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Un nuevo testigo que subió al estrado este lunes como parte del juicio que se lleva a cabo en contra de Joaquín «El Chapo» Guzmán en Nueva York, afirmó que sobornó al ex procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, para obtener protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas.

Jorge Cifuentes, ex narcotraficante colombiano, dijo que realizó pagos al ex Procurador aunque no especificó la cantidad  a la que ascendieron dichos sobornos.

Morales Lechuga fue Procurador General de la República entre 1991 y 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También fue embajador de México en Francia.

«¿Usted tenía una relación de corrupción con él?», le preguntó Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de «El Chapo».
«Sí», respondió Cifuentes. «¿Le dio sobornos?», insistió Lichtman. «Sí».

El ex funcionario federal negó las acusaciones hechas por el narcotraficante. «Es absolutamente falso. Ni él ni nadie más puede imputarme ninguna corrupción ni entrega de recurso alguno porque jamás he recibido ninguna cantidad que no corresponda a un ingreso legítimo», señaló.

Subrayó que gran parte del trabajo que realizó al frente de la Procuraduría, fue combatir la corrupción.  Añadió que se encontraba analizando la posibilidad de demandar por difamación pues dijo, «estas afirmaciones generan, cuando menos, responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer».

 

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán llegó este lunes a la Corte Federal de Brooklyn para iniciar el juicio en su contra.

De acuerdo con medios locales, el líder del Cártel de Sinaloa arribó a las instalaciones de la Corte aproximadamente a las 06:00 de la mañana.

En este sitio, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, y los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, se disputarán el destino del capo mexicano ante el juez Brian Cogan y un jurado por seleccionar que permanecerá en el anonimato durante todo el juicio, que se espera dure cuatro meses.

Los fiscales estadounidenses afirman que, como jefe del Cártel de Sinaloa desde 2003, ‘El Chapo’ dirigió las operaciones de traslado de toneladas de drogas, incluyendo heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos. Si es condenado, Guzmán podría pasar el resto de su vida en prisión.

Aunque los cargos en el caso están todos vinculados al narcotráfico, también se prevé que los abogados acusadores presenten evidencias de que Guzmán estuvo involucrado en varios planes de asesinato durante enfrentamientos con cárteles rivales.

Entre los testigos protegidos que colaborarán en el juicio, confirmaron fuentes del gobierno, está Dámaso López, ‘El Licenciado’, viejo confidente de Guzmán, y con quien mantiene una confrontación desde hace dos años.

Este martes, un magistrado de Estados Unidos rechazó el último intento del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de retrasar su juicio, que comenzará el próximo lunes con la selección del jurado en el tribunal federal de Brooklyn.

Los abogados de Guzmán habían pedido la semana pasada más tiempo para revisar más de 14 mil páginas de documentos, en gran parte relacionados con la lista de testigos que los fiscales entregaron el 5 de octubre.

Sin embargo, el juez de distrito Brian Cogan dijo en una audiencia el martes que el volumen de documentos era lo que debía esperarse, que los fiscales habían dicho en julio que podrían tener 25 mil páginas y que los casos como el de Guzmán son necesariamente un reto para ambas partes.

En lo que fue una pequeña concesión a la defensa, Cogan dictaminó que las declaraciones iniciales en el juicio comenzarán no antes del 13 de noviembre, lo que podría dar más tiempo de preparación si la selección del jurado termina a principios de la próxima semana.

Guzmán, de 61 años, ha estado en régimen de aislamiento desde que fue extraditado a Estados Unidos desde México en enero de 2017.

La defensa de Joaquín “El Chapo” Gúzman busca aplazar en Nueva York el inicio del juicio hasta 2019 por la imposibilidad de prepararse debido a la gran cantidad de documentos que deben revisar.

El inicio del juicio contra “El Chapo”, acusado de 11 cargos, fue fijado para el 5 de noviembre en la Corte Federal del Distrito este de Nueva York, en Brooklyn.

Los abogados de “El Chapo” argumentaron que se ven rebasados debido a que la Fiscalía llamará a testificar a 16 personas que podrían estar relacionadas con el narcotráfico y vincularían al capo con transacciones de drogas, hechos violentos y otros delitos.

Cabe recordar que recientemente y con el objetivo de agilizar el caso, fiscales del distrito este de Nueva York decidieron eliminar seis de los 17 cargos que enfrenta el capo mexicano, sin que “ninguno de los cambios altere los elementos esenciales de los delitos imputados” a Guzmán Loera.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

EXCÉLSIOR

 

La desaparición y la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa no es un símil, aunque muchos lo quieran ver e interpretar así, de los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco. El movimiento del 68 fue una lucha por las libertades, la democracia y en el marco de un movimiento global con epicentros en Praga, París y México, con la guerra fría y la guerra de Vietnam como telón de fondo. El otro es consecuencia de un movimiento político legítimo, pero de objetivos radicales y confusos, con un componente en su desenlace que le cambia todo el sentido: el narcotráfico. 

En torno a los hechos de Iguala hay mucha confusión, se cometieron muchos errores, pero también hay demasiada manipulación. Porque si hay algo que no se debería discutir es que la desaparición de los jóvenes fue operada por el crimen organizado, que el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tuvieron participación en esos y muchos otros hechos de violencia que se dieron en torno a Iguala en esos meses y años (donde los jóvenes de Ayotzinapa son sólo una parte de los más de 300 desaparecidos y asesinados, incluyendo los dirigentes del PRD de la fracción contraria a Abarca), que ambos tenían relación con el cártel de Guerreros Unidos, que manejaba la policía municipal de Iguala y de varios otros municipios cercanos. 

Dice el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que «el que nada debe, nada teme» contestándole a la secretaría de la Defensa Nacional en relación con la comisión de la verdad que ordenó crear en cuanto asuma su gobierno, pero en este caso se equivoca. El responsable jurídico de la secretaría de la Defensa, el general Alejandro Ramos, criticó la conformación de esa comisión porque como está planteada es imposible establecer cualquier verdad jurídica, porque es parcial, no tiene representatividad legal alguna y porque es parte, agreguemos nosotros, de una manipulación política que terminará siendo muy costosa, tiempo al tiempo, para el futuro presidente y su administración. 

En el equipo del presidente electo sufren una confusión profunda sobre un tema central de la agenda política: confunden los hechos de violencia actuales con los movimientos sociales e incluso armados de los 70 y principios de los 80, incluyendo el 68. Desdeñan el componente del narcotráfico que ha causado la friolera de 200 mil muertos en la última década, que ha dejado enganchados a la droga a centenares de miles de jóvenes y niños y que no es siquiera un fenómeno local, sino global.  

Es tan global que en Estados Unidos el año pasado murieron por sobredosis de opiáceos 60 mil personas, en un negocio que en parte se alimenta y controla desde México y precisamente por dos de los cárteles involucrados en desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tan involucrados que la participación de sus sicarios fue monitoreada por los jefes del cártel desde Chicago en comunicación con Iguala la propia noche de los hechos, como lo demuestran las conversaciones telefónicas tomadas por la DEA y que mostramos en el libro La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero que acabamos de publicar, esta misma semana, en Cal y Arena.

El equipo del presidente electo cuando habla de la represión la confunde con la lucha contra los grupos criminales y equipa a éstos con movimientos sociales. Cuando dice que el ejército saldrá «desarmado» a cuidar a la sociedad y enfrentar a los criminales parece ignorar que esos grupos terribles, desalmados, que matan, torturan, desaparecen gente, que extorsionan, roban y secuestran están equipados con armas de guerra de alto poder y que las usan día con día contra soldados, marinos y policías, pero sobre todo contra la población civil, como lo vimos precisamente en Iguala.

Hay que temer a esa comisión porque quienes manejan a los padres no son víctimas ni tampoco colaboradores imparciales, sino parte de movimientos con agendas muy específicas. Son los que con sus acciones están propiciando no sólo que no se haga justicia, sino que los verdaderos criminales queden exonerados, como sucedió en estos días con dos de los más notorios sicarios de Guerreros Unidos, El Gil y el Carrete, cuyos testimonios sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 es evidente, clara, sin rastro alguno de duda. En el libro que acabamos de publicar, La noche de Iguala, citamos sus testimonios y los de sus cómplices, donde hablan con lujo de detalles de los hechos y como se sucedieron, en declaraciones por separados pero que se complementan perfectamente. Pero no se trata sólo de testimonios en papel, en el programa Todo Personal hemos divulgado ya muchas veces los testimonios filmados de los sicarios, donde ninguno de ellos se muestra siquiera presionado para contar sus historias (y hoy volveremos a presentarlos en Todo Personal en ADN40 a las 22 horas).

El Estado mexicano, sobre todo cuando la próxima administración tendrá inéditos instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus investigadores, con la ley en la mano. La comisión de la verdad, como está planteada, es un espacio militante y manipulado que alcanzará objetivos propios, todos menos uno: establecer la verdad y hacer justicia.

 

Foto:  Twitter @J_Fdz_Menendez

Dámaso López Núñez, «El Licenciado», presunto sucesor de Joaquín «El Chapo» Guzmán al frente del cártel de Sinaloa, se declaró culpable este viernes de los cargos de narcotráfico que se le imputan en una corte federal de Estados Unidos.

Casi tres meses después de su extradición desde México el 6 de julio, «El Licenciado» compareció ante un juez federal en la corte del Distrito Este de Virginia, en donde llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable de distribución de al menos cinco kilos de cocaína entre 2003 y 2016.

Tras el acuerdo con la fiscalía, es posible que López Núñez sea uno de los testigos que el Gobierno llame a declarar durante el juicio contra «El Chapo», que arrancará el 5 de noviembre en Nueva York.

La sentencia se conocerá  en noviembre próximo, sin embargo de acuerdo a las leyes estadounidenses, la pena podría alcanzar sería entre 10 años de prisión y cadena perpetua. «El Licenciado» admitió haber formado parte del cártel de Sinaloa  durante 15 años.

 

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incluyó en su lista de los 10 narcotraficantes más buscados a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Alfredillo” está acusado en una Corte de Chicago, Illinois, de los delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, y por conspirar para importar y exportar sustancias controladas para su distribución.

El expediente apunta que entre mayo de 2005 y diciembre de 2014, Guzmán Salazar colaboró para el trasiego de cocaína, heroína y marihuana de México a Estados Unidos; además de que en esta operación hubo lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.

En la lista de los más buscados de la DEA, el hijo de «El Chapo», aparece junto a otros narcotraficantes mexicanos como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; Ismael “El Mayo” Zambada, y Rafael Caro Quintero.

A partir de la última detención y extradición de “El Chapo”, “Alfredillo” y su hermano mayor, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, disputaron el mando del Cártel de Sinaloa a la fracción que encabezaba Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, ya detenido y extraditado a Estados Unidos.

Como resultado de esa disputa, “Alfredillo” fue secuestrado el 15 de agosto de 2016 por un comando que se lo llevó del restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.

A Alfredo se le atribuye haber servido de enlace para que su padre se reuniera con los actores Kate del Castillo y Sean Penn, en octubre de 2015, en algún lugar de la sierra del llamado Triángulo Dorado, entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Estados Unidos comenzó sus acercamientos con el nuevo gobierno de Colombia en materia de seguridad y lucha antidrogas, tras el encuentro que sostuvieron este viernes el secretario de Defensa James Mattis y el presidente Iván Duque.

Mattis se entrevistó con el nuevo mandatario y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, en medio de la preocupación que ha expresado La Casa Blanca por la expansión de narcocultivos en Colombia, que alcanzaron la cifra récord de 209,000 hectáreas en 2017.

Duque calificó de «productiva» su reunión con el responsable de Defensa del gobierno estadounidense. «Dialogamos de temas relacionados con la seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales», escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque la cita concluyó sin grandes anuncios, el gobierno colombiano aseguró que ambos países están empeñados en «robustecer las áreas de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico e inteligencia», según un comunicado oficial.

Tras décadas de persecución al narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal proveedor mundial de cocaína y su socio el mayor consumidor de esa droga.

Con información de AFP / Foto Twitter

Una corte de Nueva York accedió hoy a aplazar dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín «El Chapo» Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre.

El pasado 7 de julio la defensa de Guzmán solicitó al tribunal federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio «debido a la producción reciente de la Fiscalía de más de 117,000 grabaciones y miles de paginas más que se deben revisar para estar listos» para ese proceso.

«Con el juicio programado para empezar el 5 de septiembre, esto es imposible», se argumentó en la petición al tribunal.

Hoy el juez Brian Cogan que preside el proceso contra el líder capo del cartel de Sinaloa dio a conocer su decisión, basado en la «voluminosa» evidencia que la Fiscalía ha producido.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Este lunes, un juez de Estados Unidos ordenó mantener bajo prisión a Dámaso López Nuñez, alias ‘El Licenciado’, en espera de determinar si podrá ser puesto en libertad mientras enfrenta un juicio por narcotráfico.

En una audiencia de presentación de apenas cinco minutos de duración, el juez federal Michael Nachmanoff determinó que el hombre señalado por ser uno de los operadores del cártel de Sinaloa deberá permanecer bajo custodia hasta la celebración de la audiencia de fianza para la cual no existe todavía fecha.

Lopez Núñez, abogado de profesión de 52 años de edad, fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada después de su captura por autoridades mexicanas.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de que entre 2003 y 2016 conspiró con otros para importar cocaína, y el Departamento de Justicia le recordó hoy durante la audiencia la sentencia que el gobierno buscará que se le imponga.

La fiscalía adelantó que de ser hallado culpable, el gobierno buscará una sentencia de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, así como el pago de una multa de diez millones de dólares.

El narcotraficante mexicano Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’ fue sentenciado este lunes en Atlanta a 49 años de cárcel y a pagar 192 millones de dólares de multa.

Valdez Villarreal fue acusado de tráfico de drogas y lavado dinero por distribuir desde comienzos de la década pasada cocaína a través del sureste de Estados Unidos y enviar de vuelta a México millones de dólares.

El 6 de enero de 2016 el narcotraficante fue declarado culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína y conspiración para lavar dinero.

El narcotraficante fue capturado el 30 de agosto de 2010 y estaba en una prisión mexicana por delitos de delincuencia organizada y homicidio antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2015.

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó esta mañana que la tarde de ayer fue detenido en Tijuana, Baja California, Heribero «N», presunto asesino del periodista Javier Valdez, quien fue privado de la vida el pasado 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.

 

 

El funcionario indicó que a Heriberto «N», quien es señalado como coautor material del asesinato del comunicador, además de que se le vincula con un grupo criminal dedicado al trasiego de drogas en la región.

Detallaron que se presume que el homicidio del periodista se encuentra vinculado con los trabajos de investigación periodística que llevaba a cabo relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Gracias a los trabajos de investigación, se pudo ubicar el paradero del presunto asesino, para así cumplimentar la orden de aprensión que un juez giró. Sales Heredia adelantó que existen más ordenes de detención en contra de personas relacionadas con el caso.

 

Al reunirse con integrantes del International Chamber of Commerce México (ICC), el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, afirmo que revertir la Reforma Energética acabaría con empleos e inversiones.

 

«Estamos hablando de una reforma que, desde el punto de vista de capital y de movilización de recursos internacionales y domésticos, puede convertirse en puntos de crecimiento y en números de empleos. Echarla para atrás puede reflejarse en que se destruyan», subrayó el candidato presidencial.

 

El abanderado priísta destacó la importancia de cambiar el modelo de comunicación durante la campaña electoral, pues resaltó que las elecciones deben encontrar a una sociedad informada, participativa y comprometida con la democracia.

 

En este sentido, el ex funcionario federal coincidió con la petición que hiciera su adversario del Frente, Ricardo Anaya, y dijo que es buena idea que haya observadores internacionales que vigilen los comicios y la rendición de cuentas de aquellos que aspiran a un puesto de elección popular.

 

Adicional, el candidato de la coalición «Todos por México» refrendó que la lista de candidatos plurinominales del PRI al Congreso de la Unión es balanceada y da voz a sectores importantes para el crecimiento del país, así como a sus trabajadores, quienes están comprometidos con el desarrollo de la nación, y cuya presencia en San Lázaro y en el Senado serán relevantes para su gobierno. Defendió la aparición de figuras como Ximena Puente, ex comisionada del INAI, o figuras del Sindicato de Pemex.

 

Sobre el escándalo que gira en torno a la injerencia de la firma Cambridge Analytica en diversos procesos electorales del mundo, entre los que se menciona a los de México, Meade afirmó que tanto él como su equipo de campaña saben de la firma por lo que han escuchado todos los mexicanos, por los medios, pues su campaña se han enfocado en que esta elección se dé libre de dos injerencias: que sea una elección libre de la injerencia del narcotráfico; y, por otro lado, que sea una elección que se dé libre de la injerencia de intereses extranjeros.

 

Al ser cuestionado sobre la labor del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien la tarde de ayer anunció que en los próximos días definirá si solicita licencia a su cargo, el abanderado priísta sostuvo que el gobierno capitalino le quedó a deber a los ciudadanos, pues aseguró que debía haber entregado mejores cuentas.

 

«Creo que esta ciudad puede avanzar mucho más de lo que ha avanzado. Yo creo que es una ciudad que ha abandonado la inversión en el transporte público. Que tiene enormes retos de seguridad, en donde los contrastes son brutales. Es absolutamente inconcebible que no haya podido resolver problemas básicos de agua, luz y drenaje en la ciudad», remató el aspirante presidencial.

 

El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a ocho personas y ocho empresas vinculadas con el presunto narcotraficante mexicano Joel Efrén Ruelas Ávila.

 

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, identificó a los sancionados como María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero y Cruz Sánchez Medrano, todos familiares del supuesto jefe narco.

 

Otros sancionados son los también mexicanos Pedro Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval. En tanto las empresas son cinco compañías agrícolas, dos constructoras y una tienda de ropa, todas con sede en el estado de Sinaloa.

 

La sanción implica el congelamiento de los activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales.

 

OFAC dijo en un comunicado que tras la muerte de su padre Ruelas Ávila encabezó una operación de tráfico de heroína hacia Estados Unidos y lavado de dinero que lleva varios años.

 

La fiscalía del distrito de Colorado acusó en 2015 a Ruelas Ávila y a su padre, José Luis Ruelas Torres, de dedicarse a empresas criminales de manera prolongada. Las autoridades mexicanas arrestaron en abril de 2017 a Ruelas Torres, quien falleció seis meses más tarde mientras esperaba ser extraditado a Estados Unidos.

 

Con información de AP / Foto: Archivo APO

Dámaso López Serrano, mejor conocido como «El Mini Lic», se declaró culpable de ser el líder del «Cártel de Sinaloa», además de dos cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

 

Luego de aceptar su culpabilidad, tendrá que esperar una condena por parte de la corte, la cual de acuerdo a las leyes del país vecino, podría ser de al menos 10 años de cárcel. Se espera que la condena sea impuesta en julio próximo.

 

Recordemos que el hijo de Damaso López Nuñez, «El Licenciado», y considerado el brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de julio en Calexico, California, considerándose la «rendición de mayor rango de un cártel mexicano» en la historia.

 

En su primera comparecencia ante el juez en agosto, López Serrano se había declarado no culpable de los delitos de importación y distribución de al menos 500 gramos de metanfetaminas, cinco kilogramos de cocaína y un kilo de heroína; sin embargo sus abogados solicitaron una nueva audiencia para cambiar su declaración tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, del cual no se dieron mayores detalles.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Marko Cortés, coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el precandidato presidencial, José Antonio Meade, fracasó en el combate al lavado de dinero del crimen organizado, y no hizo nada en cuanto al congelamiento de cuentas e incautación de bienes del narcotráfico.

 

«Meade tiene mucho que explicar porque simplemente no lo hizo. Claramente fracasó en impedir el lavado de dinero a pesar de ser la forma más eficaz y menos violenta de combatir a la delincuencia organizada», expuso.

 

El diputado atribuyó al ex titular de Hacienda, que a nivel internacional México ha sido señalado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por sus nulos o escasos resultados en la lucha contra el blanqueo de recursos ilícitos.

«El Estado mexicano es señalado por organismos internacionales ya que se le da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos al momento de desarticular grupos de la delincuencia organizada y cuando investiga redes de corrupción», sostuvo el panista.

 

Cortés señaló a Meade de no haberse propuesto desmantelar las redes de corrupción y las bandas criminales. Advirtió que «la simulación terminará con la derrota del PRI».