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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a cambio de asegurar la liberación y regreso a nuestro país del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“No es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido buena relación de cooperación, de confianza (…) Enviaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Esto es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos de aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

La agencia Reuters informó que el gobierno de la 4T se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico, (que medios nacionales identificaron como Oseguera Cervantes) para que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, accediera a retirar los cargos que enfrentaba el general Cienfuegos.

Recordemos que la semana pasada, Estados Unidos abandonó el caso contra el excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto al argumentar que había consideraciones de política exterior «sensibles e importantes» que superaron el interés en perseguir los cargos.

«México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial», dijo una fuente de alto nivel en el gobierno a la agencia.

Consultado sobre el tema, Daniel Millán, portavoz de la cancillería, dijo a Reuters que «lo que acordamos (México-Estados Unidos) fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país». Dijo que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Por su parte una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que existiera tal acuerdo y remitió las declaraciones previamente dadas a conocer, en las que se asegura que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

Y es que tras la condena en Estados Unidos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la atención del gobierno estadounidense se ha volcado hacia el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El gobierno de EUA ha señalado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

AMLO precisó que Reuters «se equivocó». «Se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidando en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?», cuestionó el presidente.

El presidente dijo que esa era otra práctica muy arraigada y perversa que imperaba en nuestro país: la filtración de información para generar desconciertos, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, y poner así en entredicho al gobierno federal.

Esta tarde, la fiscalía estadounidense pidió al juez del caso que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, permaneciera bajo custodia y que no quedara en libertad mientras enfrenta su proceso judicial, ante la posibilidad de que se fugue. La solicitud fue aceptada.

Los fiscales aseguraron que no era recomendable que sea colocado en arresto domiciliario, ya que consideran que también podría escapar.

Los cargos presentados por la corte del distrito este de Nueva York incluyen asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos ayudó al cartel del H-2 mientras fue el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales indicaron que tienen mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como «El Padrino», según la fiscalía. Entre las comunicaciones hay mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.

Cienfuegos apareció esta tarde en la audiencia inicial a través de video desde el centro de detención donde se encuentra en Los Ángeles. Llevaba una chamarra oscura y un cubrebocas. Fue asistido por un intérprete.

Cienfuegos permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia programada para el martes en Los Ángeles. Su abogado, Duane Lyons, apareció también en video y no respondió a solicitudes de comentarios.

Aunque los fiscales estadounidenses aseguraron que el general ayudó al cartel del H-2, en México las autoridades han descrito a H-2 como un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva llamado Juan Francisco Patrón Sánchez, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en 2017.

Los fiscales neoyorquinos expresaron en una carta a la jueza Carol Amon, de la corte federal de Brooklyn, que esperan que el general sea llevado a Nueva York en las próximas semanas y acusaron a Cienfuegos de asistir al cartel a cambio de sobornos. El general enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel.

En su carta, los fiscales describieron al cartel como una organización liderada por Patrón Sánchez, también conocido como H-2, que operaba desde Nayarit y Sinaloa. El cartel, aseguraron los fiscales, tenía cédulas de distribución de drogas en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales se distribuyeron miles de kilos de drogas.

Cienfuegos, continuó la carta, ayudó al cartel al asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra y también inició operaciones militares contra grupos rivales. El general localizó transporte marítimo para envíos de cocaína y ayudó a ampliar el territorio controlado por H-2, además de presentar a los narcotraficantes a otros funcionarios corruptos del gobierno.

Cienfuegos también avisaba al cartel de operaciones antidrogas de las autoridades estadounidenses.

Además de comunicaciones interceptadas, los fiscales señalaron que sus acusaciones están corroboradas por numerosos cientos de kilos de cocaína y otras drogas incautadas y por testigos que confirmaron la asistencia de Cienfuegos al cartel.

El general fue acusado formalmente por un jurado investigador en Nueva York el 14 de agosto de 2019.

La detención el ex funcionario federal se realizó ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, a donde llegó  junto a sus familiares quienes fueron dejados en libertad horas después. Cienfuegos fue trasladado al Metropolitan Detention Center.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

«El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo», indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de «conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos» (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de «lamentable» el arresto y consideró que es una «muestra inequívoca de la descomposición del régimen» que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino «se hablaba de una investigación» sobre el general, aunque «no era nada oficial».

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hubo una reunión entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el representante del departamento antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA), Timothy J. Shea.

Indicó que el encuentro se dio como parte del intercambio de información entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

“Ya no hay acuerdos para introducir armas o que agentes extranjeros actúen en México. Hay intercambio de información entre esta agencia y otras agencias de Estados Unidos para atender el asunto del narcotráfico”, dijo el mandatario.

Dentro de ese intercambio de información, el representante de la DEA, Timothy J. Shea, se reunió esta semana con el fiscal, y con miembros del gabinete, añadió AMLO.

Insistió varias veces en la «muy buena relación» bilateral existente entre México y Estados Unidos, y en que el gobierno estadounidense ya «no se atreve» a operar en su territorio o calificar la actuación de México, como sucedía anteriormente.

Recordemos que a principios de septiembre, Estados Unidos había asegurado en un reporte interno que México «debe hacer más» en la lucha contra el narcotráfico, pues permanece como el origen de «casi todas» las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

Al respecto, AMLO defendió que están haciendo su «trabajo» y aseguró que no se darían entregas a la DEA de ningún capo mediático, ya que «esos actos espectaculares de que ya se detuvo a un gran personaje de la delincuencia» no resuelven nada si no se atienden las causas que provocan que «se puedan reproducir estas bandas delictivas».

Además, López Obrador destacó el trabajo hecho en las aduanas mexicanas, desde hace casi medio año a cargo de Horacio Duarte, quien ha logrado que los decomisos hayan «crecido muchísimo» en lo que a drogas y dinero se refiere.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó esta mañana a responder sobre el informe del gobierno de Donald Trump en el que pide a nuestro país hacer «más» contra el narcotráfico, o que de lo contrario habrá consecuencias.

AMLO afirmó que la relación entre Estados Unidos y México es «muy buena», y recordó que el país vecino está inmerso en una campaña para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Y es que ayer, el gobierno estadounidense publicó un memorándum anual sobre los países productores de droga en el que pidió a nuestro país mostrar un mayor compromiso en desmantelar cárteles del narcotráfico y extraditar a criminales, así como evitar la producción de narcóticos ilegales sintéticos.

«Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos», dijo López Obrador sin dar detalles. «Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos», añadió el mandatario.

“¿No hay riesgo de que le quiten ayuda financiera?», se le preguntó a AMLO. “No, al contrario”, contestó.

El presidente dijo que Estados Unidos tiene derecho de opinar, por lo que México tiene que respetar, «pero con Estados Unidos amor y paz pidió ‘amor y paz'».

Detalló que será la cancillería quien emitirá en las próximas horas un comunicado sobre el tema.

El presidente Donald Trump advirtió a México que habrá consecuencias si no hace «más» para combatir el narcotráfico.

«A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas», dijo Trump en un memorando publicado por La Casa Blanca.

Recordemos que el republicano ya había advertido en 2019 al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que consideraría descertificar a México en su lucha antidrogas, lo cual implica un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington en organismos internacionales.

Y es que según las agencias estadounidenses, México es la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en el país.

Trump reconoció que tras su exhortación hace un año, México aprobó «con éxito» reformas para el decomiso de activos, aumentó las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, produjo el primer estudio en 17 años sobre el cultivo de amapola, y elaboró una estrategia contra las drogas.

Pero señaló que «si bien estas son señales de progreso, se debe hacer más».

Por eso, urgió al gobierno de López Obrador a combatir y desintegrar las organizaciones criminales, seguir extraditando a sus integrantes, incrementar las confiscaciones de droga, e implementar un programa de desarrollo sostenible alternativo para erradicar el cultivo de amapola.

También lo instó a parar la «alarmante tendencia» a la producción en su territorio de fentanilo, la principal droga vinculada a muertes por sobredosis en Estados Unidos, y de metanfetaminas, así como a fortalecer los mecanismos para impedir el tráfico de precursores desde China.

«México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos», subrayó Trump.

El mandatario estadounidense hizo estas advertencias en un memorando que por ley debe enviar anualmente al secretario de Estado en el marco de las asignaciones de gastos, en el que identifica los principales países de tránsito y producción de drogas, y determina si éstos han incumplido sus obligaciones de lucha antinarcóticos.

Las naciones que son señaladas por EUA como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas, además de México, son: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Trump volvió a descertificar a Bolivia y a Venezuela «por haber fallado de manera demostrable durante los 12 meses anteriores en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».

El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los Estados Unidos de droga.

«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses», añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

«Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de «inundar» los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

El legislador boliviano Tomás Monasterio solicitó hoy al gobierno de Estados Unidos que investigue internacionalmente al expresidente Evo Morales por el delito de narcotráfico.

Por medio de una carta que el diputado boliviano, integrante del partido Unidad Democrática (UD), entregó directamente en la embajada de Estados Unidos en esta capital, se pidió la investigación por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) a Morales por el delito de narcotráfico, publicó el diario Página Siete.

“Hemos venido a solicitar de manera formal la apertura de una investigación internacional por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales Ayma», declaró Monasterio a la prensa en las afueras de la misión diplomática estadounidense.

Afirmó que existen antecedentes de sobra para poder entender de que hay fuertes indicios de que Bolivia en los últimos 14 años vivió un narcoestado. «Un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS (Movimiento Al Socialismo)».

El legislador señaló que no ha pedido el retorno de la DEA (Administración para el Control de Drogas​) al país, sino una investigación a Morales.

En la carta, Monasterio recordó el reciente hallazgo de las autoridades mexicanas de al menos una tonelda de droga en un avión en el que los pilotos eran bolivianos. También destacó que en lo que va de 2020 se han destruido 36 fábricas clandestinas de pasta base en la región de Chapare.

«Creo que hoy ha llegado el tiempo de hacer justicia en Bolivia. Es por eso que hoy nos estamos apersonando para que se pueda llevar adelante una investigación internacional por el delito de narcotráfico y complicidad en contra de Evo Morales y su entorno», enfatizó Monasterio.

En 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia por el gobierno del expresidente Evo Morales. Ese mismo año el exmandatario expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Golberg, lo que marcó la ruptura de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

Luego de la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, el gobierno interino de Jeanine Áñez reinició las relaciones diplomáticas con Washington y Walter Serrante tomó posesión como nuevo representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia.

Una encuesta realizada por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica muestra que 54.1% de los mexicanos están en desacuerdo con que las fuerzas federales hayan liberado a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán el pasado 17 de octubre.

Sólo un 34.1% está de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno federal, especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A la pregunta: Si hubiera sido el responsable ¿cuál hubiera sido su decisión? El 56.3% opinó que lo hubiera mantenido retenido, mientras que el 35.9% señaló que lo hubiera liberado.

Cuando se les cuestionó a los entrevistados si consideraban correcto que el presidente continuara con su agenda y visitara Oaxaca el fin de semana, o si debió haber ido a Culiacán, el 54.1% que  AMLO debió  haber viajado a Culiacán; un 38.7% opinó que fue correcto que continuara con su agenda tal y como estaba programado.

También se cuestionó a las personas sobre si deben renunciar o no algunos funcionarios públicos. El 52.8% considera que debería renunciar el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; el 46.8%, el gobernador del estado Quirino Ordaz; 45.6%, el Presidente Municipal Jesús Estrada; el 37%, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio; el 34.8%, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y el 27.9% el presidente López Obrador.

El 63.5% piensa que el narcotráfico tiene más poder en México que el propio gobierno, contra un 28.8% que considera que el gobierno de López Obrador tiene mayor poder.

El 68.3% opina que lo que sucedió en Culiacán ha sido una humillación para las fuerzas del orden tal como se reportó en medios internacionales, mientras un 28.5% piensa que no fue una humillación.

Después de los hechos. el 61.7% se siente poco o nada seguro, mientras que el 37.3% muy o algo seguro.

52.5% de los entrevistas consideran que la información que ha dado hasta ahora el gobierno ha sido muy o algo oportuna, mientras que el 41.3% afirma que hay sido poco o nada oportuna.

Al preguntar a los encuestados si lo ocurrido en Culiacán alentará a los criminales a repetir este tipo de actos cada vez que se capture a un capo, el 76.9% indica que sí los alienta, mientras que solo un 19% señaló que no.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Desde Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió respeto a la soberanía mexicana, luego de la advertencia de Estados Unidos de retirar la certificación de lucha contra el narcotráfico que se otorgó al país.

En una gira de trabajo por el estado, AMLO refirió que no busca confrontación, pero exigió que se respete la soberanía nacional como México respeta la de otras naciones.

“Queremos que se respete nuestra soberanía como también nosotros vamos a respetar la soberanía de otros pueblos y de otros países, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo el mandatario.

Asimismo, enfatizó que mantendrá “una relación de respeto” con el gobierno de Donald Trump, y adelantó que el lunes hablará sobre el retiro de la certificación.

“Nosotros vamos a seguir manteniendo una relación de respeto, buscando que haya respeto mutuo a nuestras soberanías y no nos vamos a enfrentar con el presidente Donald Trump ni con el gobierno de Estados Unidos, queremos la cooperación para el próximo desarrollo”, señaló.

El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, descartó que lo ocurrido ayer en el centro comercial Artz Pedregal, que dejó dos personas sin vida, se haya tratado de un crimen pasional tal como se informó en un inicio.

Orta Martínez dijo que tras analizar lo ocurrido, se sabe que fue algo muy bien planeado, por lo que concluye que fue un ataque directo. Indicó que una de las líneas de investigación podría ser que el crimen tenga relación con el narcotráfico.

El funcionario capitalino señaló que ya han establecido contacto con autoridades internacionales para conocer más información sobre los antecedentes de las dos víctimas.

En ese sentido, lo relatado por el funcionario coincide con lo declarado por el abogado de la plaza, Javier Coello Trejo, quien informó que fueron dos las balaceras vividas la tarde de ayer, de las cuales la primera se dio en la entrada del estacionamiento, y sirvió para distraer el segundo hecho.

El abogado indicó que la primera balacera ocurrió sólo unos minutos antes, con la intención de perpetrar el segundo ataque en un restaurante de la plaza, donde murieron los dos hombres de nacionalidad israelí.

Señaló que además de la mujer que fue detenida, en la mesa donde estaban las dos víctimas había otra persona del sexo femenino, quien de acuerdo con los meseros, se dirigió a la cocina del restaurante y ahí “se perdió”.

Foto: Twitter

Luego de que Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en sus listas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presunta corrupción vinculada al crimen organizado, fue el mismo político quien habló al respecto.

En entrevista con Radio Fórmula, el exgobernador indicó que lleva más de 24 meses trabajando de la mano con autoridades mexicanas y de Estados Unidos para aclarar los señalamientos que se le han hecho.

Indicó que como político está acostumbrado a los señalamientos o falsos que se le puedan levantar, sin embargo, dijo, ahora que las acusaciones afectan a su familia, es que ha decidido aclarar la situación.

Negó que él o su familia tengan cuentas en el banco o propiedades en el país vecino, además de que insistió, no sabe de dónde salen los 70 millones de pesos que le atribuyen a él directamente, pues dijo, esa cifra corresponde a los empresarios que aparecen en las 42 listas de la dependencia estadounidense.

Detalló que las cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le congelaron no rebasan los 300 mil pesos, que es el patrimonio que, junto a su esposa e hijos, reúnen.

«Nunca recibí dinero del narcotráfico. Lamentablemente meten a mi familia, a mi hijo, a mi hija, muchachos que están saliendo adelante, que no tienen nada que ver (…) no tengo ningún lazo con ningún narcotraficante, no conozco ningún hecho ilícito», sostuvo el mandatario local.

Añadió que los señalamientos en su contra aparecieron con el arresto del ex fiscal Édgar Veitya, quien a inicios de este año se declaró culpable de distribución internacional de drogas en una corte de Nueva York.

«Si él jura decir la verdad ante un juez. Si por salvarse o tener un beneficio quiere involucrarme sabiendo que no es cierto, pues va a tener que comprobar lo contrario», dijo Sandoval al reconocer que no teme lo que Veitya pueda decir ante las autoridades estadounidenses, pues insistió en que no recibió dinero de su ex colaborador o del narcotráfico.

La Fiscalía de Estados Unidos anunció este martes su rechazo a la petición de los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, de repetir el juicio en el que fue declarado culpable en febrero.

Esta petición respondía a informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.

En su escrito presentado hoy, fecha límite fijada por el juez, los fiscales argumentaron que esas informaciones, publicadas por Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.

Asimismo, argumentaron que la petición del capo mexicano “se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar” y “no hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado”.

“Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio”, añadieron.

Uno de los abogados de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, dijo que la Fiscalía está “desesperada por evitar una audiencia que incluya testimonios de los jurados”.

«Saben perfectamente que revelará que los jurados mintieron de manera sistemática al juez sobre no seguir la cobertura de los medios durante el juicio. El caso de «El Chapo» no ha sido nada más que una Inquisición glorificada y el rechazo del Gobierno a simplemente escuchar a jurados lo demuestra”, añadió.

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable en febrero de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, “El H3”, considerado líder de plaza en Tepic, Nayarit, del cártel de los Beltrán Leyva.

El operativo parte de una investigación de delitos de comercio de narcóticos destinados al consumo final, la cual señalaba la venta de droga en un fraccionamiento residencial del municipio conurbado.

Su aprehensión obedece a un mandato judicial con carácter de provisional con fines de extradición internacional. El detenido es hermano de Juan Patrón Sánchez, “El H2”, o “El Chico”, quien murió durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina Armada de México, en Tepic, el 9 de febrero de 2017, cuando la residencia de tres pisos donde se encontraba, fue atacada con un helicóptero Black Hawk, montado con una metralleta calibre .50.

En su momento, mediante redes sociales se difundió un video, grabado por un ciudadano, donde se aprecia a la aeronave de la Marina sobrevolando la zona y desde donde elementos de las fuerzas armadas realizaron disparos con el arma de alto poder.

El “H2” sucedió en la organización dedicada al narcotráfico al ya fallecido Héctor Beltrán Leyva, alias “El H” o “El H1”, cuando éste fue detenido el 1 de octubre de 2014, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Antes, en julio del 2010, elementos del Ejército mexicano capturaron a Juan Pablo, otro de los hermanos del también apodado “diabólico”, también considerado en su momento, como jefe de la plaza y principal distribuidor de droga en Tepic.

El Gobierno de Estados Unidos tardó 11 semanas y usó a 56 testigos para demostrar la culpabilidad de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El turno de los abogados del narcotraficante mexicano duró poco más de media hora este martes.

Tras interrogar brevemente a un agente del FBI, el equipo defensor de Guzmán sorprendió a la audiencia del juicio anunciando que terminaba con su presentación de pruebas y llamadas a testigos.

El juez Brian Cogan dijo entonces que va a iniciar el proceso técnico de revisar la presentación de cargos junto a la fiscalía y los abogados, sin el jurado presente.

El miércoles se espera que el jurado escuche los argumentos de cierre de la fiscalía y el jueves los de los abogados. Es posible que entonces las deliberaciones del jurado arranquen el viernes, aunque eso también podría ocurrir el lunes.

‘El Chapo’, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen y exlíder del Cártel de Sinaloa, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos.

De ser encontrado culpable enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.