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Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de «acceso» a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser cuestionado sobre el ofrecimiento que Emilio Lozoya hiciera como reparación del daño por los delitos que se le acusan.

El mandatario fue cuestionado sobre si consideraba que los 5 millones de dólares que ofrece Lozoya Austin, tanto por el caso Odebrecht como por Agronitrogenados, eran suficientes para reparar el daño.

“¿Cuanto es?, cinco millones, no, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares en el caso de Pemex demanda que devuelvan ese dinero, que se recupere el dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos los del Pacto por México, Pacto contra México”, añadió el presidente.

En tanto, el titular de Gobernación, Adán Augusto López negó que la Presidencia de la República tenga algún tipo de coordinación o acuerdo con Emilio Lozoya o su defensa, tal como lo declaró la defensa del exdirector de Pemex.

“No hay ningún convenio como asegura él (Lozoya) con la Presidencia de la República porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio”, respondió el exgobernador de Tabasco.

Sobre si lo ofrecido por Lozoya es suficiente para reparar el daño, el secretario de Gobernación también se posicionó. Dijo que es Pemex la instancia que deberá decidir si acepta o no ese monto.

“La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decir si conforme a su visión jurídica se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece», enfatizó el secretario.

Al respecto, el exdirector de Pemex Carlos Treviño, rechazó las acusaciones de corrupción vertidas por su sucesor en el cargo, Emilio Lozoya, cuya fortuna, ha dicho, «por más alta que parezca», no cubre «ni siquiera una fracción del daño» que ha ocasionado al Estado mexicano.

Acusado de lavado de dinero y asociación para delinquir, Treviño envió una carta al Fiscal Alejandro Gertz, en la que se desliga de los «falsos señalamientos» de Lozoya y le acusa de haber cometido un perjuicio al Estado de unos 2,813 millones de pesos.

Treviño relató cómo Lozoya, a los pocos días de asumir la dirección de Pemex, eliminó una cláusula de inmunidad del contrato de suministro de etano que protegía al Estado de poder ser demandado por la compañía Braskem-Idesa ante tribunales internacionales, «traicionando» así la soberanía nacional y generando «incalculables perjuicios económicos» a la petrolera estatal.

«Si Lozoya ofrece algo de dinero o realizar más señalamientos contra otras personas, o bien la Fiscalía ofrece conceder el criterio de oportunidad desconociendo que el daño causado es económicamente incalculable, o alguna de las partes estará mintiendo», escribió Treviño, sobre quien la Interpol ha emitido una fija de orden de búsqueda y captura.

En prisión preventiva desde hace ahora una semana, Lozoya prometió cubrir los daños causados al Estado mexicano ofreciendo dos inmuebles con un valor de unos doce millones de pesos. Sin embargo, Treviño sostiene que el menoscabo va más allá de lo económico pues también ha afectado a «la credibilidad» de la Fiscalía, a la que ha cuestionado sus «tratos» con él.

«El daño que ha causado Emilio Lozoya tanto a quienes hemos sido objeto de sus falsos señalamientos, como al erario público por tener que renegociar contratos para no ser demandados ante tribunales internacionales, la afectación a la credibilidad de esta Fiscalía y la imposibilidad material de que repare el daño causado por los delitos que ha cometido, impide que se contemple siquiera como una posibilidad, volver a hacer tratos con él», dijo Treviño.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, por la carpeta que se le sigue referente a los señalamientos que hiciera el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que le sitúan como uno de los beneficiarios de la trama corrupción ligada a Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades fiscales mexicanas van a presentar la misma estrategia que hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resuelva su situación jurídica.

Anaya tiene permitido comparecer este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, desde Ciudad de México y en presencia de un abogado, después de que éste no se presentara en la anterior audiencia.

La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención. Así lo revela el diario Milenio.

Anaya forma parte de la lista de políticos señalados por Lozoya de haber recibido sumas millonarias a cambio de su voto para avalar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto.

Según la investigación, basada en las declaraciones de Lozoya, Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos mexicanos en sobornos, por lo que se solicitará su imputación por delitos de cohecho y asociación para delinquir.

Recordemos que la semana pasada, la FGR logró también que la justicia decretase una orden de detención contra el antecesor de Lozoya en Pemex, Carlos Treviño, después de que no compareciera ante las autoridades el 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de lavado de dinero por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI.

Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en sobornos en 2014 a través del que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En prisión preventiva, Lozoya está siendo investigado en el caso de la brasileña Odebrecht, así como en de la empresa mexicana de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Sobre el caso Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el panista debe comparecer ante las autoridades y aclarar si recibió sobornos de los que se le acusa.

Además, aseguró que el excandidato presidencial estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto, «eran como socios políticamente hablando, entonces de repente se rompió ese acuerdo, y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña, hubo una muy buena relación y una ruptura fuerte», relató el mandatario.

Tal como lo ha venido sosteniendo, AMLO volvió a rechazar de haber solicitado a las autoridades que se actúe contra Anaya. Afirmó que la venganza no es su fuerte.

“Debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando de aprobaron las llamadas reformas estructurales», añadió López Obrador. Incluso cuestionó quién le aconsejó al panista que amenazara a Peña Nieto de meterlo a la cárcel durante la campaña presidencial.

El presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO)  negó esta mañana estar detrás del encarcelamiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien un juez dictó ayer prisión preventiva justificada en relación al caso Odebrecht a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

«Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Imagínense yo recomendando algo al fiscal. Nunca lo haría y nunca lo he hecho», respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que ayer, el juez de control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada contra el director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de que la Fiscalía diera por roto el acuerdo que lo había mantenido en libertad condicional hasta ahora.

López Obrador manifestó que hay que tener confianza a la Fiscalía y defendió que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, es «un hombre recto, íntegro», al que tiene confianza. «No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo», apuntó el presidente sobre el fiscal.

Asimismo, el mandatario lamentó que en el caso Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México, y opinó que ahora se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos en esta trama.

Añadió que en este caso, no solo se ha notado el trabajo de la Fiscalía, sino el Poder Judicial.

«Veo bien lo que está haciendo la fiscalía y en este caso también es el poder judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya», dijo el mandatario.

Recordemos que Lozoya Austin fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Había llevado su proceso en libertad condicional, con medidas cautelares como parte del acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario federal, Luis Videgaray.

Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, Lozoya aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y de Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.

Sin embargo, la fiscalía alegó ayer miércoles que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad y ratificó los cargos en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Un juez de control impuso esta tarde, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, luego de haber gozado de libertad condicional más de un año.

El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía pidió la medida cautelar porque Lozoya Austin ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia. Indicó que no ha ofrecido lo prometido cuando se llegó a este acuerdo.

Al pedir la palabra, el exdirector de Pemex se declaró «inocente» y propuso un «acuerdo para reparar el daño», pero el juez de control, Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.

La medida fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la actual dirección de Pemex, que participan como acusación en el caso.

La FGR acusó a Lozoya de contar con una red de protección con amplio poder económico y «prueba de ello son las fotos» del exfuncionario cenando, «con poco pudor procesal», en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

En tanto, el abogado de Pemex señaló a Lozoya de «no haber hecho el más mínimo intento de reparar el daño causado. No ha habido el más mínimo acercamiento de su parte». Por su parte el representante de la UIF adelantó que se han presentado otras denuncias en su contra y que serían otro aliciente para darse a la fuga.

En su resolución, el juez pospuso un mes más para celebrar la audiencia para cerrar la investigación y decidir la fecha del juicio, la cual tendrá lugar el 3 de diciembre. La defensa de Lozoya había pedido posponerla durante dos meses, mientras la Fiscalía quería cerrar de una vez la investigación e ir a juicio cuanto antes.

Tan pronto se conoció la decisión del juez, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Emilio Lozoya dentro de la sala de audiencias, para ser ingresado al Reclusorio Norte.

Al término de la audiencia, la defensa de Lozoya insistió en que continuarán buscando el criterio de oportunidad, el cual señaló se construye y va por etapas, las primeras ya cumplidas.

Recordemos que Lozoya fue detenido el año pasado en España y extraditado a México, donde se le acusa de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.

Además del caso Odebrecht, Lozoya está imputado por haber comprado a sobreprecio cuando era director de Pemex una planta de fertilizantes inservible a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

Tal como se había adelantado, la defensa de Lozoya Austin solicitó una nueva prórroga al juez, de 60 días para el cierre de investigación complementaria en el caso Odebrecht.

Pasadas las 10 horas, la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dio inicio en el Reclusorio Norte.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  y la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieran en negarse a la pretensión de la defensa del exdirector, solicitando que se declarara cerrada la etapa de investigación complementaria en relación al caso Odebrecht.

La fiscalía señaló que los documentos a los que hace referencia la defensa ya se encuentran en la carpeta de investigación.

«Con base en los derechos a la defensa y debido proceso, el juez autorizó un mes al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación complementaria en el caso Odebrecht», resolvió el Juez luego de escuchar las partes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Así, el nuevo plazo que tendrá Emilio Lozoya y su defensa vencerá el próximo 3 de diciembre. El juez instó a la Fiscalía a insta a que agote los medios para obtener los datos y pruebas que se necesitan. 

Posterior a resolver la solicitud de la defensa, se procedió a la revisión de la medida cautelar que tiene hoy en día Emilio Lozoya, que es libertad condicional, aunque tiene que presentarse cada 15 días ante la autoridad a firmar, portar un brazalete electrónico y no abandonar la Ciudad de México y el país.

La FGR pidió al juez modifique las medidas cautelares, y ordene prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya. La Fiscalía declaró improcedente el criterio de oportunidad y anuncia que acusara al exdirector de Pemex de cohecho, lavado y asociación delictuosa, por lo que podría alcanzar hasta 35 años de cárcel.

Incluso acusó a Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para «dilatar y obstaculizar el proceso en su contra». Recriminó que el exdirector de Pemex no ha tenido «la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable».

El juez dictó un receso de 15 minutos, por lo cual se espera que en breve se retome la audiencia.

 

Foto: Twitter @RegeneracionMx

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está «pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva».

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son «libres» y «voluntarias».

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este lunes «inmoral» que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de delitos de corrupción por la trama Odebrecht, fuera captado comiendo en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

«Es legal pero es inmoral que se den estas cosas. Es una imprudencia, una provocación», expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La periodista Lourdes Mendoza difundió este fin de semana unas fotografías de Lozoya, quien afronta su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de Lomas de Reforma en la Ciudad de México.

López Obrador recordó que Lozoya «está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción» del gobierno anterior, pues interpuso una denuncia en la que implicó en la trama Odebrecht a varios políticos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

«Por eso produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México», dijo el presidente.

El mandatario confió en que la Fiscalía informe sobre este asunto, aunque aclaró que tiene «confianza» en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Y es que el tema de las fotografías causaron gran polémica, pues muchos usuarios compararon el trato a Lozoya con la intención de la FGR de imponer en prisión preventiva a 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por supuestos actos de corrupción.

«Que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar, no. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea», respondió el presidente al ser cuestionado sobre ambos casos.

Recordemos que Lozoya, que estuvo al frente de Pemex entre 2012 y 2016, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; por ello, el exfuncionario cerró un acuerdo con la FGR general mediante el cual confesó e implicó a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Denunció que Peña Nieto y el exsecretario Hacienda Luis Videgaray, usaron sobornos de la constructora brasileña para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Por esta denuncia, un juez impuso a Lozoya el uso de un brazalete para seguir su proceso en libertad. Y en abril pasado también se impuso prisión preventiva al exsenador Jorge Luis Lavalle, la única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Foto: Twitter @lumendoz

Un juez Decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de La planta de Agronitrogenados.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta de fertilizantes.

La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura.

Emilio Lozoya participó este viernes por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que también están implicadas.

Recordemos que Lozoya fue arrestado el año pasado en España y extraditado a nuestro país, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.

Tras su llegada a México, el excolaborador de Enrique Peña Nieto cerró un acuerdo con la justicia, por el que delató a diversos políticos, a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética.

Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos a cambio de su voto en la reforma.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado las cuentas bancarias de Anaya, como se sugirió en algunos medios y redes sociales.

«En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia», comentó Nieto al participar en la plenaria de los Diputados de Morena.

Quien también se refirió al caso de Anaya, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien participó en la plenaria de Morena en el Senado. Dijo que pese a lo que han hecho creer,  no se trata de un caso de una persona que haya recibido dinero o que haya votado en un sentido, sino de corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

«Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (…) es un caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante», contestó Gertz Manero al ser cuestionado sobre el tema.

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

«Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas», informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que «según consta en diligencias ministeriales» ese soborno fue entregado a Anaya «por una persona de confianza» del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

«Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia» de que Ricardo Anaya «votó a favor de la misma», añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos «manifestaron haber presenciado diversas visitas» de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos «incompetentes» ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una «persecución» en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.

Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.

El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.

El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.

De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.

El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos. 

Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.

Investigación completa en MCCI

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) «identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero», señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

«La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes», dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

«Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial», dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.