Ana Paula Ordorica
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Sánchez Cordero defiende iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica. El Estado debe tener “rectoría” energética

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso, y que ha sido señalada de limitar la generación privada de energías renovables para que el Estado recupere la “rectoría” del sector energético.

“En un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado”, dijo Sánchez Cordero en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La ministra en retiro defendió la iniciativa preferente del presidente, la cual restringiría la entrada al despacho eléctrico de la energía generada por las plantas privadas de renovables.

La funcionaria coincidió con el mandatario en la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya energía se produce en plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un posicionamiento en el que señala al gobierno de intentar una “expropiación indirecta”, además de contravenir el Acuerdo de París y el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La titular de la Segob respondió que la ley “no significa que no vayan a participar los particulares”, pero que será “con ciertas reglas y con ciertos límites” porque el Estado debe garantizar los principios constitucionales de continuidad, confiabilidad y estabilidad en el servicio.

“No podemos tener energías intermitentes, claro, bienvenida la participación privada, y ahí está en la ley la participación de la energía privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado”, añadió.

La iniciativa, que se presentó con carácter preferente, significa que el Congreso tendrá 30 días naturales para discutir la iniciativa, que argumenta buscar “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional”.

Los cambios contenidos en la iniciativa se suman a la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.

Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14% del PIB , según el CCE.

Sánchez Cordero dijo que la reforma avanzará en el Congreso y después los inconformes podrán “ejercer su derecho” a impugnarla. Incluso argumentó sobre la necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema ante la pandemia de Covid-19 que se vive.

“Solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano en esta rectoría del Estado estos tres principios, la confiabilidad en el sistema, imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable, no continuo o no estable en los hospitales”, sostuvo.

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Desde su aislamiento, AMLO envía iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y solicitó expresamente que sea turnada a la Cámara de Diputados y que su resolución se realice con carácter preferente.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Aclaró que ésta no es una reforma constitucional, sino una modificación para adecuar la Ley de la Industria Eléctrica a una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado y terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y subsidios.

La propuesta plantea eliminar la obligatoriedad de la CFE de comprar electricidad a través de subastas, en las que han participado empresas de energía renovable, así como revisar la rentabilidad para el gobierno de la compra de electricidad a través de contratos con productores independientes.

“Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la (…) CFE para beneficio del interés nacional”, señala el documento de la iniciativa.

El proyecto plasma algunas propuestas del mandatario ya anticipadas a los reguladores del sector energético en al menos un par de reuniones el año pasado, en las que planteó una serie de puntos para fortalecer a la CFE y a Pemex.

La iniciativa también plantea cambios en materia de energías limpias, despacho eléctrico, permisos a privados, subastas, y discriminación en favor de CFE y generación fósil, cambios que podrían ocasionar conflictos con lo dispuesto en la Constitución y Tratados, como el T-MEC.

Se indica que los Certificados de Energía Limpia (CELs) amparen generación previa no considerada cuando se establecieron los requisitos, los que permitirían al país alcanzar metas de Ley de Transición Energética; con esto se impediría alcanzar metas de energía limpia.

También permite a la CFE suministro básico adquirir energía, potencia y CELs fuera de subastas, lo cual elevaría el costo del suministro.

La iniciativa también propone “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”.

Uno de los cambios que más llaman la atención es el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino que en primer lugar estará la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como la solar solar, de privados.

Adicional, los permisos de generación se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. La CRE también revocará permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.

El trámite preferente de la iniciativa implica que debe ser analizada, discutida y votada en esta Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales, para que sea remitida a la Cámara de Senadores, la que deberá resolverla en un plazo idéntico.

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Otra para AMLO: diputados aprueban en lo general reforma al sistema de pensiones

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sobre el sistema de pensiones, la cual busca realizar modificaciones a las leyes del Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Pleno de la Cámara aprobó el dictamen que, indica el documento, busca garantizar que las y los trabajadores reciban una pensión competitiva y con base en los estándares internacionales. El documento fue avalado con 441 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones.

Según lo señalado, se reduce el número de semanas de cotización, incrementa gradualmente las aportaciones de los patrones, modifica la composición de la aportación del Estado y aumenta el monto de la pensión mínima garantizada.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Baca del PAN, expresó que el propósito es mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores, sujetos al régimen pensionario de Ley del Seguro Social, mediante el aumento de las pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores.

Terrazas Baca mencionó que se reduce el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de mil 250 a mil; la disminución se refleja en la modificación que se propone en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.

Dicha disminución será paulatina e iniciará a la entrada en vigor del presente decreto, con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener esos derechos. El número necesario de semanas de cotización se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas en el año 2031, como se señala en el Artículo Cuarto Transitorio.

Se incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores, de 6.5% más cuota social, al 15%, incluyendo ya la cuota.

Con la propuesta, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos, la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total.

También se consideró importante que el incremento de la aportación patronal se realice gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el Artículo Segundo Transitorio y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor en 2023.

El tercer cambio, explicó la diputada Patricia Terrazas, tiene por objeto aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de la prestación de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.

Se propone además una reforma al artículo 193 de la Ley del Seguro Social, para que en caso de fallecimiento del trabajador o el pensionado, los beneficiarios designados no tengan que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos respetando los que corresponden a éstos.

En el artículo 172 y 172-A de la Ley del Seguro Social, se establece un esquema para dar mayor agilidad al pago de pensiones a cargo del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación.

En el Artículo Séptimo Transitorio, se plantea un mecanismo para la revisión periódica de la gestión de la reforma que se propone, de modo que la Consar deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la reforma, a fin de que ésta remita al Congreso de la Unión el informe correspondiente.

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Gobierno firma acuerdo con la IP y el sector obrero sobre iniciativa de subcontratación

El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector sindical firmaron esta mañana un acuerdo para iniciar “de inmediato” la regularización de trabajadores subcontratados.

Con el acuerdo, se solicitó al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió para limitar dicho modelo de contratación.

El presidente López Obrador anunció en noviembre pasado una polémica reforma que buscaba prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del “outsourcing” y solo autorizarla en casos puntuales, lo que generó molestia en la IP.

En el convenio suscrito por el gobierno y los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación de personal.

“Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal”, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia matutina del presidente.

Detalló que entre los cuatro puntos que conforman el acuerdo está el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación, por lo que las empresas iniciarán un proceso para regularizar plantillas en el marco de ley. Se discutirá un nuevo esquema de reparto de utilidades según la ley para no subcontratar personal y que la nómina quede bien definida. Se verá el impacto operativo del modelo en las empresas, las cuales pidieron un tiempo de maduración y fijaron para febrero de 2021 la discusión parlamentaria para que en 30 días posteriores a esa fecha se apruebe la iniciativa.

Finalmente, se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores de manera masiva en el mes de diciembre.

Al retrasar el debate legislativo, se les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse a los cambios que se requieren.

La titular de la STPS enfatizó que en el acuerdo se establece que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y “tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada”.

Mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.

“Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad”, destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

AMLO dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto de “las solicitudes de diálogo y consulta” para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades.

Finalmente Carlos Aceves, dirigente de la CTM, reconoció que hay un “outsourcing blanco y uno negro”, este ultimo el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.

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Morena va por reforma para restringir presencia de agentes extranjeros en México

El Senado alista una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la que busca restringir la presencia de agentes extranjeros en el país, entre ellos los de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“Muestra una clara defensa a la autonomía, la independencia y la soberanía nacionales”, expresó este lunes Ricardo Monreal, presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al compartir la iniciativa del mandatario.

La reforma crearía un marco legal que “defina y acote” las funciones de los agentes de seguridad extranjeros en México, expuso Monreal.

Además, añadió, regularía el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en el país, y normaría las funciones de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en seguridad nacional.

Las modificaciones, comentó, obligarían a las embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de seguridad” de los que “tengan conocimiento”.

Los agentes del exterior también deberán compartir con las autoridades de México la información “de la que se alleguen”, indicó.

“Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal en materia de seguridad nacional representan un parteaguas en la defensa de nuestra soberanía”, precisó el morenista.

La iniciativa llega tras las tensiones que ocasionó la captura del exjefe del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles luego de una investigación de la DEA que Washington no compartió con el gobierno de López Obrador.

El extitular de la Sedena durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, enfrentaba cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la DEA. Pero tras el reclamo del gobierno mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó el 17 de noviembre retirar los cargos y permitir que regresara a México en libertad, donde la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación con la información que la justicia estadounidense le compartió.

En ese momento, AMLO negó haber amenazado a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del territorio mexicano. También aseguró que no había “nada oculto” en la negociación con la administración de Donald Trump tras afrontar cuestionamientos por negarse a reconocer la victoria electoral de su rival demócrata, Joe Biden.

Aun así, el líder de Morena en el Senado presumió la nueva iniciativa, que también quita la inmunidad a los agentes extranjeros y limita su trabajo al intercambio de información con México. “Ningún presidente se había atrevido a plantearlo de manera tan firme y categórica”, enfatizó Monreal.

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AMLO discute con empresarios iniciativa para prohibir la subcontratación

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne con integrantes del sector empresarial para explicarles y discutir la iniciativa de ley que ya envió a la Cámara de Diputados para acabar con el mecanismo de subcontratación, el llamada outsourcing.

“El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran. Y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones”, explicó el mandatario.

AMLO insistió en que muchas empresas, cuando se le tiene que entregar a los trabajadores aguinaldo y otras prestaciones como las utilidades, despiden a sus trabajadores para evitar dichos pagos, y los vuelven a contratar a inicios de año.

El presidente acusó que la reforma laboral del 2012 se hizo durante el periodo neoliberal y se justificó de que, con dicho esquema, la empresa se iba a dedicar sólo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral.

Sin embargo dijo, con el paso del tiempo se ha demostrado que dicha reforma significó un abuso, pues creció mucho el número de trabajadores que están bajo el sistema de subcontratación.

López Obrador dijo que se está haciendo una revisión para que no se den irregularidades, pues aunque sus detractores dicen que al prohibir la subcontratación se van a perder empleos, no tiene caso promover empleos mal pagados. Fue en ese sentido donde dijo que es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras o en El Salvador sea más elevado que en México.

El mandatario dijo que la subcontratación de acabará en general, aunque justo la revisión que se hará es para ver en qué casos sí hay una justificación para que se mantenga dicho mecanismo. Dijo que el gobierno sí tiene disposición para modificar la iniciativa si es que los empresarios prueban la necesidad, pues de otra forma, no se permitirá el modelo.

López Obrador concluyó diciendo que en el servicio público ya está resuelto el tema, pues no va a haber ninguna subcontratación.

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Ricardo Monreal ofrece a los empresarios analizar iniciativa sobre el outsourcing

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, ofreció que, cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, ésta se analizará en conjunto con empresarios.

El legislador participó en un encuentro virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ahí, explicó que dicha propuesta busca modificar seis ordenamientos jurídicos para regular tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación.

Dijo que esta propuesta se presenta en un “momento clave” para el país y tendrá “que ver mucho con los empresarios”.

El senador destacó que son las pequeñas y medianas empresas las que día a día ayudan a construir al país. Además, señaló, “nos une el mismo objetivo: que a México le vaya bien. Por eso celebro la oportunidad de dialogar hoy con ustedes”.

Monreal indicó que el objetivo es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS y del Infonavit, así como la defraudación fiscal. Agregó que para que los trabajadores puedan tener seguridad social, salarios reales, recibir utilidades y liquidaciones conforme a la ley.

Ricardo Monreal recordó que en el Senado hay un dictamen aprobado sobre outsourcing; no obstante, “no nos pusimos de acuerdo y por eso no se aprobó el año pasado”, reconoció.

Comentó que se estima que por outsourcing, los trabajadores reciben un porcentaje mucho menor de las utilidades que corresponden. “El porcentaje lo plantean de esa manera, pero te puedo decir que en el Senado avanzamos mucho en este tema”, agregó.

Para el coordinador de los senadores de Morena “todo esto” fue provocado, no por todas las empresas, pues la mayor parte de ellas ha cumplido, pero sí por el abuso de algunos.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la iniciativa de subcontratación que firmó este jueves el presidente López Obrador, tal como está planteada, desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo,

En un comunicado, el CCE dijo que tal como está planteada, la propuesta agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.

Recordó que, durante 2019, el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado mexicano para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa.

“Pero este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”, acusó el CCE.

La cúpula empresarial dijo que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente, y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse.

Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones”, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Destacaron también que la figura de la subcontratación “permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata”.

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Se debe regular, no prohibir: Coparmex a gobierno tras iniciativa para prohibir el outsourcing

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmara una iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó al gobierno de violentar acuerdos internacionales.

La Confederación dijo que con dicha iniciativa, el gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

Recordó que según datos del Censo Económico 2019, la iniciativa pondría en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en el país bajo la modalidad de subcontratación, e incluso advirtió que podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.

La Coparmex denunció que la iniciativa también tendrá efectos fiscales adversos. Dijo que resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, dijo la organización que dirige a nivel nacional Gustavo de Hoyos.

Y aunque se dijeron a favor de cualquier esfuerzo para acabar con actividades fraudulentas, pidieron no perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral. “Se debe regular, no prohibir”.

Explicó que la subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, fomenta el empleo, la economía formal y la inversión.

La Coparmex lamentó que aunque se tenía el compromiso del gobierno federal de lograr consensos con el sector privado, no lo cumplió.

Finalmente, la Coparmex instó al Congreso de la Unión y al gobierno federal a retomar el compromiso de diálogo social que permita llegar a una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

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AMLO y Alcalde presentan iniciativa para “terminar con los abusos de la subcontratación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, una práctica de la que acusó el gobierno, se ha abusado en el país  y con la que las empresas evitan cumplir con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que hay empresas que suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de la compañía pero reciben de otra empresa su salario, que muchas veces está por debajo del de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

En este sentido, el presidente López Obrador denunció que la tendencia es el despido masivo de trabajadores a fin de año para que no tengan antigüedad.

Luisa Alcalde explicó que la propuesta prohibirá la subcontratación de trabajadores salvo que sea para servicios u obras especializadas y establecerá que las agencias de empleo sólo puedan reclutar o formar a trabajadores pero no contratarlos en sustitución de sus clientes.

“El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública”, dijo Alcalde.

La funcionaria enfatizó que habrá multas para quienes no cumplan la norma y hasta acusaciones de defraudación fiscal.

Alcalde ofreció dos ejemplos reales aunque no identificó a las compañías: un grupo empresarial que tiene más de 250,000 trabajadores que no se dedican a ninguna actividad y sólo se transfieren a otras empresas y un hotel del Caribe con 802 trabajadores de los cuales sólo dos tienen contrato directo con dicho hotel.

La secretaria del Trabajo detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de “simulación en la relación laboral” y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.

Recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado hace semanas su intención de terminar con esta modalidad de contratos. Con la propuesta se busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa que firmó esta mañana en Palacio Nacional será enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados. AMLO confió en que los legisladores aprobarán la propuesta “ojalá se pueda hacer pronto para evitar estos abusos”.

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AMLO va por el outsourcing. Presentará iniciativa para desaparecer la subcontratación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un “facturero” que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, enfatizó AMLO.

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Tabasco no se quiere quedar atrás. Gobernador anuncia iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció esta tarde que será la próxima semana cuando enviarán una iniciativa al Congreso estatal para inhibir el consumo de comida chatarra.

El mandatario señaló que presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, similar a la que se aprobó ayer en Oaxaca, para prohibir la venta, distribución y promoción de productos no saludables a menores.

Señaló que una de las enseñanzas de esta pandemia, es que se debe promover prácticas de nutrición saludable para la prevención de enfermedades. “Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose”.

Indicó que esta reforma apoyará la estrategia nacional de incluir en los planes educativos de nivel básico la asignatura de Vida Saludable y que las familias en la medida de sus posibilidades económicas proporcionen a los menores alimentos nutritivos.

Sobre el tema educativo, el gobernador precisó que el sistema de Tabasco está preparado para atender a alumnos que pudieran abandonar los colegios particulares ante la dificultad de sus padres de pagar sus colegiaturas por la complicaciones económicas generadas por el COVID-19, afirmó e

Se comprometió a que una vez que se reinicien las clases presenciales, todos los alumnos tendrán un lugar asegurado en los planteles públicos.

López Hernández estimó que si bien en la entidad ha disminuido las cifras de algunos indicadores con respecto a la pandemia, todavía continuará por algunas semanas más en semáforo epidemiológico rojo.

“Viene a la baja el número de hospitalizados, desde el día 03 de julio no bajábamos de la cifra de 600 hospitalizados, creo que ayer fueron 570 si mal no recuerdo, antier 589, está a la baja, esperamos que esto se mantenga”, concluyó.

Sobre la aprobación de la modificación a la ley en Oaxaca para prohibir la venta de ciertos alimentos y bebidas a los menores de edad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) afirmó que más allá de reformar la ley, se necesita una reforma integral que permita combatir la obesidad y sobrepeso a fondo.

“Manifestamos nuestro rechazo al dictamen aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas y alimentos envasados a menores de edad, de manera directa y a través de máquinas expendedoras y distribuidores automáticos (…) el dictamen no ataca el problema de raíz, ya que no implementa una política pública integral de salud, por el contrario, daña a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos”, señaló la confederación.

Advirtieron que la entrada en vigor de la reforma generará un alto impacto económico en diversos sectores de la entidad, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Iniciativa para crear el Inmecob se aplaza. Monreal anuncia proceso abierto de análisis

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer el aplazamiento de su iniciativa de ley dirigida a fusionar tres organismo reguladores, que la semana pasada anunció y que fue cuestionada por opositores y expertos al considerarlo un riesgo para el contrapeso de poderes.

El pasado 9 de junio, Monreal presentó una iniciativa para extinguir y fusionar en un nuevo organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos se agruparían en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

“He decidido posponer la presentación (de la iniciativa) e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma”, dijo Monreal, en un video publicado en redes sociales.

Señaló que en el “momento histórico” por el que atraviesa el país obliga a centrar la atención en los problemas derivados de la crisis sanitaria y “a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”, entre México, Estados Unidos y Canadá.

El legislador no especificó cuándo retomaría el proyecto, y afirmó el domingo que no hay intención desde el oficialismo de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo, ni a la concentración de las funciones en el Ejecutivo, ni violentar la autonomía que hasta ahora tienen los órganos reguladores.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de la iniciativa, al resaltar que la propuesta permitiría ahorros al país.

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Si significa ahorros, adelante. AMLO da visto bueno a iniciativa del INMECOB

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la iniciativa que ayer presentó el senador Ricardo Monreal, mediante la que se pretende extinguir el IFT, la COFECE y la CRE, y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

“No sabía de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación e organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto”, respondió AMLO, quien dijo que estudiaría la iniciativa.

Y aunque dijo desconocer la propuesta del morenista, el presidente tenía preparado material para explicar su apoyo a la misma. Presentó una lámina en la que exhibió que tan solo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tiene 30 direcciones, por lo que dijo, es un aparato burocrático costoso.

Como ha sucedido en repetidas ocasiones, López Obrador acusó que en el periodo neoliberal se fueron creando “institutos pantalla”; además el IFT puso como ejemplo la creación del INAI.

AMLO acusó que “crearon organismos supuestamente autónomos e independientes y ahí se iba parte del presupuesto, todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien”.

Recordemos que el senador Monreal presentó una iniciativa de reforma que busca desaparecer a los órganos reguladores del Estado: el IFT, COFECE y la CRE, y crear el INMECOB.

En el documento que se dio a conocer, el coordinador de la bancada de Morena, argumentó la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal, que, “más que nunca, dadas las condiciones en las que se encuentra la economía nacional, resultantes de la emergencia sanitaria (…) requiere que todos los poderes constituidos y órganos del Estado mexicano, coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación”.

La iniciativa propone reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar “INMECOB”, un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.

Tras presentar la iniciativa, Monreal  aseguró que los tres órganos reguladores fueron consultados para la elaboración de la misma; sin embargo, tanto el IFT como la Cofece negaron que eso haya ocurrido.

“Respecto de la iniciativa de ley presentada el día de hoy, en la que se contempla la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (…) El IFT no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto que fue dado a conocer, por lo que no emitió comentarios ni sugerencias a dicha iniciativa”. indicó el Instituto a través de un comunicado.

Por su parte la Cofece dijo que nunca fueron consultados, por lo que no hizo comentarios previos a que la iniciativa fuera presentada.

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In Nacional

Bajo la idea de ayudar a los desempleados, Morena va por las AFORES

Este miércoles, diversos analistas comenzaron a advertir sobre una iniciativa que la fracción de Morena prepara en la Cámara de Diputados, con la intención de “ayudar a los desempleados” ante los efectos de la pandemia; aunque en realidad, acusan se trata de un intento por acabar con el sistema de pensiones y los ahorros de los trabajadores en las Afores.

“Sería corrida contra el sistema de pensión (…) Se quiere crear un aliciente para los desempleados, pero en los hechos sería una corrida contra afores y el dinero que los trabajadores acumularon en Infonavit”, señaló José Yuste, periodista especializado en temas económicos.

Marco Mares advirtió que la iniciativa de Morena provocaría que muchas Afores se queden vacías. Coincidió con Yuste al decir que con el pretexto “ayudar” a las personas desempleadas, se pretende utilizar los recursos de las Afores.

Mario Maldonado, columna en El Universal, advirtió que el retirar fondos de las Afores podría llevar a algunas de ellas a la quiebra; y la quiebre de alguna, afectaría a todo el sistema. “Sin Afores no hay pensiones para los trabajadores del sector formal”.

Al respecto, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en Diputados, y artífice de la iniciativa, explicó que derivado de la emergencia sanitaria, muchos trabajadores han quedado en desempleo. Indicó que ante la falta de ahorros, la población se ve orillada a hacer uso de otras alternativas, por ejemplo, los seguros de desempleo gubernamentales o las casas de empeño.

Defendió su propuesta al asegurar que la iniciativa busca ampliar el espectro de alternativas para las trabajadoras y los trabajadores.

Aunque dijo que los trabajadores formales que tienen Afore cuentan con la opción de hacer retiros parciales por desempleo de su cuenta, para acceder a dicha  opción se tiene que cumplir con una serie de requisitos entre los cuales destacan:

  • Deben pasar 46 días naturales desde la fecha que la persona perdió su empleo
  • No haber realizado un retiro en los 5 años anteriores
  • Se restará un número de semanas cotizadas por el trabajador equivalentes al monto del retiro parcial realizado.

Señaló que considerando el requisito de 46 días de espera para solicitar el beneficio, los retiros que se han hecho hasta ahora corresponden a quienes perdieron su empleo a mediados del mes de marzo, es decir, quienes quedaron desempleadas previo a la implementación de las medidas más restrictivas de control sanitario. Enfatizó que quienes perdieron el empleo durante el periodo más severo de la pandemia (abril-junio) aún no pueden acceder a los recursos de su Afore.

“La restricción que se impone a los trabajadores para acceder a sus propios recursos, los expone a ser víctimas de préstamos con condiciones abusivas. El objetivo de la presente iniciativa consiste en incorporar un mecanismo extraordinario que permita a los trabajadores que caigan en desempleo a partir de una situación de emergencia a acceder a una cantidad de recursos de su AFORE (…) un alivio económico a un sector de la población que se ve directamente afectado por la emergencia”, expone Delgado al justificar la iniciativa.

Con la propuesta, el trabajador podría retirar hasta 27 Salario Mínimo General (SMG), equivalente a 3,326.94 pesos. Así, el monto mensual global sería de 1,847 millones de pesos, considerando 555,247 trabajadores que perdieron su empleo en abril. La propuesta señala que toda vez que se propone que el beneficio se extienda por 4 meses, cada trabajador podría retirar hasta 13,307.76 pesos. Un despliegue global de recursos equivalente a 7,389 millones.

Delgado precisó que la fuente de los recursos será la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que administran las AFORES, que aportará dos tercios de los recursos, mientras que el tercio restante saldrá de la subcuenta de Vivienda.

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Iniciativa de la OMS busca que farmacéuticas cedan los derechos de tratamientos contra el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este viernes una iniciativa para que el hallazgo de uno o más tratamientos y vacunas para la Covid-19 sea compartido gratuitamente con el mundo entero y así evitar que la cura y prevención de esta nueva enfermedad se conviertan en el privilegio de unos pocos.

La idea inicial partió del Gobierno de Costa Rica, que planteó una especie de fondo común donde los que decidan participar, de forma voluntaria y bajo el principio de responsabilidad social, pondrán a disposición el conocimiento científico, los datos y la propiedad intelectual que vayan desarrollando.

Además de medicinas y vacunas se incluyen pruebas de diagnóstico mejoradas, dispositivos médicos (como prototipos de respiradores), material de protección sanitaria y cualquier otra tecnología que se muestre útil para frenar la pandemia.

La Plataforma de Acceso a la Tecnología (C-TAP) es el nombre que la OMS ha decidido darle y funcionará en paralelo a otra iniciativa con fines parecidos, el ACT Accelerator, que busca acelerar el desarrollo de las principales herramientas para luchar contra el coronavirus SARS-CoV-2 y promover un acceso equitativo a ellas.

El mundo está a punto de entrar en el sexto mes desde que se aceptó la gravedad del nuevo coronavirus que apareció en China, y que llegó primero a otros países de Asia, del que se descubrieron en febrero los primeros casos en Europa y que en marzo había saltado a América, donde la ola de la pandemia está ahora en su auge.

Treinta y cinco países han manifestado su apoyo al C-TAP, la mayoría países en desarrollo y, entre ellos, varios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú, y Uruguay. México también se ha unido a la iniciativa.

Entre otras cosas, esta plataforma plantea que los gobiernos y todas aquella entidades que financien investigaciones incluyan en los contratos que firmen con farmacéuticas cláusulas sobre “distribución equitativa y publicación de los datos obtenidos de los ensayos clínicos”, explicó en el lanzamiento el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, se pide que se compartan las secuencias genéticas y datos científicos, pero el punto más delicado de esta iniciativa es que pide que se cedan los derechos de propiedad intelectual de tratamientos y vacunas a esta plataforma para que a su vez ésta los conceda a productores de genéricos.

“Invito a las industrias y sectores académicos a que registren y compartan su conocimiento, propiedad intelectual y datos de tecnologías sanitarias existentes y nuevas para combatir el Covid-19 por el bien de toda la humanidad”, dijo el presidente de Costa Rica,

Grandes corporaciones farmacéuticas prometieron este jueves que no buscarán obtener ganancias si consiguen desarrollar los tratamientos y vacunas que están investigando. Ello mientras dure la pandemia.

Sin embargo, altos ejecutivos de GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson afirmaron que hay que defender y mantener el principio de la propiedad intelectual, sin el cual, enfatizaron, no habría incentivo para la innovación.

La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA) participa en representación de la industria en el ACT Accelerator, pero no se ha manifestado sobre la nueva iniciativa, que va más lejos que la primera y que les comprometería a ceder sus derechos sobre los descubrimientos que hagan en torno al coronavirus.

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