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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció esta mañana que fue un error, el que desde la cuenta de Twitter del gobierno federal se publicara un mensaje en el que se informaba sobre una investigación judicial contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso (…) hasta donde tengo información, es una denuncia de la fiscalía o procuraduría de Campeche”, contestó López Obrador al ser consultado sobre el tema.

El mandatario explicó que alguien de la Fiscalía de Campeche tenía información sobre la investigación, y la filtró al gobierno federal, donde en un descuido, se publicó en redes sociales.

López Obrador dijo sostuvo que el responsable de dicho mensaje no fue Jesús Ramírez, sino una una compañera del área de comunicación, pero que una vez que se detectó el error, bajaron la publicación.

AMLO explicó que la investigación a la que se hacía referencia, corresponde a la Fiscalía de Campeche, quien solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) una alerta migratoria, en contra de Alejandro Moreno, en el marco del inicio de su gira por Europa.

Añadió que luego de desahogar su agenda, que añadió que estaba en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, y regresar al país, a su entrada ya estaba activa la alerta en el sistema, por lo que tuvo que proceder migración con todos los protocolos, como “lo hacen con todos”.

AMLO dijo que fue informado que el dirigente del PRI tuvo que llenar un formato, que le llevó unos 20 minutos aproximadamente, con el cual dijo, Moreno estuvo de acuerdo.

“Es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia”, concluyó el mandatario.

Recordemos que ayer, Alito Moreno reportó a través de sus redes sociales que tan pronto aterrizó procedente de Francia, fue informado que tenía una alerta migratoria.

“Haber qué otra violación a la ley quieren hacer, en esta persecución política a todos los opositores” dijo el líder del PRI en su mensaje.

Acusó que lo obligaron a llenar un documentación no oficial, que incluso exhibió pues contenía errores ortográficos. “Una hoja mal hecha, con errores y sin logotipos del gobierno. Claramente no es una forma oficial, pero sí un intento de intimidar”, dijo.

En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Sofía Carvajal Isunza, dijo que la filtración desde el gobierno federal de la presunta investigación contra Moreno, así como el hostigamiento a que fue sometido, junto a su familia, por parte de las autoridades en el AICM, ponía de manifiesto la campaña de “terror e intimidación” de la que es víctima.Carvajal Isunza acusó que el gobierno federal suplanta a la Fiscalía General de la República (FGR) en sus obligaciones constitucionales de brindar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho.

Luego de poco más de ocho horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a dos hombres, Jesús “N” y Benjamín “N”,  por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido la semana pasada al interior de un restaurante de la CDMX de la cantante Yrma Lydya Gamboa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que la vinculación a proceso se logró gracias a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

En la audiencia, el representante de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formuló la imputación en contra de los dos individuos; uno como posible autor material, el esposo de la cantante, y el otro como posible copartícipe, el chofer del primero, quien intentó ocultar el arma con el que se cometió el crimen.

La autoridad judicial ratificó para ambos imputados la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar que cumplirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, fijándose cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.

Jesús “N” y Benjamín “N” fueron detenidos luego de que elementos policiales fueron alertados de que en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle Norte, se habían registrado detonaciones de arma de fuego, provocando la muerte de Yrma Lydya Gamboa.

La vinculación a proceso de Jesús “N” se dio a pesar de la petición de su defensa sobre permitirle llevar su proceso en libertad debido a la avanzada edad y el estado de salud que presenta.

Incluso antes de ingresar a sala, el imputado dijo “sentirse mal” y solicitó atención médica, por lo que minutos más tarde ingreso en silla de ruedas señalando males crónico degenerativos.

Autoridades de Puebla acusaron este martes a la expareja de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, de ordenarle a su sobrino matar a la abogada con la ayuda de otra persona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención de Javier “N”, expareja de Monzón y excandidato a gobernador del estado en 2010, además de su sobrino Jair “N” y de Silvestre “N”, estos dos últimos por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.

El informe de la Fiscalía también expuso que Silvestre fue quien accionó una pistola, marca Pietro Beretta modelo 92 A1 de calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en seis ocasiones contra el cuerpo de la víctima, lo que le causó las lesiones que terminaron con su vida.

Monzón murió el 21 de mayo cuando su automóvil fue baleado por dos sujetos que la abordaron en una motocicleta mientras circulaba por San Pedro Cholula, localidad del estado de Puebla.

El asesinato de Monzón, conocida defensora de derechos humanos y abogada de mujeres, ha despertado protestas de grupos feministas en México y la condena del Gobierno español, el Consejo de la Abogacía Catalana, la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas.

La polémica creció al revelarse que, días antes de su asesinato, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, López Zavala, exsecretario de Gobernación del estado con el exgobernador Mario Marín, acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.

Tras la investigación, la Fiscalía informó ahora que se detectó que los sicarios se trasladaron a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde escondieron la motocicleta, la ropa y cascos que portaban en el momento de los hechos. López Zavala presuntamente proporcionó el vehículo y el arma de fuego.

Después del presunto feminicidio, los sospechosos abordaron una camioneta, propiedad de Santiago “N”, exsecretario particular de López Zavala, para reunirse con el político.

La FGE decomisó objetos utilizados para el crimen, como la motocicleta, el arma de fuego y el casco de Jair, además de la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre de él. Las autoridades creen que Jair recibió la pistola y la motocicleta de las propias manos de su tío.

Tras las declaraciones de los involucrados, las autoridades determinaron que desde abril estaban organizando este hecho, por lo que comenzaron a estudiar los movimientos que tenía la activista.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que desplazó a personal ministerial a los seis estados donde este domingo se celebran elecciones: Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.

La FISEL indicó que se atenderán, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias de posibles delitos electorales federales que se presenten.

La dependencia indicó que hasta el cierre de las campañas, había recibido 29 denuncias de carácter federal, en lo que va de este proceso electoral, que inició en abril pasado.

La autoridad puso a disposición de la ciudadanía los canales por los que se podrá realizar alguna denuncia, ya sea por ser testigo de conductas indebidas o por ser víctima de un delito electora: vía telefónica al 800 833 72 33 o el portal fedenet.org.mx.

Y aunque el INE ha llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso de delito electoral, indicó que no son la autoridad responsable de castigar estos delitos, y pidió dirigir las denuncias a la Fiscalía Electoral.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que en sus dictámenes no se considera el factor del mantenimiento como la causa del accidente de la Línea 12 del Metro que ocurrió el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

“Como se realiza en toda investigación, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura”, explicó en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

La aclaración de la Fiscalía se dio después que el periódico El País publicara documentos que mostraban que tres de los cuatro peritajes externos contratados por la dependencia para analizar las causas del colapso indicaban la existencia de fallas en la inspección y el mantenimiento de la estructura.

“La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial”, acusó Lara.

Además, insistió en que los dictámenes judiciales realizados por la Fiscalía “concluyen claramente” que el colapso se debió a los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Lara dijo que la Fiscalía capitalina “no litiga en medios” e insistió en que la información mencionada debe guardar secrecía “por ley” para no afectar al proceso y al derecho de las partes, por lo que no ahondarán en el tema hasta que esté permitido.

Por último indicó en que en la carpeta de investigación se incluyen “miles de diligencias, así como cientos de pruebas de laboratorio y estudios en las materias de criminalística, fotografía, vídeo, arquitectura, ingeniería civil en puentes y mecánica, seguridad industrial y estructural, topografía y geotecnia principalmente”.

Recordemos que el 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la línea 12, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, colapsó, provocando que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

El hombre que había sido detenido por su probable participación en el asesinato de dos mujeres periodistas en Cosoleaque, Veracruz, fue liberado tras confirmarse que fue confundido con otro individuo, reconocieron autoridades locales.

La fiscalía de Veracruz había informado la tarde de ayer la captura de Jesus “N”, alias “El Mara”, pero por la noche se reportó que se trató de una “homonimia” al llevar el mismo nombre del presunto implicado en los crímenes.

“Fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”, detalló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades aseguraron que siguen en la búsqueda de los posibles involucrados en el asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de la reportera Sheila Johana García Olivera.

Las periodistas fueron asesinadas a tiros el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleaque, Veracruz.

Autoridades mexicanas dejaron en libertad este martes a la persona que habían detenido como presunto responsable del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el oriental estado de Veracruz, al comprobarse “que se trató de una homónimo”.

Jesús “N” había sido capturado por agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Horas antes de ser puesto en libertad, un grupo de repartidores de comida rápida se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para denunciar que Jesús “N” había sido detenido injustamente.

Los inconformes, compañeros de trabajo del detenido, revelaron que el joven es un estudiante de un tecnológico y que el día que ocurrieron los crímenes se encontraba en la ciudad de Xalapa, a más de 300 kilómetros de distancia del lugar de los hechos

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García sumarían once los periodistas asesinados en México en lo que va de año, si se comprueba que sus muertes se produjeron en relación con su labor, según organizaciones nacionales de periodistas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Con cerca de 150 periodistas asesinados desde el 2000, México es uno de los países más peligrosos para la prensa, según la organización Reporteros Sin Frontera (RSF).

Autoridades anunciaron este martes la detención de un presunto implicado en el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó la detención de un individuo identificado como Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, a quien señalan como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

En su cuenta de Twitter, la fiscalía informó que fueron agentes ministeriales, de manera conjunta con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.

Al detenido lo consideran presunto responsable del crimen de Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de García Olivera, reportera del mismo medio de comunicación.

“El Mara” será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica; es decir, se determine si es legal la aprehensión y, posteriormente, si es procesado.

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García suman 11 los periodistas asesinados en nuestro país en lo que va de año; Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1,945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer este lunes que mantiene la investigación por el derrumbe de hace año en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos, y aseguró que buscará imputar a 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.

“(La FGJCDMX) formulará en la audiencia de vinculación, que se celebrará el día de hoy, la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales, por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos”, dijo en un breve mensaje a medios la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

La funcionaria reiteró el compromiso “personal como institucional” tanto con las víctimas como con las familias de quienes resultaron lesionados y afirmó que no hay “ni impunidad ni olvido, tan solo verdad, justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición”.

Godoy apuntó que hasta el momento la FGJCDMX ha realizado más de 1,400 diligencias, tendientes a reunir los elementos de prueba necesarios y profundizar, además de fortalecer la investigación.

Y precisó que el acuerdo reparatorio con el Grupo CICSA, de Carlos Slim, el cual se realizó a inicios de febrero de este año, está avanzando en los términos acordados con la Secretaría de Obras, los cuales incluyen la reconstrucción y el reforzamiento del tramo elevado colapsado.

“Lo que permitirá próximamente a los habitantes de la Ciudad de México usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos”.

Las declaraciones de Godoy se dieron antes de que por cuarta ocasión, la audiencia donde se esperaba ocurriera la imputación de los exfuncionarios y representantes legales, fuera diferida por el juez que lleva el caso. Ahora, se fijó como nueva fecha el próximo 6 de junio.

Según los argumentos de la defensa de los implicados, uno de ellos no conocía el expediente a fondo y otro, presentó problemas de salud. Recordemos que uno de los investigados es Enrique Horcasitas, quien trabajó en la gestión del hoy canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012, y los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

Recordemos que fue el 3 de mayo de 2021 cuando un puente elevado de la Línea 12, ubicado en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón del Metro cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de “V”, dejando 26 muertos y un centenar de heridos.

Un total de ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas a tiros al interior de una vivienda del municipio de Tultepec, Estado de México, informaron este lunes las autoridades locales.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio inició a la carpeta de investigación respecto del homicidio por disparo de arma de fuego de ocho personas al interior de un domicilio en la colonia La Cañada, municipio de Tultepec, siete fallecieron en el lugar y una más en el hospital”, señaló la Fiscalía estatal.

La FGJEM agregó que de las víctimas, seis eran mujeres y dos hombres, además de que entre ellas hay cuatro menores de edad.

“Atendiendo los primeros dichos de vecinos del lugar, se desprende que se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego. Aunado a ello, personal de esta institución realiza la inspección de la zona a efecto de ubicar la existencia de cámaras de vigilancia”, informó la Fiscalía estatal.

La institución aseguró que se continúa con la “investigación correspondiente” para esclarecer el hecho, e indicó que ya se están llevando a cabo las labores pertinentes para poder obtener la identidad de las víctimas.

Esta ataque ocurre luego de que en el primer bimestre del año, el Estado de México registrara 380 homicidios dolosos, de los 4,697 homicidios dolosos.

Recordemos que México registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO9, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró esta mañana el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que amparó a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

López Obrador presumió la “independencia” de la Corte, luego de que ayer eliminara por unanimidad la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberó a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho, antes esto no sucedía”, manifestó el mandatario.

El caso había despertado controversia por un audio filtrado a inicios de marzo en el que el fiscal Gertz Manero presumía del apoyo de “tres o cuatro ministros” de la SCJN.

Tras esa filtración, López Obrador insistió en respaldar al fiscal al argumentar que entendía “la situación personal, moral, humana del fiscal” al tratarse de “un asunto vinculado con su hermano”.

Pero ahora declaró que “qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”.

El mandatario recordó que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, denunció en febrero pasado que el entonces presidente Felipe Calderón o presionó durante la votación del caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio”, aseguró.

Después del fallo de la Suprema Corte, Cuevas salió ayer mismo del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa desde octubre de 2020.

López Obrador aseguró que ha instruido a la Secretaría de Gobernación (Segob) brindarle “toda la protección y todo el apoyo” a Cuevas, quien ha denunciado que corre peligro por la presunta persecución del fiscal Gertz Manero.

Cuestionado sobre si pese a lo resuelto por la Corte, que apuntó que hubo irregularidades en los procesos judiciales contra las acusadas, aún respalda al titular de la FGR, López Obrador dijo que sí, y llamó a que si los acusados tiene pruebas de que se actuó de mala manera en la Fiscalía capitalina o por parte de la propia FGR, deben presentar una denuncia.

“El presidente no da línea para beneficiar o perjudicar a alguien (…) no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes”, remató.

Foto: Twitter @JTrianaT

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este fin de semana que los mandos de la Policía Auxiliar que resultaron agraviados por parte de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpusieron un recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la demarcación, consistente en ofrecer una disculpa pública.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, indicó que que para los policiales afectados, “las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del Reclusorio Norte, no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”.

El funcionario explicó que una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales, violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable.

Así, se indicó que una disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado, pues describen lo aprendido y lo que debe hacerse para evitar tales acontecimientos y así garantizar el derecho a la no repetición.

Además, el representante de la Fiscalía indicó que la disculpa pública debe ser eficaz, y para ello, debe de ser inequívoca, es decir: que no queden dudas de la disculpa ni que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad.

“Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, añadió.

Así, los agraviados consideraron que la servidora pública deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados; de no ser así, se podría revocar la suspensión condicional del proceso, y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo, subsistan.

Será mañana martes 29 de marzo cuando se realice una nueva audiencia de control, en donde se indicara que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo hemos dicho y lo reiteramos, no actuamos con criterios que sean contrarios a procurar justicia y esta institución, como representante social, procura justicia para las víctimas. En ese tenor, haremos los señalamientos pertinentes por parte de los agraviados”, finalizó.

Y es que recordemos que el pasado jueves, Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, que estaba separada del cargo de manera temporal, logró un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaban de robo, abuso de autoridad y discriminación, informó este jueves la Fiscalía capitalina.

“La mañana de este jueves 24 de marzo se autoriza un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, lo anterior en estricto apego a lo establecido en el código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa”, informó en un mensaje el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara.

Lara precisó que tras una audiencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte, a petición de la defensa de la alcaldesa, Cuevas reconoció que los hechos “ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó”.

Debido a ello, la funcionaria se comprometió a pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular; ofrecer una disculpa pública por su conducta y someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones. Del mismo modo, la funcionaria accedió a pagar, este lunes 28, 30,000 pesos a cada una de las víctimas.

 

Sin embargo, minutos más tarde, Cuevas, ofreció la disculpa que se pactó como parte del acuerdo reparatorio, aunque dijo que no reconocía los hechos, contradiciendo así a la Fiscalía de la CDMX.

Al menos 20 muertos dejó un tiroteo la noche de ayer en Michoacán, estado que se ha visto rebasado por la violencia que deja el enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

“19 cuerpos sin vida (16 hombres y tres mujeres), que presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego” fueron hallados en la localidad de las Tinajas, indicó la madrugada de este lunes la Fiscalía General estatal (FGE) en un comunicado.

Sin embargo, un hombre murió mientras era trasladado para recibir atención médica “por lo que suman 20 las personas que murieron en esta agresión”, dijo más tarde la FGE.

Además, la Fiscalía agregó que otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Según las autoridades, la FGE fue informada a las 22:30 locales de una “agresión perpetrada contra los asistentes a un palenque” y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades trabajan “con el objetivo de capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en un palenque clandestino en Zinapécuaro, donde hay varios heridos y fallecidos”, indicó en Twitter la oficina de la secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Michoacán y Guanajuato son dos de los estados que más violencia registran en todo el país, debido a la guerra entre bandas rivales involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales como el comercio de combustibles robado, el llamado huachicol.

Michoacán también es la mayor región productora de aguacates del mundo y las amenazas proferidas vía telefónica el pasado mes contra un inspector estadounidense en la zona provocaron que Estados Unidos suspendiera las exportaciones durante más de una semana.

Apenas el mes pasado, un grupo armado asesinó a entre 10 y 17 personas durante un velorio, según reportes de prensa, en un ataque atribuido al enfrentamiento entre bandas rivales.

“Es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación”, había dicho entonces el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

El gobierno no pudo determinar el número de fallecidos en esa masacre debido a la ausencia de los cuerpos, pero los perfiles genéticos de al menos once personas fueron hallados en el lugar.

En 2021, Michoacán registró 2,732 asesinatos, equivalente a poco más del 8% de los 33,315 homicidios dolosos ocurridos en todo México.

El 10 de marzo, el alcalde del municipio de Aguililla en Michoacán, César Valencia, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una camioneta del ayuntamiento a plena luz del día.

Autoridades de Michoacán ofrecen una recompensa de 100,000 pesos a quien proporcione información que permita la captura de dos presuntos sicarios, involucrados en el asesinato del periodista Armando Linares López.

Adrián López Solís, fiscal general en Michoacán, informó que la Fiscalía estatal solicitará en las próximas horas la colaboración de la Interpol, ante la posibilidad de que ambos prófugos hayan abandonado o intenten huir de México.

El fiscal reveló que los dos presuntos asesinos fueron identificados como Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, de 21 y 39 años de edad respectivamente, en contra de quienes ya existen órdenes de arresto por el delito de homicidio calificado.

“Estamos solicitando, de manera oficial, la colaboración de las autoridades homólogas en el país para la difusión de la cédula (de búsqueda), y se hará lo propio ante la Dirección General de Asuntos Policiales Nacionales e Interpol, para la emisión de la ficha roja, con el fin de la búsqueda, localización y detención de estos sujetos”, dijo el fiscal de Michoacán en conferencia de prensa.

Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, con sede en Zitácuaro, fue asesinado a tiros el pasado 15 de marzo, a las afueras de su casa.

Su muerte ocurrió luego de que el 31 de enero, Armando Linares alzara la voz por el asesinato de Roberto Toledo, reportero y colaborador de Monitor Michoacán. Las investigaciones por el crimen de Roberto Toledo permanecen sin avances.

Las autoridades de Querétaro anunciaron la detención de cuatro personas más, con lo que suben a 14 los arrestados por su presunta participación en la riña que hubo el fin de semana pasado en el estadio La Corregidora, que dejó 26 heridos, tres de ellos de gravedad.

Según indicó la fiscalía estatal, una de las detenciones se cumplimentó con el apoyo de una madre que presentó a su hijo ante la policía.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana en su conferencia que esta acción muestra que su llamado a madres y abuelas de familia sí tienen efecto. Por ello dijo, no dejará de hacer este tipo de llamados.

El fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría, había informado previamente que durante la madrugada del martes fueron detenidas 10 personas en un operativo que involucró distintos cateos de inmuebles en diferentes zonas de la capital.

Las autoridades han emitido un total de 26 órdenes de captura a presuntos responsables de los actos de violencia, aunque según el fiscal, “aún faltan culpables por identificar”.

El fiscal precisó que, como parte del proceso, se ha realizado una revisión exhaustiva de unas 583 imágenes, 78 videos y más de 1,000 mensajes y llamadas de denunciantes anónimos.

Los detenidos afrontan acusaciones por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno del estado de Querétaro, informó que se realizan otros cateos en varias ciudades para encontrar a los solicitados y que las investigaciones continúan.

Recordemos que fue Murguía quien anunció la noche del domingo que el estado suspendió a cinco funcionarios públicos luego que el personal de seguridad en el estadio no pudo contener la violencia entre las barras del club local Querétaro y el visitante Atlas.

Entre los funcionarios suspendidos se encuentran responsables de la fuerza de policía y la seguridad civil, además de otros tres que tenían funciones de coordinación de eventos. También se cancelaron los contratos de la empresa privada que tenía responsabilidad compartida en la seguridad del estadio.

Las autoridades de Querétaro informaron que ya eran 22 los heridos que habían sido dados de alta de hospitales del estado. Otros cuatro seguían hospitalizados, incluyendo tres en estado grave.

Diez hombres, presuntos responsables de las riñas que se registraron en el estadio Corregidora, en Querétaro, fueron detenidos la noche de ayer en en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón y San Juan del Río, informó la fiscalía del estado.

“En continuidad a las acciones de investigación (…) por lo sucedido durante el partido Querétaro vs Atlas, se informa que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino”, informó en un comunicado de la Fiscalía de Querétaro.

Detalló que fueron detenidos por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Y es que se informó que ayer un juez emitió 26 órdenes de captura, luego de que fueron identificados, gracias a imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales, a los presuntos responsables del enfrentamiento que dejó 26 heridos.

“Para la identificación de las conductas criminales y de los 26 posibles intervinientes, se recibió información a través de nuestras redes sociales, por lo que se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas al 089; además, de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora”, indicó la Fiscalía.

El juez también autorizó que fueran cateadas las viviendas de los presuntos responsables, a quienes se les decomisaron 82 prendas deportivas con insignias del equipo de Querétaro, 4 pares de zapatos deportivos, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y otros objetos.

Hasta la noche de ayer, se informó que de los 26 heridos, 19 ya habían sido dados de alta.

Este martes está prevista una asamblea de los dueños de equipos de la Liga MX en la que se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Fiscales de Estados Unidos consiguieron documentos de la computadora personal del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante la Presidencia de Felipe Calderón, a quien se acusa de delitos relacionados con narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del gobierno, en anticipación a la audiencia programada para la próxima semana en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias.

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exfuncionario.

El juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la cantidad de material acumulado.

La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla.

También sigue pendiente la decisión del juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte.

La Fiscalía realizó esta solicitud en diciembre pasado por considerar que “el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”.

Recordemos que García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.