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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que ayer, al término de su conferencia matutina, no escuchó la pregunta que se le hizo sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Jalisco. Afirmó que todo fue un invento de sus detractores.

“Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esta forma”, se defendió el mandatario.

Afirmó que, ante los “gritos” de los reporteros, no distinguió los cuestionamientos que se le hicieron, hecho que fue tergiversado por el bloque conservador en redes sociales.

“¿Ustedes creen que sí yo escucho que me están preguntando sobre eso no les contesto? Pero ¿qué escuché? Nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito y no escucho, entonces lo interpretan como que no quise yo responder y que además me burlé; son unos perversos”, reclamó.

Incluso dijo que no iba a ofrecer disculpas, pues lo sucedido no fue como lo quisieron hacer ver, “fue un invento”.

Acusó al llamado “bloque conservador” de dar vuelo a esa mentira, entre ellos mencionó a una “aspirante a la presidencia, corrupta”, en referencia a Xóchitl Gálvez, así como a representantes de los gobiernos neoliberales.

Pese a la polémica generada, López Obrador resaltó la confianza del pueblo de México. Sostuvo que “saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos, por eso no pasarán, (…) pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente”.

Sobre el tema, el presidente afirmó que el Gobierno federal ayuda en la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación; están trabajando. (…) Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando”, enfatizó.

Indicó que la Fiscalía de Jalisco es quien lleva a cabo las indagatorias, sin embargo, dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si atrae el caso o no, tal como lo solicitó el gobernador Enrique Alfaro.

“Están haciendo su trabajo; es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances, pero vamos a esperar”, remató.

Esta tarde, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los planteamientos hechos por Gustavo de Hoyos Walther y del Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C., en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se aprobó la boleta que se utilizará en el ejercicio de Revocación de Mandato no serían analizados, ya que los actores no cuentan con el interés jurídico o legítimo necesario para combatir el acto.

El es que el ex dirigente nacional de la Coparmex y la asociación civil presentaron un juicio ante la Sala Superior del TEPJF, cuyos objetivos señalaban la inaplicación de diversos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), específicamente aquellos relacionados con la pregunta que aparecerá en la boleta de la Revocación de Mandato, por considerarlos contrarios a la Constitución; así como la inclusión de la fecha de término del periodo para el cual fue electo el Presidente.

Respecto a la constitucionalidad de los artículos de la LFRM, la magistrada Janine Otálora Malassis propuso no realizar el estudio solicitado, ya que al TEPJF le corresponde analizar actos de aplicación de las normas y no el estudio de constitucionalidad de las mismas, específicamente los artículos de los que se alegó su inconstitucionalidad.

Por otra parte, sobre el diseño de la boleta a ser utilizada, la magistrada Otálora Malassis consideró necesaria la inclusión de la fecha de conclusión del periodo de gobierno del Presidente de la República, a fin de que la ciudadanía reconozca el impacto de su decisión en la continuación o conclusión de dicho periodo.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, votaron en contra del proyecto presentado por la ponente al considerar que las demandas no cumplían con los requisitos de procedencia legales.

Ademas, el Pleno de la Sala Superior confirmó por mayoría de votos, el acuerdo en el cual el INE definió la estrategia presupuestal para continuar con el desarrollo de la consulta de Revocación de Mandato.

El INE emitió el acuerdo mencionado en cumplimiento con el fallo emitido el pasado 29 de diciembre por la Sala Superior, en el que le ordenó definir una estrategia presupuestal para continuar con el proceso de Revocación de Mandato y, respectivamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) brindar una respuesta fundada y motivada, en caso de que este le solicitara una ampliación presupuestal. Morena impugnó dicho acuerdo.

A propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, se consideraron infundados los argumentos planteados por Morena. Los magistrados señalaron que el Consejo General del INE efectuó ajustes presupuestales integrales, no solo en las áreas encargadas de desarrollar la consulta, sino también en otros rubros de su presupuesto.

El TEPJF también dijo que Derivado de la autonomía presupuestal y de libertad de gestión que le confiere la Constitución al INE, corresponde a este, de manera exclusiva, definir las medidas de racionalidad y disciplina del gasto, lo que impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones específicas en el ejercicio de su presupuesto.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara un proyecto en el que se proponía modificar la pregunta que se realizará en la consulta de Revocación de Mandato que se tiene programada para el próximo 10 de abril, el propio presidente López Obrador reconoció que los legisladores hicieron muy “complicada” la pregunta de aparecerá en las boletas.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque esto tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, dijo el mandatario.

Cuestionó a los representantes de los medios de comunicación que asisten a Palacio Nacional si saben cómo tendrían que votar las personas que desean que permanezca en el cargo hasta 2024.

López Obrador dijo que pese a que la Corte resolvió que se modificaría la pregunta, esta no es clara y no se sabe cómo se debe votar.

El presidente dijo que como a partir de las próximas semanas ya no se podrá hablar del tema, por la veda que entrará en vigor, hacía el llamado a que “se corra la voz” y el que sepa cómo se debe votar, ya sea por que se vaya o que se quede, ayude a los demás sobre cómo marcar la papeleta.

AMLO leyó la pregunta que está aprobada para aparecer, la cual dice: ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

“Es información para toda la gente porque… ojalá y los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pase de noche. Los medios de información, los partidos opositores, lo más probable es que llamen a que no vote la gente o que no participe”, dijo el presidente.

Recordó que el ejercicio democrático va a quedar establecido al ya estar establecido en la Constitución, para que no solo se le aplique a él, sino a todos los futuros presidentes; dijo que esos obligará a que el que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto.

Dijo que ya se acabó eso de “ya votaron por seis años y me aguantan, es legal, aunque yo tenga 15 por ciento de aceptación, 20 por ciento’. No, que exista este mecanismo para que el pueblo pueda ejercer su derecho democrático”. remató.

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato, que se tiene prevista para el próximo 10 de abril, fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, la pregunta quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Durante la sesión de este martes, que se retomó luego de ayer se suspendiera debido a un problema en los ductos y aire acondicionado de la sala, el Pleno de la SCJN, los ministros que no alcanzaron a manifestarse dieron a conocer su posicionamiento.

El proyecto que se presentó y analizó,  señalaba que no está previsto en la Constitución que el ejercicio fuera una consulta de ratificación de mandato, lo cual quedaba de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello se buscaba modificar la pregunta y eliminarse la parte correspondiente.

Los ministros que votaron para modificar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Fueron 5 votos los que se opusieron a la modificación.

El ministro presidente dijo en su posicionamiento que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado, por lo que “no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino”. Además, dijo que el proyecto presentado partía de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, dijo Zaldívar.

De acuerdo con un proyecto publicado en estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se propone modificar la pregunta que se aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato.

Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sin embargo, el proyecto señala que no está previsto en la Constitución una consulta de ratificación de mandato, lo cual queda de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello, de ser aprobado por al menos ocho ministros, esa parte de la pregunta tendría que eliminarse.

En el proyecto también se establece que el Congreso no tiene una obligación expresa para proveer el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera para llevar a cabo la consulta, y que es el propio Instituto quien debe prever la inclusión del presupuesto para el ejercicio, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que envía al Ejecutivo Federal, para que este, a su vez lo incluya en el proyecto.

El ministro propone declarar invalido que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato; aunque se propone que los partidos puedan nombrar a un representante ante cada mesa directiva de casilla.

El proyecto podría estarse discutiendo la próxima semana en el Pleno de la Corte.

Al respecto, en el marco de la segunda reunión plenaria de su bancada que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la revocación de mandato genera un blindaje para que en un futuro no haya presidentes que no representen a la mayoría.

Ahí aprovechó para comentó que propuso a la bancada de su partido una iniciativa que adecúe la Ley General de Partidos Políticos para que Morena pueda regresar recursos que le fueron otorgados para su operación, pero que, frente a la emergencia sanitaria, decidió devolver a fin de que se usaran en la atención de la emergencia.

“Es para que podamos devolver de manera directa a la Tesorería de la Federación, de manera directa 547 millones de pesos a los que nos comprometimos devolver. Con esto llegaríamos a la cifra de los 800 millones de pesos, que fue nuestro compromiso regresar, de la prerrogativa ordinaria a pesar de que era año electoral”, indicó.

La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, una de las ‘peticiones’ que con más urgencia hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde hace algunas semanas.

De acuerdo a lo aprobado, la Ley tendrá por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, “ser consultados” y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República.

El Pleno agregó las modificaciones a 29 artículos del dictamen, así como la inclusión de un capítulo sobre sanciones y cambios al régimen transitorio del proyecto de decreto, que acordaron los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y las comisiones dictaminadoras. Además, se realizó un cambio a la pregunta que había sido propuesta por Morena.

El dictamen, que se aprobó en lo general con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza, independiente, precisa que la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo este ejercicio será:

“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

En la discusión en lo particular, el senador Ricardo Monreal Ávila retiró la reserva que presentaron senadores de Morena, que buscaba modificar el artículo 33, que planteaba que el presidente podía opinar en la revocación de mandato en defensa de su gobierno, es decir, que no se le aplicara la llamada veda. El morenista explicó que no se logró el consenso con todas las fuerzas parlamentarias, por lo que se retiraba la propuesta para evitar se judicialice el ordenamiento y dar motivos para que de nueva cuenta imperara la confrontación y la polarización.

Defendió la postura de Morena y sus aliados, al señalar que los legisladores actuaban a la altura de las circunstancias, de manera congruente, sensata y prudente, pues querían que el ejercicio de revocación de mandato sea ejemplar y “es mejor el diálogo que la confrontación. Morena tiene plena disposición de encontrar acuerdos, esta es la prueba más clara de nuestra voluntad política”.

El legislador hizo un llamado a no permitir que el Instituto Nacional Electoral (INE), ni ningún órgano autónomo, usurpe funciones del Legislativo, pues por poderosos que sean, no pueden violar el principio de legalidad. “Por eso hacemos este gran esfuerzo”.

La Ley dispone que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Para dar inicio a este proceso, se procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio democrático, sugiere el dictamen, podrá solicitarse por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

Los senadores acordaron que los partidos políticos puedan promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.

De manera puntual, el dictamen establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Además, al Consejo General del INE le corresponderá realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, así como dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral.

Las y los senadores asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado aprobaron, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, esto luego de que se convocara a su análisis y discusión tras el reclamo que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por haberlo dejado fuera de la agenda del segundo periodo extraordinario de sesiones.

Según indicó el Senado, el objetivo de esta Ley es regular y garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar y votar en el ejercicio de revocación del Presidente de la República.

El proyecto de decreto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación; mientras que  la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, lo avaló con siete votos en favor, tres en contra y una abstención.

El documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el responsable de la organización y desarrollo de la consulta; además de promover el voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.  

El inicio de este proceso, procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio, sugiere el proyecto aprobado por las comisiones del Senado, se podrá solicitar, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

También prohíbe la utilización de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el proceso de revocación de mandato. En tanto, ordena a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado a abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo.

El documento menciona que la convocatoria emitida para este proceso deberá contener los fundamentos constitucionales y legales aplicables: las etapas, el nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la República, fecha de la jornada de votación, así como la pregunta objeto del proceso.

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, la propuesta de pregunta que se incluyó es: ¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?.

Asimismo, indica que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

Especifica que el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación, de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

También se plantea que la jornada de votación se celebre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “Sí” y el “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quien le corresponderá el cómputo final y emitir la declaratoria de validez, con base en los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales y una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto.

Se aclara que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. Asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República. Corresponderá al Tribunal Electoral notificar los resultados del proceso al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al INE, para los efectos constitucionales correspondientes.

Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, puntualizaron, el Presidente de la República se entenderá separado definitivamente del cargo, cuando el Tribunal emita la declaratoria de revocación.

En voz de Monreal Ávila, será este miércoles cuando se podría convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones para analizar y en su caso aprobar en el Pleno el dictamen aprobado en Comisiones. En caso de aceptarse el periodo extraordinario, éste se celebraría el próximo viernes.

El coordinador de la bancada de More en el Senado, Ricardo Monreal, presentó la propuesta de pregunta que se impulsará para que aparezca en la boleta de la consulta ciudadana que se pretende realizar el próximo año sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de  su cuenta de Twitter, el legislador indicó que, para que la ciudadanía ejerza su derecho político de opinar sobre la gestión de López Obrador, se propondrá plantear la siguiente pregunta en la consulta: ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?

Al respecto, indicó que este lunes las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen de la ley que regulará el proceso para retirar o refrendar el cargo al presidente.

En dicha discusión, aseguró Monreal, se retomarán los planteamientos y propuestas más relevantes que han presentado los diferentes grupos parlamentarios.

La discusión del dictamen pretende lograr que se convoque a un nuevo periodo extraordinario, que según lo planteamos por el morenista, se podría celebrar el próximo viernes, para discutir y votar en el Pleno, la ley reglamentaria en materia de renovación de mandato y juicio político.

Recordemos que el Senado convocó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos a una reunión de trabajo, para discutir lo relativo a la consulta ciudadana, luego que AMLO lanzara un reclamó a los legisladores por no incluir el tema en el segundo periodo extraordinario de sesiones, que se realizó la semana pasada.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la tarde de ayer el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla Braille y el sello de la papeleta que se utilizará en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto del 2021, en la que se definirá si los expresidentes serán enjuiciados.

El Instituto dijo que tomó en cuenta el contexto presupuestal, pues aseguró que no cuenta con recursos asignados para la realización de la Consulta.

“El INE cumplirá sin ninguna duda lo que la Constitución le ordena respecto a la Consulta Popular: ‘normar el expediente de la participación política de la sociedad en la toma de la opinión social sobre asuntos del más alto calibre e interés nacional'”, expresó la Consejera Carla Humphrey Jordan.

Se detalló que en el diseño de la boleta no se incluye el dato de municipio o alcaldía por el anverso del documento y éste se colocará en el reverso durante el sellado de las papeletas en los distritos como parte del proceso de conteo, sellado y agrupamiento.

A pesar de la negativa de las instancias del Estado mexicano responsables de asignar el presupuesto público a los fines que manda la Constitución y una Consulta Popular, la autoridad electoral sacará adelante ese ejercicio, afirmó el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Mencionó que el esfuerzo organizativo y financiero del Proceso Electoral Federal y los procesos locales concurrentes en las 32 entidades, “permitirán aprovechar la capacitación de los Capacitadores Asistentes Electoral y del personal para hacer la Consulta Popular ocho domingos después de la elección”.

Recordemos que según las estimaciones iniciales del INE, la consulta supondría un gasto de 1,500 millones de pesos, aunque tras cabildeos y ajustes, el costo se redujo a 890 millones, esto ante las medidas de austeridad.

Fue en octubre del año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la realización de la consulta, y aunque se había planteado que lo que se iba a definir era si se enjuiciaba a los expresidentes, los ministros de la Corte dijeron que para no vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatario se eliminarían sus nombres de la pregunta.

Así, la pregunta que contendrá la papeleta quedó definida de la siguiente forma: ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?.

En otros temas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó la suspensión de la difusión de tres conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por constituir una intromisión a los procesos electorales.

La queja fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, en contra de AMLO, por expresiones electorales realizadas durante las conferencias matutinas de los pasados 5, 6 y 7 de mayo. Acusaron que se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda.

La Comisión determinó la procedencia de las medidas cautelares pues, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las declaraciones hechas por el mandatario sí constituyen una intromisión a los procesos electorales, prohibida por los artículos 41 y 134 constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.

La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.

Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.

Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.

Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”, por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.

La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, “y en su caso sancionen”, la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una “corrupción sistemática” en el país.

El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.

Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.

Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer “borrón y cuenta nueva” con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.

Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

A través de su cuenta de Twitter, la diputada federal Tatiana Clouthier publicó este miércoles una encuesta en la que pregunta a la sociedad civil cuál es su opinión sobre la Guardia Nacional como mando mixto, en la que un civil se encarga de la parte administrativa y un militar de lo operativo.

“La propuesta de la Guardia Nacional es mando mixto según minuta x aprobarse: esto es un Civil encargado de lo administrativo y Sedena de lo operativo”, se lee en el tuit con tres posibles respuestas: a favor, en desacuerdo o ‘Necesito más información’.

El dictamen de la Guardia Nacional plantea que será dirigida por un mando civil. Ese cuerpo de seguridad, señala, tendrá la responsabilidad que le corresponde a la Federación y su mando administrativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

La formación y disciplina de sus miembros estará homologada a la militar en cuanto a estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingresos. De esto se encargará la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Guardia Nacional espera ser aprobada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que inicia este miércoles. La Guardia Nacional será una institución policial federal de carácter y dirección civil.

Al término de la encuesta, en la que votaron 19 mil 718 usuarios, el 38 por ciento dijo estar a favor mientras que el 25 por ciento se declaró en desacuerdo. El 37 por ciento restante indicó que necesitaba más información.

El presidente Vladimir Putin celebró este jueves durante su sesión anual de preguntas y respuestas ante ciudadanos rusos, misma que ha sido denominada como “Línea directa”, en donde este año se recibieron más de dos millones de preguntas a través de diversas plataformas, en especial mensajes de texto.

 

Los mensajes iban apareciendo en las pantallas montadas en el set en que se realizó el encuentro, por lo que no pudieron pasar desapercibidos. “¡Tres mandatos presidenciales, basta!” o “¿Cuándo dejarán de violar la Constitución?”, fueron algunos de los mensajes enviados por los ciudadanos.

 

Durante la emisión, Putin respondió algunas preguntas que se le iban fabricando en temas como las elecciones de 2018, las jubilaciones o asuntos internacionales, donde al ser cuestionado sobre la relación con Estados Unidos, indic[o que “no vemos (Rusia) a Estados Unidos como un enemigo”. El mandatario sostuvo que los recientes problemas entre los países son resultado de las peleas internas dentro de la cúpula estadounidense. “Sabemos que tenemos muchos amigos en Estados Unidos”.

 

Putin sorprendió al asegurar que estaría dispuesto a otorgar asilo político al ex director del FBI, James Comey, en caso de que sea perseguido por la Justicia estadounidense, luego del enfrentamiento que se ha ido acrecentando con el presidente Trump, e incluso comparó el caso con el del ex agente Edward Snowden, al que Rusia concedió asilo en 2013 tras haber revelado información de Estados Unidos.

 

Con información de Clarín / Foto: Twitter