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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó este martes a las autoridades locales de dar un “tratamiento poco adecuado” a la investigación sobre la muerte de Jesús Ociel Baena, primer jurista de género no binario en el país, y de su pareja, Dorian Daniel Nieves.

“Este organismo inicia de oficio queja por los hechos, y destaca el tratamiento poco adecuado dado hasta ahora por las autoridades ministeriales de la entidad, que además de requerir de ellas una respuesta pronta y expedita, no puede ser ajena a la condición de género de las víctimas”, indicó la CNDH en un pronunciamiento.

El organismo exigió una “investigación pronta y exhaustiva” a la Fiscalía de Aguascalientes, estado donde el lunes apareció sin vida Baena, a quien conocían como le magistrade, por ser la primera persona de género no binario en ocupar una magistratura en un tribunal.

Momentos antes del posicionamiento, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, sostuvo que Baena murió a manos de su pareja, quien, según él, lo habría asesinado con una navaja para rasurar y después se habría suicidado.

Sin embargo, la CNDH exigió una investigación que “no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas” por Baena, quien contaba con un escolta desde julio pasado tras el asesinato de otro activista LGBT+, Ulyses Nava, mientras se celebraba un congreso de diversidad sexual.

Por ello, la Comisión exigió un “estándar de debida diligencia” por ser un delito que podría relacionarse con “la orientación sexual, identidad de género, expresión de género -real o percibida- y/o respecto a las características sexuales de las personas, toda vez que pueden constituir una expresión de odio”.

La muerte del magistrade ha causado una movilización nacional en el país. Diversas organizaciones convocaron la noche de ayer a una velada para exigir justicia en torno al caso que se produce en el país, el segundo con más crímenes de odio de Latinoamérica con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México.

Momentos antes de que el fiscal revelara sus hipótesis, el Gobierno federal pidió investigar con perspectiva de género la muerte de Baena y no descartar ninguna línea de investigación.

En entrevistas con Radio Fórmula y Milenio el fiscal señaló que que Baena presentaba 20 heridas de navaja en su cuerpo, entre las que se encontraban cortaduras en los dedos por haber sujetado las armas homicidas y otra más en su cuello, presuntamente hecha por él mismo.

“Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos, sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios”, defendió Figueroa en una de las entrevistas.

Momentos antes de que el fiscal revelara las hipótesis que siguen, el Gobierno federal pidió investigar con perspectiva de género la muerte de Baena y no descartar ninguna línea de investigación.

“Que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba”, demandó Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

El funcionario federal destacó que Baena “fue la primera persona en México en tener su INE, pasaporte, y títulos académicos con el género no binario y eso es un mérito”. También lo recordó como una “persona activista, promotora y defensora de los derechos humanos” de la diversidad sexual.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) expresó este martes su preocupación por la “inadecuada” investigación que México realiza sobre el “alarmante” número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112,000 por las autoridades locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en julio un nuevo padrón de desaparecidos mediante la revisión de casos “casa por casa”, al considerar que el censo actual es excesivo y está desactualizado.

“El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados”, dijo el organismo en un informe tras su visita al país el mes pasado.

Además, el CED pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda “de manera independiente e imparcial” y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.

Y es que según datos de la Secretaría de Gobernación, desde 1962 han desaparecido cerca de 257,000 personas, de las cuales el 37.72% siguen sin ser localizadas.

Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, los familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo con dicha medida.

El colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario solo busca con la iniciativa disminuir la cifra de víctimas.

En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, el Comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.

En este sentido, los expertos del Comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.

El informe lamentó que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.

Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.

Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.

Según señala el documento, el 89 % de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.

El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó “su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta”.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al Presidente López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran no ha entregado toda la información del caso, tal como denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ese día, Rosales dijo a medios al salir de la reunión que la Secretaría de Gobernación de México está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “Verdad Histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Ayer, el abogado volvió a detallar que la declaración presentada el lunes a los padres y que hoy se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el 20 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que ya está toda la información en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió el presidente ayer.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, salió la tarde de ayer desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, donde Palacio Nacional fue resguardado con vallas metálicas.

Los padres, visiblemente agotados después de una semana de actividades de protesta en la Ciudad de México, y nueve años en la lucha, marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la Verdad Histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

Será David Weiss, fiscal federal de Delaware, quien esté al frente del caso. No le será algo nuevo, pues Weiss ha liderado hasta ahora las pesquisas desarrolladas contra Hunter Biden.

El jurista “supervisará la investigación y decidirá dónde, cuándo y si presentar cargos” y “no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento”, precisó Garland.

Y es que recordemos que Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018 y, además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

“El anuncio de hoy otorga a los fiscales, agentes y analistas que trabajan en este asunto la capacidad de realizar su trabajo con celeridad y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”, destacó Garland.

Los republicanos, liderados por el exmandatario Donald Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del presidente como corrupta.

La investigación contra Hunter Biden se abrió en 2018 durante el mandato de Trump y ha sido utilizada por los conservadores para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este movimiento se da a poco más de un año de que se celebren elecciones presidenciales, donde se espera que Trump y Biden vuelvan a disputar la Casa Blanca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió este jueves limpiar de corrupción a Segalmex, esto luego de que reconociera que es el caso de corrupción más escandaloso de su gobierno.

“Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que es el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno”, reconoció López Obrador en su conferencia de prensa diaria. “No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, agregó.

La entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada por AMLO ha sido objeto de múltiples acusaciones por actividades corruptas y varios exempleados han sido arrestados por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos que van desde peculado hasta crimen organizado.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, explicó que los montos de irregularidades en las cuentas públicas 2019 y 2020 de Segalmex es de 9,500 mdp y no de 15 mil mdp como se ha acusado.

Y es que indicó que las observaciones resultantes “no pueden ser consideradas daños patrimoniales”, hasta que no termine la investigación. 

Así, fue el que el gobierno federal reconoció un desfalco de 9,500 mdp, que dijo, fueron mal administrados desde 2019. Sin embargo, dejaron abierta la puerta a que la cifra se incremente, pues dijo, los datos son preliminares y aún hay una investigación al respecto.

Entre las acusaciones contra Segalmex se encuentran pagos con fondos públicos por bienes y servicios que no fueron contabilizados. Los empleados trataron de ocultar las facturas para evitar que se presentaran denuncias, agregaron autoridades.

También señalaron que al menos 87 personas han sido denunciadas hasta el momento, 41 de las cuales son exfuncionarios públicos.

“Este Gobierno no tolera la corrupción y la impunidad (…) vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este Gobierno no se va a manchar”, advirtió López Obrador.

Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

Una Corte de España inició una investigación judicial este viernes por las acusaciones de crimen de odio perpetradas por tres personas que fueron arrestadas esta semana por proferir insultos racistas durante un partido contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius fue objeto de insultos racistas durante el encuentro del domingo pasado en el Estadio Mestalla en Valencia, en donde se impuso una sanción de cerrar parte de sus gradas en los próximos cinco encuentros.

El jugador de origen brasileño ha sido objeto de comentarios similares toda la temporada.

Una corte de Valencia indicó en un comunicado que le pedirán en algún momento su testimonio a Vinícius a través de videoconferencia.

El juez también le pidió al club Valencia que identifique a los guardias de seguridad del partido para que posiblemente testifiquen y que mantengan el material audiovisual del duelo a partir del minuto 72 para estudiarlo.

Sin embargo, mientras la Corte confirma la investigación judicial, el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF) rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, tras estimar en parte un recurso presentado por el Valencia.

El Valencia había apelado la decisión del Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, de cerrar durante cinco partidos la denominada grada Kempes del estadio de Mestalla.

El Comité de Apelación, que ya había rechazado el jueves suspender cautelarmente la sanción impuesta por Competición, admitió rebajar la sanción al club valencianista, según una resolución hecha pública este viernes.

La apelación considera que “no se puede exonerar al Club (Valencia) al ser correcta la tipificación y no existir una disposición de medidas suficientemente intensa (para atajar los insultos)”.

Pero, “creemos que no se tuvieron suficientemente en cuenta” por el Comité de Competición las medidas tomadas por el club ‘che’ durante el encuentro para evitar lo ocurrido.

De esta manera, el Comité de Apelación rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, que debería empezar a aplicarse el domingo en el encuentro que el Valencia disputará contra el domingo contra el Espanyol en la penúltima jornada del torneo.

Apelación también rebajó la multa aplicada al Valencia de 45,000 euros a 27,000 euros.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por parte de la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón.

Recordemos que Tomás Zerón es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta sistema habría sido adquirido para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos.

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones relacionadas con activistas que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación es denominada “Ejército espía”.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no tuvo que haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia, en las elecciones de 2016.

Esto se conoce al revelarse un informe publicado este lunes tras una indagación que se prolongó por cuatro años.

En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar” para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

Recordemos que Durham fue designado en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, durante el mandato de Trump para que examinara la investigación previa llevada a cabo por la agencia federal sobre los presuntos vínculos entre el equipo electoral del republicano y Moscú.

El fiscal especial argumenta que, tras revisar la investigación del FBI y otras actividades de Inteligencia, ha concluido que “el Departamento (de Justicia) y el FBI fracasaron a la hora de cumplir su misión de fidelidad estricta con la ley, en conexión con ciertos eventos y actividades descritos en este informe”.

Durham señala en el texto que responsables del FBI mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información que recibieron, especialmente la relacionada con personas y entidades con afiliaciones políticas.

En suma, el manejo por parte del FBI de varios aspectos clave en este caso fue “gravemente deficiente”, de acuerdo al fiscal especial, quien consideró que este fracaso a la hora de cumplir con su responsabilidad hacia el público causó un “daño severo” a la reputación de la agencia.

En su momento, Barr abrió esta investigación tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense, bajo las órdenes del entonces presidente, Barack Obama.

De esta forma, el Departamento de Justicia se investigó a sí mismo, ya que ese supuesto espionaje lo habría llevado a cabo el FBI, agencia con la que Trump fue muy crítico desde su llegada al poder.

Trump pretendía llegar a la raíz que originó la investigación sobre la llamada “trama rusa” liderada por Robert Mueller, que le atormentó durante los dos primeros años de su Presidencia y que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.

En un comunicado, el FBI aseguró este lunes que su cúpula “ya ha aplicado decenas de acciones correctivas, que llevan en marcha desde hace tiempo” en respuesta a los comportamientos denunciados por Durham.

Con fuertes críticas de México, Argentina y Bolivia, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes la continuidad de su secretario general, Luis Almagro, después de que una investigación externa reveló que actuó sin sentido común ni buen juicio al mantener una relación amorosa con una empleada más joven.

En una acalorada sesión extraordinaria que dejó al descubierto las diferencias entre los Estados miembros, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución pocos días después de que una firma de abogados entregó el reporte de la investigación.

Dicho análisis también concluyó que Almagro no violó las normativas en lo referente a sus obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés con la mujer.

La resolución, que era específicamente sobre el reporte de la investigación, no fue sometida a votación. Su aprobación, que era esperada, da continuidad al liderazgo del uruguayo que llegó al secretariado de la OEA en 2015.

Almagro ha manifestado que en todo momento actuó con “la máxima transparencia y poniendo por delante los intereses de la Organización y respetando sus normas”.

La investigación fue ordenada por la OEA después de que la agencia The Associated Press (AP) reveló en octubre de 2022 que Almagro, de 59 años, sostuvo una relación con una colaboradora mexicana 20 años más joven que él.

El romance, que duró cerca de cuatro años, era un secreto a voces y generó la impresión, tanto dentro como fuera de la OEA, de que la empleada recibía un trato preferencial de parte del secretario general de la organización con sede en Washington.

El reporte indicó que Almagro sabía esto y sin embargo no tomó medidas para impedir que esa percepción siguiera. Indicó, no obstante, que no la había beneficiado con aumentos de sueldos o ascensos.

La investigación se focalizó solamente en la relación de Almagro con la mujer, que está de licencia y AP no identifica a pedido de la OEA.

Un grupo de legisladores estadounidenses pidió recientemente una investigación más extensa alegando que existen fuertes sospechas de otras conductas inapropiadas del secretario general en el ejercicio de sus funciones.

El único país que dijo abiertamente que no apoyaba la resolución fue El Salvador, al considerar que el documento había tenido varias propuestas de cambios y había sido revisado y enmendado a toda prisa.

El presidente del Consejo, el embajador uruguayo Washington Abdala, dijo que se iba a dejar constancia de la posición de la nación centroamericana al pie del documento.

“Al no haber objeciones, el proyecto de resolución… se considera aprobado”, expresó Abdala.

Inmediatamente, México, Argentina y Bolivia reiteraron su cuestionamiento a la continuidad de Almagro, a pesar de no haber objetado la resolución “para facilitar el proceso”.

“Un secretario general con altos estándares éticos es lo mínimo que una OEA seria y sólida requiere”, expresó la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas. “A pesar de la evidencia del daño que el secretario general ha causado a la OEA… sorprende que todavía estemos dudando de la pertinencia de relevarlo del liderazgo de la Organización”, añadió.

Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a la agencia The Associated Press (AP) personas con conocimiento.

Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, se encuentra uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.

Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9,000 empleados de la propia DEA.

También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.

El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.

Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato.

Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.

La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas.

Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100,000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.

“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, respondió la DEA a la agencia AP.

“Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”, añadió.

Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.

Esta investigación, que revela AP, fue retomada esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, en medio de las acusaciones y señalamientos que el presidente mantiene, desde días atrás, en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la DEA.

Fue Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, quien interrumpió al mandatario en su exposición, para señalar que había un “escándalo” por la investigación contra Anne Milgram.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “va a esperar”, antes de tomar decisiones, los resultados de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El mandatario evadió responder durante su conferencia de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo, pese a la investigación que la FGR abrió en contra del titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los 40 migrantes el pasado 27 de marzo.

“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento”, se limitó a responder.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno, por el incendio de Chihuahua.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

“En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, añadió el mandatario.

El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico contra México, al calificar el hecho de un “crimen de Estado” y exigir la destitución de los titulares de la política migratoria en el país.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos como antes”, añadió esta mañana López Obrador.

La FGR explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ordenó este miércoles una investigación para aclarar la oleada de envenenamientos con gas en colegios para niñas del país, esto mientras se reportan nuevos casos con cientos de jóvenes afectadas.

En la reunión semanal del Gabinete, Raisí dio instrucciones al ministro de Interior, Ahmad Vahidí, y al Ministerio de Salud para que investiguen “con rapidez” las causas de los envenenamientos que se están produciendo en las escuelas femeninas en las últimas semanas.

Y es que este mismo miércoles se han reportado al menos 13 nuevos casos en las ciudades de Teherán, Ardebil, Parand y Kermanshah, que se suman a los al menos 30 envenenamientos registrados desde noviembre.

Sin embargo, en la ciudad de Ardebil, en el noroeste del país, más de un centenar de estudiantes de ocho colegios e institutos fueron hospitalizadas tras sufrir irritación en los ojos, mareos y dolores de cabeza, informó el diario reformista Shargh.

Al igual que en casos anteriores, afirmaron haber percibido un olor similar a una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza.

Las autoridades han anunciado que la mayoría de las niñas hospitalizadas hoy han sido dadas de alta.

El descontento social, especialmente entre los padres, preocupa a las autoridades, a quienes acusan de no actuar y detener los ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las estudiantes.

Docenas de padres gritaron hoy “Muerte al Gobierno asesino de niños” frente al colegio Yarjani de Teherán, que vivió un incidente de envenenamiento, de acuerdo con vídeos compartidos en redes sociales por el colectivo 1500tasvir.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad siguen sin encontrar pistas y dudan de si se trata de ataques deliberados o meros accidentes.

“Se están haciendo grandes esfuerzos para identificar el origen de los envenenamientos de estudiantes””, dijo el jefe de Policía del país persa, Ahmad Reza Radan, a medios iraníes. “Nadie ha sido arrestado hasta ahora y preferimos no juzgar si se trata de una cuestión deliberada”, añadió.

Lo declarado por el jefe policial choca con la de otros altos cargos del país, como el viceministro de Educación, Younes Panahi, que afirmó que se trata de “ataques intencionados” para cerrar los colegios de niñas.

El primer caso de envenenamiento se registró a finales de noviembre en la ciudad santa de Qom, localidad que ha sufrido el mayor número de casos, y en las últimas semanas se han multiplicado en otras partes del país.

La oleada de envenenamientos en escuelas de niñas se produce en un momento de gran tensión en Irán, que se ha visto sacudido en los últimos meses por las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar por su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de narcotraficantes, reveló el diario The Washington Post.

Palmeri, que estaba encargado de las operaciones de la DEA en México y Centroamérica, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Washington Post y aseguró que su “jubilación forzosa” obedece entre otras cosas a una “venganza personal” por parte de otro funcionario de la agencia, al que no nombró.

La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un órgano encargado de supervisar a la DEA, publicó un informe en el que ofrece detalles de una investigación a un director regional de la agencia.

El director regional no aparece identificado en ese reporte, pero Palmeri dijo posteriormente a The Washington Post que se trata de él.

Según las acusaciones recogidas en el reporte, Palmeri usó fondos de la agencia para comprar “artículos no permitidos” e intentó que la DEA le reembolsara los gastos de una fiesta que dio para celebrar su cumpleaños.

Esa investigación no acabó con la presentación de cargos criminales, según el informe.

Sin embargo, de manera paralela, la DEA abrió otra investigación sobre si Palmeri había tenido relaciones inapropiadas con abogados famosos por defender a narcotraficantes, dijeron a The Washington Post funcionarios y exfuncionarios con conocimiento de esas pesquisas.

Entre otros, Palmeri reconoció en declaraciones a The Washington Post que él y su esposa visitaron a principios de 2021 al abogado David Macey en los Cayos de Florida.

No obstante, Palmeri dijo al Post que lleva años sin estar implicado en los casos que defiende Macey y, por tanto, negó haber cometido cualquier infracción.

Palmeri comenzó a dirigir la oficina de la DEA en México a principios de 2020, en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) ordenó la reducción en la colaboración con la agencia estadounidense con el argumento de que debía respetarse la soberanía de México.

La DEA no ha ofrecido información públicamente sobre el cese de Palmeri y las razones de su despido.

Y aunque la destitución se produjo en marzo de 2022, no se había hecho pública hasta ahora, coincidiendo  con el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra Genaro García Luna, donde se ha puesto en duda el actuar de las agencias estadounidenses.