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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las investigaciones en trámite, concluidas, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

El periodo que abarca la resolución emitida por el INAI abarca del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero de 2021.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford planteó que al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorece la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó Guerra Ford.

Enfatizó que la difusión de la información referida generar certeza sobre la gestión de los exservidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción.

“Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público”, aseveró.

Y es que la FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Por eso, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida a la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR).

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables, contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no actualizan la clasificación del pronunciamiento en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por otra parte, la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Enrique Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Sin embargo, la ponencia determinó que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso.

La ponencia concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades, y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR relacionadas con las averiguaciones e indagatorias en contra de una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró esta tarde que existen elementos suficientes para que se inicie un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas, esto luego de la orden de aprehensión que un juez giró en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El también líder de la bancada de Morena señaló que buscará llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas del Senado, para dar cauce al proceso de desaparición de poderes en la entidad. Y es que reconoció que se necesita mayoría calificada, es decir, los votos de las dos terceras partes de los senadores para abrir un periodo extraordinario de sesiones donde se pueda abordar el tema.

“A mi me gustaría que hubiese un acuerdo político antes de iniciar todo el proceso, antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse, y se iniciaría todo el proceso, y la permanente tendría que convocar a periodo extraordinario”, indicó el legislador en una conferencia de prensa virtual que ofreció esta jueves.

Explicó que al existir una orden de aprehensión en contra del gobernador, no le permitiría cumplir con sus funciones, pues de localizársele, las autoridades van a tener que proceder a cumplimentar su arresto.

El morenista dejó en claro que, desde su punto de vista, desde que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca “ya no tenía fuero y se debía nombrar gobernador provisional”. Sin embargo, acusó que “indebidamente, el Congreso local dejó en funciones al gobernador.

Al detallar la ruta por la que el Senado podría iniciar el procedimiento para nombrar un gobernador provisional en Tamaulipas, dijo que se basaría en lo expuesto en el Artículo 76 de la Constitución, que habla sobre la desaparición de poderes de un Estado cuando los titulares de los poderes abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

En el caso de Tamaulipas dijo, aplica que una orden de aprehensión impediría que el titular del Ejecutivo estatal cumpla con sus funciones.

Monreal Ávila enfatizó que la petición del proceso de desaparición de poderes  puede ser formulada por Senadores, Diputados o cualquier ciudadano del estado.

Añadió que al Senado le corresponde determinar si estima procedente la petición, y una tras entablar el debate, se da paso a una votación económica o nominal para ver si se acepta; en caso de que el Senado estime que es procedente, se turna a Comisiones para que formule el dictamen correspondiente, que en este caso podría estar a cargo de la de Puntos Constitucionales, Justicia o Gobernación.

“El dictamen deberá proponer al pleno lo siguiente: que se ha configurado la desaparición de poderes y que ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisional”, detalló Ricardo Monreal.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero el pasado 30 de abril.

Los delitos por los que la FGR solicitó la orden de aprehensión y que un juez le otorgó son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Recordemos que aunque la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del panista por el delito de defraudación fiscal, el congreso de Tamaulipas no respaldó la pérdida del fuero.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, se refirió al hecho como un caso “insólito”. “Orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto”.

Recordemos que apenas ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional, y que sería la Fiscalía quien tendría que resolver sobre el tema, esto luego de “enterarse” de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que desechó la controversia constitucional sobre el fuero del mandatario estatal.

Monreal se refirió a Cabeza de Vaca como “gobernador no localizado”, indicando que podría incluso estar ya fuera del país.

El morenista no descartó que Cabeza de Vaca se declarare ‘perseguido político’ y busque mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, y demás funcionarios de su administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este martes que apoya la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por la supuesta compra de votos y uso ilícito de recursos contra los dos candidatos punteros para la gubernatura de Nuevo León.

“Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Que lo denuncie porque es un delito electoral”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

Y es que ayer, la Fiscalía anunció que investiga a los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI, Samuel García y Adrián de la Garza, quienes lideran las encuestas, incluso por encima del panista Fernando Larrazabal, y de Clara Luz Flores de Morena, quien ha sido desplazada hasta el cuarto sitio cuando al inicio de la campaña se encontraba en primer lugar. .

Samuel García está señalado por usar recursos de origen ilícito con fines electorales mientras que a De la Garza se le investiga por supuesta compra de votos.

Cuestionado el presidente sobre si está detrás de la investigación, AMLO respondió que sí. “¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí”; recordó que en días pasados señaló, durante una de sus conferencias, al priista De la Garza por repartir supuestas tarjetas a cambio del voto.

“Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral”, dijo López Obrador.

“Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”, añadió el presidente, asegurando que él no se callará como lo hacen Reforma y EL Norte.

Sobre la denuncia contra Samuel García, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del gobierno, López Obrador dijo que estaba enterado y que este organismo tiene la consigna de que “todo lo que pueda significar un delito lo tienen que enviar a la Fiscalía”.

Preguntado sobre si no le preocupa que el INE lo vaya a sancionar por seguir interviniendo en temas electorales pese a la veda que existe debido al desarrollo de las campañas, AMLO aseguró que no pues “es mi obligación denunciar el fraude, es un mal que aqueja a la nación el fraude electoral”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Adrián de la Garza aseguró que la investigación que inició en su contra la FGR confirma la persecución política de la que ha sido víctima, indicando que el motivo es por su intención de “proteger a las mujeres”, en referencia a la tarjeta que está entregando y que es el motivo de las denuncias que ha recibido.

El priísta aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cinco días atacándolo pues va arriba en las encuestas. Cuestionó cuándo se ha visto que ataquen a alguien que no es puntero.

Además, insistió en su señalamiento de que Samuel García es el candidato al que ahora apoyan desde Palacio Nacional, situación que él ha expuesto. “La denuncia contra Samuel García es una simulación”, aseguró De la Garza; afirmó que al final del día, al abanderado de MC no le harán nada.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre “posibles responsabilidades penales” del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y crimen organizado.

En el mismo caso se apuntaron los nombres de Ismael “G”, José Manuel “G” y José Ramón “C”, hermanos y suegro del gobernador respectivamente.

La FGR indicó que entre las posibles responsabilidades penales de los señalados, y de diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, están las “vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

Señaló que debido a que es nueva información a la que tienen acceso, se procederá a integrarla a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía indicó que la investigación se conformará con las diligencias que llevarán a cabo tanto la Fiscalía, como las autoridades respectivas, para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.

Recordemos que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero de García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.

Y es que el pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la Fiscalía de desaforar al gobernador panista, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el partido del gobernador tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.

Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Horas después de que la Fiscalía revelara la recepción de información por parte de las autoridades estadounidenses, el gobernador utilizó sus redes sociales para indicar que giró instrucciones a su defensa para que acuda a revisar dicha información.

“Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, dijo el panista.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de ayer que investiga, por presuntos delitos electorales, que se sancionan con prisión preventiva, a los dos candidatos que lideran las encuestas a la gubernatura del estado de Nuevo León.

En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), indicó que se ha abierto una carpeta de investigación, por los delitos señalados, a Adrián de la Garza, candidato del PRI.

Esto “por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero”, alrededor de 1,500 pesos, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador de la citada entidad, “lo cual significa la compra y coacción del voto”.

La Fiscalía dijo que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, “se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.

Al respecto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó a través de sus redes sociales que la investigación revelada por la FGR en contra de De la Garza, “es un distractor para evadir su responsabilidad en la línea 12 del Metro “de la Ciudad de México.

“Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del @MetroCDMX. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar #NuevoLeón!”, indicó Moreno.

El otro candidato al que se investiga, es al abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) y actual puntero en la preferencias, Samuel García, así como a su esposa Mariana Rodríguez y a los padres de ambos por aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito con fines electorales.

La institución dijo que ha recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de los señalados “por hechos presuntamente delictivos”.

Se apuntó que estos delitos están señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

Además, señaló que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la autoridad hacendaria.

A diferencia de De la Garza, García salió rápidamente a posicionarse sobre lo informado por la Fiscalía. A través de sus redes sociales dijo que pese a los “ataques a diestra y siniestra” que ha recibido, no tiene nada que ocultar; rechazó que exista alguna irregularidad en su campaña y en su vida personal o profesional.

“De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano. Reiteró que el día que una autoridad competente lo requiera, se presentará para aclarar cualquier tema.

“Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va”, remató.

Recordemos que fue la semana pasada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió de nueva cuenta la veda electoral que le impide hablar de las campañas políticas, al denunciar “en carácter de ciudadano”, la supuesta compra del voto por parte del candidato del PRI en Nuevo León.

Pese a las restricciones que la Ley señala claramente, el mandatario exhibió la supuesta tarjeta con la que De la Garza promete dinero si gana la gubernatura.

Un convoy de seguridad trasladó este miércoles a Héctor “el Güero” Palma tras ser interrogado por las autoridades por nuevos delitos y lograr la Fiscalía General un arraigo para evitar que el narcotraficante sea liberado.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo medida cautelar de arraigo en contra de Jesús Héctor ‘P'”, indicó la FGR en un boletín.

Un fuerte despliegue de varios vehículos de distintos cuerpos de seguridad y de la Fiscalía trasladaron al antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, que había quedado en libertad el sábado pasado tras la orden de un juez.

Derivado de una investigación, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio Público Federal (MPF) emitió un acuerdo de detención “por caso urgente respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia”, informó la Fiscalía.

Agregó que por este motivo se le pudo recapturar el martes cuando el capo se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, “en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una autoridad judicial”.

Posteriormente, y tras la lectura de sus derechos constitucionales y legales que le asisten, el “Güero” Palma rindió su declaración ministerial.

“Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, y a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente la medida cautelar de arraigo”, explicó la FGR.

Un juez evaluó el caso y otorgó la medida cautelar decretando así “el arraigo por 40 días en contra de esta persona, mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República”.

A raíz de eso, el acusado fue llevado al llamado Centro Nacional de Arraigo, en la colonia Doctores en la capital del país, donde podrá estar hasta 40 días mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El arraigo es una medida dictada por el juez, a petición de una de las partes, que se otorga cuando hay temor a que el acusado se ausente. Es decir, ante el peligro de fuga o derivados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este martes el acuerdo al que llegó la Fiscalía General para liberar al empresario Alonso Ancira, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex.

“Celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer, el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quedó libre tras acordar que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero.

Esto, luego de estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013 por un monto de 275 millones de dólares.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño. Nos importa mucho”, aseveró López Obrador.

El mandatario agradeció a la FGR por su intervención y al poder judicial por lograr el acuerdo en el que Pemex aceptó la devolución de 216 millones de dólares.

Sin embargo, recordó que esta resolución no significa que se cancele el proceso judicial, solo “se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño”, dijo. Indicó que el dinero que sea devuelto servirá para que Pemex lo invierta en los fertilizantes “que se están entregando a campesinos a productores en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos”.

Señaló que la compra de esta planta chatarra y de otras instalaciones inservibles causó una deuda a Pemex “enorme”.

Ancira estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el entonces director de la petrolera era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

Ancira Alonso abandonó el reclusorio Norte vestido de traje y abordo de una camioneta MercedesBenz, desde donde se dejó ver con un puro en la mano.

Foto: Twitter @ProyectoPuente

La Fiscalía General de la República (FGR) acordó este lunes la liberación del empresario Alonso Ancira, conocido como el “Rey del Acero”, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del año a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La defensa de Ancira, antiguo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), informó que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero por estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013.

“Quedó suspendida la acción penal y se firmó el acuerdo reparatorio que le da la libertad. La FGR se desistió de la acción penal, se suspende hasta que se pague, él está bien de salud, no hay necesidad que use brazalete electrónico”, declaró su abogado Antonio Frank a los medios.

Recordemos que Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde el pasado 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

El empresario estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago, que se confirmó hoy.

Con el acuerdo de este día, también se ordenó suspender la ficha de búsqueda de Interpol, por lo que Ancira podrá salir del país sin problemas, agregó su defensa.

En el acuerdo participaron Pemex, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; el  juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, suspendió todas las medidas cautelares y concluyó el caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la extradición a México desde Reino Unido de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía no tiene fecha debido a retrasos por la pandemia de COVID-19.

“Desde marzo pasado la Fiscalía británica expresó su disculpa por la demora en el desahogo del caso, en razón de la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Asimismo, detalló que “la Corte de Magistrados de Westminster está a la espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición”.

Recordemos que la esposa de Duarte fue detenida en Londres, ciudad en la que vive junto a sus tres hijos desde 2017, el 29 de octubre de 2019 por una demanda de extradición presentada por las autoridades de nuestro país.

El juicio de extradición de Macías, quien quedó en libertad bajo fianza, estaba previsto para octubre del año pasado pero fue pospuesto por la pandemia.

La FGR reiteró que a Macías se le impusieron “medidas cautelares consistentes en un brazalete de localización, la firma periódica en una estación de policía de la ciudad de Londres, y el impedimento de acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas”.

La orden de extradición sobre Macías responde a la acusación por presuntos desvíos monetarios cuando presidió la presidencia del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que ascenderían a 100 millones de pesos.

Duarte, quien dejó el gobierno de Veracruz en 2016 y huyó a Guatemala, fue detenido en 2017 y condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero.

Adicional, la FGR informó que está investigando por corrupción al panista Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018.

Señaló que a finales del año pasado se recibió denuncia en contra del exgobernador, lo que llevó a iniciar una investigación por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante el sexenio de Felipe Calderón.

La Fiscalía precisó que está a la espera de la información requerida al ISSSTE, para avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación.

Yunes acusó que a 11 años de haber dejado la titularidad del ISSSTE, y coincidentemente con el proceso electoral que se vive en el país, se inicie una investigación en su contra.

Dijo que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“No es casual que la denuncia de la UIF se ‘filtre’ en plena campaña electoral”; lamentó que el caso se ocupe para lastimar a sus hijos, uno de ellos candidato en Veracruz y otro como alcalde en funciones.

Una investigación especial del diario español El País, revela que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho en repetidas ocasiones que en su gobierno no se espía, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

El diario señala que entre 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx, que ha fungido en nuestro país como intermediaria de la italiana Hacking Team, que a su vez fue señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Según un análisis realizado por la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Neolinx habría vendido sus productos a los gobiernos de Guerrero, Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.

Ahora Neolinx, quien ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, es intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

Y si bien la adquisición de estos programas no es ilegal, ya que las autoridades justifican su uso para el combate a la delincuencia organizada, activistas y expertos han advertido que podrían ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.

El primer contrato celebrado durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares. El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, que es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles.

Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, y el costo fue de 1.1 millón de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1.7 millones de dólares por el servicio.

Destaca que las compras de estos servicios se hicieron con cargo a la partida 33701 denominada “gastos de seguridad pública y nacional”, misma partida de la que se pagó en el sexenio de Peña Nieto la compra del programa Pegasus con el que se espió a activistas y periodistas. Analistas han señalado que esta bolsa se usa de forma discrecional y es poco transparente.

Investigación completa en El País

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

“Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía”, declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

“Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas”, dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: “manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito”.

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, solicitó a sus abogados suspender cualquier negociación con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que enfrentará el juicio por los delitos que se le acusan.

La exfuncionaria acusada de ejercicio indebido del servicio público denunció que autoridades han obstaculizado cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, lo cual implicaría que se declarara culpable, para acceder a un procedimiento abreviado.

“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado, y es que de acuerdo con las propias palabras de MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, en una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señaló el equipo legal de la exsecretaria federal, de acuerdo a un documento que envió a la Fiscalía y a la cual el diario El Universal tuvo acceso.

Ante su decisión de enfrentar el juicio correspondiente, Robles Berlanga solicitó un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer. Su defensa indicó que de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política.

Así, la también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal enfrentará el próximo 26 de marzo la audiencia intermedia del proceso judicial en su contra.

Y es que Rosario Robles se ha negado, como lo han solicitado diversas autoridades incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pagar la reparación del daño que por la llamada ‘Estafa Maestra’ que asciende a poco más de 5 mil millones de pesos.

La propia Rosario Robles señaló mediante su cuenta de Twitter, que maneja su hija, Mariana Moguel, que no está obligada a pagar el daño que ocasionó la ‘Estafa Maestra’ ya que no está acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone la reparación del daño.

“Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, señaló en su mensaje.

Ya la semana pasada, la FGR informó que Robles Berlanga no aceptó la propuesta para reparar el daño, por lo que junto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no existían las condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Adicional, esta tarde, el abogado de la exfuncionaria, Sergio Arturo Ramírez informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, de la cual no ha sido notificada, aunque adelantó que pero buscará reuniones con el Ministerio Público para acogerse a la figura de testigo colaborador.

Robles Berlanga buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que presentará todas las evidencias necesarias para poder acogerse a ese criterio, en las que figuran Luis Videgaray y Emilio Zebadúa.

Sergio Ramírez reiteró que por el delito primario de ejercicio indebido del servicio público no significa que haya obtenido recursos de la institución por lo que no se va a declarar culpable y no va admitir que es culpable de un delito que no cometió.

Explicó que hay un juicio de amparo que se tiene en curso, mismo que podría resolverse antes de que la Fiscalía pretenda la apertura de la etapa de juicio oral y antes de que eso suceda, su cliente, buscará aportar la información necesaria a la investigación por el ilícito de delincuencia organizada.

Sin embargo, de ganar u obtener el amparo, la acusación por ejercicio indebido del servicio público tendría que sobreseerse; es decir, que se daría carpetazo a esa acusación. No obstante, si la autoridad ministerial admite que Robles Berlanga se adhiera como testigo colaborador, adelantó que su cliente posee información suficiente sobre las pesquisas que realiza la institución federal y le otorgaría beneficios de ley.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.