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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó este miércoles el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, ocurrido ayer en Colima.

“Es un crimen atroz, condenable y estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde Puebla.

Aprovechó el tema para insistir en que su gobierno seguirá enfrentando a la delincuencia, de manera conjunta, con el fin de que no se repitan crímenes como el cometido en contra del juez.

AMLO advirtió que no cederán  ante ninguna amenazan y ante ningún acto de intimidación. Afirmó que no nada lo detendrá de lograr su promesa de limpiar y acabar con la corrupción en el país, que haya justicia, y que se garantice la paz.

“La intimidación no procede, porque nosotros tenemos como encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país”, añadió.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unió a la condena del asesinato del juez, quien dijo, murió por cumplir con su labor.

“Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Yo creo que no solamente para mí, sino para todos. Era un juez penal. Yo lo conocí personalmente, era secretario y uno de las gentes que estuvieron en la Corte mucho tiempo, y decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo”, declaró Sánchez Cordero.

Recordó que Villegas Ortiz tenía algunos juicios de importantes personajes de la delincuencia organizada y aseguró que para ella su fallecimiento ha sido “sumamente triste y lastimoso” e indicó que se tendrá que trabajar en el esclarecimiento de las investigaciones.

Y aunque López Obrador no quiso dar detalles sobre la investigación que se lleva a cabo, adelantó que ya se tiene información sobre el móvil del crimen. Insistió en que no habrá impunidad y que los que cometen esos delitos serán castigados.

En ese sentido, adelantó que se reforzará la seguridad de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Villegas Ortiz se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión de delitos como narcotráfico, huachicol y lavado de dinero; estaba especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En marzo de 2018, Villegas Ortiz ordenó el traslado de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “El Mencho” Oseguera, desde un penal de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a uno de Jalisco.

Desde el 1 de febrero, Villegas Ortiz fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima.

De acuerdo a los reportes preliminares, ayer un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del juzgador y lo asesinó junto con su esposa.

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha instalado un clima de terror contra empresarios en el país, a quienes investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la cual dirige Santiago Nieto.

En un editorial publicada por el diario ayer, y firmada por la periodista Mary Anastasia O’Grady, se indica que “México avanza una normativa de un solo hombre (…) tras bambalinas, la ley está siendo utilizada para esparcir el terror entre los oponentes del presidente”.

La periodista señala que una pieza clave para dicha labor es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que supuestamente investiga actividades financieras sospechosas y entrega la información al fiscal general, aseguró O’Grady.

“En la práctica, dicen los críticos, está siendo usada para ganar control de las instituciones que deberían ser independientes”, añadió.

El texto señala a Santiago Nieto, quien en repetidas ocasiones ha dado a conocer el congelamiento de cuentas bancarias de empresas e individuos, sostiene que la prohibición de hablar de investigaciones en curso aplica únicamente para la Fiscalía General de la República (FGR) de México, por lo que él se defiende asegurando que utiliza su libertad de expresión para notificar avances.

La periodista del WSJ concluye su análisis indicando que México se conduce hacia una política dictatorial donde el presidente López Obrador dispone qué sucede a nivel institucional.

Sin embargo, esta mañana, el presidente López Obrador sostuvo que la acusación del WSJ es desmedida y que en México hubo gobiernos de un solo hombre durante las gestiones de Antonio López de Santa Anna, en el siglo XIX, y Porfirio Díaz, a principios del siglo XX.

Y aunque reconoció que la UIF sí investiga a diversas empresas e individuos, dijo que no lo hace a manera de intimidación, sino para garantizar que no haya cobro de cuotas a manera de sobornos para facilitar la asignación de contratos por parte del gobierno federal.

Luego de que se confirmara que el artefacto localizado dentro de una camioneta abandonada frente a la puerta 4 de la refinería de Salamanca sí era explosivo, periodistas cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si no contempla reforzar su seguridad.

El mandatario descartó hacer cualquier cambio y dijo que seguirá como hasta ahora lo ha hecho con su ayudantía. “El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, respondió López Obrador a los cuestionamientos.

Al respecto, criticó las medidas de seguridad que tenían sus antecesores y varios secretarios de Estado. Indicó que era una situación de pena ajena ya que se tenían aparatos de protección excesivos.

Dijo que estas medidas de seguridad impedían la comunicación entre el presidente y la ciudadanía. “Imagínense, cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente”.

Enfatizó que para poder gobernar tiene que escuchar al pueblo. Reiteró que no va a caer en ninguna provocación, ni hará caso a ningún acto de intimidación. “Tenemos nuestra conciencia tranquila”.

 

Este jueves, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, denunció que fuerzas policiales especiales se encontraban fuera de su casa mientras él estaba en un acto público y que preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales.

El autoproclamado presidente encargado, apoyado por Estados Unidos y calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como “golpista”, denunció los hechos al concluir un evento y dijo que regresaba a su hogar donde se encontraba su hija de 20 meses.

“En este momento está el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) en mi casa preguntando por Fabiana”, dijo Guaidó en el podio del acto y junto a él estaba su esposa.

“En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar (…) le digo al FAES y a las Fuerzas Armadas que tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia (…) Señores del FAES aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa de intimidación que le puedan hacer a mi bebé llamada Miranda”, dijo Guaidó.

Inmediatamente anunció que del acto salía a su casa, ubicada en el este de la ciudad.

Al llegar a su casa y comprobar que su hija estaba bien, Guaidó dijo a los medios que “eran 4 funcionarios, una camioneta y una moto, llegaron preguntando por mi esposa obviamente sin ningún tipo de orden”, y señaló que aunque el objetivo era intimidarlo no lo iban a lograr.

Esta tarde comenzaron a circular a través de las redes sociales, imágenes de supuestos maltratos y vejaciones de las que son víctimas los internos del penal Neza-Bordo; en las imágenes se aprecian golpes con palos, agresiones en grupos, e intimidaciones con fuego y aerosoles.

 

 

En los videos dados a conocer, se aprecia a Luis Fernando Arias, mejor conocido como “El Tatos“, quien es señalado de ejercer una política de intimidación al interior del penal con el fin de recibir dinero de parte de los familiares. “El Tatos”  se encuentra procesado por secuestro, extorsión y homicidio.

 

Las denuncias llegaron luego de que los familiares de internos agredidos, denunciaran que les hicieron llegar las imágenes para obligarlos a depositar dinero a cambio de no seguir torturando a sus internos. Incluso aseguran que estas practicas han dejado varios muertos, situación que afirman, son del conocimiento de las autoridades del penal.

 

 

 

En relación con las imágenes difundidas, la Secretaría de Seguridad estatal informó que los hechos ya se encuentran bajo investigación, e informaron que Luis “N” y dos sujetos más, fueron trasladados desde el 20 de septiembre a diferentes centros penitenciarios, al detectarse las conductas indebidas.

 

Las autoridades informaron que el resto de los partícipes de esta agresión, están siendo identificados para definir su situación, y confirmó que  a raíz de la difusión de dichos videos, la FGJEM inició una carpeta de investigación de oficio para determinar lo sucedido.

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) emitió un posicionamiento luego del reportaje que publicó el diario The New York Times en el que se señala la “persecución” de la que ha sido víctima el empresario y activista Claudio X. González, fundador de dicha movimiento.

 

 

 

 

MCCI sostuvo que al igual que muchas otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que documentan la gravedad de los problemas que aquejan a México en sus distintos ámbitos, “enfrentamos un ambiente hostil por parte de diversas autoridades”.

 

Reconocieron que “la presión, las amenazas veladas, el espionaje, el acoso fiscal e inclusive la violencia se han extendido y amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión”; sin embargo afirmaron que se debe tener el compromiso con “nuestro país y con quienes nos apoyan de seguir cumpliendo con el mandato para el cual nos constituimos, ya sea para informar a la sociedad, defender los derechos humanos, mejorar la educación, atender la salud…”.

 

Reafirmaron que MCCI seguirá cumpliendo con sus actividades de investigación, y denuncia de “actos y redes de corrupción ahí donde se encuentren, sean estos públicos o privados, federales o estatales, partidistas o empresariales”, y aceptaron el reto que conlleva seguir ejerciendo su labor pues esas “alternativas de solución” que ofrecen al exhibir la situación que vive el país, es lo que ayudará a que “México no está condenado a la corrupción”.

 

 

 

Foto: Archivo APO