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Autoridades de Durango buscan a 7 personas relacionadas con los hospitales privados donde se registraron los casos del brote de meningitis aséptica, que suma más de veinte muertos.

En un comunicado, la dependencia detalló que se trata de los “administradores y dueños” de los centros hospitalarios donde se han registrado los contagios, cuyo origen es un hongo que pudo ser transmitido al momento de aplicar anestesia.

Al respecto, agentes de la fiscalía catearon 13 casas en busca de los presuntos responsables, pero no han conseguido indicios sobre su paradero. Puntualizó que se obtuvieron 7 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones agravadas.

“Se consideran prófugos de la justicia”, añadió el comunicado al detallar que se solicitó la colaboración de las fiscalías federal y de otros estados para su localización.

También se notificó a la Cancillería y a autoridades migratorias en caso de que intenten abandonar el país.

Según la secretaría de Salud de Durango, hasta el sábado sumaban 21 personas muertas, la mayoría mujeres, y 68 contagiadas.

Todas las víctimas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos para los cuales les suministraron anestesia.

Esta enfermedad viral, con un periodo de incubación de dos meses, produce inflamación de las membranas del cerebro y la médula espinal, han explicado las autoridades.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó el brote de meningitis, y descartó que el tipo de meningitis que se presenta sea una variante que se transmita por algún medio físico, el aire o el contacto directo entre personas.

Y debido a que todo apunta a que el contagio pudo ser el uso de anestesia espinal, el funcionario precisó que no toda la anestesia que se ponga en alguna persona va a causar la infección, pues explicó que la causa no es el anestésico en sí mismo, si no la contaminación que pudo haber sufrido en el exterior.

Indicó que se tienen diversas teorías, ninguna de ella confirmadas, entre las que se encuentran la contaminación de los frascos al momento de su fabricación; contaminación en el almacén donde estuvo guardado; en el espacio físico donde se utilizó, es decir, el quirófano, e incluso en el procedimiento mismo de la anestesia a través de las manos de quien la administró.

En el debate y cruce de declaraciones que se han hecho entre las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México, en torno al caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ahora fue el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), quien defendió la necropsia que se le practicó al cuerpo y que determinó que la causa de la muerte fue por trauma múltiple.

El PJCDMX, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, reiteró que el pasado viernes 4 de noviembre, recibió la orden por parte de la autoridad ministerial para la práctica de una necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda.

Defendió que el procedimiento se realizó bajo la guía técnica para la realización de necropsias, misma que está sustentada en protocolos internacionales aceptados, además de que se realizó bajo perspectiva de género.

Además, precisó que además de la necropsia tradicional, se llevó a cabo un procedimiento especializado con el cual fue posible determinar que la causa de muerte se debió a trauma múltiple, es decir, resultado de los golpes que presentaba el cuerpo.

El PJCDMX aseguró que el Instituto Forense local cuenta con las acreditaciones NOM-17020 y 17025, en alcance del procedimiento de necropsia médico legal, por lo que está perfectamente establecida la técnica de dicho procedimiento.

Y mientras el Poder Judicial capitalino hizo dichas precisiones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reiteró su respeto a la familia y a la memoria de la joven, e insistió que lo que se busca es llegar a la verdad de los hechos con la finalidad de brindar justicia a las víctimas.

Ante las declaraciones de la encargada del Semefo en Morelos, la dependencia capitalina dijo que la segunda necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda fue llevada a cabo en apego a estándares internacionales y realizada a petición de sus familiares; además de que fue practicada por expertos en la materia, quienes realizaron las técnicas de disección adecuadas para un cadáver al que le fue practicado previamente una necropsia.

Adicional, dijo, se practicaron estudios de gabinete complementarios al examen macroscópico, como Rayos X, estudios químicos, toxicológicos e histopatológicos, así como el seguimiento fotográfico de la misma.

“No omitimos precisar que en otros casos, ya se ha realizado una necropsia en una segunda y hasta en una tercera ocasión. Cada intervención científica tiene su propio valor y el proceso penal permite que ante opiniones y resultados emitidos en forma contradictoria, se acuda a otros expertos o incluso a otras instituciones”, dijo la Fiscalía ante la descalificación que hicieran las autoridades de Morelos al segundo procedimiento realizado.

Sostuvo que se busca objetividad y la verdad de los hechos, no generar especulación, pues eso solo lesiona gravemente a la familia de Ariadna Fernanda y le revictimiza sensiblemente.

La Fiscalía de la CDMX concluyó señalando que se han realizado diversos dictámenes y desarrollado análisis telefónicos, así como de cámaras de video públicas y privadas, lo que ha dado solidez y certeza a la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, realizó este jueves la entrega de la carpeta de Investigación relacionada con la muerte de Ariadna Fernanda a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El proceso de entrega de la carpeta de investigación comenzó desde ayer miércoles, y contiene 394 fojas útiles, 4 cadenas de custodia y 6 anexos digitales con imágenes, dictámenes y el desglose de intervenciones periciales, informes y declaraciones ante el Ministerio Público Especializado entre las que se encuentran las de Rautel “N” y Vanessa “N”, actualmente detenidos y señalados como responsables del crimen.

Adicionalmente, la Fiscalía de Morelos indicó que se incluye  el análisis de 10 líneas telefónicas entre las que destacan las de los indiciados, entre otros documentos y análisis oficiales.

Este jueves, la fiscalía también encabezó una conferencia de prensa en la que Jazmín Herrera Soto, encargada del Semefo de Morelos, reiteró que la causa de muerte de Ariadna Fernanda fue por broncoaspiración por intoxicación alcohólica, tal como se informó la semana pasada.

La funcionaria sostuvo que pese a las descalificaciones que se han hecho al trabajo realizado, había evidencia técnico-científica que avalaba el dictamen realizado y dado a conocer previamente.

Detalló que durante los exámenes que se realizaron, se encontraron restos de líquido y alimento en la tráquea de Ariadna Fernanda, lo que enfatizó, fue la causa de muerte, una broncoaspiración por congestión alcohólica.

“Había alimento y líquidos lo que hizo que las vías respiratorias se encontrarán ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos, y de esta manera condujera a la muerte”, sostuvo la responsable del Semefo.

Adicional, detalló que se encontró un grado de alcohol en sangre elevado, mayor a 400 mg por decilitro, por lo que “en este caso estamos diciendo que la persona tenía una intoxicación en el sistema nervioso. Estaba deprimido, las funciones cerebrales estaban disminuida, las funciones respiratorias y cardiacas”.

Sobre las lesiones externas halladas en el cuerpo, y en las que se basó la Fiscalía de la CDMX para dar otro dictamen como causa de la muerte, la experta dijo que si bien había equimosis, no se encontraron lesiones abiertas o que indicaran algún sangrado en órganos.

“Creo que no podemos demeritar el trabajo de los compañeros (…)  el trabajo que nosotros realizamos en Fiscalía es con calidad y es con base a procedimientos bien establecidos y que están aceptados (…) Nuestro resultado está bien realizado”, insistió.

Luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusara al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, que encubrir un feminicidio, en relación al asesinato de Ariadna Fernanda, la Fiscalía emitió un comunicado negando dichos señalamientos.

La dependencia que encabeza Carmona Gándara afirmó que el dictamen de necropsia, en el que se determinó la causa de la muerte de la joven a una broncoaspiración, supuestamente provocada por el exceso en el consumo de alcohol, se realizó por médicos forenses certificados pertenecientes a una fiscalía autónoma, ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos.

“Debe saberse que las causas de la muerte se determinan científicamente en todos los casos, con base en conocimientos técnicos y forenses bajo la responsabilidad de quienes emiten tales dictámenes”, dijo la Fiscalía, señalando que se remitirán todas las actuaciones para que sirvan a las autoridades capitalinas ya que anunció, se declinará la carpeta de investigación a la Fiscalía capitalina por cuanto hace al delito de feminicidio.

“El Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, niega categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público hacia su persona y a la institución que encabeza, en relación a las causas de la muerte de Ariadna “N”, pues éstas carecen de todo sustento”, señala el comunicado.

En ese sentido, en entrevista con Imagen Televisión, el fiscal indicó que “nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven”, aunque señaló que lo que se concluyó fue que las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y escoriaciones “no fueron las causantes de la muerte”.

La Fiscalía de Morelos insistió en que todos los casos en donde es víctima una mujer se investigan siempre y desde el principio aplicando el protocolo con perspectiva de género, algo que sucedió en el caso de Ariadna Fernanda.

“Nosotros no conocemos el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y la Fiscalía de la CDMX tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen. Estamos por remitir físicamente la carpeta”, añadió el Fiscal en la entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Adelantó que la Fiscalía de Morelos continuará investigando otros delitos que pudieran haberse cometido en este caso, dentro del territorio de Morelos, como podrían ser los relativos al tratamiento indebido de cuerpos sin vida.

No es la primera vez que Carmona Gándara es señalado de malas actuaciones o deficiencias en las carpetas que se abren en la Fiscalía. Incluso es conocido en Morelos en círculos de política como el fiscal “carnal”.

En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó una solicitud de desafuero en su contra por incumplir con los exámenes de control de confianza. Se le ha acusado de nombrar al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, sin que cumpliera con el requisito de los exámenes de control de confianza.

Ambos funcionarios fueron propuestos por el exgobernador, Graco Ramírez Garrido, a quien se ha acusado, siguen rindiendo cuentas.

Hace unas semanas, en el marco del hackeo del colectivo Guacamaya, Carmona Gándara fue señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada. El fiscal negó dichas acusaciones y afirmó que fue un tema inventado por un funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad.

El fiscal del tribunal neoyorquino que instruye el caso del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pidió al juez que rechace la moción del acusado para desestimar la mayoría de los cargos por los que será juzgado el próximo año, según fuentes judiciales.

La defensa del mexicano presentó el pasado 14 de octubre una moción pidiendo que se desestimaran cuatro de los cinco cargos de los que le acusa la justicia estadounidense: participar en una empresa criminal continua; distribución internacional de cocaína; conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; conspiración para importar cocaína. El quinto es mentir para obtener la nacionalidad estadounidense.

Según el documento de la fiscalía con fecha del 4 de noviembre, el acusado argumenta que “aunque aceptara sobornos del cartel de Sinaloa, se retiró de la conspiración cuando dejó el gobierno en 2012 y se mudó a los Estados Unidos”.

“La Corte debería denegar esta moción”, aconseja el fiscal Breon Peace, del tribunal de Brooklyn, donde se instruye su caso. “La conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca renunció a los fines de conspiración”, alega Peace en su escrito de 17 páginas.

Asimismo, deniega a la defensa un pedido para obtener mayor información a la evidencia que ya ha compartido el gobierno.

Se señala que tras salir del gobierno, el acusado “no hizo nada para poner fin a la conspiración o para frenar el vasto poder del cartel de Sinaloa, que sigue prosperando en México hasta el día de hoy”, y se añade que su “influencia, poder y contactos como ex funcionario del gabinete mexicano continuaron mucho más allá de su posición pública”.

Aunque el inicio del juicio estaba previsto para el 24 de octubre, García Luna se sentará previsiblemente en el banquillo a principios del próximo año para responder por los cargos de los que se le acusan.

En enero de 2020, García Luna se declaró no culpable de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, que podrían significarle cadena perpetua.

Recordemos que García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas en donde en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense, está también acusado en México de desviar más de 200 millones de dólares del erario público a empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó imágenes que le fueron autorizadas por la Fiscalía General de Justicia capitalina, esto ante la polémica que se produjo en las últimas horas a raíz de que la Fiscalía de Morelos, estado donde fue encontrado el cuerpo de la joven, asegurara que la causa de la muerte fue por una broncoaspiración, supuestamente provocada por el exceso en el consumo de alcohol.

Indicó que aunque las imágenes eran fuertes, era necesario darlas a conocer pues “el fiscal general de Justicia del Estado de Morelos, está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos”, dijo.

Defendió la labor que se ha hecho desde la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC), quienes como parte de la investigación practicaron una necropsia, donde se indicó que la joven murió por un trauma múltiple.

A los familiares de Ariadna Fernanda, la Jefa de Gobierno les aseguró que no habría impunidad.“Así que hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, en el caso del feminicidio de la joven Ariadna. Presento este caso, porque no queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en el caso de los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima”, resaltó la mandataria capitalina.


Sheinbaum Pardo presentó un video en el que se observa a la víctima en un restaurante, del cual sale, así como del departamento ubicado en Campeche 175. Además, se muestra la imagen de Ariadna ya sin vida, siendo  cargada por la persona que se entrega el día de hoy a las autoridades de Nuevo León.

Recordemos que el cuerpo de Ariadna Fernanda fue hallado en la Carretera a Cuernavaca, en la desviación a Tepoztlán, cerca de la curva conocida como La Pera, donde unos ciclistas que recorrían la zona descubrieron el cuerpo.

La mandataria capitalina indicó que solicitó a la Fiscalía local dé vista del caso de encubrimiento del fiscal general de Justicia del Estado de Morelos, a la Fiscalía General de la República (FGR), pues insistió no se quiere “que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio”. Insistió en que la víctima, ya sin vida, es subida a un vehículo por Rautel “N” , quien se entregó esta madrugada en Nuevo León, y se abandonó en Morelos, “presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia” de dicho estado.

Luis Joaquín Méndez, fiscal del estado, dio a conocer este jueves los avances en la carpeta de investigación de Luz Raquel Padilla, quien murió quemada en julio pasado en Zapopan, Jalisco

El funcionario indicó que la familia de la activista ya pudo conocer la totalidad de la carpeta, y además, ya nombró a quien será su equipo legal, que ya se encuentra revisando toda la información que les fue presentada.

Méndez Ruiz indicó que desde que sucedieron los hechos se han llevado a cabo las investigaciones correspondientes, en estricto apego a los protocolos que la ley señala. Detalló que se han realizado hasta la fecha más de 100 entrevistas, más de 250 horas de videos y archivos digitales, así como la revisión de 40 puntos de cámaras en la zona donde sucedieron los hechos.

El fiscal indicó que se han solicitado diversos dictámenes periciales al Instituto Jalisciense de Ciencia Forense, que procedió a realizar un estudios de grafoscopía, que pretendía analizar las características de los mensajes que fueron pintados en el edificio de Luz Raquel Padilla, mismos que ella difundió en redes sociales como supuestas amenazas en su contra.

Se solicitó muestras de escritura de Sergio Ismanel “N”, quien se encuentra en el reclusorio preventivo en Puente Grande, como principal sospechoso del crimen, y a quien se le acusa de lesiones y delitos contra la dignidad de las personas.

El dictamen concluye que no se encontraron similitudes gráficas que puedan indicar que fue Sergio “N” quien escribió los mensajes.

Y por el contrario, se informó que se analizó la muestra de escritura que el ministerio público remitió de Luz Raquel Padilla, en la que sí se encontraron similitudes a lo pintado en las paredes de su edificio, Así, se concluye que fue ella  quien escribió las amenazas que denunció.

El fiscal indicó que continuarán con las investigaciones y análisis que se requieran en torno al caso.

No es la primera vez que se pone en duda la versión de que Luz Raquel Padilla fuera atacada. Desde el día del crimen, las autoridades han señalado que hay otra versión que apunta a que ella misma habría atentado contra su vida.

El periodista Fredid Román fue asesinado la tarde de ayer en Chilpancingo, Guerrero, con lo que suman 15 comunicadores muertos en lo que va del 2022 en nuestro país.

Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil en la colonia Progreso, de Chilpancingo, capital del estado.

De acuerdo con reportes de la Policía Estatal, Fredid Román quedó herido al interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, el periodista ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

“Personal ministerial y de los servicios periciales se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Además, las autoridades confirmaron que se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de “homicidio por arma de fuego, en contra de quienes resulten responsables, en agravio de Fredid ‘N'”.

Actualmente Román redactaba la columna La Realidad Escrita con circulación en medios locales. Anteriormente fue fundador del extinto diario impreso La Realidad; también dirigió Expresión Popular y colaboró en distintos medios de comunicación en el estado.

Publicó su último artículo horas antes de ser asesinado, en el hablaba sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa secuestrados, torturados y asesinados la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, también en el estado de Guerrero.

En su artículo ‘Crimen de Estado’ criticaba la decisión de exculpar al que fuera presidente, Enrique Peña Peña Nieto, y al que era ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, “jefes político y militar” de Jesús Murillo Karam, encargado de aquel caso y que fue detenido tras la investigación de una comisión sobre aquello.

La Fiscalía de Guerrero señaló que una de las líneas de investigación que se siguen podría estar relacionada con el asesinato del hijo de Fredid Román, ocurrido en Ocotito, Chilpancingo, el pasado 1 de julio, más no por su ejercicio periodístico.

La asociación Club de Periodistas de Guerrero manifestó en un escrito que, si bien su colega no tocaba temas de violencia, en días pasados acudió a la FGE a exigir justicia por el asesinato de uno de sus familiares.

“A la Fiscalía General de Guerrero le exigimos pronta investigación del homicidio así como de una presunta filtración de la exigencia de justicia que hizo nuestro compañero ante ese órgano de procuración de justicia”, dice el documento.

En tanto, la FGE de Guerrero sostuvo que “efectúa trabajos de investigación y seguimiento para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se aplique la ley a los responsables de diversos delitos”.

Con el asesinato de Fredid Román suman 16 periodistas asesinados en Guerrero del año 2000 a la fecha, y es el segundo asesinado en el actual gobierno estatal.

Recientemente, el representante adjunto en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que “el número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde el 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Mientras que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.

Al respecto, esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente se refirió al asesinado como un “lamentable caso” y dijo que ya se está atendiendo.

Envío un abrazo a los familiares y amigos de Fredid Román, y expresó su tristeza por el crimen.

“Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos durante la reunión de seguridad, y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando”, remató.

Allen Weisselberg, el ex director financiero de la Organización Trump, se declaró este jueves culpable por haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude.

Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio del expresidente estadounidense Donald Trump, y que está considerado como uno de sus colaboradores más fieles, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y será sentenciado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y al pago de casi 2 millones de dólares a las arcas públicas.

Además, el ejecutivo se compromete a declarar si así se le solicita durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la Organización Trump y que arrancará el próximo 24 de octubre.

“Hoy Allen Weisselberg admitió ante la Corte que usó su posición en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse”, dijo en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien destacó que la declaración de culpabilidad “implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas”.

Bragg consideró que el testimonio del exjefe financiero será “de valor incalculable” durante el juicio contra la compañía y dejó claro que las investigaciones sobre la empresa y sobre el propio expresidente continúan.

Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos que se le habían imputado y que incluyen delitos de fraude fiscal, conspiración y falsedad documental. Reconoció haberse embolsado más de 1.7 millones de dólares por los que no pagó impuestos, tal y como aseguraban los fiscales.

Recordemos que la empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, en la que supuestamente pagaban a ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese reducir el pago de impuestos.

El caso es fruto de las amplias investigaciones a las que ha sido sometida en los últimos años la Organización Trump, pero en él no está imputado el expresidente, que tiene abiertos numerosos frentes legales tanto por sus negocios como por sus acciones durante y después de su paso por La Casa Blanca.

Luego de conocerse la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche a la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Alito Moreno en un video que compartió en sus redes sociales.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, dijo el dirigente priísta al recordar que lo han perseguido, espiado y han amenazado, y ahora solicitan su desafuero como diputado federal.

El priísta sostuvo que de Morena no espera justicia, sino “venganza”. “Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo. Reiteró que confía en las instituciones y en el marco legal del país, a pesar de que Morena y el gobierno pretendan pisotear para silenciar a quienes señalan el desastre que han generado.

Además, el líder nacional del tricolor aseguró que no tiene nada que ocultar. “Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”, indicó. Añadió que lo único que se puede esperar de Morena es odio, venganza, destrucción.

Ayer, el titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad.

“Lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito precisamente es la desproporción ente los ingresos devengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas”, dijo el fiscal, al recordar que tan solo la mansión de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos.

Renato Sales precisó que los audios que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en diversas entregas de sus Martes del Jaguar, no forman parte de la solicitud de declaratoria de procedencia, por lo que negó una actuación de carácter político.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien recibió la petición de desafuero, para turnarla a la Secretaría General para su resguardo, pues recordó que es la Sección Instructora la encargada de procesar las peticiones de desafuero.

Un médico cubano fue asesinado a tiros en un hospital en el Estado de México, confirmaron autoridades locales.

El doctor, cuyo nombre no fue divulgado, pero que una mujer que se identificó en Facebook como la hermana del médico lo identificó como Ernesto Oliva Legra, fue asesinado el viernes junto con una enfermera y otra mujer en un hospital de Ecatepec, precisaron las autoridades esta semana.

El crimen ocurre en medio de críticas al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traer a médicos cubanos a zonas donde no hay médicos disponibles, principalmente por ser plazas en localidades peligrosas o remotas.

El médico cubano asesinado en el municipio mexiquense al parecer llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual.

Sin embargo, su muerte despertó interrogantes sobre si algunas zonas de México son demasiado peligrosas para los médicos cubanos al igual que para los nacionales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que dos hombres armados irrumpieron en el hospital en la madrugada del viernes y preguntaron en la recepción por una paciente. Al no poder ubicarla, los individuos obligaron a la recepcionista a abrir la puerta de una zona médica del segundo piso, donde abrieron fuego, matando a la enfermera y a otra mujer, e hiriendo al médico.

El médico falleció a causa de las heridas en otro hospital donde era atendido. La prensa local reportó que la otra víctima era una mujer que estaba visitando a un familiar en tratamiento. Anteriormente, miembros de pandillas han irrumpido en hospitales para matar a rivales heridos.

En julio, graduados de la Facultad de Medicina y otros residentes protestaron en todo el país luego del asesinato a tiros a mediados de mes de Erick David Andrade, un pasante de 24 años de edad que estaba atendiendo a un paciente en Durango.

Andrade estaba por terminar el “servicio social” exigido a todo estudiante de medicina antes de poner ingresar a una residencia o pasantía. Días antes, el 11 de julio, una anestesióloga fue asesinada a tiros en su vivienda en Chihuahua.

Críticos han presentado recursos judiciales contra el plan de contratar a más de 500 médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya han llegado a México y están trabajando en los estados de Nayarit y Colima.

Una de las demandas sostiene que el gobierno no ha demostrado que los médicos cubanos tienen la capacidad o el entrenamiento para trabajar en México, y que la mayor parte del salario de los médicos terminará en las arcas del gobierno cubano.

Trece muertos dejó un enfrentamiento armado entre elementos de la policía y presuntos delincuentes en San Luis Potosí, confirmaron este viernes las autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado dijo en un comunicado que el hecho ocurrió la tarde de ayer en un inmueble de la localidad de Vaqueros del municipio de Rayón, donde agentes de la policía se encontraron durante un operativo con un grupo armado y se registró un intercambio de disparos.

En el enfrentamiento fallecieron 10 hombres y tres mujeres, que según las autoridades pertenecían a una célula de la delincuencia organizada de Rayón.

La Fiscalía General estatal dijo en un comunicado que en la operación fueron incautados armamento, equipo táctico bélico y vehículos.

Añadieron que lograron ubicar el inmueble donde estaba el supuesto grupo delictivo gracias a labores de inteligencia realizadas tras la detención de cuatro personas que inhumaban clandestinamente a un agente de la guardia civil de San Luis Potosí y un familiar, precisó la Fiscalía estatal.

Por otra parte, en un camino rural del municipio Quechultenango, en Guerrero, fueron localizados este viernes los cuerpos baleados de seis hombres, informó en un comunicado la Fiscalía General estatal. Cerca de los cuerpos se encontraron dos cabezas humanas.

A unos metros de los cadáveres fue hallada una camioneta quemada con múltiples perforaciones de bala.

Estos hechos se registran mientras México enfrenta una creciente espiral de violencia, pese a que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insisten en que la estrategia de seguridad de su gobierno, abrazos no balazos, está dando resultados y van a la baja delitos como el homicidio.

“Estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no bastan las medidas coercitivas, esa es una visión conservadora, autoritaria”, dijo López Obrador en una de sus recientes conferencias.

El canciller Marcelo Ebrard llegó este jueves a Bolivia invitado por el presidente Luis Arce, para discutir una eventual alianza bilateral para la industrialización del litio boliviano.

“Este viaje corresponde al interés de lograr una extensa colaboración en litio, para lo cual fui invitado a conocer Uyuni, el mayor desierto de sal en el mundo con importantes reservas de litio… Este metal estratégico coloca a Bolivia en primer lugar mundial de reservas y a México en el décimo”, escribió Ebrard el jueves en una columna publicada en el diario boliviano La Razón.

Ebrard tenía previsto una rueda de prensa con su colega boliviano Rogelio Mayta antes de viajar a la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para participar de una celebración patria como invitado de honor.

El titular de la SRE recordó que Bolivia y México tienen una relación diplomática de 190 años que alcanzó su pico cuando el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le concedió el asilo al expresidente boliviano Evo Morales en 2019 tras su renuncia después de unas fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos.

A su vez, Arce fue un aliado de su par mexicano en el reclamo por la exclusión de los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte de Estados Unidos a la Cumbre de las Américas celebrada en California en junio pasado.

A pesar de sus enormes reservas, Bolivia no ha podido consolidar una industria del litio. Arce se ha propuesto activarla tras 14 años de escasos avances que han rezagado a Bolivia frente a sus vecinos Chile y Argentina.

El gobierno boliviano impulsa la construcción de una planta para producir carbonato de litio a nivel industrial hasta 2024 para lo cual ha seleccionado como eventuales socios a seis compañías transnacionales: una estadounidense, cuatro chinas y una rusa.

El encuentro con Ebrard se pridujo luego de que Castillo acudió al Ministerio Público para declarar ante la Fiscal General en un caso de presunta corrupción.

Rodeado de sus abogados y decenas de policías antimotines Castillo acudió a la cita de la Fiscal General, Patricia Benavides, quien lo investiga por supuesta corrupción en el manejo de ascensos de oficiales de las fuerzas armadas en 2021.

Previamente, a través de sus abogados, Castillo pidió ser interrogado en el palacio presidencial, pero la Fiscal General aclaró más tarde que el presidente era un investigado, por lo que no podía escoger dónde ser interpelado y debía acudir a la fiscalía.

El presidente dijo en su cuenta de Twitter que se dirigía a la fiscalía para defender su “inocencia y colaborar siempre con la justicia”. En su caminata el mandatario saludó a decenas de simpatizantes que gritaban “Cierra el Congreso” y “Prensa corrupta”. En otro extremo, otro grupo menos numeroso lo abucheaba y coreaba “Castillo ya fuiste, por rata te jodiste”.

La investigación por la que el mandatario es interrogado partió de una denuncia de irregularidades presuntamente cometidas en 2021 en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

En noviembre el ahora exjefe del Ejército, José Vizcarra, dijo en el Parlamento que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno. Castillo ha negado las acusaciones.

Sobre el mandatario pesan cinco investigaciones fiscales, la mayoría por corrupción y una por el presunto plagio de su tesis de maestría. La Fiscal General sostiene la hipótesis de que el presidente es el líder de una organización criminal que recibía dinero de licitaciones de obras públicas.

La Fiscal incluye en el grupo al exsecretario presidencial y al sobrino del mandatario y a un exministro de Transportes que están prófugos.

Castillo es el primer presidente peruano investigado mientras está en funciones. Casi todos los expresidentes de las últimas décadas están bajo investigación judicial, un exmandatario está sentenciado y otro en proceso de extradición desde Estados Unidos.

La Fiscalía de Jalisco puso en duda la hipótesis del feminicidio de una activista que murió el pasado 19 de julio a causa de graves quemaduras.

En rueda de prensa, el fiscal Luis Méndez hizo un recuento de los movimientos que realizó Luz Raquel Padilla el 16 de julio, cuando según un reporte policial, citado inicialmente por su despacho, fue prendida en fuego por cuatro personas que previamente le rociaron alcohol.

Citando a testigos y exhibiendo imágenes de videovigilancia, el fiscal dijo que ese día Padilla, de 35 años, compró dos botellas de alcohol en una farmacia, y luego un encendedor en otro negocio de la localidad de Zapopan.

“Tenemos una entrevista (…) por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como a la misma persona que le vende las dos botellas con alcohol”, indicó el funcionario, quien añadió que también cuentan con una entrevista por parte de la persona que reconoce haberle vendido un encendedor, que concuerda con las características del que fue localizado en la escena.

Según Méndez, posteriormente Padilla fue vista envuelta en llamas, pidiendo auxilio, en un parque por feligreses que salían de misa, algunos de los cuales intentaron auxiliarla.

La mujer, madre de un niño autista e integrante de un colectivo de cuidadores de personas con necesidades especiales, murió por las quemaduras que sufrió en el 90% del cuerpo.

Pese a lo que organizaciones han señalado como un intento de querer culpar a la activista por su propia muerte, el fiscal evitó hacer interpretaciones sobre el caso, que es investigado como un posible feminicidio.

“La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie”, dijo Méndez Ruiz. “La persona que está detenida también tiene derechos”, añadió.

Padilla había denunciado a su expareja por violencia familiar, y en mayo a un vecino por amenazas mediante pintadas en las paredes del edificio donde vivía.

“Te voy a quemar viva”, señalaba uno de esos mensajes difundido por la mujer en sus redes sociales. Tras ser detenido, el hombre fue acusado la semana pasada por la fiscalía de amenazas en relación con la denuncia de Padilla.

La muerte de Padilla, atribuida originalmente a una agresión, fue condenada por diversas instancias y organizaciones, como la oficina en México de ONU Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Cámara de Diputados y organizaciones de derechos humanos que evocaron la crisis de feminicidios que vive en país desde la década de 1990.

El domingo, Margarita Seceña, de 31 años, murió tras haber sido quemada por familiares el pasado 1 de julio en medio de una disputa económica en Morelos.

El gobierno federal ha resaltado que la tasa de homicidios ha disminuido ligeramente, de 36,700 en 2020 a poco más de 35,600 el año pasado, según datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

A pesar de que la tasa de asesinatos de hombres cayó un poco, la de mujeres se mantuvo estable y la desconfianza hacia las autoridades permanece.

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron este martes un cargamento de al menos 1.6 toneladas de cocaína proveniente de Colombia, lo que supone el mayor decomiso de esta droga en la capital del país, confirmó la Secretaría de Seguridad.

“Estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México”, superando un decomiso de una tonelada ocurrido hace un año, dijo el titular de la SSC, Omar García Harfuch.

Señaló que el cargamento fue descubierto por agentes de la policía capitalina y elementos de la fiscalía cuando era transportado en dos tráileres por una autopista, en los límites con el Estado de México.

La droga se hallaba en compartimientos ocultos, añadió García Harfuch, indicando que otro vehículo que escoltaba a los camiones también fue asegurado.

Según las primeras investigaciones, el cargamento provenía de Colombia y fue trasladado por mar hasta Puerto Escondido, Oaxaca. El trayecto continuó vía terrestre hasta la Ciudad de México, donde se tenía previsto distribuir una parte de la cocaína en el barrio de Tepito, y luego seguir tránsito hasta su destino final en Los Ángeles, Estados Unidos, precisó el funcionario.

Cuatro personas originarias de Durango fueron detenidas en el operativo, de las cuales tres tienen antecedentes penales.

García Harfuch anticipó que los detenidos pertenecerían a una organización criminal que opera en Durango y en Sinaloa.

Este es el segundo gran operativo contra cárteles del narcotráfico que tiene lugar en Ciudad de México en lo que va de julio. Hace dos semanas, un fuerte despliegue policial en el sur de la ciudad culminó con la detención de 14 sospechosos, dos víctimas de secuestro liberadas, además de la incautación de armas y drogas.

De los detenidos, cuatro fueron liberados. Los restantes permanecen en prisión bajo sospecha de pertenecer al poderoso cártel de Sinaloa.

En la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que este “golpe al narcotráfico” fue el resultado de la coordinación entre el gobierno federal y gobierno local.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo en este caso una coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa y la Marina”, añadió Sheinbaum.

En las próximas horas, los cuatro detenidos serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica, mientras que la droga quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, no comparecerá ante las autoridades por el derrumbe de la Línea 12, pues el Ministerio Público capitalino afirmó que hacerlo podría violar sus derechos humanos.

La representante el Ministerio Público indicó que la Fiscalía debe explorar todas las líneas de investigación para evitar el “detrimento de los derechos de la víctima, de la defensa, y desde luego de cualquier persona que pueda ser citada para emitir una entrevista”.

A inicios de mes, el abogado Teófilo Benítez Granados, quien representa a 13 víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Metro, obtuvo una orden para que el Ministerio Público ampliara la investigación en torno al accidente, lo cual involucraba citar a comparecer a ex directivos del Metro y funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos Florencia Serranía, quien se encontraba al frente del Sistema al momento de los hechos.

Sin embargo, fue el abogado quien alertó sobre el empeño del gobierno capitalino por querer seguir protegiendo a Serranía de responder a cuestionamientos sobre los hechos.

“No puedo creer que la Ministerio Público nos esté pidiendo justificar el por qué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimento a sus derechos humanos de Serranía, entonces yo le pregunto a la Ministerio Público ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿De qué lado está la Ministerio Público, del lado de la justicia, de su política, o de no molestar a la amiga de su jefa?”, dijo el abogado en declaraciones retomadas por Animal Político.

Fue en junio de 2021 cuando Serranía dejó la titularidad del Metro, a semanas de que ocurriera el derrumbe, que dejó 26 personas sin vida y más de 100 heridos. La exfuncionaria capitalina fue nombrada como miembro del Comité Externo de Evaluación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el cual forma parte del Sistema de Centros del Conacyt.

Tan pronto se dio a conocer el bloqueo que la Ministerio Público hizo a la comparecencia de Serranía, la Fiscalía de la CDMX dijo que son absolutamente respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, por lo que en ningún momento se han  opuesto a cualquier determinación ordenada.

Pero aclaró que “nuestra respuesta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido en el sentido de señalar la calidad en que serían citados los ex servidores públicos, toda vez que dichas personas no forman parte de la teoría del caso que sostiene el Ministerio Público, el cual ha citado a todas las personas relacionadas con el proceso, ya sea en calidad de imputadas o víctimas”, argumentó la Fiscalía.

Remató asegurando que en la audiencia con motivo de la imputación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños, todos culposos, que se llevará a cabo este jueves 14 de julio, la Fiscalía expondrá ante la autoridad judicial, los datos de prueba que obran en la investigación, de acuerdo a la teoría del caso referida