El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró “frustrado” con las 80 millones de personas que no se han vacunado contra el COVID-19, advirtiendo que su paciencia “se está agotando”.
Biden se pronunció así durante un discurso en La Casa Blanca, en el que anunció la vacunación obligatoria a todos los empleados del gobierno federal, un total de 2.1 millones de personas, entre otras medidas para contener el repunte de contagios en su país.
“Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado”, afirmó el mandatario.
Añadió que, aunque los no vacunados equivalen a aproximadamente el 25% de los estadounidenses que cumplen los requisitos para inocularse contra el COVID-19, en un país “tan grande” como Estados Unidos, una minoría como esa “puede causar mucho daño”, y lo está haciendo.
Biden preguntó directamente a quienes se niegan a vacunarse “qué más necesitan ver” para confiar en que las vacunas son seguras, y lamentó que su reticencia esté multiplicando las hospitalizaciones y muertes por la variante delta del coronavirus en el país.
“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa (a vacunarse) ha tenido costes para todos”, sentenció.
El mandatario firmó un decreto que establece un mandato de vacunación para los empleados federales y los contratistas del Gobierno, que hasta ahora tenían la opción no ser vacunados si se sometían a pruebas de COVID-19 de manera regular.
Además, anunció que el Departamento de Trabajo publicará una norma de emergencia que obligará a todas las compañías que tengan 100 o más empleados a asegurar que están vacunados con la pauta completa o muestran un resultado de una prueba negativa al menos una vez a la semana.
Aseguró que sus nuevos mandatos afectarán a 100 millones de trabajadores, dos tercios de la fuerza laboral del país.
Y es que la expansión de la variante Delta ha devuelto un panorama sombrío a Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19 del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar los 150,000 la semana pasada por primera vez desde enero, lo que ha saturado los hospitales y provoca más de mil fallecimientos cada día.
En otro anuncio, el Departamento de Justicia del gobierno federal informó sobre una demanda contra Texas para bloquear la polémica ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre en dicho estado y, que prohíbe prácticamente todos los abortos, sin excepciones para los casos de incesto o violación.
“La ley de Texas es claramente inconstitucional bajo un prolongado precedente del Tribunal Supremo”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una rueda prensa.
La demanda, presentada ante una corte federal de Austin, solicita bloquear esta ley y “proteger los derechos que Texas ha violado”.
La nueva ley, firmada ya por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
Garland remarcó que el Gobierno federal tiene la “obligación de asegurar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales”.
