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Autoridades detuvieron a dos personas relacionadas con el ataque con explosivos que dejó seis muertos y 15 heridos el pasado martes en Tlajomulco, Jalisco.

El fiscal del estado, Joaquín Méndez, dijo este lunes que las dos personas,  Sergio Julián “N” y Samuel “N”, están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública.

“Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos”, adelantó el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que las detenciones se lograron en coordinación con autoridades municipales y el Ejército.

Recordemos que el ataque ocurrió cuando fueron activados varios explosivos de fabricación artesanal al paso de vehículos policiales y de la Fiscalía que atendían un reporte sobre un eventual hallazgo de restos humanos en esa zona.

En la explosión murieron cuatro policías y dos civiles mientras que otras 15 personas resultaron lesionadas.

Este atentado ocurrió casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la Guardia Nacional e hiriera a otros tres del cuerpo en el estado de Guanajuato.

Al respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la semana pasada un aumento en ese tipo de ataques, los cuales rechazó pudieran ser catalogados como terrorismo.

Tras el atentado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se suspendería la búsqueda de personas desaparecidas mientras se generaban protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.

Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que, con esa decisión, se violentaba su derecho a buscar a sus familiares.

Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país con más de 15,000 casos, un fenómeno que se atribuye principalmente a la delincuencia organizada, pues en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en el país.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de varios delitos federales, para poner fin a las acusaciones en su contra que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales a un cargo relativo a posesión de armas.

En virtud de este acuerdo, el hijo de Biden, de 52 años, admitirá errores en la declaración de ingresos relativos a los ejercicios de 2017 y 2018. La Fiscalía de Delaware aceptará a cambio que pueda quedar en libertad condicional, lo que evitará que pise la cárcel.

Además, el acuerdo contempla una resolución alternativa para otro delito relativo a la posesión ilegal de armas de fuego, según la cual la acusación queda archivada si Hunter Biden acepta una serie de condiciones reclamadas por la Fiscalía. En este caso, se cuestionaba que pudiese tener un arma pese a que era un adicto.

Si el juez avala el acuerdo, suscrito en una de sus partes por el fiscal David Weiss, nombrado por el expresidente Donald Trump en 2018, será el final del frente judicial abierto hace cinco años contra Hunter Biden, utilizado desde las filas republicanas como arma contra el actual inquilino de la Casa Blanca.

El abogado de Hunter Biden, Chris Clark, defendió en un comunicado que “la investigación iniciada hace cinco años está resuelta” con el acuerdo conocido ahora. “Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió durante un periodo agitado y de adicciones en su vida. Quiere seguir con su recuperación y pasar página”, reportó la NBC News.

Hunter Biden es el único hijo del primer matrimonio del presidente que sigue con vida. Una hermana pequeña falleció a los 13 meses en un accidente de tráfico en el que también pereció la entonces mujer de
Joe Biden y que causó heridas al propio Hunter y a otro hermano, Beau, fallecido en 2015 por un cáncer cerebral.

La actividad empresarial de Hunter Biden, con relación con consultoras y grupos de presión, ha sido motivo recurrente de críticas, especialmente por sus relaciones con firmas extranjeras y a raíz del ascenso de su padre.

Su nombre también protagonizó el primer juicio político presentado contra Trump, al que se acusó de intentar presionar a Ucrania para que presuntamente investigara supuestas irregularidades.

Tan pronto se conoció sobre el acuerdo, la Casa Blanca indicó que el presidente Joe Biden expresa su “amor” y “apoyo” a su hijo Hunter.

La Fiscalía del Estado de México informó que obtuvo una nueva orden de aprehensión contra Sergio ‘N’, quien fue detenido la tarde de ayer señalado como presunto responsable de lanzar a un canino a un cazo de aceite provocándole la muerte.

La dependencia señaló que la nueva orden de aprehensión es por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del dueño de la carnicería donde ocurrieron los hechos en el municipio de Tecámac.

Tras ser detenido ayer en la CDMX, Sergio ‘N’ fue trasladado al penal de Chiconautla, donde un juez de control lo vinculó a proceso luego de escuchar las imputaciones del Ministerio Público, a quien se le acusa del delito de maltrato animal.

El nuevo delito que se le imputa esta relacionado a lo ocurrido el domingo pasado, cuando Sergio ‘N’ ingreso al local comercial, donde agredió verbalmente al dueño, lo amagó con un instrumento punzocortante y con un arma de fuego, que se desconoce si era la que tenía de cargo, pues se confirmó que al momento de los hechos, se desempeñaba como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sergio ‘N’ habría amenazado e intentado privar de la vida al dueño de la carnicería, razón por la cual se desprende el nuevo delito.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, por el delito de maltrato animal podría recibir una condena de hasta seis años de prisión.

Este martes se informó que la Fiscalía del Edomex obtuvo una orden de aprehensión en contra de Sergio “N”, quien es acusado del delito de maltrato animal, luego de ser identificado como la persona que arrojó el pasado fin de semana a un perro en un cazo de aceite hirviendo.

Horas más tarde, la Fiscalía mexiquense informó que, con apoyo de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentaron la orden de aprehensión.

La detención se logró en la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, desde donde fue trasladado a la agencia 50 de la Fiscalía capitalina para su certificación y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente quien determinará su situación jurídica.

Se espera que en cualquier momento sea trasladado a Tecámac, Estados Unidos, a una agencia de la fiscalía estatal, donde se procederá a realizarle nuevos exámenes médicos.

Por la mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que los hechos se registraron el pasado domingo en Tecámac, Estado de México, cuando el responsable, que dijo se encontraba armado, discutió con el dueño de una carnicería y, antes de huir, arrojó al animal al aceite, provocándole severas quemaduras que ocasionaron su muerte.

La funcionaria recordó que por el delito de maltrato animal, el responsable podría alcanzar una pena de hasta seis años, de acuerdo con el Artículo 235 de la legislación del Estado de México.

“Ya se abrió la carpeta de investigación por estos hechos (…) esta acción ha generado críticas, reclamos por parte de las diversas organizaciones de protección animal, por niños, jóvenes y por eso estamos abordando el tema”, sostuvo la secretaria de Seguridad.

La titular de la SSPC había adelantado por la mañana que el responsable estaba plenamente identificado.

“Es una crueldad infinita como procedió a tratar así a un animalito, eso no es correcto; nosotros estaríamos trabajando también sobre el caso”, agregó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó lo sucedido, y adelantó que el gobierno federal analiza reforzar la protección de los animales a través de una reforma a la ley federal.

“Vamos a ver, sobre este caso, si hay una ley o el artículo es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta reformar la legislación y, lo que están planteando, que se convierta en una ley federal”, dijo el mandatario.

López Obrador llamó a hacer conciencia sobre estas conductas y sostuvo que “no deben suceder, no deben de admitirse y tienen que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida”.

En medio de la polémica, el mandatario aprovechó para señalar que los nuevos contenidos de libros de texto gratuitos incluirán materiales didácticos que fomenten el respeto y la protección a los animales y a la naturaleza.

La Fiscalía General de Tamaulipas informó que fueron detenidas cinco personas ligadas al secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses la semana pasada en Matamoros.

Presuntos miembros del Cartel del Golfo entregó ayer a cinco presuntos miembros del grupo Escorpión, a quienes señala como responsables del secuestro de los cuatro estadounidenses.

Las autoridades no aclararon si se trata de las mismas personas o son sujetos distintos.

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, informó en su cuenta de Twitter que los presuntos criminales fueron aprehendidos por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional.

Recordemos que dos de los secuestrados murieron y los dos sobrevivientes fueron entregados a autoridades de Estados Unidos.

Según informaron medios locales ayer, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo perteneciente al Cártel del Golfo, en el que condena los hechos y se disculpa con la sociedad por la muerte de dos de los estadounidenses y de una mexicana de 33 años, víctima de una bala perdida en el momento del secuestro.

En un informe del gobierno, se señala que el secuestro podría estar relacionado con operaciones de narcotráfico, ya que los cuatro ciudadanos estadounidenses cuentan con antecedentes penales relacionados con tráfico, venta y consumo de drogas en Estados Unidos.

Además, se dio a conocer que no hay registros de alguna cita médica para el procedimiento estético que se dijo en un inicio, fue el motivo del viaje de los estadounidenses a México.

La oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York, celebró que Genaro García Luna haya sido declarado culpable de los cinco cargos que se le seguían, cuatro de ellos por tráfico de drogas.

Recordó que el veredicto llegó luego de cuatro semanas de juicio, con el el juez federal de distrito Brian M. Cogan al frente, mismo que condenó a cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán.

Destacó que el exfuncionario enfrenta una sentencia mínima de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. 

“Es inconcebible que el acusado traicionó su deber como Secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que fueron manchados con la sangre de la guerra contra los cárteles y batallas relacionadas con las drogas en Estados Unidos y México, a cambio por proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar”, indicó en un comunicado Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

El discal dijo que el veredicto de hoy es una “luz brillante para el estado de derecho”, que manda un mensaje a que el bien siempre triunfa frente al mal, y que la justicia prevalece ante la injusticia.

“La condena de hoy de Genaro García Luna muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que participan en el tráfico de drogas y la violencia”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram.

La funcionaria de la DEA reiteró que García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proteger sus actividades de narcotráfico y facilitar la importación de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos.

En tanto, Iván J. Arvelo, agente especial del Homeland Security Investigations en New York, recordó que las organizaciones criminales no pueden funcionar sin el apoyo de políticos y funcionarios corruptos como Genaro García Luna.

“García Luna, un servidor público de confianza, utilizó su cargo oficial para ayudar a este violento cártel de la droga a cambio de millones de dólares en sobornos. García Luna no solo traicionó su posición, su pueblo y su país, sus acciones facilitaron la importación de toneladas de drogas ilícitas a los Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Añadió que los funcionarios corruptos como García Luna crean un ambiente de trabajo peligroso para las fuerzas del orden de los Estados Unidos, quienes a menudo comparten información confidencial con el gobierno de México para detener el flujo de narcóticos.

La Fiscalía señaló que la evidencia que se presentó en el juicio incluyó testimonios de exmiembros de alto rango del Cártel de Sinaloa con conocimiento directo de las actividades corruptas de García Luna.

Por ejemplo, mencionó que a cambio de sobornos, la Policía Federal, que dirigió García Luna, actuó como guardaespaldas y escoltas del cártel de Sinaloa, permitiéndoles a delincuentes usar uniformes y placas de policía, además de que ayudaron a trasladar cargamentos de cocaína de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (AICM) y luego entregarlos al carrtel.

Finalmente, la Fiscalía recordó que después de mudarse a los Estados Unidos en 2012, García Luna presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre su conducta delictiva y su relación con el cártel de Sinaloa, en un intento de obtener la ciudadanía.

Añadió que algunos cómplices de García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, siguen prófugos de las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía de Perú ha formalizado este martes una investigacióm contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias después de que el Congreso aprobara el pasado viernes un informe de la fiscal Patricia Benavides.

Así lo ha informado el Ministerio Público en un comunicado, afirmando que en el proceso también se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, como “presunto autor del delito
de organización criminal y colusión simple”.

También será investigado el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por un presunto delito de organización criminal.

Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

En virtud de esta investigación, Benavides podría imponer medidas coercitivas contra los involucrados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida de Perú, según reporta el diario local ‘La República’.

Recordemos que el pleno del Congreso votó el pasado viernes con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, formalizar la investigación contra el expresidente peruano, quien actualmente se encuentra en prisión desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

La Fiscalía estadounidense presentó este miércoles en tres horas y media su alegato final contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva.

“Deben leer el testimonio del Grande”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy a los miembros del jurado antes de insistir en que su declaración contra García Luna supone una “prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado”, a quien calificó como un hombre “inteligente, ambicioso y poderoso” que utilizó su posición para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido.

Ayudada de un panel con los rostros de García Luna, de varios de sus ayudantes como Luis Cárdenas Palomino y de los principales líderes del cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael “El Mayo” Zambada y su hermano Jesús “El Rey” Zambada, Komatireddy fue repasando los 26 testimonios que la Fiscalía llamó los largo de las tres semanas y media que duró el juicio.

“Una sola declaración de (un testigo cooperante) puede ser suficiente”, dijo la fiscal antes subrayar que el gobierno ha presentado a nueve testigos cooperantes, exnarcotraficantes que cumplen o han cumplido condena den Estados Unidos.

Komatireddy apeló al sentido común de los miembros del tribunal al final de su discurso y les pidió que creyeran a los testigos, porque según ella, han colaborado a pesar de temer posibles repercusiones por parte del acusado. “Usen su sentido común y declárenlo culpable”, concluyó.

Durante su exposición, la fiscal, como ella misma expresó, unió “todas las piezas del rompecabezas” y regresó a los lugares y los hechos que el equipo de la Fiscalía fue tejiendo a través de los testigos, desde el pasado 23 de enero que arrancaron los testimonios.

Insistió en que tres de los cooperantes, “El Rey”, “El Grande” y “El Lobo”, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

A cambio, insistió la fiscal, García Luna ayudó y ofreció protección al Cártel de Sinaloa, que calificó como “el FedEx de la cocaína” para que pudiera ampliar su territorio, eliminar a bandas rivales, importar cocaína de Colombia y otros países latinoamericanos e introducir toneladas de droga en Estados Unidos.

Además, Komatireddy se detuvo brevemente en repasar la historia del cártel del Sinaloa.

Así, contó cómo el grupo vivió “su edad dorada” entre 2001 y 2006, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para sobornar a García Luna y cómo a partir de entonces, empezaron a surgir tensiones entre la facción de “El Chapo” y “El Mayo”, por un lado, y la de los hermanos Beltrán Leyva, que acabó desembocando en una guerra interna.

En aquella época, “la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que la policía es parte de esa guerra”, dijo la fiscal antes de subrayar que en ese conflicto García Luna acabó tomando partido por la gente de “El Chapo”.

Recordemos que quien fuera mano derecha del expresidente Felipe Calderón está imputado de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal que continua su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

En su turno de alegatos finales, la Defensa de García Luna pidió a los miembros del jurado que no crean a “criminales que han mentido toda su vida” y que se atengan más bien a la falta de pruebas concluyentes.

Durante su alegato final, el abogado César de Castro insistió en la inocencia de su cliente y declaró que “la falta de pruebas es escandalosa” y que la acusación del gobierno se fundamenta en los testimonios de “posiblemente los peores criminales que el mundo haya visto”.

Tal como lo hiciera en las ultimas tres semanas, De Castro volvió a desplegar los argumentos que empleó con los siete testigos cooperadores con la Fiscalía que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.

Dijo que actuaron por venganza contra la cara visible de la lucha contra el narcotráfico en México o que mintieron para lograr un beneficio personal: para reducir sus sentencias o para conseguir que sus familias puedan viajar a Estados Unidos.

“Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?”, comentó De Castro antes de subrayar que los capos y narcotraficantes “son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos”.

Sus intervenciones, continuó, “no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común”.

Declaró a los miembros del jurado que la Fiscalía se había apoyado en la “cantidad y no en la calidad” y que por esa razón había presentado 26 testigos pero ninguna prueba palpable.

En su discurso, también hizo referencia al testimonio de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, que ayer ofreció la imagen de una familia que había construido poco a poco su patrimonio a base de trabajo, hipotecas y compra y venta de inmuebles y comparó esto con el derroche y las riquezas de los narcotraficantes.

Al finalizar sus alegados, la Fiscalía volvió a tomar la palabra para decir al jurado que lo que De Castro quería demostrar era que había habido una gran conspiración y que García Luna era la persona con peor suerte del mundo.

“Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocios con ellos”, dijo la fiscal Erin Reid, encargada de tomar la palabra en la segunda intervención para insistir en la culpabilidad del acusado.

Fue así que concluyeron los alegatos de ambas partes. Mañana el juez Brian Cogan dará las últimas instrucciones al jurado antes de que este se retire a deliberar.

El jurado tendrán que decidir si García Luna es culpable o inocente. Se presume que este mismo viernes se podría tener un veredicto.

Dos unidades del Metrobús chocaron la noche de ayer en el cruce de Paseo de la Reforma y  Av. Hidalgo, en la Ciudad de México, dejando al menos unos 20 heridos, entre ellos, el conductor de una de las unidades.

“Metrobús informa que esta noche, las unidades 446 y 586 de las líneas 3 y 4, respectivamente, se vieron involucradas en un hecho de tránsito que ocurrió en las avenidas Paseo de la Reforma e Hidalgo”, informó el Metrobús en un comunicado.

Precisó que el Centro de Control del Metrobús recibió una notificación de que dos unidades tuvieron una colisión y “de manera preliminar se encuentran en valoración médica 20 personas”.

Además, se apuntó que autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y del Metrobús, junto con representantes de las aseguradoras, ofrecerían la atención médica correspondiente a los lesionados.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia, entre ellos, personal del Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM), Cruz Roja, Heroico Cuerpo de Bomberos, CRUM, Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad, entre otros organismos.

Rosario Castro, directora de Metrobús,  y personal de la Semovi, visitaron las unidades médicas a donde fueron llevadas las personas lesionadas, donde dijo, supervisó que se garantizara la atención médica.

En tanto, la Fiscalía capitalina indicó que equipos multidisciplinarios de atención a víctimas brindaron acompañamiento jurídico y emocional a personas que resultaron lesionadas y sus familias.

Adicional, esta mañana la Fiscalía informó que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo.

“Peritos trabajan en los diferentes dictámenes, mientras agentes de @PDI_FGJCDMX  recaban testimonios e imágenes de video”, añadió la dependencia.

Pasadas las 22 horas se informó que el servicio en la línea 3 y 4 del Metrobús se normalizó, reanudando el servicio.

No es el primer accidente que se registra entre unidades del Metrobús. Tan solo el 7 de abril de 2022 hubo un choque entre dos unidades de Metrobús también en Paseo de la Reforma, el cual dejó al menos 60 personas heridas.

Foto: Twitter @El_Universal_Mx

El juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, podría concluir mucho antes de las ocho semanas inicialmente previstas, según un escrito de la fiscalía estadounidense.

“El gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato el martes por la mañana”, se lee en una carta dirigida al juez instructor Brian Cogan, y que fue firmada por el fiscal del tribunal de Brooklyn que instruye el caso, Breon Peace.

No obstante, se espera que una vez finalizados los alegados de la fiscalía, la defensa presente sus propios testigos, para luego dar paso a los alegatos finales.

Inicialmente, el juez había estimado una duración de en torno a ocho semanas para el juicio contra el funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos.

Según la fiscalía neoyorquina, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 ayudó al Cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración delictiva.

En la carta, la fiscalía anuncia que hoy pretende interrogar a cuatro testigos más, aunque debido a problemas de logística con uno de los testigos más “significativos”, la sesión concluirá antes.

El último testigo, el exfiscal del estado de Nayarit Edgar Veytia, que cumple 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que según le habían dicho, Calderón instruyó a funcionarios del gobierno a que apoyaran al cártel de Sinaloa, aunque no presentó pruebas de dichas acusaciones.

Calderón contestó vía redes sociales negando “categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mi es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.

A lo largo de dos semanas y media han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, entre ellos, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que acusaron a García Luna de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al cartel de Sinaloa, ofrecerle información sobre operaciones y “poner y quitar comandantes” para perjudicar a sus competidores.

La defensa del que fuera el hombre de confianza de Felipe Calderón, intenta socavar la credibilidad de los testigos, la mayoría detenidos en Estados Unidos, cuyas penas de cárcel se han visto o pueden verse reducidas por colaborar con la justicia.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara, informó que luego de una exhaustiva investigación, fue posible establecer que la joven María Angela, que desapareció en el Metro Indios Verdes y encontrada días después en Nezahualcóyotl, se ausentó de manera “voluntaria” y que no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.

La investigación que permitió llegar a esta conclusión estuvo a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, y en ella participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda.

En dicha indagatoria se analizaron diversos materiales como videos, información de redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo. Todo se presentó en conferencia de prensa a través de una línea de tiempo que dijo el funcionario, mostraba muestra claramente lo ocurrido desde que la menor se ausentó en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Se describió que el 19 de enero, María Ángela y su madre se dirigieron a las oficinas de una institución educativa, ubicadas en Taxqueña. Durante el trayecto, la denunciante acudió a un sanitario ubicado en la terminal del Metro, donde su hija aguardó al exterior; posteriormente la escuchó hablarle, pero al salir y no verla, solicitó ayuda de policías para localizarla.

Ese mismo día por la noche, la adolescente arribó al campamento de un colectivo, ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida.

La menor solicitó ayuda con un lugar donde dormir, por lo que recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl.

Al día siguiente, el 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central, donde la adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar.

Posteriormente se trasladó junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde había pasado la noche e incluso se le facilitó ropa para cambiarse. El material presentado por la Fiscalía mostró que el 21 de enero regresaron al campamento mencionado.

Fue en ese momento cuando las testigos se percataron que se trataba de la joven que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda para dar aviso.

“Minutos después, posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad, la menor de edad les refirió que acudiría a la zona de fuentes de la Alameda, donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido donde la menor le informaba que se encontraba bien”, relató el vocero de la Fiscalía.

De acuerdo a los testimonios recabados, se supo que durante su estancia en el campamento, María Angela refirió a una de las integrantes del campamento, que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.

Finalmente, el funcionario destacó que a partir de revisiones médicas, psicológicas y periciales a la adolescente, se pudo establecer que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito.

“El Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi”, añadió el funcionario.

Recordemos que los padres de María Ángela denunciaron la desaparición el jueves 19 de enero, quien tres días después fue encontrada desnuda envuelta en bolsas negras en un lote baldío de Nezahualcóyotl.

El esperado juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, arrancará mañana en Nueva York, más de tres años después de que fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos.

El proceso arrancará con la selección del jurado, con entrevistas a decenas de posibles candidatos a integrarlo tras una búsqueda inicial llevada a cabo en los últimos días.

Una vez formado el jurado, darán comienzo los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de diez años en prisión y a una máxima de cadena perpetua.

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública durante el gobierno del PAN de 2006 a 2012, está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

El antiguo líder de la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue juzgado y condenado en 2019 a cadena perpetua en el mismo tribunal del distrito neoyorquino de Brooklyn que se encarga del caso de García Luna.

Aunque desde hacía años circulaban acusaciones sobre una supuesta colaboración del exsecretario con el grupo del narcotráfico, en el juicio contra “El Chapo”, García Luna fue involucrado directamente por uno de los testigos clave, Jesús “El Rey” Zambada.

“El Rey”, un exalto cargo del Cartel preso en Estados Unidos, aseguró haber pagado sobornos millonarios a García Luna, tanto cuando era secretario de Seguridad Pública como previamente, cuando dirigía la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La Fiscalía estadounidense asegura que “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cartel de Sinaloa” a cambio de “sobornos multimillonarios” y ha adelantado que cuenta con suficientes pruebas.

La gran cantidad de documentos y otras evidencias recopiladas por las autoridades estadounidenses es lo que en parte ha alargado el proceso previo al juicio, para dar tiempo a los abogados a revisar esos materiales y poder preparar su defensa.

Entre los argumentos que se espera que use García Luna figura, según lo adelantado en documentos judiciales, está el hecho de que durante su mandato fue reconocido por Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, y los numerosos encuentros que mantuvo con responsables de ese país.

Está pendiente de definición si el excolaborador del gobierno federal involucra durante el juicio a otros altos cargos o si también pueden hacerlo algunos de los testigos que declaren a lo largo del proceso.

La Fiscalía ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a “numerosos testigos”, aunque sus identidades no se han dado a conocer.

El pasado mes noviembre, el juez que dirige el caso, Brian Cogan, autorizó a la Fiscalía a informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, sólo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

Según la Fiscalía, identificar a los testigos relevantes podría poner en riesgo su seguridad. También se garantizará anonimato y protección a los miembros del jurado, según indicó el año pasado Cogan, quien destacó “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.

A diferencia de muchos otros acusados en procesos de este tipo, García Luna acudirá al juicio vestido de civil, de traje y corbata, y no con el uniforme de preso que es habitual, según autorizó recientemente el juez en respuesta a una solicitud de la defensa.

La Fiscalía General de Brasil denunció formalmente este lunes ante la Corte Suprema de Justicia a 39 personas vinculadas con los ataques a las sedes de los tres poderes, ocurridos el pasado 8 de enero, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron derrocar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por seis delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público.

La denuncia, firmada por el vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, respondió a una petición enviada el viernes por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

Además de la condena de los implicados, el alto funcionario pidió la prisión preventiva de los denunciados “para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho”.

Asimismo solicitó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7.7 millones de dólares) para reparar el daño “tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva”, y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes.

Recordemos que por los hechos hay abiertas 7 investigaciones y más de 1,800 personas han sido detenidas, aunque una tercera parte de ellas fue liberada por “razones humanitarias” y responderá a un eventual proceso judicial en libertad.

Sobre estos hechos, el expresidente Bolsonaro conversó con seguidores en Estados Unidos, a quienes les dijo que cometió “algunos deslices” durante su gobierno, según un video divulgado este lunes.

“En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hubo agujeros?, sí, es lógico. Cometimos algunos deslices en casa, quién dirá en el gobierno”, dijo Bolsonaro a los seguidores, según se ve en un video publicado por el portal de noticias Metropoles.

El exmandatario de extrema derecha, que fue derrotado en las urnas por el izquierdista Lula da Silva en octubre, abandonó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato.

Sus simpatizantes, en las afueras de un condominio, le aconsejan en el video no regresar a Brasil, donde es investigado por las autoridades bajo sospecha de autoría intelectual del asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero.

“Lamento lo que aconteció el día 8, algo increíble”, dijo Bolsonaro sin ahondar en mayores detalles.

Sin embargo, el exmandatario, que se mantuvo aislado y prácticamente en silencio las últimas semanas de su presidencia, ya había condenado los “saqueos” y negado cualquier relación con el asalto.

En ese sentido, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del exmandatario, dijo este lunes que Bolsonaro “no estimuló” los ataques de sus partidarios contra las instituciones del Estado, como se le ha acusado.

En el marco del Foro Económico Mundial (WEF), a donde asiste, Freitas resaltó que Bolsonaro “condenó inmediatamente” los ataques contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.

“Bolsonaro nunca estimuló este tipo de conducta, siempre condenó la violencia, siempre condenó los actos antidemocráticos y la depredación de propiedad pública o privada. De forma alguna se puede atribuir a él”, dijo De Freitas, quien expondrá en Davos sus planes económicos para Sao Paulo.

Y es que la Corte Suprema de Brasil incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados por los sucesos violentos, por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.

Finalmente, el encargado de la seguridad de Brasilia tras los ataques a las instituciones, Ricardo Cappelli, señaló que las fuerzas del orden tuvieron que lidiar con profesionales “entrenados” entre los bolsonaristas que atacaron.

“Se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes. Gente entrenada y preparada. Gente que tenía nociones tácticas de choque, gente que tenía sus propios equipos para devolver granadas y gente que por poco mata a un policía”, dijo Cappelli.

El hombre que robó dos perros de la cantante Lady Gaga tras disparar a su paseador fue sentenciado este lunes a 21 años de prisión al cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

Según explicaron las autoridades, James Howard Jackson disparó en febrero de 2021 al paseador Ryan Fisher mientras caminaba por las calles de Hollywood para robar los dos bulldogs franceses sin saber que pertenecían a la cantante.

La policía de Los Ángeles arrestó en abril del año pasado a cinco sospechosos por el asalto armado, entre los que estaba Jackson.

Aunque Jackson se declaró inocente de un cargo de intento de asesinato, admitió la acusación de infligir grandes lesiones corporales contra el paseador, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

“El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor Jackson de haber perpetrado un acto violento y despiadado, y hace Justicia a nuestra víctima”, declaró la Fiscalía en un comunicado recogido por la prensa estadounidense.

Dos días después del robo, y tras el anuncio de Gaga de una recompensa de 500,000 dólares a quien regresara a sus perros, Koji y Gustav, sanos y salvos, una mujer los entregó en una comisaría en perfectas condiciones.

Tiempo después una investigación reveló que la mujer mantenía una relación con el padre de uno de los tres detenidos por el tiroteo, por lo que también fue considerada cómplice del crimen.

Durante el asalto Lady Gaga se encontraba en Roma rodando la cinta “Gucci” bajo la dirección de Ridley Scott.

Autoridades de Durango buscan a 7 personas relacionadas con los hospitales privados donde se registraron los casos del brote de meningitis aséptica, que suma más de veinte muertos.

En un comunicado, la dependencia detalló que se trata de los “administradores y dueños” de los centros hospitalarios donde se han registrado los contagios, cuyo origen es un hongo que pudo ser transmitido al momento de aplicar anestesia.

Al respecto, agentes de la fiscalía catearon 13 casas en busca de los presuntos responsables, pero no han conseguido indicios sobre su paradero. Puntualizó que se obtuvieron 7 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones agravadas.

“Se consideran prófugos de la justicia”, añadió el comunicado al detallar que se solicitó la colaboración de las fiscalías federal y de otros estados para su localización.

También se notificó a la Cancillería y a autoridades migratorias en caso de que intenten abandonar el país.

Según la secretaría de Salud de Durango, hasta el sábado sumaban 21 personas muertas, la mayoría mujeres, y 68 contagiadas.

Todas las víctimas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos para los cuales les suministraron anestesia.

Esta enfermedad viral, con un periodo de incubación de dos meses, produce inflamación de las membranas del cerebro y la médula espinal, han explicado las autoridades.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó el brote de meningitis, y descartó que el tipo de meningitis que se presenta sea una variante que se transmita por algún medio físico, el aire o el contacto directo entre personas.

Y debido a que todo apunta a que el contagio pudo ser el uso de anestesia espinal, el funcionario precisó que no toda la anestesia que se ponga en alguna persona va a causar la infección, pues explicó que la causa no es el anestésico en sí mismo, si no la contaminación que pudo haber sufrido en el exterior.

Indicó que se tienen diversas teorías, ninguna de ella confirmadas, entre las que se encuentran la contaminación de los frascos al momento de su fabricación; contaminación en el almacén donde estuvo guardado; en el espacio físico donde se utilizó, es decir, el quirófano, e incluso en el procedimiento mismo de la anestesia a través de las manos de quien la administró.

En el debate y cruce de declaraciones que se han hecho entre las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México, en torno al caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ahora fue el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), quien defendió la necropsia que se le practicó al cuerpo y que determinó que la causa de la muerte fue por trauma múltiple.

El PJCDMX, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, reiteró que el pasado viernes 4 de noviembre, recibió la orden por parte de la autoridad ministerial para la práctica de una necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda.

Defendió que el procedimiento se realizó bajo la guía técnica para la realización de necropsias, misma que está sustentada en protocolos internacionales aceptados, además de que se realizó bajo perspectiva de género.

Además, precisó que además de la necropsia tradicional, se llevó a cabo un procedimiento especializado con el cual fue posible determinar que la causa de muerte se debió a trauma múltiple, es decir, resultado de los golpes que presentaba el cuerpo.

El PJCDMX aseguró que el Instituto Forense local cuenta con las acreditaciones NOM-17020 y 17025, en alcance del procedimiento de necropsia médico legal, por lo que está perfectamente establecida la técnica de dicho procedimiento.

Y mientras el Poder Judicial capitalino hizo dichas precisiones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reiteró su respeto a la familia y a la memoria de la joven, e insistió que lo que se busca es llegar a la verdad de los hechos con la finalidad de brindar justicia a las víctimas.

Ante las declaraciones de la encargada del Semefo en Morelos, la dependencia capitalina dijo que la segunda necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda fue llevada a cabo en apego a estándares internacionales y realizada a petición de sus familiares; además de que fue practicada por expertos en la materia, quienes realizaron las técnicas de disección adecuadas para un cadáver al que le fue practicado previamente una necropsia.

Adicional, dijo, se practicaron estudios de gabinete complementarios al examen macroscópico, como Rayos X, estudios químicos, toxicológicos e histopatológicos, así como el seguimiento fotográfico de la misma.

“No omitimos precisar que en otros casos, ya se ha realizado una necropsia en una segunda y hasta en una tercera ocasión. Cada intervención científica tiene su propio valor y el proceso penal permite que ante opiniones y resultados emitidos en forma contradictoria, se acuda a otros expertos o incluso a otras instituciones”, dijo la Fiscalía ante la descalificación que hicieran las autoridades de Morelos al segundo procedimiento realizado.

Sostuvo que se busca objetividad y la verdad de los hechos, no generar especulación, pues eso solo lesiona gravemente a la familia de Ariadna Fernanda y le revictimiza sensiblemente.

La Fiscalía de la CDMX concluyó señalando que se han realizado diversos dictámenes y desarrollado análisis telefónicos, así como de cámaras de video públicas y privadas, lo que ha dado solidez y certeza a la investigación.