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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

«La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes», dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

«Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial», dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al secretario de Relaciones Exteriores y Crédito Público, Luis Videgaray, de utilizar dinero público para conseguir su candidatura a la presidencia y suceder así a Enrique Peña Nieto, con quien colaboró desde que el priísta estaba en el gobierno del Estado de México.

Según información que publica este lunes el diario Milenio, durante una comparecencia Lozoya aseguró que Videgaray «no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigioso consultor Peter Schechter para posicionar su imagen».

Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña Nieto por instrucción de Videgaray: «Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la presidencia», declaró Lozoya.

«Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento de que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual», añadió Lozoya Austin.

En este sentido, Schechter habría asegurado que trabajaba con Videgaray en relación con las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero.

Lozoya enfatizó que éste era el «asesor electoral personal» de Videgaray y que se reunía con él una vez al mes. Habría sido Schechter quien puso en contacto a Videgaray con Jared Kushner,  yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

En más sobre Videgaray, el portal Animal Político informó que el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa, indicó ante la FGR que durante el sexenio de EPN se ejecutó el esquema de desvío de recursos, la «Estafa Maestra» que incluyó a diversas dependencias federales a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre para actos proselitistas.

“Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno. Una de las ramas de dicha estrategia se denominó ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, señaló el excolaborador de Rosario Robles.

Detalló que fue la Secretaría de Hacienda, entonces dirigida por Luis Videgaray, quien dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol, mismos que  Robles Berlanga indicó fueran utilizados para organizar eventos, campañas de medios, volanteos, brigadas y grupos de activismo político en varios estados de la República.

El esquema de la ‘Estafa Maestra’, que consistió en contratar empresas privadas a través de universidades públicas habría sido acordado entre Robles Berlanga y Videgaray Caso.

Zebadúa aseguró que los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre también fueron utilizados para pagar deudas y compromisos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, misma que fue coordinada por Luis Videgaray.

Recordemos que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de «traición a la patria» al exsecretario federal.

Luis Alberto de Meneses Weyll, cabeza de Odebrecht en México, quien ha reconocido entregó sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, equivalentes a 10.5 millones de dólares a Lozoya (2012 y 2014), desmiente los señalamientos que Lozoya Austin ha ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meneses Weyll afirma, a través de su abogado Carlos Kauffmann, que Odebrecht no entregó dinero para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ni para sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética, ni para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, tal como lo indicó Lozoya en su declaración con la que buscó el criterio de oportunidad y así convertirse en testigo colaborador a cambio de que evitar la acción penal en su contra.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann a QUINTO ELEMENTO LAB.

El abogado del director de Odebrecht negó que se haya entregado dinero expresamente para financiar la campaña de Peña. Afirmó que los sobornos fueron exclusivamente para Lozoya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”, según consta en sus declaraciones a las autoridades brasileñas. de 2016.

Y aunque Lozoya afirmó que hubo dos encuentros entre Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll con Peña Nieto y Luis Videgaray, Kauffmann asegura que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público que no fuera Lozoya.

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”. Aclaró que pese a entregar el dinero de los sobornos, indicó que no estaban al tanto del destino de los recursos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

Sobre las declaraciones de Lozoya Austin de que la empresa brasileña no solo buscó contratos y beneficios del gobierno, también que participó activamente en la política energética del país, Carlos Kauffmann dijo que Odebrecht Infraestructura nunca tuvo interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación. “Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta (Odebrecht) no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el defensor de Meneses Weyll.

El abogado de Meneses Weyll también rechazó que su cliente haya realizado algún pago por la adjudicación del contrato a Braskem, filial de Odebrecht, correspondiente a la planta Etileno XXI en Veracruz. “No existen relatos en ese sentido, no hay motivo (…) Si hubiera habido pagos, Luis Weyll ya lo hubiera dicho”.

Kauffmann adelantó que su cliente está a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario. «Weyll está comprometido solo con la verdad».

Para que las autoridades mexicanas puedan interrogar al exdirector de Odebrecht, deben firmar un acuerdo en el que se comprometen a no utilizar las pruebas obtenidas contra el propio Meneses Weyll tanto en el ámbito penal, civil o administrativo.

Sobre el caso, el diario Reforma informó esta mañana que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura contra el excolaborador de Peña Nieto, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

Y aunque la FGR solicitó dicha orden en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se devolvió el expediente pues presentaba deficiencias. Las fuentes consultadas por el diario adelantaron que el Fiscalía haría una nueva solicitud.

La imputación contra Videgaray se basa en los testimonios de Emilio Lozoya. Se le acusa de traición a la patria al ser supuestamente el responsable del financiamiento de Odebrecht a las campañas del PRI.

Las pruebas relacionadas al dinero que la empresa brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, que Emilio Lozoya entregó buscando recibir beneficios, estaban en poder de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde septiembre de 2018.

Entre los beneficios que el exdirector de Pemex busca, tales como una reducción de pena e incluso su posible libertad, solicitó le fuera otorgada la figura de testigo colaborador, prometiendo entregar pruebas que permitirían saber qué fue lo que pasó en la red de sobornos, así como los nombres de personajes que hubieran participado.

Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que la información sobre el financiamiento electoral que presentó Lozota ya estaban en la carpeta de investigación.

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año, así como a legisladores de la oposición para que apoyaran las reformas estructurales.

MCCI indica que lo que Lozoya Austin no contó, y que la Fiscalía ya sabe, es que para ocultar los pagos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

El expediente al que accedió la organización contiene cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que señalan que los pagos que recibieron eran por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.

Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht, la cual se menciona en la propia denuncia del exdirector de Pemex.

Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza.

«De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña», señala la investigación.

 

Investigación completa AQUÍ

LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.

La denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) sigue generando reacciones, y esta vez fue la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es mencionado de haber regalado un automovil al expresidente Enrique Peña Nieto.

Lozoya refiere la existencia de una Egoteca o «Museo del Presidente» que Grupo HIGA construyó para Peña Nieto al inicio de su administración, en una ubicación hasta ahora desconocida con exactitud, pero que se sabe está en el Estado de México

En dicho Museo eran colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Lozoya Austin relata que en el marco de de una sus visitas a Veracruz, con motivo de las celebraciones del «Día de Marina», Javier Duarte se le acercó a EPN en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta.

Al subir al avión presidencial, Peña Nieto dijo: «miren lo que me regaló el gober», mostrando el contenido de la carpeta.

«Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: Este Ferrari pertenció al Presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto», cuenta Lozoya en su denuncia, mismo que refiere, fue llevado al «Museo del Presidente».

Al respecto, este viernes, Duarte utilizó sus redes sociales para asegurar que dicha afirmación era mentira.

«Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno», dijo el expriísta.

Afirmó que en su vida se he subido a un automóvil de la marca italiana (Ferrari), además de que nunca ha comprado uno y mucho menos regalado alguno.

Uno de los políticos con más señalamientos en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya sobre la red de corrupción que existió en el sexenio anterior fue el priísta David Penchyna, quien decidió emitir un posicionamiento sobre las acusaciones en su contra.

Penchyna aseguró que el silencio que mantuvo en las últimas semanas, desde que su nombre apareció en torno al caso de Lozoya Austin, se debió a haber adoptado una posición «sumamente cuidadosa» ante las filtraciones que habían variado, pero que con la filtración de la supuesta demanda, misma que la autoridad no ha desconocido, decidió hablar al «considerar fidedigna».

«Niego cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la Reforma Energética», señaló el exlegislador.

Explicó que como Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, sí fue el enlace con la oposición para negociar los términos legales de la Reforma, pues ese era su trabajo: labor política y legislativa.

«No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya Austin está mintiendo para salvarse de la cárcel. Y en esa ruta, dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino», añadió Penchyna.

Al igual que lo expresado por Luis Videgaray en el comunicado emitido la tarde de ayer, Penchyna aseguró que tuvo graves diferencias personales con Lozoya durante la discusión y la redacción final de la reforma energética.

Afirmó que había una «inexplicable insistencia» por parte del exdirector de Pemex para que los farmouts pudieran ejecutarse sin pasar por órganos colegiados, es decir, que su administración pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Administración y órganos reguladores, un planteamiento al que indica, se opuso tajantemente.

«Desde ese momento y aprovechando su posición como Director de Pemex, buscó golpearme política y mediáticamente, igual que hoy. Cualquiera que conozca su paso por Petróleos Mexicanos y el debate energético de esos años, lo sabe», explicó.

«Quien quiera creerle a Emilio Lozoya Austin está en libertad de hacerlo. Yo sostengo que miente porque tiene incentivos para hacerlo, así de fácil», enfatizó el priísta.

Subrayó que no se deslindará de una reforma en la que cree, y en la que trabajó al límite de su capacidad; además dijo que no cambiará de convicciones porque cambió el partido en el gobierno.

«No voy a permitir que alguien como Emilio Lozoya Austin, resbale responsabilidades manchando mi nombre», remató Penchyna indicando que estará a disposición de la autoridad para aclarar lo que considere necesario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de «pesadilla» las revelaciones sobre sobornos y corrupción que revelara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General (FGR).

«Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave», dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ya había leído el documento.

En la denuncia, Lozoya revela nombres y montos de sobornos que ordenaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces colaborador, Luis Videgaray. Precisa los monto que legisladores de opositores, principalmente del PAN, recibieron a cambio de apoyar las reformas estructurales.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón, e incluso al
expresidente Carlos Salinas de Gortari. También a Ricardo Anaya quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, a secretarios de estado y altos funcionarios de las pasadas administraciones.

López Obrador aseguró que ya tenía «conocimiento» de la denuncia y, a su modo de ver, «todo indica» que el documento no es «apócrifo». Admitió que no terminó de leerla pues además de ser extensa, no quería tener «pesadillas». Aseguró que lo que revela, de ser cierto, es «muy grave».

«No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen», puntualizó el presidente.

Tal como lo ha manifestado en los últimos días, López Obrador confió en que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

«Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo», subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Uno de los personajes más señalados por Emilio Lozoya en su denuncia de hechos es Luis Videgaray, cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), y a quienes el exdirector de Pemex señala como los responsables de orquestar redes de corrupción durante la pasada administración.

Y aunque Videgaray había decidido no hablar sobre lo señalamientos que se han hecho en su contra, este jueves emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechaza los dichos de Lozoya.

«Las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias», expuso el exsecretario de Hacienda.

Dijo que lo dicho por Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. Aseguró que el único responsable de la grave situación legal que enfrenta toda su familia es el propio Emilio Lozoya.

Videgaray señala que no le sorprende los actos de Lozoya, pues el culpar a otros para salvarse, es una actitud que corresponde con su personalidad.

Tampoco se dijo sorprendido de que Lozoya lo intente culpar de sus actos indebidos, pues «es ampliamente sabido» que no llevaban una buena relación desde que colaboraron, debido al mal manejo financiero que Lozoya hizo de Pemex.

El también exsecretario de Relaciones Exteriores indicó que está atento del requerimiento que la autoridad le pudiera hacer, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

«No voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes», remató Videgaray.

En medio del escándalo que ha desatado la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya, la dirigencia nacional del PRI afirmó que es inaceptable cualquier tipo de corrupción, por lo que dijo, el exdirector de Pemex debe pagar por sus delitos.

El tricolor informó que presentará una denuncia contra Lozoya Austin, pues dijo «somos víctimas y queremos que devuelva todo lo que indebidamente recibió”.

Lamentó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) haya abierto el caso de Odebrecht y no haya consignado a nadie.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, sostuvo que no hay un solo documento que evidencie que en las cuentas del partido entró dinero adicional como lo establece la ley.

Le corresponderá, dijo, a los que son señalados de recibir sobornos aclarar lo pertinente. Pidió que lo que se tenga que investigar sea haga de manera clara y puntual.

Por su parte el Partido Acción Nacional (PAN), a quien pertenecen la mayoría de los involucrados en la denuncia de Lozoya, también reaccionó y emitió una postura.

Acusó que el «delincuente confeso», Emilio Lozoya, hoy es un aliado estratégico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para denigrar a Acción Nacional, pues es la alternativa frente al fracaso del gobierno morenista.

Dijo que todo se trata de un tema político, ya que es el PAN quien le puede ganar a Morena en el 2021. Señaló que Lozoya está dispuesto a declarar cualquier cosa con tal de no ir a la cárcel.

El blanquiazul pidió a AMLO y la Fiscalía General de la Repúlica (FGR) que Emilio Lozoya vaya a la cárcel por todo el desfalco que provocó en Pemex, para que pague por sus hechos.

También solicitó que se inicie un proceso penal contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray; solicitó que se abran expedientes de investigación contra todos los casos de corrupción del actual gobierno federal.

«Que el Presidente se concentre en atender la profunda crisis sanitaria y económica y desista de su burdo intento por dañar a la oposición en México», remató el PAN.

Tras la filtración de la denuncia de hechos, íntegra, que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), se pudo conocer los nombres de los acusados por el exdirector de Pemex de recibir sobornos o ser beneficiados por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

En la denuncia, se señala directamente, por nombre y apellido, a diversos personajes de la política, el ámbito empresarial y periodístico.

Ante los señalamientos, muchos de los señalados se han posicionado y han respondido a las acusaciones.

La periodista Lourdes Mendoza, a quien Lozoya señala de recibir «regalos» de Luis Videgaray, aseguró que son absolutamente falsas las acusaciones en su contra.

«Que lo pruebe. Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré», señaló Mendoza en referencia a Lozoya Austin.

En entrevista con Radio Fórmula, la periodista aseguró que tal como se dice, «el que nada teme, nada debe», por lo que está dispuesta a dar la cara. Afirmó que muestra de ello, es que fue la primer periodista, en el sexenio de Peña Nieto, en hablar sobre los actos de corrupción que se llevaban a cabo al interior de Pemex.

Además, dijo que a Luis Videgaray siempre lo criticó. «Le escribí no mal, lo que le sigue», debido a la reforma fiscal que defendió el secretario, y que ella consideró atentaba contra todos los contribuyentes.

Entre risas, dijo que a ella nunca le llegó la supuesta bolsa que Videgaray ordenó comprarle. «Mi trabajo si habla por mí, y su trabajo también habló por él, y ahí están los dichos y los números de cada quien».

Por su parte el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, dijo que los señalamientos de Lozoya en su contra son «absolutamente falsas».

Indicó que las acusaciones, además de falsas, son absurdas, pues «no resisten el más mínimo análisis». Explicó que según lo expuesto por Lozoya, el presunto soborno se entregó en agosto de 2014, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados; sin embargo, dijo que se separó del cargo en marzo de 2014.

«Además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya». Detalló que en ese momento, él se desempeñaba como secretario general del PAN, y no precandidato a gobernador de Querétaro.

Además, dijo que si existiera una supuesta «complicidad» como lo señala el exdirector de Pemex, cuando encabezó la dirigencia nacional del PAN no habría presentado la denuncia contra Lozoya por el caso de Agronitrogenados, o bien, no hubiera ofrecido durante su campaña presidencial, procesar a Lozoya y al expresidente Peña Nieto.

Anaya Cortés adelantó que pasaría de las palabras a los hechos, por lo que este jueves presentó una denuncia contra Lozoya por daño moral.

Llamó una mentira infame los dichos de Lozoya en su contra. «Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley»; pidió que el gobierno federal no utilice el caso Lozoya para «embarrar» a todos los opositores de López Obrador.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón utilizó sus redes sociales para posicionarse sobre el tema. Sostuvo que el manejo ilegal y mediático del caso Lozoya confirma que el exdirector de Pemex, con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política.

«No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas», dijo el exmandatario.

Otro de los señalados en la denuncia, el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, utilizó sus redes sociales para negar los señalamientos, y asegurar que su vida pública la ha dedicado a construir un mejor país, siempre con honorabilidad y legalidad.

Dijo que el criterio de oportunidad al que se busca apegar Emilio Lozoya, sirve para conocer la verdad, más no para acusar sin pruebas a quienes aseguró, han denunciado ilícitos. Adelantó que será respetuoso de las investigaciones, y dio a conocer que «anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos».

José Antonio González Anaya, quien también es mencionado en la denuncia, negó los señalamientos de Lozoya en su contra, que dijo, carecen de sustento o lógica alguna.

«Solo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y vengarse de quien denunció ante la PGR en enero del 2017 las irregularidades de Odebrecht», declaró el exfuncionario federal.

Afirmó que no participó en la aprobación de la reforma energética, en la contratación de Etileno XXI o en la compra de Agronitrogenados. Refirió que en esos años desempeñaba funciones alejadas del sector energético.

El exlegislador panista, Jorge Luis Lavalle, emitió un comunicado en el que aseguró que Emilio Lozoya miente en su denuncia.

Dijo que durante su paso por el servicio público actuó siempre con rectitud, por lo que se apersonará a la carpeta de investigación para defender su honorabilidad.

«Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que que son rotundamente falsos», sostiene Lavalle Maury.

Coincidió en que las acusaciones en contra de los que aparecen en la denuncia, tienen motivaciones políticas.

Quien también reaccionó a lo señalamientos de Lozoya, fue el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, quien dijo que son falsas las acusaciones en su contra. Afirmó que siempre ha servido de manera honorable y honesta en todos los encargos públicos que ha tenido. «Mi reputación y forma de vida así lo demuestran».

 

Sobre la filtración de la denuncia de Lozoya, la FGR rechazó que haya sido el responsable de la filtración del documento.

Informó que iniciaron una Carpeta de Investigación por la filtración del documento, «para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias». Incluso «invitó» a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío.

El equipo legal de Emilio Lozoya también se pronunció al respecto, y dijo que se deslindaba del documento filtrado, reiterando su respeto a las instituciones.

«Será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar, en el ánimo de que se procure e imparta justicia con respeto a los valores del Estado Democrático de Derecho».

En un apartado de la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que se filtró ayer, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, incluye un apartado titulado «Otros hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias».

En dicho apartado, Lozoya Austin refiere que como ejemplo del «abuso sistemático que se ejercía a escala gubernamental», Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda al momento de los hechos, ordenó la compra de una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a una amiga, la periodista Lourdes Mendoza.

Relata que la bolsa, con un costo de entre 4 mil y 5 mil dólares, fue comprada cuando recibieron las maletas con dinero en efectivo que Luis Videgaray consiguió en efectivo; detalla que el artículo fue comprado en una tienda de Polanco y entregada a la periodista, quien mandó decir que «se veía muy guapa» con ella.

Sin embargo, Lozoya Austin refiere que Mendoza habría pedido «considerar» el pagar la colegiatura de su hijo/hija, pues la empresa que solía ayudarle con ese pago, solía retrasarse.

«Pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: ‘tu no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de $50,000.00 a $100,000.00 pesos mensuales».

Videgaray habría mencionado que solo con la ayuda de la prensa, es que pudo tener el control y «ganarle» a Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo, lo quería «desplazar».

Además, del caso de Lourdes Mendoza, la denuncia de Lozoya menciona el caso de «El Financiero», grupo que acudió a Luis Videgaray para conseguir un crédito con NAFIN por 100 millones de dólares, ya que el grupo estaba a punto de quebrar.

Videgaray «consiguió que Bancomext hiciera el préstamo (…) a menos de un año del otorgamiento de dicho crédito ya había impagos y fue reestructurado de nueva cuenta, con riesgos financieros para el Estado», menciona Lozoya.

Otros casos, a los que el exdirector de Pemex llama «métodos» que llevaron a cabo Peña Nieto y Luis Videgaray para conseguir recursos, Lozoya Austin menciona el apoyo que dieron a Grupo HIGA, para adjudicarse proyectos de ingeniería y obra; refiere que luego del escándalo de ‘La Casa Blanca’, HIGA se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex.

«Es de mi conocimiento -por voz propia de Juan Armando Hinojosa- que recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total de costo final de las obras». Dichas comisiones eran entregadas en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, las compartía con Enrique Peña Nieto.

Relata que el empresario, fundador de HIGA, le mencionó que Peña Nieto le ordenó hacer negocios con Pemex pues requerían «liquidez» pues estaban construyendo una «Egoteca», que tras el paso del tiempo supo se trataba del llamado «Museo del Presidente».

Lozoya asegura que Hinojosa se refería a Peña Nieto como su «socio».

Cuenta que Hinojosa extorsionó a una reconocida empresa de servicios petroleros, para que invirtiera con él en la compra de una plataforma marítima de perforación, prometiéndole a dicha empres que él conseguiría una adjudicación directa de Pemex para la rente de este equipo.

De hecho asegura que al negarse a dar dicho contrato, Hinojosa lo amenazó con pedirle a Peña Nieto que lo removiera del cargo. El 5 de febrero de 2016, cuando se reunió con EPN, el presidente le dijo que había sido un «obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto de mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos para mi proyecto político».

El fundador de HIGA habría presumido que él fue quien «salvó el pellejo» de Luis Videgaray, ya que para pagar el crédito que había obtenido de la empresa para la adquisición de la famosa casa de Malinalco, proporcionó a Videgaray diversas obras de arte que utilizó para liquidar la deuda.

Incluso, Lozoya Austin revela que el proyecto del tren México-Querétaro, se canceló a causa del compra de de Peña Nieto.

«Es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mi me está apoyando con otra casa», explicó el presidente a Lozoya al preguntarle las razones de cancelar dicho proyecto. Él habría sugerido al mandatario dejar fuera del proyecto a Grupo HIGA para que no hubiera problema, sin embargo, EPN decidió sacrificare el proyecto y la relación con China, para intentar esconder el tema de las casas, siendo una de ellas, ubicada en el Estado de México, donde se encuentra el «Museo del Presidente».

Otro de los casos que menciona Lozoya en su denuncia, es el relacionado al grupo Tradeco, del empresario Federico Martínez Urmenta.

Relató que durante un foro empresarial en Cali, Colombia, en mayo de 2013, el empresario se le acercó a Peña Nieto para decirle que él y su socio, Carlos Salinas de Gortari, estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales, por lo que el presidente le ordenó a Lozoya recibir a Martínez Urmenta.

«Por instrucciones de Enrique Peña Nieto, recibí a Federico Martínez, quien tenía una serie de peticiones sobre obras que tenía con Pemex, pero todas presentaban quejas, retrasos e incumplimiento». El empresario habría pedido modificar los contratos y perdonar penalidades,

Lozoya Austin dedica un apartado especial a la «Gestión de Contratos por Carlos Salinas de Gortari y el robo de combustible».

Señala que el día de la entrega/recepción en Pemex, José Antonio González Anaya recibió al menos cuatro llamadas de Carlos Salinas, para «asesorarlo»; en una de ellas, le indicó temas relativos a los proyectos que Pemex encausaría.

Emilio Lozoya apunta a que el expresidente cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.

El extitular de Pemex hace énfasis en el robo de combustible, el llamado huachicol. Pese que al asumir la dirección de la paraestatal propuso la creación de un grupo de trabajo de cara a enfrentar dicho problema, que obtuvo importantes resultados, tras su salida, sus sucesores decidieron dar por finalizado dicho programa al considerarlo un gasto.

Sin embargo, revela que hubo rumores que señalaban que había pactos, en cierto estados del país, entre directivos de Pemex para financiar campañas de allegados a José Antonio González Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade.

Lozoya menciona además los casos de la planta de Agronitrogenados, que involucran a Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA).

Se dio a conocer la denuncia de hechos que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación a las redes de corrupción que se tejieron durante las administraciones anteriores dentro de Pemex, y de algunos otros casos de relevancia nacional.

Con la denuncia, el exdirector de Pemex busca que las autoridades le otorguen un criterio de oportunidad y/o le proporcionen un salida alterna en estricto apego a la ley, respecto a los procedimiento que hay en su contra y en contra de su familia.

En el documento, de 63 hojas más un anexo, el exfuncionario detalla los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo se sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, a secretarios de estado y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan la entrega de dinero y promesas de beneficios.

Lozoya señala que los actos de corrupción y sobornos ocurrieron desde el gobierno de Felipe Calderón, y concluyeron con el sexenio de Enrique Peña Nieto, siento durante la negociación de al reforma energética cuando se agudizaron los hechos.

«Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética».

Tal como ya se había informado, en la denuncia se señala directamente a Enrique Peña Nieto (EPN) y a Luis Videgaray, de ser quienes daban las indicaciones de cuánto dinero y a quién se le debía de entregar.

Se menciona que Odebrecht sabía que los recursos que «aportó» a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente (Peña Nieto) negociaba en el Congreso.

Lozoya relata que en 2011, Peña Nieto y Luis Videgaray le pidieron asumir la Coordinación de Asuntos Internacionales de la campaña electoral, con la encomienda de «gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral», pues había que cubrir muchos gastos.

Detalla que el primer «apoyo» que Lozoya pidió a Odebrecht para la campaña de EPN fue por seis millones de dólares, a cambio, se le prometió a Luis Weyll «beneficios» cuando ganaran la presidencia.

Se detalla una relación entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht; desde que el priísta era gobernador del Estado de México, el dueño de Odebrecht le habría ofrecido apoyar sus aspiraciones políticas. Todo se remontó a una gira que EPN y equipo (Juan Armando Hinojosa, David López y Arnulfo Valdivia) realizaron a Brasil en 2010.

Lozoya relata que en un encuentro posterior, ya como presidente electo, EPN se reunió con Marcelo Odebrecht en compañía de Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y el General Roberto Miranda. Por parte de Odebrecht estuvieron presentes CarlosFadigas (Braskem), Luis Weyll y Roberto Bischoff (Braskem México).

«Reitero que todos los pagos que se realizaron fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté».

En su denuncia, Lozoya Austin menciona que cuando EPN ganó la presidencia, lo invitó a trabajar en su administración como director de Pemex, posición que aceptó aunque aclara «yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso».

Lozoya Austin detalla que en febrero de 2013, EPN y Videgaray le indicaron que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas Reformas Estructurales del interés del Presidente Enrique Peña Nieto.

«Yo intervine principalmente en la aprobación de la Reforma Energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un Diputado Federal».

Aclaró que la negociación con los legisladores del PAN fueron más bien una «extorsión; mencionó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Afirma que la actitud del grupo de panistas era «brutal», pues además de extorsionarlo a él, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y contratistas de Pemex.

Lozoya Austin relata que a cambio de ganar el contrato de Tula 1, Luis Weyll ofreció apoyar al gobierno federal con seis millones de dólares adicionales. «Los sobornos entregados siempre tendrían como consecuencia un beneficio para Odebrecht, merced al sometimiento generada por los sobornos».

El exdirector de Pemex señala que EPN y Videgaray establecieron como enlace para entregar los sobornos a legisladores a David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, a quien en septiembre de 2014, se le entregó un «apoyo económico» por seis millones de pesos.

Adicional, relata que Luis Videgaray le ordenó recibir a Ricardo Anaya, y a Ernesto Cordero. Refiere que al excandidato presidencial se le entregaron 6 millones 800 mil pesos, como apoyo a sus aspiraciones a llegar a la gubernatura de Querétaro, misma que disputaba con el entonces senador Francisco Dominguez, a quien Anaya Cortés dijo «odiar» por «corrupto».

En la denuncia se señala que Francisco Olascoaga era quien poseía el video que se filtró este lunes, donde se entregan los sobornos al enlace de los legisladores de Acción Nacional.

Lozoya enfatiza que «Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa».

Afirma en su denuncia, que en el sexenio de Felipe Calderón se «gestaron sólidos esquemas de corrupción, precisamente, con Odebrecht, a través de Braskem».

Relata que la planta de Etileno XXI fue la inversión más importante que hizo Braskem en México. Menciona que aunque otros grupos como Grupo Alfa o Grupo Desc hubieran querido dicho contrato, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem.

Sobre el tema de Etileno XXI, menciona a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes «impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato». Los señala de que cuando asumieron la dirección de Pemex, Meade y González Anaya redujeron drásticamente el presupuesto de inversión en exploración y producción, lo cual materializó los incumplimientos que se habían alertado.

«Pareciera que no sólo se beneficiaron de los sobornos en el otorgamiento del contrato, sino además, años después, lograron materializar las clausulas de incumplimiento».

Acusa a Felipe Calderón de haber dado instrucciones a José Antonio Meade, entonces secretario de energía, y a Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda, de hacer que el contrato de la planta pasara las revisiones necesarias. «Entre el 2012 y 2014 dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el contubernio de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos».

En 2013, Meade llamó telefónicamente a Lozoya, para solicitarle dos cosas: no criticar un crédito otorgado al Sindicato Petrolero de 2012, ya que él había participado en dicho proceso, y no revisara el contrato de Etileno XXI ya que alegó ser de suma importancia para Peña Nieto, además de que él también había participado en dicho proceso.

En la denuncia también se señala que por instrucciones de Luis Videgaray, en 2014 se entregaron más de 8 millones de pesos a González Anaya (4 millones 390 mil pesos) y a José Antonio Meade (4 millones), además de 4 millones de pesos adicionales a Carlos Treviño.

Emilio Lozoya asegura que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes tenían compromisos, ya fuera de índole personal, económico o político.

Lozoya Austin finaliza reiterando que a pesar de los actos de intimidación perpetrados en su contra por Luis Videgaray y Peña Nieto, fueron ellos quienes instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de está en perjuicio de la Nación.

«Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y/o en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Francicso Javier García Cabeza de Vaca, entonces Senador de la República; Francisco Domínguez Servién, quien fuera Senador de la República; Salvador Vega Casillas, quien fuera Senador de la República; Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera Senador de la República; David Penchyna Grub, quien fuera Senador de la República: José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera Secretario de Energía y Secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos; José Antonio González Anaya, quien fuera Consejero de Pemex y posteriormente Director General del IMSS y de Pemex respectivamente; Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y Pemex, y posteriormente Director General de Pemex respectivamente; Rafael Caraveo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República; Lourdes Mendoza, entonces periodista, y Catrlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró esta mañana que las acusaciones en su contra realizadas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien lo involucró en el recibo de sobornos para aprobar la reforma energética de 2013 son con una «bajeza inaudita».

«El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen lo que su prestigio: nada», señaló Domínguez al participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

 

El gobernador insistió en que en las acusaciones en su contra «hay intención política» pues, dijo, atacan a un gobernador de oposición «bien calificado».

Minimizó los dichos de Lozoya pues apuntó «no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades».

Y es que de acuerdo con las declaraciones de Lozoya Austin en relación al caso Odebrecht, además de Domínguez, Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas, quienes se desempeñaron como legisladores en el Congreso en las fechas señaladas, recibieron 80 millones de pesos en sobornos.

Además, en el video que se difundió a inicios de semana, aparecen colaboradores de Domínguez, Cordero y Lavalle recibiendo dinero correspondiente a presuntos sobornos.

Al respecto, el presidente López Obrador pidió ayer una investigación «seria» sobre el vídeo, y afirmó que la grabación exhibía cómo «el dinero que se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos».

El mandatario de Querétaro aseguró esta mañana que sí apoyó la reforma energética; sin embargo, aclaró que lo hizo por «convicción», por lo cual no podrían haber comprado su voto ya que «nadie compra lo que ya se tiene».

Incluso, afirmó que él fue el encargado de presentar la reforma a diputados y senadores a nombre de su partido, e hizo 807 reservas y modificaciones.  Señaló que, debido a ello, sufrió amenazas contra su vida ya que además quitó el control del Consejo de Administración de Pemex y cinco plazas en el sindicato.

El presidente, qué duda cabe, es un animal político. Con la transmisión en la mañanera del video en el que aparecen dos colaboradores de figuras prominentes del PAN validó lo ahí expuesto y golpeó a los dos partidos de oposición que podrían robarle algo en las elecciones del 2021.

Golpeó al PRI, vía la extradición de Lozoya y las filtraciones que llegan hasta el expresidente Enrique Peña Nieto y su hombre fuerte, Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Golpea al PAN, en un país en donde la presunción de inocencia es tan escasa como la honradez de la clase gobernante. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el ex Senador, Jorge Luis Lavalle, ya son culpables ante la opinión pública.

Esto porque uno de los hombres que revisa los paquetes con fajos de billetes es Rafael Jesús Caraveo, secretario técnico del entonces senador Lavalle. El otro es Guillermo Gutiérrez Badillo, quien guarda el dinero en una maleta negra. Gutiérrez Badillo trabajaba con el entonces senador, Francisco Domínguez Servién. Hasta hace dos días Gutiérrez Badillo era su Secretario Particular en el gobierno de Querétaro. Al despedirlo de su gobierno después de darse a conocer los videos en una supuesta cuenta del hermano de Emilio Lozoya, Domínguez Servién mostró que si algo se aprendió desde los video escándalos de René Bejarano hace 16 años es que si vas a recibir fajos de billetes, mejor mandas a alguien más a hacerlo.

Y ahora ¿cuál va a ser la estrategia del PAN? ¿Cómo va a responder el partido ante estos nuevos video escándalos? ¿Cómo van a querer recuperar credibilidad para pedir el voto ciudadano?

El PAN es el partido que mejor posicionado está para enfrentar a Morena y al presidente en las elecciones intermedias del 2021. La figura del panista Ricardo Anaya es, según la encuesta publicada esta semana en Reforma, la que mayor contrapeso le podría hacer al presidente López Obrador. Y el PAN permanece como el partido más fuerte para ganar escaños en la Cámara de Diputados en las legislativas del año próximo. El sondeo de Massive Caller le adjudica al PAN 128 escaños, seguido en un lejano tercer lugar por el PRI con 27 escaños. Morena aparece en este sondeo con posibilidad de ganar 301 escaños.

Por lo que hemos visto, el PAN piensa utilizar la misma estrategia de todos los políticos. Van a acusar que todo esto es un acto de desesperación del presidente y de Morena por tumbarlos a la mala para que no tengan un buen desempeño en las elecciones intermedias del 2021, en donde por cierto, está también en disputa la gubernatura de Querétaro.

El presidente del PAN, Marko Cortés, ha dicho que, de ser culpables de los aludidos, serán expulsado del partido. Esto es algo que ya hizo el PRI con Humberto Moreira y con Javier y Cesar Duarte, con los resultados que están a la vista. A los ciudadanos les importa un comino que los partidos expulsen a sus militantes. Lo que se quiere es que deje de haber corrupción.

Si el PAN quiere salir fortalecido de este golpe de cara a las elecciones intermedias y hacia adelante, hacia el 2024, más le vale ir pensando en una buena estrategia para responderle a los ciudadanos. Los mexicanos están desencantados con la corrupción rampante de la clase política que, ya sea con ligas o con maletas, no se ha cansado de saquear al país.

 

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) proyectó esta mañana durante su conferencia de prensa el video que salió a la luz la tarde de ayer, en el que se muestra a de dos exfuncionarios del Senado recibiendo presuntos sobornos relacionados a la red de corrupción revelada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En el video se observa a dos exfuncionarios del Senado vinculados a legisladores de oposición, específicamente del PAN, recibiendo fajos de billetes para después introducirlos en maletas negras.

El material se viralizó en internet después de que López Obrador pidiera que se difundieran detalles de las acusaciones que hizo Lozoya contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray, sobre sobornos entregados a legisladores para la aprobación de la reforma energética.

López Obrador pidió que se difundiera el video durante su habitual conferencia de prensa matutina al señalar que los medios de comunicación «no le están dando la importancia que tiene».

«Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el canal 11, por el 22, por el 14, ¿por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían», dijo.

El mandatario agregó que la fiscalía general dirá si se trata de un video que entregó Lozoya como sustento de sus acusaciones. «Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la fiscalía, si tiene cambios o es otro», dijo el presidente.

Sin embargo, fuentes de la FGR han asegurado que dicho material no ha sido presentado como prueba ante la fiscalía.

AMLO aseguró que el video filtrado muestra la «inmundicia del régimen de corrupción» que imperaba, pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades y para comprar votos. Indicó que aunque es bastante lo que se ventiló, es «apenas una mirruña» de lo que se robaron.

Sobre las presuntas declaraciones que Emilio Lozoya vertió en su denuncia ante la FGR, y que difundiera el periodista Ciro Gómez Leyva, en las que se ventilan los nombres de los legisladores que presuntamente recibieron sobornos por instrucciones de Luis Videgaray, algunos de los implicados han salido a posicionarse.

Uno de los nombres que se mencionan es el de Ernesto Cordero, quien esta mañana aseguró en sus redes sociales que nunca participó en algún acto de corrupción. «JAMAS formé parte de una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado».

Jorge Luis Lavalle no ha emitido un posicionamiento sobre las nueva filtraciones; sin embargo, el pasado 24 de julio rechazó los señalamientos que Lozoya hiciera en su contra, de acuerdo a lo que se conocía hasta ese momento.

«Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la Reforma Energética».

Otro de los exlegisladores involucrados que han reaccionado, es el ahora gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien fungía como coordinador de la bancada del PRD cuando se aprobó la reforma energética.

A través de sus redes sociales, aseguró que nunca ha tuvo ningún contacto con Emilio Lozoya cuando era director de Pemex, ni telefónicamente ni en persona.

«Nunca solicité, ni recibí dinero alguno por mi participación en la reforma energética o en otra actividad legislativa», indicó Barbosa, añadiendo que demandará por daño moral a Emilio Lozoya. «Soy honesto, actúo de buena fe y estoy limpio», remató.

Quienes no han hecho ninguna declaración al respecto, son el priísta David Penchyna y el panista Salvador Vega Casillas.