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Baker Hughes, empresa del sector energético en Estados Unidos, contratista de Pemex, informó que no encontró ningún conflicto de interés, luego de haber realizado una investigación interna por la llamada ‘casa gris’ en que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La compañía dijo que atender e investigar cualquier asunto relacionado con el área de compliance (cumplimiento de las normas éticas) es una prioridad, por lo que con motivo de la investigación relacionada a la casa en Houston, Texas, propiedad de un exejecutivo, abrió la investigación interna con el objetivo de esclarecer con total transparencia dicha situación. Dicho trabajo estuvo a cargo de Grupo R. McConnell.
“Baker Hughes solicitó una investigación a una firma independiente y especializada en investigaciones y cumplimiento normativo (compliance), la cual concluyó que Baker Hughes no tuvo participación alguna en dicha operación”, señaló la empresa.Ante esto, Baker Hughes negó cualquier conflicto de interés en relación con información relativa al arrendamiento de la propiedad privada del exejecutivo y de sus operaciones en México.Enfatizó que Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado a la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams. “La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa”.Además, aclaró que la compañía nunca fue consultada ni tuvo conocimiento de la Transacción de Arrendamiento. “La empresa tuvo conocimiento de dicha transacción cuando ésta apareció en los medios de comunicación al ser una operación entre privados”.Tal como lo han explicados los interesados, Baker Hughes detalló que la casa pertenecía a Keith Schilling, quien se incorporó a la empresa en 2016 y dejó la compañía el 31 de diciembre de 2019. Schilling nunca trabajó en ninguna área relacionada con México ni con o para clientes mexicanos. Keith Schilling fue el líder de Baker Hughes en Canadá en el año 2019. Anteriormente, fue director comercial y de ventas en la empresa para la región de Norteamérica, la cual, de manera interna, atiende exclusivamente a Estados Unidos y Canadá. Indicó que México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizados dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica y Sudamérica.
Recordó que el contrato de arrendamiento se firmó con un tercero, con el que Schilling no tuvo ningún contacto o relación previa. “La declaración del Sr. Schilling y la revisión de este asunto por parte de la empresa que realizó la investigación para Baker Hughes, indican que la transacción se celebró a través de un proceso de solicitud de arrendamiento convencional y en su momento, acorde a condiciones de mercado”.Sobre los contratos que tienen en México, Baker Hughes coincidió con lo que ha expuesto Pemex con anterioridad, sobre cómo fueron licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes. “Hemos completado de manera proactiva una revisión interna de nuestros contratos y tratos comerciales con PEMEX a partir de 2016, y no hemos encontrado registros de que Keith Schilling esté involucrado, nombrado o mencionado en ninguna documentación”.Baker Hughes reiteró que tienen certeza de que no existe ningún conflicto de intereses o relación entre la empresa, Schilling, Pemex y un tercero.

El 65.9% de los mexicanos cree que la “pausa” que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las empresas españolas afectaría “mucho o algo” a la economía del país.

Según una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) divulgada este viernes, el 30.2% consideró que “pausar” las relaciones afectaría “poco o nada”.

Sin embargo, el 64.3% de los mexicanos consideraron que las empresas energéticas españolas, que han sido el blanco de los ataques del mandatario en los últimos tiempos, han sacado provecho económico a través de “contratos irregulares” en gobiernos pasados. En cambio, el 20.7% consideró que no es correcta esta afirmación.

Sobre la polémica reforma energética que busca aprobar el mandatario, el 48.2% consideró que ayudará a que bajen las tarifas, mientras que el 47% dijo lo contrario.

Los encuestados también se mostraron divididos sobre el beneficio que aportará esta reforma, porque el 50.9% consideró que sí será positiva para el sector energético, mientras que el 43.5% señaló que será “poco o nada” beneficiosa.

La encuesta también preguntó sobre el impacto que tuvo la investigación que reveló que uno de los hijos de López Obrador lleva una vida de lujos en Estados Unidos, que podría suponer un posible conflicto de interés.

El 63.6% de los encuestados conoce la investigación, frente al 36.4% que no sabía del asunto. El 70% de los encuestados consideró que el hijo de López Obrador debe “alinearse con los principios de austeridad” del mandatario, mientras que un 22.4% dijo que “puede tener una vida de lujos”.

Finalmente, el 83.2% estuvo de acuerdo en que se investigara el caso y los supuestos contratos vinculados al escándalo, frente a un 13.9% que se mostró en contra.

Además, el 55.1% consideró un error mostrar el salario del periodista Carlos Loret de Mola, frente un 37.4% que lo vio un acierto. El 63.5% consideró que, con esta acción del presidente, el ejercicio del periodismo está “en riesgo”, frente a un 33.7% que opinó lo contrario.

El 54.3% opinó que divulgar los ingresos del periodistas fue un mecanismo para distraer la atención al escándalo del hijo.

Pese a este escándalo que involucra a su hijo, y los ataques a la prensa, la aprobación de López Obrador continúa siendo alta. Según el ejercicio, el 55.1% de los mexicanos tiene una opinión “muy buena o buena” del mandatario, un 34.4% “muy mala o mala” y el 8.8% regular.

Sin embargo, este nivel de aprobación se aleja de los porcentajes superiores al 80% del comienzo de su presidencia, y se encuentra en línea con los niveles de popularidad de alrededor del 55-60 % de hace más de un año.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, dio respuesta esta tarde a la carta que le envió el presidente al Instituto en el que solicitaba su intervención para obtener datos relacionados con los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, socios y familiares.

La comisionada precisó que el INAl no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada por el presiente, lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Registros Públicos de la Propiedad, entre otros.

Le sugirieron al presidente dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados que él mismo mencionó, a efecto de que, como primeros responsables, sean quienes puedan pronunciarse al respecto.

Respecto a que si AMLO puede, como ciudadano, ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola de conformidad con la documentación que llegó a Palacio Nacional, el INAI pidió considerar que lo que disponen los artículos 6 y 16 de la Constitución.

Estos señalan que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, además de que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos.

Es decir, toda autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones.

“Para efectos de poder dar a conocer por cualquier medio datos personales, es necesario contar con el consentimiento previo de la persona en cuestión, el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada y, en algunos casos, de manera expresa”, le indicó la comisionada presidenta del INAI a AMLO.

Y aunque se señala que al encontrarse bajo resguardo de la Oficina de la Presidencia de la República, y que toda información se entendería originalmente de naturaleza pública, esta conservará esta calidad siempre que no se refiera a la vida privada y a los datos personales de una persona física identificada o identificable.

“La decisión de hacerla pública (documentos como faturas) es potestad de la persona a quien pertenecen esos datos personales. Por su parte, para el sujeto obligado, subsiste en todo momento el deber de confidencialidad, en ejercicio del encargo público que desempeñan; salvo que se trate de ingresos recibidos directamente del erario público”, le aclaran a AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que revele los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, esto luego de que Latinus dieran a conocer el presunto conflicto de interés en que incurrió su hijo por habitar una casa en Houston propiedad de un contratista de Pemex.

López Obrador leyó en su conferencia matutina una carta que mandó al INAI para que indague a Loret de Mola con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Como ciudadano y Presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”, indicó en el documento que exhibió en Palacio Nacional.

El mandatario argumentó que el INAI debe investigar la documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia, que muestran que Loret de Mola gana supuestamente 35 millones de pesos al año.

Recordemos que López Obrador exhibió el pasado viernes por primera vez la tabla de los supuestos ingresos del periodista.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola”, añade AMLO en su carta.

Aunque la función del INAI es exigir a las dependencias públicas y servidores públicos que transparenten el uso de recursos del erario y datos de interés, el mandatario argumentó que Loret de Mola se ha dedicado a “calumniarlo” para “afectar su autoridad moral” y al gobierno federal.

“No es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores”, indica en su texto. Además, justificó que detrás del comunicador hay intereses que se han beneficiado “del periodo neoliberal”.

“Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”, se señala.

Y aunque el mandatario ha negado que exista un conflicto de interés de su hijo, no ha desmentido los datos de la investigación periodística que Latinus dio a conocer junto a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al respecto, Loret de Mola utilizó sus redes sociales para negar los nuevos señalamientos que hiciera esta mañana el presidente en su contra y en contra de su esposa.

“¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más. Por eso abusa de su poder. Está arrinconado, desesperado, en caída libre”, dijo el periodista, quien compartió un hilo en Twitter respondiendo a los señalamientos del tabasqueño.

El 56.3% de los mexicanos considera necesario investigar a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por el posible conflicto de interés en que pudo haber incurrido, al vivir en una casa ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de una empresa contratista de Pemex.

Según un sondeo de Mitofsky, publicado este martes en el diario El Economista, un 56.3% de los mexicanos está “de acuerdo” con la investigación del caso, frente a un 30.7% que está en desacuerdo y un 13% que no respondió.

Además, el 47.1% consideró que la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, reveló que el discurso del presidente es “incongruente” porque su familia “no es austera”, mientras que el 25.6% se mostró en desacuerdo con dicha afirmación.

El 36.9% de los encuestados consideraron que el hijo de AMLO y su pareja están “involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses”, mientras que el 42% está en desacuerdo.

Finalmente, el 55.8% de los consultados consideró que el presidente “no tiene la culpa”, frente a un 32.5% que está en desacuerdo.

Y es que recordemos que a finales del mes pasado, la investigación de Latinus y MCCI reveló que López Beltrán y su pareja vivieron en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Esta semana, López Beltrán afirmó ser un “ciudadano privado” sin “injerencia alguna” en el gobierno mexicano, por lo que descartó cualquier conflicto de interés.

Sin embargo, el hijo del mandatario desató otro escándalo al revelar que desde el 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, empresa de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en el proyecto del Tren Maya.

El propio López Obrador lo reconoció, aunque descartó que se incurriera en otro conflicto de interés, pues a pesar de que Chávez es cercano a él, es un empresario que no tiene contratos con el gobierno y apoya sin cobrar nada. Chávez es fundador de Grupo Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente.

En representación de un conjunto de inversionistas de Baker Hughes, el abogado Juan Carlos Luna presentó una solicitud para investigar un potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales en relación al escándalo que reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, respecto a que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán y su esposa, ocuparon una residencia propiedad de un alto funcionario de la empresa en Estados Unidos.

En una carta dirigida a altos ejecutivos de esta empresa, con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y al Departamento de Justicia, el representante de la firma Lawgistic, señala su preocupación ante un posible conflicto de interés.

“La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos”, advierten. “Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”.

En ella, señalan que existe suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta empresa.

Asimismo, advierten que “la situación podría verse seriamente comprometida” por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el papel de su pareja, una persona políticamente expuesta, que ha actuado como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; una administración (la mexicana) que ha sido severamente criticada por sus escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional; un país con un estado de derecho débil; la ampliación de contratos millonarios de Baker Hughes con Pemex, y los antecedentes de corrupción de la empresa y la paraestatal.

Y es que el impacto negativo que en el pasado han tenido las malas prácticas y acciones de corrupción del pasado para los inversionistas, así como el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias, señala la carta, amerita una actuación inmediata para explicar la situación a detalle.

Esta solicitud se suma a otra denuncia presentada por la Senadora panista Xóchitl Gálvez, ante la SEC, mientras que la dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los mismos hechos.

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Con información de MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que dio instrucciones de investigar “a fondo” el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo pasado en Tijuana, Baja California.

“En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo”, indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que la comunicadora fue asesinada el pasado domingo junto a su casa tres años después de que acudió a la mañanera para solicitar apoyo pues “temía por su vida” debido al conflicto legal que sostenía con el entonces gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, en cuya empresa de medios, Primer Sistema de Noticias (PSN), Maldonado trabajó seis años.

López Obrador aseguró que en su gobierno no se permite la impunidad y ya no existen relaciones de complicidad por lo que “podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos”. Afirmó que aún con estos “lamentables asesinatos, siempre o casi siempre” se detiene a los responsables.

Agregó que sus opositores han utilizado este tipo de casos para atacar a su gobierno y han querido generar la idea “de manera perversa” de que se dejó a la periodista sin protección, pero aseguró que el crimen “realmente nos duele”.

El mandatario pidió proyectaran el video de la participación de Maldonado en 2019 en la conferencia mañanera y criticó que se haya sacado de contexto su intervención, pues hizo su denuncia y luego se le apoyó y ganó su laudo.

“¿Qué sucedió después? La atendió Jesús (Ramírez), ganó su laudo y el año pasado solicitó protección al Gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección”, afirmó. Añadió que Maldonado “no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno federal”.

Sin embargo, dijo: “Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos y por eso trabajamos todos los días”.

El crimen de la comunicadora ha causado indignación en el gremio periodístico, por lo que diversas organizaciones han convocado este martes manifestaciones en diversas partes del país para exigir justicia por este y otros asesinatos y pedir un alto a la impunidad.

Maldonado es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue asesinato a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde. Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

Un juez federal ordenó esta tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, por posibles delitos de omisión en el manejo de la pandemia, informó este jueves el abogado que lleva el caso.

“El día de ayer (miércoles) el juez (…) determina que la Fiscalía General de la República tiene que investigar a fondo este asunto”, dijo Javier Coello, el abogado que representa a los denunciantes en entrevista con Radio Fórmula.

El abogado detalló que la denuncia contra López-Gatell tiene su origen en el fallecimiento de familiares de dos de los trabajadores de su despacho legal, quienes perdieron la vida a consecuencia del COVID-19.

Parte del argumento legal es que el funcionario “tenía la obligación, el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero de 2020 se conoció y no lo hizo”, explicó Coello, quien agregó que en la denuncia se narran lo que llamó “negligencias” de López-Gatell, entre ellas la prohibición a los hospitales privados de hacer pruebas para detectar COVID.

Recordemos que López-Gatell fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como responsable y vocero de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia. Durante su encargo, el funcionario se ha visto envuelto en varias polémicas que involucraron el uso de mascarillas, la necesidad de hacer pruebas masivas para detectar la enfermedad o el número real de muertos por la emergencia sanitaria.

México afronta en las últimas semanas un aumento alarmante en el número de contagios. En total, suman 4.4 millones de contagios y 302,112 fallecimientos.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el joven José Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, fuera violado por policías y detalló que falleció debido a una neumonía.

“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, indicó la FGR en un boletín.

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Por dichos hecho, cuatro agentes fueron arrestados; sin embargo, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes. Fue en ese momento que la FGR atrajo el caso.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”, detalló el organismo.

Afirmó que también se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal.

“Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, detalló la Fiscalía.

Recordemos que a finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. Aún así, la FGR detalló que sí existió “falsedad en dictámenes ministeriales”.

“Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, continuó la Fiscalía.

Por último, la FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

A la brevedad del informe de la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas” hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

La CEAV reclamó la falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, expuso la CEAV.

Por último, la CEAV exhortó a la Fiscalía a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

Tan pronto se conoció el informe de la FGR, las redes sociales explotaron en contra del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no hacer bien su trabajo. Se ha insistido en la renuncia de titular de la FGR.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró fundado el recurso presentado por Morena en el cual acusó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas contra el excandidato postulado por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza.

Por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal local y ordenó reabrir la investigación en contra del priísta.

Lo que se buscará es que las autoridades correspondientes recaben los elementos necesarios y emitan una nueva resolución que determine si se confirmará o no la infracción por haber entregado bienes y/o servicios a la ciudadanía durante la campaña electoral, específicamente por la entrega de tarjetas durante su campaña con la promesa de un depósito bimestral.

Recordemos que durante la pasada campaña electoral, Morena denunció a Adrián de la Garza  y a los partidos de la coalición que lo postularon, ya que consideró que las entregas de las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían el depósito bimestral, incurrieron en infracciones en materia de propaganda electoral y uso del financiamiento público.

La sentencia, propuesta por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que la prohibición de entregar bienes o servicios al electorado durante las campañas electorales busca garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre, en especial el de aquellas personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad, así como impedir la comisión de malas prácticas electorales, como la formación de compromisos clientelares.

En ese sentido, el proyecto de sentencia aprobado estableció que las autoridades competentes para revisar las denuncias sobre distribución de tarjetas u otros materiales que ofrezcan o entreguen beneficios en caso de ganar una determinada candidatura, tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, por violaciones graves a sus derechos humanos.

Además, la CNDH señaló violaciones a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

En un comunicado, la CNDH indicó que tras investigar el caso determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.

También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, “incurrieron en actos de tortura”, además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”, apuntó la Comisión.

La CNDH dijo que la nueva investigación tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Recordemos que el 23 de marzo de 1994, Colosio encabezó un mitin en Tijuana y al bajar para saludar a la gente un hombre le puso un revólver cerca del oído y le disparó en la cabeza y en el abdomen, falleciendo menos de dos horas después en el hospital.

Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Hace dos años, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidiéndole que reabriera el caso. El 25 de marzo de 2019 López Obrador, anunció que había leído la carta y afirmó, en aquel momento, que se estaba evaluando reabrir el caso.

Un juez procesó a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por “obstaculizar” en 2014 la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

“De acuerdo con la investigación, Mauricio ‘C’ y Patricia ‘G’, probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los dos acusados, identificados por medios locales como Mauricio Cerón y Patricia Gómez, formaban parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR y fueron procesados por un juez de control de la Ciudad de México que fijó un plazo de seis meses para que sean investigados.

Los dos funcionarios, que afrontarán el proceso en libertad, habrían perdido restos óseos hallados en el río San Juan, zona donde se investigó la desaparición de los 43 estudiantes.

Y es que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El actual gobierno echó abajo definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Además de investigar el paradero de los jóvenes, las autoridades quieren juzgar a los responsables de la investigación en el gobierno anterior, liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien propuso a la Sala Superior exonerar, de manera lisa y llana, a Pío López Obrador, hermana del presidente de la República.

Con seis votos en contra y uno a favor, los magistrados rechazaron la propuesta de Vargas Valdez, que consideraba que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tenía facultad de investigación desde 2018.

Felipe Fuentes, Janine Otálora, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral, coincidieron en que no se podía recurrir a la prescripción y que la fecha de los hechos debe establecerse en la investigación.

Vargas Valdez resolvía en su proyecto que los delitos por los que se pretendía sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018.

Además, el exmagistrado presidente del TEPJF dijo que eran fundados los argumentos de Pío López Obrador, respecto a que la actuación del INE violaba los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso.

Sin embargo, sus compañeros magistrados no coincidieron con su valoración y ordenaron al INE concluir la investigación contra el hermano del presidente, por presuntos delitos electorales. Así, será la autoridad electoral quien determine si Pío López Obrador merece o no una sanción.

La resolución emitida por el Tribunal está relacionada con el video difundido en agosto del año pasado en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, ex funcionario federal. Dichos actos habrían ocurrido en junio de 2015.

Sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un video del 26 de junio del 2015, que le lleva “uno”. Mientras que el 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

Según medios, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1.4 millones de pesos en 2015 para Morena en Chiapas, por parte de León Romero.

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la entrega de dinero que se confirmaba en los videos se tratara de un acto de corrupción como sucedía con políticos del pasado y de oposición; defendió que eso era entrega de recursos, cuando la gente era la que apoyaba y solventaba a Morena.

En julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos de David León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) separó de sus funciones al médico Iván Tornell Castillo, quien participaba en el plan de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19, luego de que su esposa, Elvía Martí, compartiera en redes sociales imágenes tomadas abordo de una aeronave oficial que se utilizaba para trasladar las dosis de la vacuna.

Según las publicaciones compartidas, la involucrada, que además de ser esposa del funcionario del IMSS, participaba como voluntaria promotora de vacunación, escribió: “Y claro! Tonta seria si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos”.

Inmediatamente, Protección Civil de Chiapas condenó el uso que se le dio a la aeronave oficial “con fines recreativos” por parte de funcionarios del IMSS, en referencia a las imágenes publicadas.

“Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en su redes sociales personales”, exaltó el secretario de Protección Civil estatal, Luis Manuel García Moreno.
Pidió al Director General del IMSS, Zoé Robledo, tome cartas en el asunto e investigue y sancione a los servidores públicos que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales.
“El gobierno de Chiapas reitera que en esta administración las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la Protección Civil, Salud y Seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población. Atrás quedaron aquellos tiempos donde los aviones y helicópteros se utilizaban para viajes recreativos de funcionarios”, señaló Protección Civil.

Horas más tarde, la delegación del IMSS en Chiapas aclaró que Elvia ‘N’ no era empleada del Instituto, además de que ya no participará como voluntaria promotora de vacunación, que era la razón por la que abordó la aeronave, como parte del operativo de traslado de vacunas que se realiza vía aérea para llegar a zonas lejanas o de difícil acceso.

El IMSS Chiapas confirmó que Ivan Tornell ya no estará a cargo de la distribución de la vacuna y se procederá a una investigación laboral, y señaló que a partir de esta fecha se determinó que los traslados de la vacuna lo realizarán exclusivamente vehículos y aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Foto: Instagram @elviamartioficia

Ayer, el grupo parlamentario de Morena ofreció una conferencia de prensa en el Senado, para abordar temas diversos, entre los que estuvo el de los científicos que la Fiscalía General de la República (FGR) busca encarcelar por supuestos delitos patrimoniales, entre los que se contempla el de delincuencia organizada.

Fue el senador Armando Guadiana Tijerina quien robó cámara y levantó polémica al solicitar que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen los fondos, tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la UNAM.

“Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico (…) los científicos o investigadores, o algunos falsos investigadores del presupuesto que han hecho mal uso en la UNAM”, declaró en la conferencia de prensa.

El morenista indicó que es penoso para la gente que se ha dedicado al magisterio y a la investigación, que sucedan estos actos, pues es una realidad que el mal manejo de recursos está sucediendo en muchas universidades del país.

El tema rápidamente generó distintas reacciones, una de ellas la del titular de la UIF, Santiago Nieto, quien a través de las redes sociales indicó que dicha Unidad fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, “no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”.

Quien también reaccionó fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien se deslindó de la petición hecha por uno de los integrantes de la bancada; llamó a respetar la autonomía de todas las universidades del país.

“Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos. Si me pregunta de qué lado estoy, estoy del lado de la justicia”, sostuvo Monreal en conferencia de prensa.

El coordinador parlamentario llamó a la FGR y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia en el caso de los 31 integrantes de la comunidad científica que han sido acusados de diversos delitos.

Al igual que lo expresado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, Monreal Ávila dijo que le parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. “Hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas”.

Más tarde, y ante las reacciones que generó, el senador Guadiana publicó una nota aclaratoria en sus redes sociales en la que reiteró su “respeto” hacia todos los científicos mexicanos y estudiantes que ponen en alto el nombre de México.

Sin embargo, reiteró que desde el Senado se continuará insistiendo en que el uso de recursos públicos en las Universidades de todo el país sea auditado para evitar irregularidades, pues dijo, se han demostrado desvíos de dinero en distintas Universidades Públicas, que se han utilizado como “cajas chicas” para llevar el dinero a otros ámbitos, como campañas políticas.

El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, informó que tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

“Porque nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita”, dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición.

“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley”, agregó; y dijo que después de ello “lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente”.

Apenas el lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la versión del gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la “verdad histórica” el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y tumbó la versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.

Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo dijo que para defender ese relato “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.

“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, apuntó.

Y es que en coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.

Al término del recorrido, el subsecretario detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues dijo que la investigación que se ha integrado demuestra que los hechos sucedieron en distintos sitios.

Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada “verdad histórica”.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el gobierno de la 4T persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.