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Cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, fueron asesinadas la madrugada de este jueves, a balazos en un domicilio ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la dependencia, las mujeres fueron encontradas sin vida en una vivienda de la colonia El Gavillero por parte de elementos de la policía municipal, por lo que se dio aviso a la Fiscalía estatal, quien arribó al lugar para llevar a cabo las pruebas periciales correspondientes.

Versiones extraoficiales apuntan a que el asesinato podría tratarse de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, pues se presume que fueron utilizadas armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército; adicional, al interior de la vivienda se encontró una cartulina con un mensaje que reforzaría dicha versión.

Se informó que ya se realizan las entrevistas a posibles testigos, además de que ya se inició el rastreo de cámaras de vigilancia, tanto estatales, municipales y particulares con el fin de esclarecer los hechos.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a las instalaciones de la FGJEM donde se llevarán a cabo las pruebas periciales, para posteriormente hacer la entrega de cuerpos a los familiares.

Por su parte el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, condenó los hechos, e informó que se encuentra a la espera de la información oficial que emitan la Fiscalía y la Guardia Nacional acerca de las líneas de investigación.

Foto: Twitter

La tarde de este viernes, tres policías fueron detenidos en Jalisco por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni López, a quien las autoridades aseguran arrestaron por supuesta conducta indebida.

sin embargo, familiares de la víctima señalan que se le detuvo por incumplir el uso de cubrebocas, como parte de las medidas dictadas por el gobierno estatal ante la pandemia de Covid-19.

Entre los aprehendidos por la muerte de Giovanni figura un comisario municipal, un policía de rango medio y otro agente, confirmó el fiscal estatal, Gerardo Solís. Los agentes pertenecen a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde sucedieron los hechos.

El fiscal aseguró que los uniformados deberán responder ante un juez, quien determinará las responsabilidades de cada uno de ellos. Las aprehensiones se dan un día después de que una protesta para exigir justicia en este caso terminara en disturbios en la capital del estado.

Al menos 28 personas fueron arrestadas por los destrozos que se cometieron en el Palacio Municipal de Guadalajara y sus alrededores, en donde un policía fue prendido en fuego sufriendo quemaduras de consideración. Se reporta que el agente se encuentra fuera de peligro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador de estar detrás de los disturbios; indicó que hay intereses políticos en la entidad. Pidió a López Obrador y a su “gente”, sacar las manos de lo que acontece en Jalisco.

En respuesta, AMLO dijo aseguró que no tenía nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. “Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer”, indicó.

Quien también hizo precisiones esta tarde fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; negó que se haya imputado desde la dependencia al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la muerte de Giovanni López, tal y como lo ha acusado el propio gobernador.

Sánchez Cordero aseguró que en el comunicado emitido ayer por la dependencia sólo se pide justicia para Giovanni, petición a la que ella se sumó más tarde con una publicación en su cuenta de Twitter.

El gobernador acusó que Sánchez Cordero dijo mentiras, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respecto al presunto uso de excesivo de la fuerza por parte de policías en la entidad.

“Ayer la secretaria de Gobernación, salió a decir una bola de mentiras, lo mismo que el subsecretario, yo con ellos no tengo nada que hablar”, indicó Alfaro.

Sobre lo sucedido en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos  Humanos de Jalisco (CEDHJ) condenó los actos violentos suscitados en la marcha realizada ayer, en la que se pidió justicia por la muerte de Giovanni.

En su reporte, la defensoría contabilizó 28 detenidos, entre ellos seis menores de edad y dos mujeres, lo que representa dos personas más que las reportadas por el ayuntamiento de Guadalajara y cuatro más de las reconocidas por el gobernador Enrique Alfaro.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, también se posicionó y exigió investigar la actuación de autoridades durante la marcha de ayer.

Amnistía Internacional también condenó el hecho y afirmó que “la muerte de Giovanni bajo custodia policial es un grave síntoma del uso indebido de la fuerza empleada por las autoridades y el uso generalizado de tortura”.

La muerte de López también fue repudiada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el director mexicano, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, nacido en Guadalajara.

La fiscal general de Nueva York (NY) anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con la aplicación de videoconferencias Zoom para mejorar la seguridad de sus más de 200 millones de usuarios, luego de que se presentaran casos de irrupción de desconocidos gritando insultos y consignas nazis en conversaciones o clases en línea.

La fiscal Letitia James dijo que el acuerdo mejorará la seguridad de los datos y los controles de los usuarios en esta aplicación que ha tomado relevancia durante la pandemia de coronavirus que vive el mundo, y las medidas de confinamiento.

Zoom anunció que 300 millones de videoconferencias diarias realizadas durante abril, contra 10 millones que hizo en enero, lo que representa un alza de más de 3,000% en sólo cuatro meses, según la fiscalía.

Los estudiantes y las escuelas tendrán acceso a medidas de seguridad adicionales, indicó James en un comunicado.

“Este acuerdo implementa protecciones para que los usuarios de Zoom puedan controlar su privacidad y seguridad, y para que lugares de trabajo, escuelas, instituciones religiosas y consumidores no tengan que preocuparse cuando participan en una videoconferencia”, dijo la fiscal.

La fiscalía investigaba desde marzo pasado a Zoom tras denuncias de usuarios que súbitamente vieron imágenes pornográficas y racistas en sus pantallas durante las videoconferencias.

Además del denominado “Zoombombing” (interrupciones en reuniones virtuales)  se revelaron fallas de privacidad y seguridad de datos: la información no estaba encriptada y se filtraron datos personales de usuarios a otros sin su consentimiento.

Zoom también compartía la información con Facebook, incluido la de aquellos que no tienen cuentas en la red social.

El acuerdo apunta a mejorar todas estas fallas y problemas de privacidad y seguridad.

Zoom no solo es utilizado por muchos particulares que trabajan desde casa y ahora están en cuarentena o mantienen medidas de confinamiento, sino también por empresas y escuelas que han cerrado sus puertas y dan sus clases en línea.

La empresa Zoom, basada en Silicon Valley, aseguró entonces “tomarse muy en serio la vida privada, la seguridad y la confianza de sus usuarios”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó este martes las conclusiones de los dictámenes periciales realizados con motivo del choque de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía informó que se determinó que el accidente fue el resultado de omisiones de operación, incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes.

Señaló que el peritaje realizado por la Fiscalía, en el que participaron 12 especialidades, coincide con el presentado por la empresa alemana TÜVRheinland, la cual se contrató para elaborar un dictamen de manera independiente.

Indicaron que el peritaje se realizó a partir de los análisis a la caja negra, radio Tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos.

Ulises Lara compartió una cronología de lo que sucedió al momento del accidente.

Detalló que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

Dijo que de acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara.

“El conductor cambió el modo de pilotaje automático a manual limitado, con la autorización de la reguladora del Puesto Central de Control. Cabe señalar que en este modo de conducción no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren”.

Señaló que a partir de ese momento y durante ocho minutos, en el video se observa a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, cuando los manuales señalan que para ese momento debería ponerse en frenado manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren.

De acuerdo al registro de la caja negra, las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado.

De acuerdo a los protocolos, durante dicho tiempo el Puesto Central de Control nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo al operador del convoy 38, que se encontraba en la estación Tacubaya, lo cual se informó, no ocurrió.

“El hecho pudo evitarse si el conductor del tren 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del STC, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados”.

Basados en las conclusiones del peritaje, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que integra la carpeta de investigación correspondiente, en las hipótesis de homicidio culposo y lesiones para que en su momento se ejerza acción penal.

Se añadió que el tren 33 recibió su último mantenimiento el pasado 09 de marzo de este año y funcionaba correctamente.

El peritaje también corroboró que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo cuentan con las medidas de seguridad requeridas para la operación y funcionamiento, en particular en el tramo que comprende la estación Tacubaya-Observatorio.

“El Metro continúa siendo un medio de transporte eficiente y seguro, tanto para los usuarios como para su personal”, indicaron las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) las carpetas de investigación relacionadas con las muertes de pacientes en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, al indicar que es un tema de competencia federal.

A finales del mes pasado, 67 derechohabientes que recibían tratamiento de hemodiálisis en el hospital de Pemex en la capital tabasqueña, fueron afectados por el suministro del medicamento Heparina sódica, el cual estaba contagiado con una bacteria, por lo que han fallecido cinco pacientes, según datos oficiales. Adicional, hay 22 pacientes aún hospitalizados y 31 personas más en atención diaria fuera del centro hospitalario.

La FGET indicó, en un comunicado, que con las carpetas de investigación fueron enviadas a la delegación en Tabasco de la FGR “muestras debidamente aseguradas bajo cadena de custodia, para que se realicen los estudios anatomopatológicos y toxicológicos que permitan la obtención de la causa de muerte definitiva en cada uno de los casos”.

Precisó que se trata de tres averiguaciones iniciadas en el Centro de Procuración de Justicia de Villahermosa, en las cuales la Fiscalía estatal actuó en auxilio y colaboración con la instancia federal, tras el fallecimiento de tres personas: dos hombres y una mujer.

Señaló que como órgano de procuración de justicia del fuero común actúa de buena fe en los casos que se le solicita, y también colabora con las demás instituciones que se lo requieran.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera subsecretario de Capital Humano y jefe de gabinete en el gobierno capitalino en la administración de Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía de la ciudad, Ulises Lara López, indicó que el hombre es probable responsable de delitos cometidos por servidores públicos.

Indicó que el exfuncionario fue detenido sin uso de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos, durante un cateo en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El probable responsable fue trasladado para la certificación médica correspondiente y su posterior internamiento al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En las próximas horas, el juez de control que lo requirió determinará su situación jurídica.

Vázquez Reyes ya había sido detenido en diciembre del año pasado, pero fue liberado debido a que obtuvo un amparo.

Lara López recordó que el pasado fin de semana, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de María del Carmen Ramírez Jasso y Óscar Armando Peña Avendaño, exconsejeros suplentes, luego de que un juez los consideró probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos y les impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, el martes pasado un juez también vinculó a proceso a Joel Pazol Ruiz, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 e internado en el Reclusorio Norte.

De acuerdo a las indagatorias, se pudo establecer que en abril de 2016 estos cuatro exservidores públicos fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), uno de ellos como presidente suplente.

La Fiscalía señaló que posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (Ciudad de México) por más de 293 millones pesos.

La fiscalía de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares, pues dijo que existe “un riesgo de fuga inaceptable”.

En una carta registrada en el juzgado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la “combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan” y solicita que se le mantenga detenido.

El fiscal señala que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo” porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además “la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene “recursos poderosos en México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos” del Gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado.

El fiscal recuerda que Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta García Luna, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exsecretario de segurdad ha dicho tener “dificultades financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”, pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares.

“La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él”, agrega.

El juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas si otorga la libertad condicionada para el excolaborador de Felipe Calderón, a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.

Gladys Giovana “N” y Mario Alberto “N”, presuntos homicidas de la niña Fátima, fueron aprehendidos este medio día  por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, una vez que la Fiscalía mexiquense resolvió su situación jurídica.

Ambos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, luego de que fueran detenidos por el delito de cohecho por intentar sobornar a los policías que los arrestaron para que los dejaran ir.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de estas personas se dio sin uso de la fuerza ni afectación a terceros, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Lo anterior, con la finalidad de ser puestos a disposición de un juez de control en la Ciudad de México que ordenó el internamiento del hombre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y de la mujer en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía capitalina reconoció a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México su colaboración y reiteró el agradecimiento a la ciudadanía por su valiosa participación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó esta mañana que ya fueron giradas las órdenes de aprehensión contra Mario Alberto “R” y Gladis Giovana “C”, presuntos responsables del rapto y posterior asesinato de Fátima, menor de 7 años que desapareció el pasado 11 de febrero.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró las órdenes de aprehensión contra la pareja por los delitos de secuestro agravado y feminicidio.

Recordemos que la pareja fue detenida el pasado miércoles en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México, desde donde fueron trasladados a Atizapán acusados de cohecho, debido a que intentaron sobornar a los policías que los detuvieron, para que pudieran huir.

Desde la noche del miércoles, permanecían en espera de que fueran giradas las órdenes de aprehensión.

A través de sus redes sociales, la FGJ CDMX indicó que se coordina con la Fiscalía mexiquense para cumplimentar órdenes de aprehensión contra la pareja. Se espera que en las próximas horas, sean trasladados a la Fiscalía Anti Secuestros, ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco.

Giovana “N” confirmó a las autoridades que ella fue quien se llevó a Fátima de la escuela en la alcaldía Xochimilco, y la entregó a Mario “N”, pues éste le había pedido una “novia joven” o abusaría sexualmente de sus hijos.

Por temor, Giovana “N” decidió llevarle a Fátima, pues recordó que su familia no le prestaba mucha atención.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana desconocer si hay una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto, luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Y es que ayer, el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer que un alto funcionario reveló que el gobierno federal supuestamente está indagando a Peña Nieto por corrupción.

“No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña”, comentó AMLO, aunque reafirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de abrir la investigación ya que es autónoma y no tiene que reportarle nada a él.

Al preguntarle si a partir de la judicialización del caso Lozoya, su gobierno acusaría al exmandatario priísta, López Obrador dijo que sólo se haría si el pueblo lo pide, “nosotros hemos dicho que solo presentaríamos denuncia contra expresidentes si los ciudadanos no los piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante”.

López Obrador criticó que la Constitución establezca que los presidentes solo pueden ser juzgados por el delito de traición a la patria, lo que acusó, les da impunidad constitucional.

En ese sentido, informó que envió una iniciativa a los legisladores para que los presientes puedan ser juzgados por cualquier delito como un ciudadano común.

En la actualidad “no se puede juzgar a los presidentes de México más que por los delitos de traición a la patria, no se les puede juzgar por corrupción; en este caso los presientes tienen impunidad constitucional”.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó esta mañana que ya se tienen identificadas a dos personas que participaron en el rapto y posterior asesinato de Fátima, la menor de siete años que desapareció el pasado 11 de febrero.

Indicó que gracias a las investigaciones y colaboración de la ciudadanía, se han obtenido avances para el esclarecimiento del asesinato de la menor.

Informó que la noche de ayer, personal de diversas corporaciones catearon un domicilio ubicado en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Xochimilco, en cuyo interior se obtuvieron identificaciones, fotografías, ropa y objetos personales que permitieron la identificación de las personas.

Lara López señaló que fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a Fátima de su escuela, así como de un hombre que pudo colaborar en el rapto y asesinato. Responderían a los nombres de Gladys Giovana Criz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

El vocero de la FGJ CDMX dijo que a las personas identificadas se les acusará del delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño. Confirmó que las próximas horas solicitará ordenes de aprehensión en contra de ambas personas.

Recordó que de acuerdo a lo que establece la ley, dicho delito podría alcanzar una pena de entre 80 y 140 años de prisión.

Señaló que tienen información que apunta a que dichas personas se encuentran en territorio nacional, por lo que descartó se emita una alerta migratoria. Detalló que el operativo de búsqueda se extenderá a entidades como el Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

En conferencia de prensa, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, admitió que los protocolos para la localización de Fátima no fueron suficientes, por lo que anunció que se revisarán todos los mecanismos implementados desde su desaparición.

Asimismo, puntualizó que se pondrá especial atención en la activación de la Alerta Amber y reiteró que se hará justicia por la muerte de la niña de siete años. “He decidido tomar personalmente esta investigación y llegaremos hasta las últimas consecuencias, aseguró.

La fiscal capitalina reveló que una de las entrevistas realizadas por el caso, permitió la descripción de la mujer que raptó a Fátima, por lo que se creó el retrato hablado para agilizar su localización, y adelantó que en unas horas se distribuirán mil carteles con su rostro.

En este sentido Godoy Ramos pidió el apoyo de la ciudadanía para conocer el paradero de la mujer, ya que es clave para el caso. A través de un video difundido en redes sociales, se observa como una mujer se llevó a Fátima luego de que saliera de la primaria Enrique Rébsamen, en Tlayehuelco, Xochimilco.

Adicional, se informó que se reforzarán las medidas de seguridad en escuelas públicas de la capital, mediante la creación de Brigadas y Asambleas de Seguridad Escolar, activación inmediata del protocolo de búsqueda cuando un menor desaparezca, apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el traslado de directores y estudiantes a una Fiscalía, habilitación de las Fiscalías que reciban a menores si alguno se queda después del periodo de entrega en el plantel y videovigilancia en inmediaciones de los planteles.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que estas acciones tienen el propósito de dar certeza a las madres y padres de familia sobre la seguridad de las niñas y niños que acuden a clases en escuelas públicas de la Ciudad de México.

“Lo que estamos haciendo ahora, se acordó hoy con Autoridad Educativa Federal y la Fiscalía (FGJ), es que sea la propia Secretaría de Seguridad Pública a través de sus directores y de la Autoridad Educativa Federal, puedan hacer una Alerta Amber directa con la FIPEDE, independientemente de que se presente la denuncia penal o no. Después tendría que presentarse la denuncia por parte de los familiares”, indicó la mandataria local.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima, la menor de siete años reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana  sin vida en la alcaldía Tláhuac.

La Fiscalía capitalina ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien aporte información para localizar a una mujer de entre 42 y 45 años de edad, con una estatura aproximada de entre 1.55 y 1.60 metros.

De acuerdo con lo difundido, la mujer es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo lacio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, boca mediana y mentón oval.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa como una mujer se llevó a Fátima luego de que saliera de la primaria Enrique Rébsamen, en Tlayehuelco, Xochimilco, donde la menor esperaba por sus padres.

Al respecto, esta mañana, un grupo de mujeres y diversos colectivos feministas protestaron de nueva cuenta afuera de Palacio Nacional en contra de los feminicidios y la violencia de género.

Las manifestantes exigen justicia en los casos de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, y de Fátima, quien fue robada y hallada sin vida en la alcaldía Tláhuac.

En tanto, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad capitalina resguardaron las inmediaciones del Palacio Nacional, en la calle Moneda y Plaza de la Constitución, en la colonia Centro.

Al igual que el viernes pasado, las inconformes, varias con el rostro cubierto, realizaron pintas en paredes y puertas del recinto donde se lleva a cabo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por su parte la Visitaduría Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación sobre el actuar de las autoridades que conocieron la denuncia por la desaparición de Fátima.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscal general Ernestina Godoy informó acerca de dicha investigación, luego de que ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconociera que hubo negligencia en el caso.

“Esta investigación interna estará abierta a la familia y será trascendental la coadyuvancia. Se informará puntualmente de la investigación”, dijo la funcionaria local.

Y es que la familia de la menor denunció que, pese a que acudieron el mismo que desapareció a interponer la denuncia, las autoridades les dijeron que debían esperar 72 horas. La Fiscalía, por su parte, activó el protocolo de feminicidio el 16 de febrero, tras el hallazgo del cuerpo de la niña Fátima dentro de una bolsa de plástico, en la alcaldía Tláhuac.

La Fiscalía de La Paz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, por cargos de sedición y terrorismo.

Con base en esa orden, la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la televisora Unitel el coronel mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la policía anticrimen de esta ciudad.

Al exmandatario también se le acusa de financiamiento del terrorismo, según la orden de captura que difundió la policía.

“La presente orden… podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, o en caso necesario, recúrrase a la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías”, agrega el requerimiento de la Fiscalía.

En Buenos Aires, Morales calificó la orden de detención como “injusta, ilegal e inconstitucional” y que tiene como propósito “amedrentar e intimidarnos”.

“No me asusta, desde 1989 todos los presidentes hasta 2005 me procesaron de terrorismo, sedición y hasta asesino”, expresó en declaraciones al canal local A24 en la puerta de su residencia en la capital argentina. “Mientras tenga la vida voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna y soberana”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el mes pasado, ante la Fiscalía de La Paz, una demanda contra Morales por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia con base en un audio en el que supuestamente se escucha al exgobernante ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez.

En reiteradas ocasiones Morales ha negado los cargos y ha calificado el caso de un montaje de la derecha en su contra.

Recordemos que Bolivia renunció a la presidencia el 10 de noviembre y un día después llegó asilado a México. Actualmente se encuentra refugiado en Argentina. Desde allí dirige a su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para las próximas elecciones que aún no tienen fecha.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE),  de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido 17 denuncias con relación a la utilización de recursos de programas sociales con fines electorales, por parte de servidores públicos federales.

Y aunque no reveló los nombres de los denunciantes, señaló que las denuncias provienen por parte de miembros de Morena y de otras personas.

La FEDE precisaóque se han iniciado las carpetas correspondientes y se están realizando las investigaciones y diligencias necesarias, para deslindar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales.

La dependencia señaló que conducirán las investigaciones con estricto apego al debido proceso y necesaria secrecía.

“Esta Fiscalía de Delitos Electorales no permitirá de modo alguno que prevalezca la impunidad en los procesos electorales y en las conductas respectivas”, indicó la FEDE.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Por ello, en octubre de 2015, la administración del presidente Enrique Peña Nieto creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomando en cuenta dichas circunstancias, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Adicional se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada por la entonces PGR al considerar que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.

La FGR indicó que al iniciarse la presente administración, el gobierno federal creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas.

“Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas”, señaló la dependencia.

Al respecto, indicó la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.