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La empresa ferroviaria Ferromex anunció ayer la suspensión de las operaciones de sus trenes de carga ante la masiva aglomeración de migrantes que están utilizando ese transporte para movilizarse hacia la frontera con Estados Unidos.

En un comunicado, la empresa señaló que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes, que cubrían las rutas hacia el norte del país, ante el “severo riesgo” que representa para los migrantes la utilización de trenes de carga para transportarse.

De acuerdo con el reporte de la empresa, en los patios de operaciones de las localidades de Torreón, Irapuato, San Francisco de los Romo y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez estarían concentrados cerca de 3,000 migrantes.

Ferromex indicó que el levantamiento de la medida dependerá de las acciones que decidan las autoridades de los distintos niveles.

Ferromex forma parte de la corporación Grupo México, y los 60 trenes en los que suspendió operaciones tienen una capacidad equivalente a la de 1,800 camiones.

La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes, cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova, el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.

Ferromex reconoció que en días recientes se han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su intento por llegar a Estados Unidos.

Los migrantes llevan mucho tiempo utilizando las vías ferroviarias para viajar desde el sur del país hasta la frontera norte. Hace aproximadamente una década, el gobierno federal llevó a cabo algunas redadas en los trenes para desalentar esa práctica, pero tiempo después redujo los controles.

La empresa ferroviaria indicó que ya informó a sus clientes sobre la afectación temporal de los servicios que tendrá impacto en las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional.

Recordemos que cerca de la mitad de las importaciones que recibió México en el primer cuatrimestre del año se movilizaron por carreteras, mientras que el 36.84% se trasladó por vía marítima; el 8.84% por transporte aéreo y el 6.58% por vía ferroviaria, según cifras oficiales.

En el caso de las exportaciones, entre enero y abril pasado, el 67.22% de las ventas externas se movieron por vía terrestre; el 17.28% por marítima y el 10.95%, en transporte ferroviario.

Sin embargo, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó la paralización de los trenes de carga de Ferromex.

Manifestó extrañeza por la forma en que Ferromex informó la paralización y agregó que luego del anuncio “se echaron a andar los trenes”, aunque no ofreció detalles.

Sin hacer ninguna mención a los varios cientos de migrantes que están utilizando los vagones de los trenes para tratar de llegar a la frontera norte, AMLO indicó que “estamos trabajando con el tema migratorio constantemente” y sostuvo que “hay que proteger a los migrantes”.

El Gobierno federal negó este martes una solicitud de Washington para revisar un conflicto laboral en una mina de la empresa Grupo México ubicada en Zacatecas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía (SE) argumentó en un comunicado que el conflicto denunciado en junio pasado por Estados Unidos empezó en julio de 2007, por lo que no aplica el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que establece el T-MEC, en vigor desde julio de 2020.

Asimismo, la dependencia afirmó que no hay evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos.

“De esta manera, el Gobierno de México concluye que el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas al encontrarse fuera del ámbito de aplicación al MLRR del T-MEC”, indicó la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro.

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había pedido al Gobierno de nuestro país, el 16 de junio pasado, revisar si a los mineros de San Martín les estaban denegando sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Según indicó entonces la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, la USTR recibió una queja de la federación AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).

La petición alegaba que Grupo México había retomado su actividad en San Martín aunque sus trabajadores estaban en huelga y que negoció con un grupo de trabajadores pese a que la potestad de representarlos a nivel colectivo está en manos de Los Mineros.

Pero la Secretaría de Economía afirmó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga el 14 de junio pasado con un laudo en favor del Sindicato Minero.

Además, la JFCA declaró a Grupo México como responsable de causar la huelga y lo condenó a pagar salarios caídos y prestaciones.

“El conflicto de huelga inició en 2007 y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC”, insistió la SE.

Recordemos que desde la entrada en vigor del T-MEC, Estados Unidos ha pedido más de 10 veces activar el mecanismo laboral de respuesta rápida.

Apenas este lunes, México y Estados Unidos acordaron un plan de reparación tras el reporte de violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de la planta automotriz Draxton en Irapuato, Guanajuato.

Grupo México informó este viernes que abandonará su participación en el Tren Maya, tras entregar vías férreas ocupadas por el gobierno federal, y ante la imposibilidad de terminar el proyecto en el tiempo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El anuncio de terminación anticipada en el Tramo 5, emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se da en medio de los acuerdos entre la compañía y el gobierno, respecto a las concesiones de vías ferrocarrileras en Veracruz.

“El consorcio (Grupo México) resaltó la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, aun cuando otros consorcios aseguraban poder tenerlo terminado en dicha fecha”, informó a la BMV la empresa que dirige Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

Grupo México explicó que después de que el gobierno declaró como seguridad nacional la megaobra de más de 1,500 kilómetros, pensada para conectar al sureste del país, dio por terminado anticipadamente el contrato.

Tras la decisión de las autoridades, la empresa indicó que realizó las acciones requeridas por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). Esto, para “formalizar el cierre de ese contrato y proceder a la conciliación y pago de los trabajos realizados”.

Y es que recordemos que la compañía y el gobierno firmaron un acuerdo por el que Grupo México entregará 120 kilómetros de tres tramos ferroviarios en el estado de Veracruz, ocupados por las Fuerzas Armadas para la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, otro de los proyectos emblema de López Obrador.

“Fue un arreglo muy favorable, yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía de ferrocarril en una región estratégica, regresa a la nación, ya con este bien hemos recuperado más de 2,000 kilómetros concesionados de vías férreas”, dijo el presidente esta semana.

Por este arreglo, Grupo México no obtuvo indemnización por los tramos de vías ferroviarias que le fueron retirados.

Sin embargo, el gobierno decidió conceder sin ningún costo una ampliación de 8 años a una concesión propiedad del consorcio que también corre por el Istmo de Tehuantepec a otra región de Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que su gobierno y Grupo México llegaron a un acuerdo por el que la empresa entregará voluntariamente un tramo ferroviario que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo, ocupado hace unos días tras un decreto gubernamental.

“Se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del Ferrocarril del Sureste en el Istmo de Tehuantepec, y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el istmo”, defendió el mandatario.

A cambio de entregar el tramo, el gobierno otorgará la ampliación, por ocho años, de la concesión de otra vía operada por la compañía. Dicha concesión vencía el próximo 2036, por lo que ahora su nueva fecha de vencimiento será en 2044.

Recordemos que a mediados de mayo, tras un decreto publicado en el diario oficial (DOF), efectivos de la Marina tomaron un tramo ferroviario de unos 128 kilómetros controlado por Grupo México Transportes en Veracruz, lo que llevó al inicio de negociaciones entre las partes.

El presidente López Obrador aseguró que la empresa habría solicitado 9,500 millones de pesos como indemnización por la medida, aunque fue enfático en señalar que para llegar a un acuerdo hubiera dinero involucrado.

López Obrador dijo esta mañana que el acuerdo con el conglomerado del magnate Germán Larrea implica también que una subsidiaria de la empresa desista de una demanda que presentó en contra del Tren Maya.

Las partes firmaron el acuerdo el miércoles por la noche, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La decisión presidencial suscitó preocupación entre los inversionistas y generó que Grupo México, la tercera empresa más importante del mercado bursátil mexicano, cayera en la bolsa.

El acuerdo incluye ahora el pago de una cuota, el cual se deberá pagar a la empresa de la Marina que operará dicho tramo, por derecho de paso que, según dijo el secretario de Gobernación, es de cuatro pesos con 10 centavos por vagón y de ocho pesos con 15 centavos por las locomotoras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que su administración espera llegar a un acuerdo con Grupo México por la reciente ocupación de un tramo ferroviario operado por Ferrosur, una de sus filiales, aunque aclaró que no se considera una compensación en efectivo.

La semana pasada, el gobierno federal publicó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se indica que un tramo ferroviario controlado por Grupo México Transportes, en el sureste del país, fue declarado de utilidad pública, en una acción que según las autoridades fue necesaria para el desarrollo de un importante proyecto de infraestructura.

Efectivos de la Marina ocuparon las instalaciones de la firma en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en el estado Veracruz, poniendo de relieve una compleja disputa entre el gobierno y el grupo minero.

“Sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es dinero”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hoy, al afirmar que el Estado había tomado el control de una concesión y que no se trataba de una expropiación.

“(La eventual compensación) es un permiso de paso y una revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, explicó.

Grupo México, con negocios también en el sector de infraestructura, es encabezado por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que al inicio de la semana, López Obrador aseguró que cuando ya se estaba cerca de firmar un acuerdo, abogados de Grupo México pidieron al gobierno un pago de 9,500 millones de pesos como indemnización por la ocupación.

La noche de ayer, fuentes  del gobierno y del sector privado aseguraron a El Universal que se había alcanzado un acuerdo económico entre ambas partes, después de una reunión en la que participaron el presidente; el secretario de Gobernación; directivos de Grupo México Transportes y el asesor externo de la Presidencia, Alfonso Romo.

“El monto que solicitó la empresa en una reunión previa con López Obrador fue de 9 mil 500 millones de pesos, pero las fuentes consultadas afirmaron que bajará entre 20% y 25%, para quedar en alrededor de 7 mil millones de pesos”, indicó El Universal en su reporte.

Citigroup Inc dio a conocer esta mañana que realizará una oferta pública inicial de acciones de su unidad Banamex, que comprende negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas, en lugar de concretar su venta, que todo indicaba, sería a German Larrea de Grupo México.

Grupo México era el último postor en mantener  las conversaciones para comprar Citibanamex, y según reportes, estaba por anunciarse la transacción.

Incluso la semana pasada, en medio de especulaciones sobre el acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en una conferencia de prensa que no había problemas para que Grupo México comprara la unidad, dando así el visto bueno a la compra.

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Sin embargo, todo parece indicar que el decreto publicado días después, donde el gobierno ordenó la ocupación “temporal” de un tramo de ferrocarril controlado por Grupo México, fue lo que ocasionó que la transacción se cayera.

Citigroup había anunciado planes para deshacerse de su unidad en México hace más de un año como parte de una revisión estratégica de la presidenta ejecutiva Jane Fraser para salir de 14 mercados de banca de consumo en México Asia, Europa y Medio Oriente.

Ahora, la compañía espera que la oferta pública inicial se complete en 2025.

“Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble vía para enfocarnos únicamente en una OPI del negocio”, dijo Jane Fraser, CEO de Citi en un comunicado.

Las recientes complicaciones en el proceso de venta pesaron en la decisión, incluidas las ‘peticiones’ del gobierno mexicano y otros factores, dijo a Reuters una fuente con conocimiento del tema. En febrero, Fraser se reunió con AMLO, en medio del intento del banco de completar la venta de su unidad local.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que está dispuesto a pagar una indemnización a Grupo México si fuera el caso, luego de que su gobierno decretara la ocupación temporal de un tramo ferroviario operado por una de sus subsidiarias.

La gigante minera indicó el fin de semana que continúa analizando el alcance y los efectos de la medida, por la que la Marina ocupa instalaciones de su unidad Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en Veracruz.

López Obrador aseguró que las acciones tomadas por el gobierno son una “recuperación de una concesión”, y no una ‘expropiación’ como han acusado sus opositores, medios y la cúpula de la iniciativa privada..

Explicó que se trató de una recuperación de una concesión, que aseguró, es completamente constitucional y legal.

“¿Qué es expropiar? Lo que es de propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la Nación”, justificó AMLO.

Cuestionado sobre cuánto tiempo durará la toma de las vías, el presidente afirmó que todo depende de “la actitud de la empresa”. Reveló que meses atrás, un acuerdo con Grupo México avanzaba y estaba a punto de firmarse.

Sin embargo, indicó que un día le dejaron de contestar el teléfono al secretario de Gobernación, a quien encomendó cerrar dicho acuerdo. Incluso dijo que después de que se había mostrado disposición a alcanzar el acuerdo, abogados de Grupo México pidieron un pago 9,500 millones de pesos a cambio del tramo que formarán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“De repente nos cancelan un acuerdo y ya querían empezar a interponer amparos y detenernos. Querían que las pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede”, sostuvo el mandatario.

Ante esta situación, se dijo a favor de “que se haga después del procedimiento legal” y que sea la autoridad competente quien mande a hacer un avalúo y en caso de que corresponda, se pague una indemnización”.

Finalmente, López Obrador aclaró que lo sucedido con Ferrosur es una situación independiente de la operación que venta-compra que Grupo México tiene con Citigroup por Banamex.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comparar Banamex”, dijo López Obrador recordando que está de acuerdo con que Larrea sea quien compre el banco, siempre y cuando cumpla con los peticiones que hiciera en torno al proceso de compra-venta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la transacción entre Grupo México  y Citigroup para la posible compra de Citibanamex tiene el visto bueno de su gobierno, señalando que las negociaciones para que se concrete la operación “van muy bien”.

Desde la semana pasada, la agencia Reuters informó que Grupo México estaba ultimando la adquisición por alrededor de 7,000 millones de dólares por la unidad minorista local de la compañía estadounidense, lo cual indicó, se podría anunciar en los próximos días.

Como parte del acuerdo, Citigroup mantendrá una participación de aproximadamente el 10% en Citibanamex.

“Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y de que uno de los posibles compradores es Grupo México”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina. “Si van a ser los de Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos pero ese es otro asunto”, agregó.

Grupo México, un conglomerado que opera divisiones de minería, transportes e infraestructura, es dirigido por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que a principios del año pasado, Citigroup anunció la venta de Citibanamex, buscando poner fin a dos décadas de presencia minorista en el país, aunque informó que seguirá manteniendo su negocio de banca de empresa.

La operación, que ha generado escepticismo dentro de Grupo México, ha tardado más de lo esperado, reconocen desde el banco estadounidense. Además, desde el anuncio, casi un millón de clientes han cerrado sus cuentas en Citibanamex.

López Obrador dijo que planteó una serie de recomendaciones para que se tomaran en cuanta en el proceso de compra venta: que el comprador fuera mexicano, que se comprometiera a no realizar despidos masivos en Citibanamex y que estuviera al día en materia tributaria, entre otras sugerencias.

“Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos elementos”, afirmó el mandatario este martes. “Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación”, añadió.

Reportes señalan que Grupo México se enfrenta a Banca Mifel, del empresario Daniel Becker, en la recta final de la puja, de la que se retiraron en los últimos meses Carlos Slim, y competidores foráneos como el banco español Santander.

Grupo México, el gigante minero que dirige Germán Larrea, mantiene conversaciones para adquirir el brazo de banca de consumo en nuestro país del estadounidense Citigroup, Citibanamex, informó este lunes la agencia Bloomberg.

El grupo minero está tratando de ultimar los términos del acuerdo con Citi, pero no se ha llegado a ningún convenio por el momento, lo que podría permitir que surja otro comprador, según el reporte de la agencia.

El banco también podría considerar una oferta pública inicial (OPI) para la unidad, añadió Bloomberg.

Recordemos que Citi reveló en enero que estaba buscando un comprador para dicha unidad, que desde entonces habría atraído el interés de varias empresas, entre ellas Banca Mifel SA y la firma de inversión estadounidense Apollo Global Management Inc .

En octubre se presentaron diversas propuestas para comprar Banamex, incluyendo a los titanes corporativos mexicanos Carlos Slim y Larrea, según dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto en ese momento.

El mes pasado, Grupo Financiero Inbursa de Slim dijo que se había retirado de la puja por Citibanamex, después de que el local Grupo Financiero Banorte lo hiciera a finales de octubre.

Y es que la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, busca simplificar el gigante de Wall Street, que ha estado reduciendo su presencia en el extranjero mediante la salida de mercados no esenciales, con acuerdos para vender los negocios de consumo del banco en Baréin y la India anunciados a principios de este año.

A inicios de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que la venta de Citibanamex podría resolverse antes de que termine el año.

“Ya creo que estaría por resolverse lo del banco (…) me han dicho que ya pronto, que puede ser antes de que termine el año, todavía no tengo una fecha, no nos han informado todavía”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Y el pasado 25 de noviembre, AMLO indicó que no tendría problema en que Germán Larrea se convirtiera en el nuevo dueño del cuarto banco más grande del país.

Insistió en que Larrea, con quien ha sostenido diversos desencuentros, cumple con los requisitos que él ha sugerido para la transacción: que se adquiera con capital mexicano; que quien lo compre esté al corriente en el pago de sus impuestos; que se comprometa a no despedir a los trabajadores del banco, y que garantice que el patrimonio cultural se queda en territorio mexicano.

“Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos y hasta donde tengo información, Larrea está al corriente del pago de sus impuestos”, dijo en otra de sus conferencias matutinas.

Y es que recordemos que López Obrador ha calculado que por dicha compra-venta, se pagarán entre 8,000 y 10,000 millones de pesos en concepto de impuestos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) notificó el fallo de la licitación pública internacional para el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el cual fue adjudicado a un consorcio que encabeza Grupo México.

El fallo señala como Licitante Adjudicado a Grupo México, a través de su División de infraestructura, en consorcio con ACCIONA, con una propuesta económica de 15 mil 358 millones 287 mil 724 pesos, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La licitación responde a la “elaboración del proyecto ejecutivo, construcción de la vía férrea electrificada del Tren Maya, incluida la adecuación de la plataforma carretera existente, correspondiente al tramo Playa del Carmen Norte a Tulum Norte”.

El también conocido como Tramo 5 del Tren Maya tiene una elevada importancia dentro del proyecto del gobierno de México, debido a la vocación turística del trayecto Cancún-Riviera Maya, así como por la alta demanda de servicios de transporte de carga y de pasajeros que atenderá.

El proyecto contempla obras de infraestructura ferroviaria y carretera, drenaje, terracería, pasos de fauna, así como los trabajos de electrificación de vías, entre otros.

La longitud del proyecto es de 60.3 kilómetros, los cuales tendrán doble vía para tráfico mixto con trenes, que podrán circular a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora e incluye también la construcción de un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen.

El consorcio ganador precisó que calculan que el desarrollo del proyecto ejecutivo ocupará a más de 120 ingenieros, y que, en su etapa de construcción, la obra generará más de tres mil empleos entre directos e indirectos.

Se detalló que la firma del contrato tiene como fecha prevista el 5 de febrero de 2021 y la vigencia del mismo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplando que se estiman 31 meses para terminar la construcción, incluidos los seis meses para la entrega del proyecto ejecutivo, y se agregan 51 meses para mantenimiento y conservación de la vía férrea.

Recordemos que el emblemático proyecto del gobierno federal está valuado inicialmente en unos 139 mil millones de pesos, aunque en recientes días su costo se actualizó a 161 mil 356 millones de pesos, y recorrerá 1,500 kilómetros, e impactará en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Fonatur decidió en octubre dividir la licitación original del “Tramo 5” en dos -sur y norte- luego de que en septiembre declaró desierto ese proceso tras recibir solo una propuesta de un consorcio encabezado por BlackRock.

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer, informó que para atender los efectos en la población dañada por el derrame tóxico en el Río Sonora, provocado por el Grupo México, se desarrollará un plan de seguimiento a 15 años.

El diagnóstico de la Secretaría de Salud respecto al Grupo México y su responsabilidad con los habitantes afectados por el derrame de metales pesados en el afluente, es que no se cumplió con el compromiso de dotar de las condiciones médicas y hospitalarias necesarias, explicó.

Por ello, añadió Alcoder, se propuso un nuevo plan que contará con el seguimiento de los tres niveles de gobierno.

“Será un plan de desarrollo a 15 años; el marco legal está basado en cuatro ejes, legal, multiparticipativo, con programas anuales y políticas de participación amplia y evaluación de metas y resultados”, detalló el secretario en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Señaló que hubo una reunión el pasado 18 de diciembre, en la que participaron autoridades, ciudadanos, académicos y representantes de la empresa.

El funcionario señaló que en la reunión aparecieron los afectados del derrame tóxico, quienes aprovecharon para plantea sus exigencias.

Recordemos que el derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 empeoró las condiciones de deterioro ambiental que se registra en esa zona; adicional hay 382 personas afectadas, y existen mil expedientes relacionados con dicha problemática.

“El problema se agudizó con el accidente, desde mucho antes hay contaminación de agua, tierra y aire por la actividad minera. No se ha hecho nada por la salud de las personas y los animales”, criticó el secretario.

Las exigencias de los habitantes incluyen que se dé servicio de salud, con el fortalecimiento de los hospitales, ya que el más cercano se localiza a 40 minutos en la capital del estado de Sonora; que haya personal suficiente y especializado, además de equipamiento moderno; además de que se mejore el abasto en medicamentos.

“Además, pidieron seguridad en todo el estado y que el fideicomiso para resarcir el medio ambiente sea regulado por el gobierno federal”, señaló el secretario. Criticó que el Fideicomiso creado por la empresa en 2014 no se ha cumplido como fue el acuerdo inicial.

Por su parte Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, informó que esta dependencia atiende 45 conflictos ambientales, uno de ellos es el del Río Sonora, donde el Grupo México tan solo durante 2018 obtuvo 100 mil millones de pesos por la explotación de sus minas.

“El actor privado, el Grupo México, es el causante de esta crisis ambiental y de salud en la región del Río Sonora. El Grupo México en todas sus minas obtuvo en 2018, 100 mil millones de pesos, dato que es importante en el momento de la negociación, expuso Toledo en la conferencia matutina presidencial.

Agregó que la empresa tiene 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respecto al incumplimiento de los compromisos contraídos desde 2014, cuando ocurrió el derrame de metales pesados.

Este lunes, el gigante minero Grupo México descartó que un reciente derrame de ácido sulfúrico en el Golfo de California haya ocasionado daños ambientales en la zona.

Citando un reporte de la Secretaría de Marina, la empresa explicó que debido a la reducida cantidad del compuesto químico que fue vertido en la bahía “su dilución se dio muy rápidamente”.

“Esto hizo que la liberación fuera inofensiva y se determinó que no hubo afectación a la flora ni a la fauna de la zona portuaria de acuerdo con el informe de la Secretaría de Marina”, agregó Grupo México.

El pasado 9 de julio, dentro del recinto portuario industrial, durante la limpieza rutinaria de las tuberías se presentó un incidente que ocasionó la liberación de aproximadamente tres metros cúbicos de ácido sulfúrico al mar de la zona portuaria.

Agregaron que de inmediato se atendió el incidente y se notificó a la Administración Portuaria Integral (API) de Guaymas, a la Secretaría de Marina, así como a Protección Civil de Guaymas.

“Estas autoridades se presentaron en el lugar, evaluaron el sitio y constataron que la situación había sido debidamente atendida y controlada. Asimismo, se notificó en tiempo y forma a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa)”, destacaron.

El día 10 de julio la Profepa realizó una visita de inspección en la que concluyó que sí se ejecutaron las medidas inmediatas para contener los materiales liberados.

“Por dicho motivo, consideramos que la información difundida a través de redes sociales sobre los decesos de la población marina, no se encuentra relacionada en forma alguna con el incidente ocurrido”, dijo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que se hará una cuidadosa revisión del desempeño de Grupo México ya que acumula 22 accidentes ambientales, lo que obliga a plantear la suspensión de actividades de la empresa propiedad de Germán Larrea.

El titular de la dependencia, Víctor Toledo, dijo en conferencia de prensa que pese a que se trata de una enorme compañía, son más de 20 años en que no cumple con mantener sus instalaciones y procesos de manera adecuada y que su situación es inadmisible.

“Estamos por lo tanto ante una situación especial (…) la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria”, adelantó el funcionario federal.

A su vez, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), admitió que un grupo de ciudadanos presentó una denuncia para conocer qué trato se le ha dado al Grupo Minera México de parte del gobierno.

La funcionaria dijo advertir “una serie de violaciones”, pero no especificó cuáles porque el proceso legal está en trámite.

Indicó que la representación de la Profepa en Sonora emitió una visita de inspección a la Administración Portuaria Integral (API), de Guaymas y que la sanción económica puede ser entre 20 mil y cuatro millones 200 mil pesos, además de conminar a la empresa a resarcir los daños causados.

Al respecto, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que si la empresa no corrige los daños causados será necesario el castigo e incluso la suspensión de Grupo México.

El empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, se comprometió a colaborar en el rescate de los 65 cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos en 2006, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo detalló que Larrea le envió una carta en la que expuso que ya se había hecho el intento de rescate de los cuerpos, pero no habían podido concretarlo, sin embargo, aceptaba colaborar en el rescate anunciado ayer por el presidente.

“Me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos, pero que aceptaba ayudar y colaborar, que ponía a disposición de este esfuerzo los elementos que se necesitaran”, dijo. ​

El Presidente recordó que ya había solicitado apoyo a Larrea hace unos meses “él argumentó lo que les dije ayer, que habían hecho el intento y no habían podido, que había condiciones riesgosas, yo insistí en que teníamos que hacer todo”, señaló López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de las labores de rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, Coahuila, tras el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, cuando colapsaron varios túneles de una mina de carbón.

“Es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo”, dijo López Obrador a la par que refirió que la idea es iniciar los trabajos lo antes posible.

López Obrador explicó que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya habló con los familiares de los mineros e indicó que también se buscó a Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, empresa encargada de la mina de Pasta de Conchos, y aunque las autoridades no lo encontraron por que está fuera del país, el presidente dijo que está seguro de que no se opondrá.

“Vamos a recurrir a los expertos, especialistas y vamos a trabajar para rescatar los restos de los mineros de Pasta de Conchos”, dijo el mandatario, quien no dio una cifra sobre a cuánto ascendería el costo de este rescate.

“Tenemos presupuesto. Saben ustedes que la secretaria que más presupuesto recibió este año, fue la secretaría del Trabajo, se incrementó su presupuesto. En 2018 eran 4,000 millones de pesos y este 2019, 40,000 millones de pesos ¿Alcanza o no alcanza?”, dijo López Obrador.

El 19 de febrero de 2006, una explosión atribuida a gas metano mató a 65 mineros que laboraban en Pasta de Conchos. Tras el incidente, los equipos de rescate solo pudieron localizar los cuerpos de dos de los mineros.

Aunque los rescatistas pudieron llegar hasta la mitad de la mina, donde se estimaba hubiera más cuerpos, estos no fueron localizados y el rescate se suspendió debido a los altos niveles de gases y al riesgo de explosiones, de acuerdo con la explicación de Grupo México, la empresa dueña de la mina, y el Gobierno federal, a cargo de Vicente Fox en aquel entonces.