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El Juez Brian Cogan, que preside el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, decidió excluir el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, presentado ayer por la Fiscalía al calificarlo de «rumor» y de «pérdida de tiempo».

Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, se identificó como la persona encargada del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Nueva York.

La Fiscalía esperaba incidir a través de este testigo en que García Luna cooperaba de manera habitual con la banda criminal y que se encontraba disponible para ser contactado por distintos miembros.

Estaba previsto que este miércoles Martínez contara que dos socios suyos, identificados como Jorge y Anselmo, le ofrecieron en un momento la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano.

Asimismo, declararía que lo tranquilizaron asegurándole que toda la Policía estaba comprada, incluido el exsecretario de Seguridad Pública.

«Teniendo en cuenta que no sabemos los nombres completos de Jorge o Anselmo, o si estos son sus nombres reales, la corte no permitirá que el jurado escuche lo que equivale a un rumor de culpabilidad del acusado», sentenció el juez Cogan en un escrito.

Además, el magistrado dio la razón a la defensa, que se había quejado de que los hechos que relataba el testigo se remontaban a los años noventa hasta 2000 y «quizá» 2001, cuando a García Luna lo están imputado por delitos supuestamente cometidos entre 2001 y 2012.

En este sentido, incidió en su decisión el descartar el testimonio de Martínez y lo describió como «un acontecimiento secundario y una pérdida de tiempo».

Desde ayer, Cogan mostró sus reservas sobre el testimonio de Tirso Martínez Sánchez, y anunció que decidiría entre la noche de ayer y la mañana de este miércoles sobre su relevancia.

Martínez Sánchez subió al estrado después de que Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», asegurara que presenció a partir de 2001 el pago de sobornos al exsecretario a cambio de su ayuda al cártel de Sinaloa en su negocio y en la lucha contra clanes rivales.

El abogado de García Luna, César De Castro, además de insistir en el carácter criminal de «El Grande», que ya cumplió condena en Estados Unidos y vive en libertad, subrayó que no había grabaciones de audio o videos de los encuentros de los miembros del clan con García Luna, a pesar de que, como declaró el narco, el clan de los hermanos Beltrán Leyva, para el que trabajaba, solía grabar sus conversaciones con dirigentes y políticos.

Asimismo, el abogado puso en duda que, como aseguró «El Grande», García Luna se reuniera con una asiduidad mensual con Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México, donde miembros del cártel lo recogían supuestamente en un estacionamiento de un supermercado antes de llevarlo a una «casa segura» donde se reunían.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con el periodista Jorge Fernández Menéndez, sobre el juicio de García Luna, y lo que se ha revelado hasta ahora.

Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos y ahora es colaborador de la fiscalía, aseguró este martes que Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna, cuando este se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, porque no contestaba sus llamadas.

«El Grande», testigo de la Fiscalía durante el juicio que se le sigue por narcotráfico a García Luna en Estados Unidos, que arrancó este lunes en un tribunal federal en Nueva York, aseguró que en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa en 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de «El Chapo» en detrimento de los Beltrán Leyva.

Según «El Grande», los operativos contra la gente de los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que «eran mínimos» contra el grupo del «El Chapo».

La guerra entre la facción de «El Chapo» e Ismael «El Mayo» Zambada contra el de los hermanos Beltrán Leyva comenzó después de la detención de Alfredo Beltrán, que según «El Grande» fue fruto de una traición dentro del cártel.

«El Grande» relató que cuando estalló el conflicto interno, Arturo Beltrán llamó a García Luna para preguntarle de qué parte estaba y este le dijo que permanecería neutral, algo que exacerbó los ánimos de Beltrán Leyva, aunque pese a ello siguió enviando sus pagos (sobornos) al entonces secretario de Seguridad Publica.

Sin embargo, cuando percibió que las operaciones de seguridad, cuyo máximo responsable era García Luna, aumentaban excesivamente, intentó llamarlo y hablar con él a través de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad federal de la Policía Federal, y supuesto enlace entre el cártel y García Luna, pero no fue posible.

Entonces, relató, secuestraron a García Luna cuando iba en una carretera de Morelos, camino de la localidad de Cocoyoc, para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado.

Este es el segundo día en que «El Grande» declara como testigo de la fiscalía en el juicio contra García Luna.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que México trabaja en acciones legales para intentar recuperar al menos 700 millones de dólares del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fruto de sobornos millonarios que el Cártel de Sinaloa le entregó.

«Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero», dijo esta mañana el presidente en su conferencia de prensa.

Recuperar lo que se podrían considerar fondos robados al Estado por funcionarios corruptos es uno de los objetivos del gobierno de López Obrador, y el dinero del que se pudo haber beneficiado García Luna por colaborar con el crimen organizado, según los fiscales estadounidenses, podría sumar sumar cifras multimillonarias.

Si bien García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, antes, durante el gobierno de Vicente Fox dirigía un cuerpo federal de policía.

Ayer, en la primera jornada del juicio, «El Grande» habló de operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales antagónicos; de cómo el exfuncionario advertía de redadas o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al cártel de Sinaloa.

Según explicó López Obrador ya hay un juicio en Florida para recuperar 700 millones de dólares. Los abogados de García Luna plantearon «que no tenía México por qué ir a litigar allá». Pero el mandatario indicó que un juzgado de este estado le dio la razón al gobierno «y estamos trabajando en eso, 700 millones y otros posibles activos».

México tiene una investigación abierta contra el exsecretario de la que informó cuando fue detenido en Estados Unidos en 2019, pero no se ha hecho público ningún detalle al respecto.

López Obrador anunció además que a partir de este martes su conferencia matutina tendrá un nuevo espacio para informar sobre todo lo que salga en el juicio porque que no confía en los medios tradicionales y quiere que todos los posibles cómplices mencionados sean expuestos ante la ciudadanía.

Es «un drama judicial», una «tragicomedia», dijo. «No queremos que la gente no se entere».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este martes que es «vergonzoso» para el país el juicio que inició ayer en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico.

“Es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón (2006-2012) y que tenía una doble función, según las acusaciones», manifestó el mandatario.

López Obrador exhibió un recuento del primer día del juicio en Nueva York, donde Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», aseguró que vio «en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa».

Además, la Fiscalía federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México, aunque la defensa alegó que no hay «dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas» de las acusaciones.

López Obrador reconoció que «hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes», pero citó las acusaciones en contra del exsecretario, como «que acumuló una fortuna de muchísimo dinero de alrededor de 1,000 millones de dólares».

«Al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso», sostuvo.

AMLO adelantó que expondrá a diario en su conferencia matutina los avances del juicio, al argumentar que no confía en «los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores».

“Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia, y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere», dijo.

Recordemos que García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, afronta un juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, para la posesión y para la importación de cocaína.

El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.

Finalmente, López Obrador reiteró su postura sobre las alternativas que hay en torno a la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna: que García Luna no sea culpable; que García Luna es culpable y actuó por su cuenta engañando a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y que García Luna es culpable y tenía el consentimiento de los expresidentes.

El fiscal del tribunal neoyorquino que instruye el caso del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pidió al juez que rechace la moción del acusado para desestimar la mayoría de los cargos por los que será juzgado el próximo año, según fuentes judiciales.

La defensa del mexicano presentó el pasado 14 de octubre una moción pidiendo que se desestimaran cuatro de los cinco cargos de los que le acusa la justicia estadounidense: participar en una empresa criminal continua; distribución internacional de cocaína; conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; conspiración para importar cocaína. El quinto es mentir para obtener la nacionalidad estadounidense.

Según el documento de la fiscalía con fecha del 4 de noviembre, el acusado argumenta que «aunque aceptara sobornos del cartel de Sinaloa, se retiró de la conspiración cuando dejó el gobierno en 2012 y se mudó a los Estados Unidos».

«La Corte debería denegar esta moción», aconseja el fiscal Breon Peace, del tribunal de Brooklyn, donde se instruye su caso. «La conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca renunció a los fines de conspiración», alega Peace en su escrito de 17 páginas.

Asimismo, deniega a la defensa un pedido para obtener mayor información a la evidencia que ya ha compartido el gobierno.

Se señala que tras salir del gobierno, el acusado «no hizo nada para poner fin a la conspiración o para frenar el vasto poder del cartel de Sinaloa, que sigue prosperando en México hasta el día de hoy», y se añade que su «influencia, poder y contactos como ex funcionario del gabinete mexicano continuaron mucho más allá de su posición pública».

Aunque el inicio del juicio estaba previsto para el 24 de octubre, García Luna se sentará previsiblemente en el banquillo a principios del próximo año para responder por los cargos de los que se le acusan.

En enero de 2020, García Luna se declaró no culpable de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, que podrían significarle cadena perpetua.

Recordemos que García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas en donde en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense, está también acusado en México de desviar más de 200 millones de dólares del erario público a empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su confianza en los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos que se encuentran en nuestro país, quienes dijo respetan la soberanía mexicana.

«Si me preguntas si confiamos diría que sí, en que no van a cometerse actos ilegales, ilícitos que afecten nuestra soberanía», precisó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador respondió esto luego de que ayer, se publicaran notas periodísticas en la que denuncia el supuesto fracaso de las acciones de la DEA para evitar que el narcotráfico mexicano siga reclutando a agentes mexicanos.

«No tenemos información de que estén haciendo actividades sin informar al Gobierno de México», dijo el presidente. Refirió que cambiaron las leyes en México para regular la presencia de agentes extranjeros en el país. «Ahí está claro cuántos pueden estar, no se permite que estén con armas, hay un número, tienen que avisar sobre sus actividades», añadió.

AMLO recordó que con el marco normativo anterior no se respetaban estas condiciones, por lo que ahora la relación entre Estados Unidos y México es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo. Aseguró que por ello ahora los agentes de la DEA «no podrían hacer algo a espaldas de nosotros».

Asimismo, indicó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido un gran conducto para estrechar los lazos con el país vecino y destacó su origen mexicano.

Recordemos que en 2020, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que retiraba la inmunidad de los agentes extranjeros en el país. La iniciativa obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.

Emma Coronel, la esposa de Joquín «El Chapo» Guzmán, se declaró este jueves culpable de narcotráfico y de ayudar a su marido a escapar de prisión, ante un juez federal de Washington D.C. en Estaos Unidos.

«Culpable», dijo Coronel al juez Rudolph Contreras cuando este le preguntó si era culpable o inocente de los tres cargos de los cuales era acusada: conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado.

Durante la audiencia, que el público y la prensa pudieron escuchar vía retoma, el fiscal Anthony Nardozzi dijo que Coronel ayudó al Chapo a enviar a Estados Unidos al menos 450 toneladas de cocaína, 90 de heroína, 45 de metanfetaminas y 90 de marihuana.

También indicó que Coronel, que se casó con el Chapo siendo adolescente y con quien procreó a dos niñas mellizas, ganó dinero al alquilar propiedades compradas con dinero resultado de la venta de drogas.

Según Nardozzi, Coronel hacía de «intermediaria» entre integrantes del cártel y su marido cuando este estaba en la cárcel, y ayudó a los hijos de «El Chapo» a «planificar y coordinar» su escapada de la cárcel en 2015.

Coronel, de 31 años, será sentenciada por Contreras el 15 de septiembre y permanecerá detenida hasta entonces. Enfrenta una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, pero su declaración de culpabilidad puede acortar su condena.

Recordemos que la también exreina de belleza mexicano-estadounidense fue arrestada en un aeropuerto internacional cercano a Washington el pasado 22 de febrero bajo sospechas de estar involucrada en los negocios de narcotráfico de su marido. Está detenida desde entonces.

La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en el país vecino de presuntos delitos de narcotráfico.

Algunas de las pruebas fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según se indicó en documentos judiciales.

Las nuevas pruebas, que incluyen «material protegido», son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.

Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.

Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.

En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también «tiene la intención» de ofrecer registros sobre «actividades comerciales realizadas con regularidad» y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.

Recordemos que el gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario.

Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener detenida sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien es acusada de narcotráfico.

Coronel, arrestada ayer en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares, si es declarada culpable del cargo criminal en su contra.

La jueza Robin Meriweather, del tribunal federal del Distrito de Columbia, explicó durante la primera audiencia sobre el caso, que Coronel siguió de forma remota desde una celda en el centro de detención donde se encuentra, que hay una denuncia penal en contra de Coronel por «conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas».

Se le señala de conspirar para la «importación ilegal a Estados Unidos» de esas drogas, además de que las autoridades estadounidenses la acusan de «ayudar e incentivar» las actividades del cártel de Sinaloa, que lideraba «El Chapo».

El fiscal estadounidense que lleva el caso, Anthony Nardozzi, pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un «riesgo grave de fuga». «La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga. Además, no tiene ningún vínculo directo con la zona de Washington DC», donde se encuentra detenida, alegó Nardozzi.

Los abogados de Coronel accedieron a la petición de la Fiscalía, aunque se reservaron el derecho a presentar un paquete de fianza en el futuro; permanecerá en prisión hasta la próxima audiencia, la cual la jueza indicó que se programaría para dentro de dos semanas, aunque los abogados de Coronel respondieron que podrían necesitar más tiempo para prepararse, y sugirieron negociar con la Fiscalía para acordar una fecha aún por determinar.

La esposa del narcotraficante mexicana apenas habló durante la audiencia, más allá de responder con monosílabos a las preguntas de la jueza sobre su capacidad para seguir el proceso y conocer sus derechos, y únicamente confirmó al final: «Todo lo entendí muy bien, gracias».

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió este martes que la detención de Emma Coronel podría estar relacionada con el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

«Agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad durante el Gobierno de (Felipe) Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es la detención», expresó López Obrador cuestionado en su conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano planteó que las autoridades estadounidenses «quieren tener más información» de cómo funcionaban los presuntos sobornos que recibía Genaro García Luna, arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa cuando fue responsable de la seguridad de México entre 2006 y 2012.

«Puede ser por eso (la detención de Coronel). Ojalá informen más los del Gobierno de Estados Unidos porque es un asunto que corresponde a ellos», dijo López Obrador. El mandatario aprovechó para asegurar que «un distintivo de los gobiernos neoliberales» fue «la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a cambio de asegurar la liberación y regreso a nuestro país del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“No es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido buena relación de cooperación, de confianza (…) Enviaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Esto es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos de aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

La agencia Reuters informó que el gobierno de la 4T se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico, (que medios nacionales identificaron como Oseguera Cervantes) para que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, accediera a retirar los cargos que enfrentaba el general Cienfuegos.

Recordemos que la semana pasada, Estados Unidos abandonó el caso contra el excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto al argumentar que había consideraciones de política exterior «sensibles e importantes» que superaron el interés en perseguir los cargos.

«México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial», dijo una fuente de alto nivel en el gobierno a la agencia.

Consultado sobre el tema, Daniel Millán, portavoz de la cancillería, dijo a Reuters que «lo que acordamos (México-Estados Unidos) fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país». Dijo que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Por su parte una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que existiera tal acuerdo y remitió las declaraciones previamente dadas a conocer, en las que se asegura que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

Y es que tras la condena en Estados Unidos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la atención del gobierno estadounidense se ha volcado hacia el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El gobierno de EUA ha señalado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

AMLO precisó que Reuters «se equivocó». «Se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidando en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?», cuestionó el presidente.

El presidente dijo que esa era otra práctica muy arraigada y perversa que imperaba en nuestro país: la filtración de información para generar desconciertos, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, y poner así en entredicho al gobierno federal.

Esta tarde, la fiscalía estadounidense pidió al juez del caso que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, permaneciera bajo custodia y que no quedara en libertad mientras enfrenta su proceso judicial, ante la posibilidad de que se fugue. La solicitud fue aceptada.

Los fiscales aseguraron que no era recomendable que sea colocado en arresto domiciliario, ya que consideran que también podría escapar.

Los cargos presentados por la corte del distrito este de Nueva York incluyen asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos ayudó al cartel del H-2 mientras fue el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales indicaron que tienen mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como «El Padrino», según la fiscalía. Entre las comunicaciones hay mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.

Cienfuegos apareció esta tarde en la audiencia inicial a través de video desde el centro de detención donde se encuentra en Los Ángeles. Llevaba una chamarra oscura y un cubrebocas. Fue asistido por un intérprete.

Cienfuegos permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia programada para el martes en Los Ángeles. Su abogado, Duane Lyons, apareció también en video y no respondió a solicitudes de comentarios.

Aunque los fiscales estadounidenses aseguraron que el general ayudó al cartel del H-2, en México las autoridades han descrito a H-2 como un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva llamado Juan Francisco Patrón Sánchez, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en 2017.

Los fiscales neoyorquinos expresaron en una carta a la jueza Carol Amon, de la corte federal de Brooklyn, que esperan que el general sea llevado a Nueva York en las próximas semanas y acusaron a Cienfuegos de asistir al cartel a cambio de sobornos. El general enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel.

En su carta, los fiscales describieron al cartel como una organización liderada por Patrón Sánchez, también conocido como H-2, que operaba desde Nayarit y Sinaloa. El cartel, aseguraron los fiscales, tenía cédulas de distribución de drogas en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales se distribuyeron miles de kilos de drogas.

Cienfuegos, continuó la carta, ayudó al cartel al asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra y también inició operaciones militares contra grupos rivales. El general localizó transporte marítimo para envíos de cocaína y ayudó a ampliar el territorio controlado por H-2, además de presentar a los narcotraficantes a otros funcionarios corruptos del gobierno.

Cienfuegos también avisaba al cartel de operaciones antidrogas de las autoridades estadounidenses.

Además de comunicaciones interceptadas, los fiscales señalaron que sus acusaciones están corroboradas por numerosos cientos de kilos de cocaína y otras drogas incautadas y por testigos que confirmaron la asistencia de Cienfuegos al cartel.

El general fue acusado formalmente por un jurado investigador en Nueva York el 14 de agosto de 2019.

La detención el ex funcionario federal se realizó ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, a donde llegó  junto a sus familiares quienes fueron dejados en libertad horas después. Cienfuegos fue trasladado al Metropolitan Detention Center.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

«El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo», indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de «conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos» (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de «lamentable» el arresto y consideró que es una «muestra inequívoca de la descomposición del régimen» que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino «se hablaba de una investigación» sobre el general, aunque «no era nada oficial».

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hubo una reunión entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el representante del departamento antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA), Timothy J. Shea.

Indicó que el encuentro se dio como parte del intercambio de información entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

“Ya no hay acuerdos para introducir armas o que agentes extranjeros actúen en México. Hay intercambio de información entre esta agencia y otras agencias de Estados Unidos para atender el asunto del narcotráfico”, dijo el mandatario.

Dentro de ese intercambio de información, el representante de la DEA, Timothy J. Shea, se reunió esta semana con el fiscal, y con miembros del gabinete, añadió AMLO.

Insistió varias veces en la «muy buena relación» bilateral existente entre México y Estados Unidos, y en que el gobierno estadounidense ya «no se atreve» a operar en su territorio o calificar la actuación de México, como sucedía anteriormente.

Recordemos que a principios de septiembre, Estados Unidos había asegurado en un reporte interno que México «debe hacer más» en la lucha contra el narcotráfico, pues permanece como el origen de «casi todas» las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

Al respecto, AMLO defendió que están haciendo su «trabajo» y aseguró que no se darían entregas a la DEA de ningún capo mediático, ya que «esos actos espectaculares de que ya se detuvo a un gran personaje de la delincuencia» no resuelven nada si no se atienden las causas que provocan que «se puedan reproducir estas bandas delictivas».

Además, López Obrador destacó el trabajo hecho en las aduanas mexicanas, desde hace casi medio año a cargo de Horacio Duarte, quien ha logrado que los decomisos hayan «crecido muchísimo» en lo que a drogas y dinero se refiere.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó esta mañana a responder sobre el informe del gobierno de Donald Trump en el que pide a nuestro país hacer «más» contra el narcotráfico, o que de lo contrario habrá consecuencias.

AMLO afirmó que la relación entre Estados Unidos y México es «muy buena», y recordó que el país vecino está inmerso en una campaña para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Y es que ayer, el gobierno estadounidense publicó un memorándum anual sobre los países productores de droga en el que pidió a nuestro país mostrar un mayor compromiso en desmantelar cárteles del narcotráfico y extraditar a criminales, así como evitar la producción de narcóticos ilegales sintéticos.

«Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos», dijo López Obrador sin dar detalles. «Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos», añadió el mandatario.

“¿No hay riesgo de que le quiten ayuda financiera?», se le preguntó a AMLO. “No, al contrario”, contestó.

El presidente dijo que Estados Unidos tiene derecho de opinar, por lo que México tiene que respetar, «pero con Estados Unidos amor y paz pidió ‘amor y paz'».

Detalló que será la cancillería quien emitirá en las próximas horas un comunicado sobre el tema.

El presidente Donald Trump advirtió a México que habrá consecuencias si no hace «más» para combatir el narcotráfico.

«A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas», dijo Trump en un memorando publicado por La Casa Blanca.

Recordemos que el republicano ya había advertido en 2019 al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que consideraría descertificar a México en su lucha antidrogas, lo cual implica un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington en organismos internacionales.

Y es que según las agencias estadounidenses, México es la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en el país.

Trump reconoció que tras su exhortación hace un año, México aprobó «con éxito» reformas para el decomiso de activos, aumentó las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, produjo el primer estudio en 17 años sobre el cultivo de amapola, y elaboró una estrategia contra las drogas.

Pero señaló que «si bien estas son señales de progreso, se debe hacer más».

Por eso, urgió al gobierno de López Obrador a combatir y desintegrar las organizaciones criminales, seguir extraditando a sus integrantes, incrementar las confiscaciones de droga, e implementar un programa de desarrollo sostenible alternativo para erradicar el cultivo de amapola.

También lo instó a parar la «alarmante tendencia» a la producción en su territorio de fentanilo, la principal droga vinculada a muertes por sobredosis en Estados Unidos, y de metanfetaminas, así como a fortalecer los mecanismos para impedir el tráfico de precursores desde China.

«México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos», subrayó Trump.

El mandatario estadounidense hizo estas advertencias en un memorando que por ley debe enviar anualmente al secretario de Estado en el marco de las asignaciones de gastos, en el que identifica los principales países de tránsito y producción de drogas, y determina si éstos han incumplido sus obligaciones de lucha antinarcóticos.

Las naciones que son señaladas por EUA como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas, además de México, son: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Trump volvió a descertificar a Bolivia y a Venezuela «por haber fallado de manera demostrable durante los 12 meses anteriores en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».

El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los Estados Unidos de droga.

«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses», añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

«Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de «inundar» los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

El legislador boliviano Tomás Monasterio solicitó hoy al gobierno de Estados Unidos que investigue internacionalmente al expresidente Evo Morales por el delito de narcotráfico.

Por medio de una carta que el diputado boliviano, integrante del partido Unidad Democrática (UD), entregó directamente en la embajada de Estados Unidos en esta capital, se pidió la investigación por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) a Morales por el delito de narcotráfico, publicó el diario Página Siete.

“Hemos venido a solicitar de manera formal la apertura de una investigación internacional por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales Ayma», declaró Monasterio a la prensa en las afueras de la misión diplomática estadounidense.

Afirmó que existen antecedentes de sobra para poder entender de que hay fuertes indicios de que Bolivia en los últimos 14 años vivió un narcoestado. «Un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS (Movimiento Al Socialismo)».

El legislador señaló que no ha pedido el retorno de la DEA (Administración para el Control de Drogas​) al país, sino una investigación a Morales.

En la carta, Monasterio recordó el reciente hallazgo de las autoridades mexicanas de al menos una tonelda de droga en un avión en el que los pilotos eran bolivianos. También destacó que en lo que va de 2020 se han destruido 36 fábricas clandestinas de pasta base en la región de Chapare.

«Creo que hoy ha llegado el tiempo de hacer justicia en Bolivia. Es por eso que hoy nos estamos apersonando para que se pueda llevar adelante una investigación internacional por el delito de narcotráfico y complicidad en contra de Evo Morales y su entorno», enfatizó Monasterio.

En 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia por el gobierno del expresidente Evo Morales. Ese mismo año el exmandatario expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Golberg, lo que marcó la ruptura de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

Luego de la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, el gobierno interino de Jeanine Áñez reinició las relaciones diplomáticas con Washington y Walter Serrante tomó posesión como nuevo representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia.