Como parte de la conferencia de prensa que encabezó este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer cuales son los casos “sustantivos relevantes” que la dependencia ha identificado.
AYOTZINAPA
Señaló que después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.
ODEBRECHT
En el que consideró un “caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza”, cuya investigación inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2017, Gertz Manero reconoció que hasta la fecha no había dado resultado alguno. Por dicha razón, explicó que la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una “maquinación delictiva”, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.
TLAHUELILPAN
Respecto a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el funcionario indicó que la Fiscalía ha realizado, junto con la Fiscalía estatal, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que ha permitido identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.
Aclaró que existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay reconoció, hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió.
ESTAFA MAESTRA
Finalmente, sobre la investigación que se abrió por la llamada Estafa Maestra, Gertz Manero recordó que se inició en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país.
Detalló que se han obtenido 5 vinculaciones a proceso, y se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.
Dijo que en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.
“La Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”, indicó el funcionario.
Finalizó señalando que la reestructura parte de una perspectiva de delincuencia organizada y de un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más.
