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La defensa de Genaro García Luna intentó mostrar las contradicciones del testimonio de Jesús “El Rey” Zambada, quien ayer aseguró que pagó al menos 5 millones de dólares al acusado en 2006, cuando este dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

A preguntas de la Fiscalía, “El Rey” declaró ayer que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo pago de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs Elysées a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Hoy, César de Castro, abogado del exsecretario de seguridad, recordó que en reuniones con fiscales e incluso en el testimonio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en noviembre de 2018, “El Rey” había indicado otras cantidades de dinero y otros detalles.

En concreto, en el juicio contra “El Chapo”, “El Rey” dijo que le había pagado 3 millones de dólares en la primera reunión y entre 3 y 5 millones de dólares en el segundo encuentro, en lugar de 2 millones como dijo ayer.

Además, insistió en otros detalles de dicho encuentro como el número y el tipo de bolsas en las que supuestamente se entregaron esas cantidades, a lo que “El Rey” reconoció que la memoria le podía fallar en algunos detalles.

Asimismo, el testigo insistió en el “temor” que le produce hablar sobre García Luna: “Es muy duro hablar de una persona tan importante porque uno piensa en su familia y en uno mismo. Es gente que tiene mucho poder. No es fácil hacerlo, esa es la realidad”, subrayó para justificar esas lagunas que la defensa señaló.

En la audiencia de hoy, la defensa comenzó a interrogar a “El Rey” empleando la misma estrategia que ha utilizado con otros testigos.

Trató de resaltar su pasado criminal, subrayando las ventajas que ha obtenido del gobierno estadounidense al colaborar con la Fiscalía e hizo hincapié en que tardó más de un año en citar a García Luna en sus reuniones con agentes de seguridad y fiscales, mientras que sí nombraba a otros responsables mexicanos.

Tras el turno de la defensa, la Fiscalía quiso hacer hincapié en que lo importante era que” El Rey” había sobornado a García Luna y que lo vio personalmente entrar y salir del restaurante donde se llevó a cabo la entrega.

Asimismo, la Fiscalía mostró hoy fotografías de viviendas y vehículos de García Luna hallados en sus aparatos electrónicos, antes de dar por concluida su presentación de testigos, que arrancó hace más de tres semanas.

Otro de los temas que causó polémica fue que “El Rey” Zambada negó este martes haber pagado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, para una campaña electoral del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Zambada aseguró en 2013 que pagó dicha cantidad a Regino para la campaña presidencial en 2006 de López Obrador, quien por aquel entonces era jefe saliente del Gobierno del Distrito Federal y competía contra el expresidente Felipe Calderón.

“No pude haberlo dicho porque no es verdad”, reculó Zambada en la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York.

Finalmente, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereyra, testificó esta tarde en favor de su esposo.

Convocada por la defensa, Pereyra justificó los ingresos y propiedades de la familia, presentados por la Fiscalía como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido, como el progreso natural de la fortuna familiar gracias al ascenso de su marido y los beneficios obtenidos por la compra venta de propiedades.

A preguntas del abogado Florian Miedel, Pereyra habló de la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles, desde que se conocieron en 1989.

Pereyra insistió en que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y luego vendiendo, como una papelería o una tienda de artículos de fiesta para niños, se compraron gracias a la solicitud de hipotecas y préstamos.

Para dichas compras, según Pereyra, también se beneficiaron de bonos recibidos por García Luna, así como por el dinero que este recibió al finalizar sus funciones como director de la Agencia Federal de Investigación en 2006, por lo que recibió 2.7 millones de pesos.

Jesús “El Rey” Zambada, aseguró este lunes que pagó al menos 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando este dirigía la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

“El Rey” declaró que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs Elysées, a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Según Zambada, Paredes le dijo: “Mira, tengo la posibilidad de tener una reunión con Genaro García Luna y platicar (conversar) con él”.

El narcotraficante describió esta mañana a Paredes como el encargado de mantener los contactos con los responsables de las instituciones gubernamentales y de pagar sobornos a altos cargos.

Según “El Rey”, Paredes le dijo que ya se hablaba de que García Luna iba a ser nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública con la llegada del gobierno de Felipe Calderón, y que era importante hablar con él para conseguir protección para Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y hermano de “El Rey”.

En la primera reunión, que según él se produjo a finales de 2006, “El Rey” le dio a Óscar Paredes tres millones de dólares en un maletín y una bolsa de deportes, y Paredes se lo entregó a García Luna en una sala reservada del restaurante.

“El Rey”, que aseguró que prefería mantenerse en el anonimato, se quedó en el bar, desde donde vio entrar a García Luna con dos acompañantes; quince y veinte minutos después, se fueron con el dinero.

Tras ese encuentro, Paredes, que trabajaba directamente para “El Mayo”, dijo que García Luna le había garantizado que no perseguiría ni investigaría a “El Mayo” y que lo iba a dejar trabajar como hasta entonces.

En otro momento, “El Rey” comentó que sabía que desde el cártel de Sinaloa le pagaban 1.5 millones dólares mensuales a García Luna.

No es la primera vez que “El Rey” se lanza contra García Luna. En noviembre de 2018, durante el juicio por narcotráfico contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya había acusado al exsecretario de seguridad de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa.

El juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, podría concluir mucho antes de las ocho semanas inicialmente previstas, según un escrito de la fiscalía estadounidense.

“El gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato el martes por la mañana”, se lee en una carta dirigida al juez instructor Brian Cogan, y que fue firmada por el fiscal del tribunal de Brooklyn que instruye el caso, Breon Peace.

No obstante, se espera que una vez finalizados los alegados de la fiscalía, la defensa presente sus propios testigos, para luego dar paso a los alegatos finales.

Inicialmente, el juez había estimado una duración de en torno a ocho semanas para el juicio contra el funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos.

Según la fiscalía neoyorquina, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 ayudó al Cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración delictiva.

En la carta, la fiscalía anuncia que hoy pretende interrogar a cuatro testigos más, aunque debido a problemas de logística con uno de los testigos más “significativos”, la sesión concluirá antes.

El último testigo, el exfiscal del estado de Nayarit Edgar Veytia, que cumple 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que según le habían dicho, Calderón instruyó a funcionarios del gobierno a que apoyaran al cártel de Sinaloa, aunque no presentó pruebas de dichas acusaciones.

Calderón contestó vía redes sociales negando “categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mi es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.

A lo largo de dos semanas y media han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, entre ellos, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que acusaron a García Luna de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al cartel de Sinaloa, ofrecerle información sobre operaciones y “poner y quitar comandantes” para perjudicar a sus competidores.

La defensa del que fuera el hombre de confianza de Felipe Calderón, intenta socavar la credibilidad de los testigos, la mayoría detenidos en Estados Unidos, cuyas penas de cárcel se han visto o pueden verse reducidas por colaborar con la justicia.

El exprocurador del estado de Nayarit, Édgar Veytia, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, subió este martes al estrado como parte del juicio que se le sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos.

Édgar Veytia hizo referencia al expresidente Felipe Calderón, a quien vinculó de manera indirecta con grupos del narcotráfico.

El exfuncionario estatal, que reconoció haber protagonizado una larga carrera de corrupción política, contó que en 2009 fue convocado a una reunión dentro de un vehículo por el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo que acababa de llegar de México de una reunión muy importante con el presidente Calderón y García Luna y que “la línea era El Chapo”.

Veytia contó que dicho encuentro con el entonces gobernador de Nayarit tuvo lugar en el contexto de la guerra interna del cártel de Sinaloa, entre el clan de los Beltrán Leyva y las facciones afines a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cuestionado por la Fiscalía, Veytia dijo que se quedó muy sorprendido tras escuchar las palabras de González y que lo que entendió fue que “debíamos privilegiar a los Chapos y no a los Beltrán como veníamos haciendo”.

Sin embargo, Veytia no ofreció más detalles ni habló más con Gónzález sobre las circunstancias de dicha reunión o cómo había recibido esas órdenes.

Esta es la primera vez desde que comenzaron los testimonios del juicio, en que el nombre del expresidente Felipe Calderón es mencionado.

Recordemos que García Luna sirvió como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cuando la Fiscalía solicitó a Veytia más datos sobre ese encuentro dentro del vehículo, el exfuncionario corrupto se limitó a contestar: “Al gobernador no se le piden explicaciones”, y agregó que se retiró tras escuchar sus palabras.

Veytia también indicó que junto con Roberto Sandoval Castañeda, exalcalde de Tepic y exgobernador de Nayarit, recibió sobornos del clan de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de no investigarlos, protegerlos y no meterse en sus asuntos.

Veytia contó que a finales de octubre de 2008 se reunió con el entonces responsable de seguridad en la ciudad de Tepic, que identificó como el comandante Violante, que le dijo que acababa de participar en una convención nacional de seguridad y que “había recibido instrucciones de Genaro García Luna de que debíamos tomar el lado del Chapo”, algo que no hizo.

Poco después, Violante renunciaría a su puesto y Veytia se convertiría en Director de Tránsito de Tepic y encargado de la seguridad pública de la ciudad, que describió como “la segunda ciudad más violenta de México” en aquel momento.

Fueron las declaraciones de Veytia las que provocaron que el expresidente Felipe Calderón hablara por primera vez sobre el juicio contra Genaro García Luna.

A través de un mensaje en redes sociales, negó que durante su gestión negociara o pactara con criminales.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al Ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, aseguró el exmandatario.

El narcotraficante Óscar “El Lobo” Valencia, aseguró este lunes que pagó “más de 10 millones de dólares en efectivo” al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esto como parte del juicio que se lleva a cabo contra el exfuncionario mexicano en Estados Unidos.

“Le di más de 10 millones en efectivo procedente de la droga”, dijo el testigo de la fiscalía, en el juicio que este lunes retomó actividades, luego de que iniciara la semana pasada. Se trata del funcionario mexicano de más alto nivel que ha pasado por el banquillo de la justicia estadounidense.

Valencia, que admitió haber enviado a Estados Unidos “más de 100,000 kilos de cocaína”, contó que se había reunido personalmente dos veces con García Luna y que la última, cuando estaba al frente de las fuerzas de seguridad del país, acudió a las oficinas de un negocio de lavado de autos de un amigo en Guadalajara.

“Para poder tener la reunión tuvimos que pagar 500,000 dólares para verle a través de (Luis) Cárdenas Palomino”, su hombre de confianza en la secretaría, dijo el testigo.

Se reunieron durante unos “15 minutos”. “¿Le dio dinero a García Luna?”, le preguntó la asistente de fiscal Marietou Diouf. “Teníamos que darle 3 millones de dólares” en total, dijo el testigo, aunque admitió que fue su “compadre ‘El Pilo'”, dueño del negocio, quien le dio la parte que faltaba “en la parte de abajo” del local.

El testigo, detenido en octubre de 2009, aseguró que se había reunido en otra ocasión con el exsecretario en una casa de Arturo Beltrán Leyva, después de un operativo en el puerto de Manzanillo, en 2007, en el que la Marina decomisó al menos 20 toneladas de cocaína, tras un supuesto aviso de las autoridades estadounidenses, en dos cargamentos distintos que estaban destinados al propio ‘Lobo’, entonces jefe del cartel de los Valencia, y al líder de los Beltrán Leyva.

García Luna recibía “dinero en metálico”, dijo ‘El Lobo’, en referencia a que siempre se le daba el dinero en efectivo.

La primera vez fue en 2006. “Nos dijeron que teníamos que colaborar en una polla (recaudación) para asegurarnos el apoyo de las fuerzas de seguridad para el paso de la droga”, explicó “El Lobo” Valencia, quien aseguró haber entregado entonces 2.5 millones de dólares.

Según él, también pagaban sobornos a “otros funcionarios del gobierno”, así como a autoridades municipales, agentes de la policía federal y responsables de los puertos y aeropuertos para que los “dejaran sacar los cargamentos” de droga. El aeropuerto de la capital mexicana era una de las principales puertas de entrada de la droga procedente de Colombia en el país, aseguró.

‘El Lobo’ corrobora el testimonio del primer testigo de la fiscalía, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien reveló la semana pasada los supuestos pagos al llamado arquitecto de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón, que está acusado de haber ayudado al cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán a introducir más de 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

El Juez Brian Cogan, que preside el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, decidió excluir el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, presentado ayer por la Fiscalía al calificarlo de “rumor” y de “pérdida de tiempo”.

Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, se identificó como la persona encargada del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Nueva York.

La Fiscalía esperaba incidir a través de este testigo en que García Luna cooperaba de manera habitual con la banda criminal y que se encontraba disponible para ser contactado por distintos miembros.

Estaba previsto que este miércoles Martínez contara que dos socios suyos, identificados como Jorge y Anselmo, le ofrecieron en un momento la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano.

Asimismo, declararía que lo tranquilizaron asegurándole que toda la Policía estaba comprada, incluido el exsecretario de Seguridad Pública.

“Teniendo en cuenta que no sabemos los nombres completos de Jorge o Anselmo, o si estos son sus nombres reales, la corte no permitirá que el jurado escuche lo que equivale a un rumor de culpabilidad del acusado”, sentenció el juez Cogan en un escrito.

Además, el magistrado dio la razón a la defensa, que se había quejado de que los hechos que relataba el testigo se remontaban a los años noventa hasta 2000 y “quizá” 2001, cuando a García Luna lo están imputado por delitos supuestamente cometidos entre 2001 y 2012.

En este sentido, incidió en su decisión el descartar el testimonio de Martínez y lo describió como “un acontecimiento secundario y una pérdida de tiempo”.

Desde ayer, Cogan mostró sus reservas sobre el testimonio de Tirso Martínez Sánchez, y anunció que decidiría entre la noche de ayer y la mañana de este miércoles sobre su relevancia.

Martínez Sánchez subió al estrado después de que Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, asegurara que presenció a partir de 2001 el pago de sobornos al exsecretario a cambio de su ayuda al cártel de Sinaloa en su negocio y en la lucha contra clanes rivales.

El abogado de García Luna, César De Castro, además de insistir en el carácter criminal de “El Grande”, que ya cumplió condena en Estados Unidos y vive en libertad, subrayó que no había grabaciones de audio o videos de los encuentros de los miembros del clan con García Luna, a pesar de que, como declaró el narco, el clan de los hermanos Beltrán Leyva, para el que trabajaba, solía grabar sus conversaciones con dirigentes y políticos.

Asimismo, el abogado puso en duda que, como aseguró “El Grande”, García Luna se reuniera con una asiduidad mensual con Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México, donde miembros del cártel lo recogían supuestamente en un estacionamiento de un supermercado antes de llevarlo a una “casa segura” donde se reunían.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con el periodista Jorge Fernández Menéndez, sobre el juicio de García Luna, y lo que se ha revelado hasta ahora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este martes que es “vergonzoso” para el país el juicio que inició ayer en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico.

“Es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón (2006-2012) y que tenía una doble función, según las acusaciones”, manifestó el mandatario.

López Obrador exhibió un recuento del primer día del juicio en Nueva York, donde Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, aseguró que vio “en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa”.

Además, la Fiscalía federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México, aunque la defensa alegó que no hay “dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas” de las acusaciones.

López Obrador reconoció que “hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes”, pero citó las acusaciones en contra del exsecretario, como “que acumuló una fortuna de muchísimo dinero de alrededor de 1,000 millones de dólares”.

“Al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso”, sostuvo.

AMLO adelantó que expondrá a diario en su conferencia matutina los avances del juicio, al argumentar que no confía en “los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores”.

“Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia, y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere”, dijo.

Recordemos que García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, afronta un juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, para la posesión y para la importación de cocaína.

El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.

Finalmente, López Obrador reiteró su postura sobre las alternativas que hay en torno a la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna: que García Luna no sea culpable; que García Luna es culpable y actuó por su cuenta engañando a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y que García Luna es culpable y tenía el consentimiento de los expresidentes.

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna se presentó en su primer día de juicio por narcotráfico, donde el primer testigo de la Fiscalía de Estados Unidos lo acusó se haber recibido sobornos millonarios del Cártel del Sinaloa durante años.

El fiscal Philip Pilmar acusó a García Luna de traicionar a México y a Estados Unidos por aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarles en sus actividades; la Fiscalía presentó uno de sus testigos estrella: Sergio Villarreal Barragán, alias “el Grande”, que aseguró haber presenciado el pago de dichos sobornos con sus propios ojos.

De Castro, de pie frente a los 12 miembros del tribunal, adelantó la que será la estrategia de la defensa, al subrayar que la Fiscalía no tiene pruebas “objetivas”: ni documentos, ni fotos, ni conversaciones grabadas, ni mensajes de texto que incriminen a su cliente.

Según De Castro, todo se basa en rumores y “especulaciones de asesinos, secuestradores y traficantes de droga”, muchos de los cuales, según De Castro, fueron encarcelados en la época en la que García Luna fue responsable, abriendo el camino de la venganza a través de sus testimonios.

La fiscal Erin Reid se encargó de dirigir el interrogatorio de “El Grande”, que habló en español y fue traducido de manera simultánea por un traductor de la Corte.

“El Grande” aseguró haber visto “en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2006”.

Según el testigo, “con la ayuda del Gobierno (mexicano) el cartel creció en lo referente al territorio” e insistió en que también gracias a la ayuda de García Luna el grupo que estaba dirigido por el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán pudo aumentar la importación de cocaína a México y deshacerse de grupos rivales”.

Villarreal Barragán, que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y cumple una condena rebajada, aseguró que desde su grupo criminal se fomentaba la corrupción de los funcionarios del Ejército y del gobierno, tanto municipal como estatal y federal de dos formas.

“Hay dos tipos de corrupción, el que se voltea para un lado y deja pasar, y otra, la de los funcionarios forman parte de las actividades de la organización”, dijo “El Grande” antes de aclarar, a petición de la fiscal, que García Luna era del segundo tipo.

En concreto, apuntó que el ex responsable de la Seguridad Pública daba información sobre operativos de seguridad e investigaciones en contra de miembros del grupo, facilitaba el nombramiento y el cese de agentes en cualquier parte de México y compartía información para golpear a los grupos enemigos.

Asimismo, la Agencia Federal de Investigación (AFI),que García Luna dirigió entre 2001 y 2005, ayudó al Cártel de Sinaloa en varios estados en su guerra contra el Cartel del Golfo, grupo rival.

“El Grande” precisó que el encargado de los pagos a García Luna era Arturo Beltrán Leyva, amigo suyo y uno de los líderes del Clan de los Beltrán Leyva (parte del Cartel de Sinaloa), y agregó que él “estuvo en algunas ocasiones” presente en dichas transacciones, que, según su declaración, aumentaban a medida que el cartel crecía.

El ahora colaborador de la fiscalía estadounidense detalló que cuando él comenzó a trabajar para los Beltrán Leyva en el año 2001, García Luna ya estaba en la nómina del cártel y se le siguió pagando hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyv , en 2009.

De acuerdo a lo declarado,cuando García Luna era el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), él y otros altos cargos de seguridad recibían entre un millón y un millón y medio de dólares mensuales por sus servicios.

“Los pagos eran puntuales” dijo desde la tribuna “El Grande”, que aseguró que los Beltrán Leyva y García Luna hablaban frecuentemente.

Asimismo, durante la sesión salieron a colación varios nombres de narcos y supuestos policías corruptos que se movían en la órbita de García Luna o tuvieron contacto con él.

Además de Arturo Beltrán Leva y sus hermanos Héctor y Alfredo, fueron citados Ismael “El Mayo” Zambada, “El Rey” Zambada, Ignacio Coronel o Édgar Valdez, alias “la Barbie”.

Asimismo, se hizo referencia a varios exmiembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos Luis Cárdenas Palomino (exmando de la Policía Federal), y que supuestamente estuvieron presentes en entregas de sobornos a García Luna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó este viernes el tema del juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de nexos con el narcotráfico.

El mandatario insistió en que el juicio exhibirá a las agencias del gobierno de Estados Unidos.

“Esto tiene que ver con un asunto mayor, que también va a salir a relucir, la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA (Agencia Antidrogas), de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), del gobierno estadounidense”, declaró el mandatario..

López Obrador denunció que a García Luna, quien fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y quien lleva más de tres años en prisión, “lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos”.

“¿Que se hace (este tipo de acuerdos) con todas las autoridades? Pues sí, de manera institucional. ¿Pero, entonces, sus agencias de inteligencia? Necesitan una sacudida, una revisión”, cuestionó el presidente.

Sus declaraciones se producen cuando ha concluido la selección de los miembros del jurado para el juicio, que comenzaría el próximo lunes y durará cerca de 8 semanas, según dijo López Obrador.

García Luna, quien lideró la llamada guerra contra el narco, está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos sobre narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

“No nos adelantemos, es que no podemos hacer juicios a priori si ve a llevar a cabo un juicio. Desde luego es en Estados Unidos, se tiene que analizar el contenido de las pruebas, los que van a participar de testigos”, añadió López Obrador.

AMLO afirmó que lo más importante es que estos casos se conozcan, se den a conocer a la opinión pública, para que no se oculten y para que no se repitan.

Además, pidió indagar la acumulación de riqueza de García Luna “independientemente” de si tuvo vínculos con el crimen organizado.

“Habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero porque ¿cómo un servidor público, por mucho que ganaban de sueldo, iba a llegar a tener para, como se está difundiendo, hay que probarlo, residencias en Estados Unidos, yates, la obtención de contratos millonarios, en dólares?”, cuestionó.

Al ser cuestionado sobre los posibles nexos que también tiene el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente afirmó que lo verdaderamente importante no es la presunta complicidad con el veracruzano, sino con el expresidente Felipe Calderón.

El presidente bromeó que el juicio contra de Genaro García Luna, es como “pago por evento”, por lo que dijo,  “no se van a aburrir, se los aseguro”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció esta mañana que “altos funcionarios de Estados Unidos” tenían relación con Genaro García Luna, quien es acusado de narcotráfico y cuyo juicio arrancó ayer con la selección del jurado en una corte de Nueva York.

“Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no solo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense”, manifestó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Al exhibir un artículo de The New York Times sobre el exfuncionario, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones, López Obrador pidió “que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos que sean llamadas a declarar y que participen”.

“Entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. ¿Cómo esta doble vida? Por un lado se le premia, se le reconoce y, por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”, expresó López Obrador.

“Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades”, añadió  AMLO.

En ese sentido, solicitó a Estados Unidos devolver dinero a México si se demuestra que funcionarios de aquel país recibieron sobornos relacionados con el juicio.

“Claro que sí, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero”, indicó.

García Luna compareció ayer en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico, que se prevé se extienda durante las próximas ocho semanas.

Al respecto, López Obrador reiteró su solicitud de difundir toda la información del juicio por la relevancia del exfuncionario, quien fue el máximo encargado de la Seguridad durante el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Sobre el papel del expresidente Felipe Calderón, AMLO esbozó tres posibles escenarios: que García Luna sea inocente y por ende no haya ningún papel del exmandatario en el caso; que García Luna sí es culpable de lo que se le acusa pero que Calderón no estaba al tanto de sus acciones y por lo tanto solo hubo un descuido de su parte, y que Genaro García Luna sí es culpable y Calderón estaba al tanto de todo lo que sucedía.

El esperado juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, arrancará mañana en Nueva York, más de tres años después de que fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos.

El proceso arrancará con la selección del jurado, con entrevistas a decenas de posibles candidatos a integrarlo tras una búsqueda inicial llevada a cabo en los últimos días.

Una vez formado el jurado, darán comienzo los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de diez años en prisión y a una máxima de cadena perpetua.

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública durante el gobierno del PAN de 2006 a 2012, está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

El antiguo líder de la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue juzgado y condenado en 2019 a cadena perpetua en el mismo tribunal del distrito neoyorquino de Brooklyn que se encarga del caso de García Luna.

Aunque desde hacía años circulaban acusaciones sobre una supuesta colaboración del exsecretario con el grupo del narcotráfico, en el juicio contra “El Chapo”, García Luna fue involucrado directamente por uno de los testigos clave, Jesús “El Rey” Zambada.

“El Rey”, un exalto cargo del Cartel preso en Estados Unidos, aseguró haber pagado sobornos millonarios a García Luna, tanto cuando era secretario de Seguridad Pública como previamente, cuando dirigía la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La Fiscalía estadounidense asegura que “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cartel de Sinaloa” a cambio de “sobornos multimillonarios” y ha adelantado que cuenta con suficientes pruebas.

La gran cantidad de documentos y otras evidencias recopiladas por las autoridades estadounidenses es lo que en parte ha alargado el proceso previo al juicio, para dar tiempo a los abogados a revisar esos materiales y poder preparar su defensa.

Entre los argumentos que se espera que use García Luna figura, según lo adelantado en documentos judiciales, está el hecho de que durante su mandato fue reconocido por Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, y los numerosos encuentros que mantuvo con responsables de ese país.

Está pendiente de definición si el excolaborador del gobierno federal involucra durante el juicio a otros altos cargos o si también pueden hacerlo algunos de los testigos que declaren a lo largo del proceso.

La Fiscalía ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a “numerosos testigos”, aunque sus identidades no se han dado a conocer.

El pasado mes noviembre, el juez que dirige el caso, Brian Cogan, autorizó a la Fiscalía a informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, sólo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

Según la Fiscalía, identificar a los testigos relevantes podría poner en riesgo su seguridad. También se garantizará anonimato y protección a los miembros del jurado, según indicó el año pasado Cogan, quien destacó “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.

A diferencia de muchos otros acusados en procesos de este tipo, García Luna acudirá al juicio vestido de civil, de traje y corbata, y no con el uniforme de preso que es habitual, según autorizó recientemente el juez en respuesta a una solicitud de la defensa.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por delitos de corrupción, enfrenta un nuevo juicio, ahora por la presunta desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

Un juez determinó vincular a proceso al político, y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que pidió al juez iniciar un nuevo juicio por desaparición forzada, cometida en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.

Fue el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien determinó que había elementos suficientes para el juicio.

Esta decisión no significa que Duarte de Ochoa sea culpable, sino que permitirá la aportación de pruebas de ambas partes.

El despacho Campuzano Abogados, que lleva la defensa del exgobernador, aseguró que es inocente del delito que se le imputa y aseguró que uno de los involucrados declaró en su contra bajo tortura.

“Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por presuntamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con las facultades para ello”, expresó el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora.

Recordemos que el exgobernador actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante su mandato en Veracruz, se desató una violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.

En la última década, han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 fosas, donde 609 cuerpos han sido recuperados, así como 381 cráneos y más de 56 mil restos humanos.

Las acciones de Twitter serán suspendidas de la negociación de mañana viernes, según el sitio web de la Bolsa de Nueva York, dado que el multimillonario Elon Musk enfrenta la fecha límite del 28 de octubre, establecida por una corte, para cerrar la compra de la empresa.

Musk, la persona más rica del mundo, visitó ayer la sede de Twitter en San Francisco e insinuó que era el máximo responsable de la compañía tras actualizar su biografía de perfil a “Chief Twit”.

A inicios de semana, la agencia Reuters informó que los inversores de capital, entre los que se encuentran Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority y otros, habían recibido de los abogados de Musk los documentos necesarios para comprometer la financiación.

La finalización del acuerdo marcaría el fin de una demanda de Twitter, que, junto con los inversores, ahora espera que el negocio se complete en sus términos originales de 54,20 dólares por acción, es decir, un total de 44,000 millones de dólares.

Musk dijo este a través de su cuenta de Twitter que estaba comprando la red social porque era importante para el futuro de la civilización tener una “plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable, sin recurrir a la violencia”.

“Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias”, señaló el magnate en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para concretar la operación de compra, o se abrirá un proceso en la corte.

Además, en su mensaje adelanta que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en el futuro. Dijo que los anuncios, “si son bien entendidos, pueden entretener, complacer e informar” al usuario, explicándole por ejemplo que existe un tratamiento médico nuevo.

Musk concluye su menaje a los anunciantes señalando que Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalecerá sus marcas y hacer crecer sus empresas. “Construyamos juntos algo extraordinario”.

La Trump Organization, compañía familiar del expresidente Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1.6 millones de dólares en multas.

El juicio inició este lunes en la Corte Suprema del estado Nueva York en Manhattan con la selección del jurado.

Este proceso penal es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco.

El exdirector financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.

El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, será uno de los testigos clave del juicio a la compañía actualmente dirigida por dos de los hijos del expresidente: Donald Trump Jr y Eric Trump, que tiene negocios inmobiliarios, hoteles y campos de golf en todo el mundo, así como a sus dos filiales Trump Corporation y Trump Payroll.

Weisselberg, que hasta ahora se había negado a testificar en contra de Donald Trump, vinculó directamente a la Organización Trump con “una amplia gama de actividades delictivas”.

Según la acusación presentada el 1 de julio de 2021, era uno de los ejecutivos que “recibía partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos”.

Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, el exjecutivo, que antes de ser director financiero había sido contador y contralor de la compañía, pagará 2 millones de dólares de resarcimiento y se enfrenta a cinco meses de cárcel.

Bajo su supervisión, la compañía de la familia Trump, que se ha declarado no culpable, está acusada de haber mantenido dos contabilidades paralelas para esconder las prebendas que tanto él como otros ejecutivos recibían como complemento salarial.

Personalmente, Donald Trump no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que infravaloró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

La oficina de James reclama 250 millones de dólares en multas al expresidente, que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado y a sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se les impida comprar propiedad inmobiliaria en el estado por un periodo de 5 años.

Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, entre otras, la posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de La Casa Blanca y ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los abogados de Twitter interrogarán a Elon Musk bajo juramento en Delaware la próxima semana, esto como parte del juicio que mantienen por el intento del multimillonario de abandonar su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares.

Un tribunal de Delaware dijo este martes que la declaración de Musk está programada para el 26 y 27 de septiembre, es decir, para la próxima semana, aunque detalló que podría extenderse hasta el 28 de septiembre si es necesario.

Twitter y Musk están inmersos en una batalla legal cada vez más dura que ha implicado a algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley y Wall Street.

Se han emitido citatorios para el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp; el ex presidente ejecutivo de Intel Corp Robert Swan; y el cofundador de Twitter Jack Dorsey, que actualmente es presidente ejecutivo de Block Inc.

Está previsto que el juicio comience el 17 de octubre en Wilmington, Delaware, y se espera que tenga una duración de 5 días.

Las dos partes se acusan mutuamente de haber roto el acuerdo de adquisición contraído en abril. Twitter quiere que un juez ordene a Musk que compre la empresa según lo acordado por 54.20 dólares por acción.

En tanto, Musk ha acusado que la plataforma ocultó datos y manipuló información sobre las cuestas falsas o spam de la red social.

Los accionistas de Twitter aprobaron este martes la oferta de Elon Musk para comprar la red social por 44,000 millones de dólares, incluso mientras el multimillonario intenta romper el acuerdo, informó la compañía.

La votación se produjo en una junta de accionistas que duró unos minutos y en la que la mayoría de los votos se emitieron a distancia.

Recordemos que Twitter acudió a los tribunales para obligar que Musk cumpla su compromiso de adquirir la empresa. El inicio del juicio está programado para que de inicio el próximo mes.

Y mientras los accionistas aprobaron la oferta de compra, el exjefe de seguridad de la compañía, Peiter “Mudge” Zatko, compareció ante el Senado de Estados Unidos, en donde reiteró sus señalamientos de que Twitter es incapaz de proteger los datos de sus usuarios porque muchos trabajadores tienen acceso a esa información y no rastrea adecuadamente la posible infiltración de agentes extranjeros.

“Los fallos de seguridad de Twitter amenazan la seguridad nacional, comprometen la privacidad y la seguridad de los usuarios y, en ocasiones, amenazan el futuro de la empresa”, dijo Zatko durante su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.

El exejecutivo, que trabajó para la red social desde noviembre de 2020 y hasta su despido en enero pasado, aseguró que avisó en reiteradas ocasiones a la dirección sobre los problemas de ciberseguridad, pero la empresa “rechazó hacer los cambios necesarios para crear una plataforma más segura”.

Las revelaciones de Zatko han sido utilizadas por Musk para justificar su decisión de cancelar la compra de la red social.

Twitter rechazó las acusaciones de su exjefe de seguridad, asegurando que son parte de una “falsa narrativa” contra la empresa y que están plagadas de “inconsistencias e imprecisiones”. Además, afirmó que Zatko fue despedido por “un liderazgo poco efectivo y “un desempeño pobre” en sus tareas.

Durante su comparecencia, el exdirectivo afirmó que la empresa “desconoce cuánta información tiene, dónde la tiene y de dónde viene, por lo que no puede protegerla”. Según un estudio interno citado por Zatko, la compañía solo sabe para qué utiliza el 20% de la información que recolecta de los usuarios, como correos, números de teléfono o geolocalización.

Zatko opinó que esta gestión insegura de la información supone un “riesgo” para la seguridad nacional y la democracia estadounidense, además de acusar a la empresa de “engañar deliberadamente” a las agencias reguladoras para esconder sus problemas.

Uno de los asuntos que llamó más la atención de los legisladores, fue el de la supuesta infiltración de agentes extranjeros de China o de la India dentro de la compañía.

Zatko aseguró que Twitter no tiene los mecanismos para identificar a los agentes extranjeros que se infiltran en la empresa, y que solo los descubre cuando lo alerta una agencia externa.

El director general de Twitter, Parag Agrawal, fue citado ante el Comité del Senado pero descartó su comparecencia para no comprometer el proceso judicial que tiene abierto la empresa con Elon Musk.