familia del Caudillo del Sur se deslindó de los diversos grupos campesinos, incluida la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que se manifiesten de forma violenta, como ocurrió el pasado 10 de diciembre; fijó su postura desde la petición de un trato digno para el General Zapata y rechazó la búsqueda de un lucro económico en torno a su figura.

En la reunión participaron la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo; la directora del INBAL, Lucina Jiménez; el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, entre otros funcionarios.

Por parte de la familia del general Zapata estuvieron Isaías Manuel René Manrique Zapata, Julieta Ana María Manrique Zapata, Lina Marta Graciela Manrique Zapata, Ulises Manrique Zapata, Luis Armando Manrique Zapata, Hilarion Salazar Flores, Alicia Zapata Fernández, Daniel Galeano Zapata, Hilario Salazar, Sen Moctezuma y Edgar Castro Zapata.

Al reiterar su compromiso de acabar con la práctica del nepotismo, entendida como la designación de familiares o amistades cercanas para ocupar cargos públicos, independientemente de la capacidad profesional o los méritos para el puesto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre acciones en la materia.

“El nepotismo ha afectado la percepción interna y externa del PJF desde hace años, e implica un riesgo de posibles conflictos de interés. Al interior, genera una percepción negativa de que los ascensos se dan sin tomar en cuenta los méritos realizados. Y al exterior, parece que existe una cultura de protección y que los cargos son prácticamente heredados”, indicó el Consejo.

En ese sentido, informó que para acabar con el nepotismo y evitar cualquier duda en la designación de juzgadores y servidores públicos, la presente administración aprobó un Acuerdo General mediante el cual se regulan los criterios de ratificación de juzgadores, reincorporaciones, así como adscripciones y readscripciones.

Mediante éste se establecen criterios para asignar o mover a un juzgador federal, con el objetivo de evitar que éstos trabajen en los mismos Circuitos o regiones donde existan posibles conflictos de interés por lazos familiares.

Al respecto, detalló que se ha readscrito a 86 juzgadores federales, en 21 entidades del país.

Sin embargo, el Consejo aclaró que hay juzgadoras y juzgadores, así como otros servidores públicos del PJF, que aún teniendo lazos familiares, se han desempeñado de manera destacada dentro de la institución.

Indicó que en el futuro habrán reglas específicas respecto a la contratación de familiares en Juzgados y Tribunales, así como dentro de los Circuitos a los que pertenezca determinado juzgador.

Este martes, el vocero de la Iglesia de La Luz del Mundo, Silem García, dijo que es absurdo que la Fiscalía de California impida que los abogados del líder religioso, Naasón Joaquín García, tengan contacto con los feligreses o la familia del acusado.

El lunes, las autoridades estadounidenses aplazaron para el 21 de junio la acusación formal contra García y dos de sus seguidores por cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas. En la sesión, la fiscalía pidió al juez Francis Bennett que les prohibiera a los abogados de García trabajar y compartir información con miembros de la Iglesia, por temor de que pudieran acosar o intimidar a testigos potenciales.

“Se alcanza a observar que el fiscal solicita que los abogados no tengan contacto con la gente de la Iglesia, incluso con la familia; es un absurdo. Una persona procesada por alguna acusación necesita tener contacto con su familia a través de los abogados y, a su vez, que los familiares tengan contacto para ver cómo van los avances del caso. Es un derecho que tienen tanto la familia como el acusado”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.

García consideró que las declaraciones de la Fiscalía de California, que es la que lleva el caso, denotan animadversión contra el líder religioso.

“La realidad es que el fiscal está teniendo una animadversión y un trato muy lamentable hacia nuestro director internacional. Lo lamentamos porque consideramos que no es el trato que debe recibir un acusado; está actuando de manera tendenciosa”, señaló.

En el marco del Diálogo por la Paz y el Bienestar, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo reconoció el esfuerzo de las víctimas y familiares por establecer un diálogo con las futuras autoridades para encontrar soluciones conjuntas.

El colaborador de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el trabajo y momentos difíciles por los que han tenido que pasar, e indicó que los testimonios que han recibido son resultado de la ausencia de estado de Derecho y de la corrupción.

“A lo largo de los foros hemos escuchado el sentir, el dolor y el reclamo de las víctimas directas, indirectas y de todo aquello que la inseguridad. La falta de estado de Derecho y la corrupción han afectado en nuestro país y en nuestras comunidades. Todos somos víctimas de alguna forma, la incidencia delictiva y números rojos en materia de seguridad hacen que esa sea nuestra realidad y estoy consciente del enorme reto que implica cambiar la situación y que debemos hacerlo de la mano de ustedes”, dijo el ahora Senador.

Afirmó que escuchar a las víctimas y familiares antes de ser gobierno ha sido fundamental para empezar una nueva forma de interlocución, y para retomar los lazos que se han perdido entre el gobernante y sus ciudadanos.

“Tengan seguridad que estaremos cerca y gobernando con y para ustedes”, remató Durazo.