JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

En su excelente libro On Tyranny, Tomothy Snyder, profesor de Yale, reflexiona sobre las elecciones del siglo XX para prevenir el ascenso de tiranos al poder. Snyder aconseja evitar «obedecer por adelantado«. Subraya que «la mayoría del poder del autoritarismo es otorgado gratos… los individuos se anticipan a pensar qué, es lo que desea un gobierno represivo, y se lo ofrecen sin que lo pide… le muestran al poder hasta dónde puede llegar«. A pesar de Santiago Nieto, del congelamiento de cuentas y la extinción de dominio, los empresarios se equivocan al someterse al Presidente.

Este gobierno ni siquiera ha tenido que recurrir a la censura. Comunicadores percibidos como críticos al régimen -Loret, Brozo, Marín, Alemán- salieron de los medios porque sus dueños buscan complacer con sus cabezas; y les abren espacios a quienes simpatizan con el régimen. Los dueños sacrifican audiencia, sin darse cuenta de que es ésta la que los hace menos vulnerables.

Los empresarios no deben posponer el enfrentamiento con el gobierno, pues éste será infinitamente más violento si ocurre por una crisis, de la cual se les culpará, y cuando las instituciones estén todas cooptadas. Pero importa oponerse unidos, aunque algunos liderazgos parecen padecer del Síndrome de Estocolmo: agradecen tanto el oído del prócer, que poco les falta para agradecer sus golpes, porque pudieron se más contundentes.

Hoy existe un quid pro quo posible. Podrían comprometerse a invertir a cambio de que el gobierno se comprometa a respetar límites claros: la autonomía del Banco de México es intocable, la del INE también (y ningún consejero propuesto será militante de partido alguno), se devolverá autonomía a CNDH y CRE, respetando presupuestos previos, y todos los organismos autónomos que requieren de funcionarios competentes, los tendrán. Esto no es un argumento político. La incertidumbre que proviene de regulación volátil e improvisada mata la inversión.

Los empresarios podrían ofrecer apoyar una amplia reforma fiscal, consensuada con ellos, pero exigiendo una campaña para desincentivar la informalidad. También ofrecer la creación de un impuesto especial por los próximos diez años, cuyo destino sea invertir en seguridad -desarrollo y capacitación de policías locales, adquisición de tecnología y armamento, desarrollo de capacidad de inteligencia- y en procuración y administración de justicia (fortaleciendo el Sistema Penal Acusatorio, capacitando Ministerios Públicos, fiscales y jueves). Pero exigiendo que programa y procedimientos sean desarrollados y supervisados por una comisión mixta donde participen sus expertos y funcionarios del gobierno. El primer enfoque urgente sería usar toda la fuerza del Estado para combatir crímenes violentos.

La incertidumbre sobre el acceso ininterrumpido a energía a costo razonable hace imposible invertir. CFE debe incentivar la generación privada de energía eléctrica, para sólo encargarse de distribuir y comercializar. Hay que exigir que regresen rondas y formouts, para que Pemex concentre sus escasos recursos en incrementar producción, dejando actividades de comercialización, distribución y almacenamiento en manos privados.

AMLO pudo reunir a los empresarios más grandes del país para convocarlos a cerrar filas ante problemas crecientes y un entorno complejo. En vez de eso, decidió humillarlos, «invitándolos» a vender boletos de una rifa. No es un estadista, ni pretende gobernar para todos. Despilfarra su capital político en frivolidades. Si el objetivo era recaudar recursos privados para salud pública, ¿por qué no simplemente pedir donativos en especie? Recordemos que la falta de medicinas o la reducción en el presupuesto de seguridad no ocurren porque les falte dinero, sino porque decidieron asignárselo a Pemex y repartírselo a sus clientelas.

El presidente pierde credibilidad y prestigio por minuto, basta leer lo que la prensa internacional dice de él. Eso ahuyenta a inversionistas que necesitamos. A nadie le conviene una crisis. Si perdemos seis años, no los recuperaremos.