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Apple pidió este martes a sus usuarios a actualizar los dispositivos tras anunciar una solución para una importante falla de software que permitía que el programa espía Pegasus se instalara en los teléfonos sin siquiera hacer clic.

Expertos en ciberseguridad del Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, descubrieron la falla mientras analizaban el teléfono de un activista saudita.

El saudita se halla entre las decenas de miles de personas que se sospecha que fueron atacadas con el software Pegasus, de fabricación israelí, que según informes de medios se ha utilizado en todo el mundo para interceptar las comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas e incluso jefes de estado.

Apple dijo que había desarrollado «rápidamente» una actualización de software después de que Citizen Lab lo alertó sobre la vulnerabilidad en su software iMessage el 7 de septiembre.

«Ataques como los descritos son altamente sofisticados, cuestan millones de dólares desarrollarlos, a menudo tienen una vida útil corta y se utilizan para atacar a individuos específicos», dijo la compañía.

Citizen Lab dijo que estaba instando a la gente a «actualizar inmediatamente todos los dispositivos de Apple».

Recordemos que desde julio han circulado escandalosas revelaciones de que los gobiernos han espiado a las personas utilizando ese software altamente invasivo, que fue desarrollado por NSO Group, una firma de inteligencia israelí.

Una vez que Pegasus se instala en un teléfono, puede usarse para leer los mensajes del dispositivo, mirar sus fotos, rastrear sus movimientos e incluso encender su cámara.

La falla corregida por Apple el lunes se conoce como «zero-click exploit», lo que significa que se puede instalar en un dispositivo sin que su dueño haga nada, ni siquiera apretar un botón. Citizen Lab dijo que creía que la falla, que bautizó FORCEDENTRY, se había utilizado para instalar Pegasus en dispositivos desde febrero de 2021 o tal vez incluso antes.

La India, México y Azerbaiyán están entre los que encabezaron la lista de países donde una gran cantidad de números de teléfono fueron presuntamente identificados como posibles objetivos de clientes de NSO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la salida de Gabriel García Hernández de la Secretaría de Bienestar, donde estaba a cargo de la coordinación nacional de los Programas del Bienestar, para reincorporarse al Senado.

“Gabriel García es un profesional con convicciones, precursor de este movimiento de transformación… Su suplente, que también es una persona de primera, Peña, Alejandro Peña va a estar en actividades partidistas, decidió eso, entonces se perdería el espacio en el Senado, entonces Gabriel decidió regresar al Senado», dijo esta mañana López Obrador.

El mandatario indicó que Carlos Torres, quien venía ayudando como secretario técnico de la Presidencia, sustituirá a García Hernández en Bienestar.

«Se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de Bienestar en los estados, se hace una sola», añadió AMLO.

Recordemos que Gabriel García dirigía la estructura de los llamados ‘superdelegados’ estatales, los delegados regionales y los más miles de Servidores de la Nación. Además, es uno de los funcionarios con mayor relevancia en la administración federal y con más cercanía al presidente, pues era el encargado de coordinar los programas sociales, una de las principales estrategias de López Obrador.

Algunas versiones señalan que su reincorporación al Senado se debe a que López Obrador le encomendó buscar liderar la bancada de Morena en el la Cámara Alta, esto luego de que Ricardo Monreal, actual líder del bloque, habría operado contra la candidatura de Dolores Padierna en la alcaldía Cuauhtémoc, además de que no agradaron sus recientes declaraciones sobre que no sería fácil sacar adelante las reformas que AMLO anunció enviaría al Congreso.

Al respecto, Monreal utilizó sus redes sociales para dar la «bienvenida» a García Hernández, quien dijo, ha demostrado ser un profesional de gran experiencia, inteligencia y vocación social. «Siempre será de mucha utilidad para la República».

Tras conocerse la salida de Gabriel García de Bienestar, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, llamó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a investigarlo por presuntos delitos electorales “al usar los recursos públicos y programas sociales con fines clientelares para beneficiar a Morena en los pasados comicios del 6 de junio”.

«El uso clientelar de los programas sociales fue determinante para influir en los resultados electorales del 6 de junio en favor de Morena (…) Gabriel García usó los recursos públicos, a una amplia red de funcionarios y los programas sociales para montar una sofisticada estructura electoral para promover con fines políticos a López Obrador, comprar el voto e influir de manera ilegal en las elecciones en favor de Morena”, acusó la diputada Verónica Juárez Piña.

Remató asegurando que Gabriel García es un «delincuente electoral», por lo que no debe quedar impune.

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) presentó los resultados de la más reciente Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), en el que se reporta que el 64% de los hogares en el país declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia.

La directora del EQUIDE, Graciela Teruel, alertó que «aún no se toca fondo» pues los efectos profundos de la pobreza seguirán aumentando a lo largo del año, además de que señaló que un foco rojo es la disminución en los niveles de seguridad alimentaria que indican que hay personas que no están comiendo.

“La pandemia ha afectado más a los hogares de menor nivel socioeconómico haciendo las brechas entre los que tienen y no aún más grandes. Asimismo, ha afectado más a las mujeres, además, los impactos en bienestar tendrán secuelas a mediano y largo plazo”, explicó.

De acuerdo con la encuesta, la recuperación en el ingreso de los hogares sigue rezagada respecto a la recuperación en el empleo, pues 64% de los hogares declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia.

Asimismo, los hogares de menor nivel socioeconómico reportaron una mayor pérdida de ingresos, con 70%, respecto a los de mayor nivel socioeconómico (53%). La recuperación también ha sido desigual: mientras que sólo 4% de los hogares de bajo nivel socioeconómico reporta un mayor ingreso que antes de la pandemia, en los hogares de nivel socioeconómico alto este porcentaje fue de 12%.

Respecto al empleo, la ENCOVID-19 arrojó que 4.2 millones de personas se encontraban desocupadas (7.3% de la población económicamente activa), es decir, estaban desempleadas, las habían ‘descansado’ sin goce de sueldo o no podían salir a buscar trabajo por la pandemia.

En la encuesta también se advierte sobre la disminución en los niveles de seguridad alimentaria, acompañada por un alarmante aumento en los correspondientes a inseguridad alimentaria moderada y severa (hogares que no reportaron preocupaciones o dificultades para acceder a alimentos), al bajar de 33% en diciembre de 2020 a 27% en marzo de 2021.

“La seguridad alimentaria es un foco rojo pues tiene que ver con el porcentaje de personas que tiene acceso a una adecuada alimentación. La inseguridad severa es consistente, empezó con 12% y ha ido aumentando mes a mes hasta llegar al 17% en marzo (2021). Esto habla de personas que tienen hambre, que ven reducidos la calidad y cantidad de alimentos que consumen”, dijo Teruel.

La ENCOVID-19 también apunta que en 26% de los hogares del país, al menos un integrante había presentado síntomas de SARS-CoV-2 (COVID-19). De las personas con síntomas más graves en el hogar, 15% requirió hospitalización.

El dinero gastado por los hogares para atender los síntomas del COVID-19 de sus integrantes (pago de medicamentos, atención médica, oxígeno u otros insumos), representó un reto importante para los hogares: sólo 5% no realizó gasto alguno, 14% desembolsó menos de mil pesos, 45% pagó entre mil y 10 mil pesos, y 36% erogó más de 10 mil pesos.

En cuanto a salud mental, 31% de la población presentó síntomas severos de ansiedad, siendo las mujeres y las personas de bajo nivel socioeconómico las más afectadas.

Aproximadamente, 4 de cada 10 hogares en el país fueron receptores de algún programa o apoyo de gobierno, aunque se detalla que la respuesta del gobierno estuvo enfocada en reforzar los programas sociales que existían antes de la crisis.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, concluyó que la pobreza creció por la pandemia y continuará. Agregó que el efecto de la pandemia es mucho mayor para hogares con menores ingresos, de estratos bajos; y aunque los programas sociales tienen presencia amplia, están repartidos para toda distribución del ingreso y poco más de la mitad de los estratos más bajos no recibe apoyo social.

Se informó que en el levantamiento de la ENCOVID-19 participó la UNICEF México y la División de Investigación y Posgrado de la IBERO.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha señalado que «reevalúa» sus programas y financiación para México, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara a Washington de «intervencionismo» por la financiación a una asociación civil que «ataca» a su gobierno..

«Estamos en ese momento ahora, con la nueva Administración (del presidente, Joe Biden), de reevaluar, conjuntamente con el gobierno de México, nuestros programas y esfuerzos», indicó el director de la entidad en México, Bruce Abrams.

No obstante, Abrams ha precisado que la reevaluación «no cambia mucho» porque «los intereses» de los dos países seguirán siendo seguridad y prosperidad; «eso no va a cambiar, solamente los detalles».

Durante un conversatorio celebrado ayer, organizado por la SRE, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y otras instancias federales, la USAID precisó que junto a México trabajan en temas de seguridad y prosperidad, en los que hay intereses mutuos, pero cuyas particularidades «cambian» con los diferentes gobiernos de ambos países.

Recordemos que López Obrador acusó a Washington de «intervencionismo» por la financiación de Estados Unidos a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19, y pidió explicaciones sobre la misma a través de una nota diplomática.

Criticó que MCCI es un grupo «contrario» a su administración, y ha sido «explícito en su militancia política en contra del gobierno».

Según los datos exhibidos por el mandatario en una de sus conferencias matutinas, Washington destinó casi 50 millones de pesos a MCCI a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En este contexto, Abrams ha afirmado que «una organización civil que esté contra el Gobierno o contra el sector privado no es la respuesta para el largo plazo de México». «Es la cooperación y el trabajo colaborativo», ha insistido, antes de hacer hincapié en que la USAID busca apoyar «donde hay intereses mutuos en todos los niveles y sectores».

Al respecto, esta mañana AMLO reiteró la nota diplomática que se envió al gobierno de Estado Unidos; dijo que espera una respuesta por escrito sobre el financiamiento a organizaciones contrarias a su administración.

Foto: USAID

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordó este martes con su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, llevar a su país dos de los programas sociales más emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación: Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Recordemos que ambos programas han sido impulsados por el gobierno de México como solución a la crisis migratoria que se vive en la región.

«Fuimos testigos de la firma de los cancilleres de México (Marcelo Ebrard) y Guatemala (Pedro Brolo) para aplicar en ese país los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro», informó López Obrador en sus redes sociales tras el encuentro en el Palacio Nacional de México.

El nuevo acuerdo es parte del Plan de Desarrollo Integral que México presentó en 2019 para abordar las causas de la migración de Guatemala, Honduras, El Salvador y el sureste mexicano, apuntó Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina de la Cancillería mexicana.

El presidente Giammattei, quien concluyó con esta firma su visita oficial de dos días a nuestro país, aseguró que México va a apoyar con el fondo, pero el monto aún está por especificarse.

Los mandatarios reconocieron que la relación bilateral presenta importantes retos, dado el carácter de países vecinos que comparten una frontera común, por lo que resaltaron que es importante potenciar el desarrollo, particularmente en la región fronteriza, para evitar que se presenten situaciones que puedan vulnerar las condiciones de vida de las comunidades en ambos lados de la frontera.

López Obrador ha insistido en que sus proyectos ayudarán a aliviar la creciente ola migratoria de la región, reflejada en las cifras récord de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense (CBP), que reportó 172,000 indocumentados detenidos en marzo.

Sobre ello, reiteraron el compromiso de fortalecer los mecanismos de protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, además de facilitar la cooperación y el intercambio de información para identificar los flujos financieros asociados a la trata de personas.

Recordemos que AMLO pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima del pasado 22 de abril, que apoye a extender el programa en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y así generar 1.2 millones de empleos.

Adicional, México y Guatemala arrancaron en marzo un operativo binacional en su frontera común para contener la migración.

Durante el encuentro y las pláticas que se mantuvieron también se acordó generar un programa binacional de investigación para fortalecer y agilizar el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 “Patria”, que incluya la participación de científicos y universidades de México y Guatemala.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector, y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra el COVID-19.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Morena por la presunta realización de padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.

Lo anterior, con motivo del registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles que llevan a cabo personas que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria. Estas personas, dijo el PAN, solicitan datos e información personal a la ciudadanía de su credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.

Al respecto, el INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permiten presumir la existencia de las conductas señaladas, mediante la certificación de videos que circulan por diferentes medios y redes sociales, así como a partir de declaraciones expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar contratadas por el partido fundado pro AMLO.

«La posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues éstos son ajenos de las finalidades establecidas para los partidos. Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales», indicó el la Comisión del INE.

El consejero del INE, Ciro Murayama, señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal no es legal. «La distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”.

Precisó que el acceso a los programas sociales es un derecho de la población; condicionarlos desde un partido es un ejercicio clientelar prohibido por la legislación.

Asimismo, la consejera Adriana Favela indicó que las personas identificadas con Morena llevan a cabo un uso y aprobación indebida de programas gubernamentales, solicitando para ello información contenida en la credencial para votar.

Reiteró la importancia de que ningún partido haga uso indebido de programas sociales o gubernamentales y mucho menos condicionando el voto a favor de ellos.

La Comisión concedió las medidas vía tutela preventiva para exigir al partido político Morena:

  • Abstenerse de realizar, ordenar o participar en actos como los denunciados
  • Instruir a su personal y militancia de no ostentarse directa o indirectamente en representación de ningún ente público o gubernamental, ni solicitar información de la credencial para votar.

Asimismo, se le solicitó al partido político presentar ante el INE muestra de cumplimiento de la determinación dentro de las 48 horas siguientes, con acciones como:

  • Colocar en sus páginas o redes sociales de manera expresa que el partido no está vinculado con ningún programa social.
  • Señalar de manera clara que el partido no va a recabar datos ni a solicitar información relacionada con la credencial de elector.
  • Hacer del conocimiento esta determinación con todos sus órganos estatales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre irregularidades en proyectos y programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, las cuales fueron entregadas el sábado pasado a la Cámara de Diputados.

«El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación», dijo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.

El nuevo paquete de informes entregados incluyó 871 documentos correspondientes a las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1,358. En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

En su revisión, la ASF detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos. De éstos, 28,934 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Las instituciones federales que más irregularidades presentaron fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.

Una de las anomalías corresponde al programa estrella del gobierno federal: Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.

En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019, de los cuales 51.2 millones se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482,400 pesos se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5.3 millones se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.

La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156.1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador. Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.

Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.

La Auditoría refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.

Además detectó pagos fuera de norma por 75.5 millones de pesos en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.

Otro de los datos que se mencionan en el informe, es que el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes. Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.

Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90,000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.

La Auditoría Superior de la Federación acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar su trabajo al ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.

En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector. Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.

El dato que más se ha viralizado en redes sociales, y sobre el cual los medios de comunicación han hecho un especial énfasis, es que la ASF ha estimado en 331 mil 996 millones de pesos el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que inició la pasada administración. Este dato está lejos de los 100 millones de pesos  que estimaba el gobierno federal cuando informó sus razones de la necesidad de cancelar el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.

«Se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996 millones de pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’ publicado el 26 de abril de 2019», explica el documento de la ASF entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Además, la ASF advierte de que el costo total de la cancelación del proyecto de Texcoco podría incrementarse por factores como la liquidación de los contratos pendientes y los juicios y demandas interpuestos.

El 49.3% de este costo se debe a gastos no recuperables de la inversión y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios. También incluyen los costos derivados del esquema de financiación para la construcción del proyecto y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto.

El 50.7% restante corresponde a costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación, como la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

Colmenares Páramo indicó que asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental, pese a tener un impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive irregularidades, limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó este jueves el documento: Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia, en el que hace un análisis y revisión de los programas que se han implementado para apoyar a la población de las entidades del país, ante la pandemia de Covid-19.

El Coneval señala que la distribución de casos de Covid-19 reportados en México se ha desarrollado de forma heterogénea, principalmente relacionada a factores de la población, conectividad carretera, características socioeconómicas o movilidad de las personas. Sin embargo, la mayor concentración de casos se ha dado en las grandes ciudades.

En el documento, que abarca de marzo a agosto de 2020, se identificaron 667 programas y acciones sociales estatales que contribuyeron a la atención de los derechos sociales y otorgan algún bien o servicio directo a la población. Sin embargo, advierte que el número de intervenciones implementadas varía en las entidades federativas.

Hay estados como el caso de Tamaulipas que implementó 72 programas, seguido de Morelos con 59, Campeche con 43, Hidalgo con 35, Guanajuato con 31 y Zacatecas con 30. En contraste, los cinco estados que menos apoyos implementaron son: Tlaxcala con 5; Veracruz y Durango con 8, Sonora con 9 y Coahuila con 11.

El ranking se conforma de la siguiente manera (por orden alfabético):

  • Aguascalientes 15
  • Baja California: 16
  • Baja California Sur: 19
  • Campeche: 43
  • Chiapas: 12
  • Chihuahua: 13
  • CDMX: 15
  • Coahuila: 11
  • Colima: 15
  • Durango 8
  • Guanajuato: 31
  • Guerrero: 29
  • Hidalgo: 35
  • Jalisco: 11
  • México: 20
  • Michoacán: 13
  • Morelos: 50
  • Nayarit: 14
  • Nuevo León: 11
  • Oaxaca: 21
  • Puebla: 16
  • Querétaro: 14
  • Quintana Roo: 21
  • San Luis Potosí: 23
  • Sinaloa: 17
  • Sonora: 9
  • Tabasco: 23
  • Tamaulipas: 72
  • Tlaxcala: 5
  • Vercaruz: 8
  • Yucatán: 27
  • Zacatecas: 30

Pese al número que cada estado implementó, el Coneval precisa que un mayor número de programas y acciones de desarrollo social no necesariamente generarán un mejor resultado; y apunta que por el contrario, cuando existe coordinación, coherencia y complementariedad entre las intervenciones se puede hacer un uso más efectivo de los recursos para atender una situación problemática.  Incluso dice que la existencia de un mayor número de programas y acciones puede reflejar una mayor desagregación de un problema público.

Se señala que las entidades federativas reorientaron algunos de los programas o acciones que estaban implementado previamente y, al mismo tiempo, crearon nuevas intervenciones que permitieran dar respuesta a la crisis.

Del total de programas identificados, 42.7% tuvieron algún tipo de ajuste y 50.1% son intervenciones nuevas. Los principales ajustes que se hicieron fueron ampliaciones presupuestales y de cobertura, adelantos de apoyos, entre otras modificaciones.

En la revisión que hizo Coneval se identificó la diversidad de tipos de apoyos que se dieron a través de las intervenciones. La mayor parte fueron apoyos en especie (44.1%), seguido de apoyos monetarios (17.7%), incentivos fiscales (12.9%), créditos (11.1%), entre otros instrumentos de política pública.

El Coneval indica que se observa que existe variedad y dispersión en los programas y acciones sociales que se están implementando en las entidades federativas para dar respuesta a la crisis.

«Es evidente la respuesta inmediata por parte de los gobiernos; por otro, esta diversidad y dispersión muestra también que la respuesta de las entidades federativas se centró en la generación de intervenciones específicas y que hace falta una política coordinada e integral que dé una respuesta más eficaz a los temas de atención prioritaria», señala el documento.

El presidente Donald Trump participará en un evento televisado este jueves, día en el que debería haberse celebrado el segundo debate presidencial junto al candidato demócrata Joe Biden, quien también tendrá una participación, en el mismo horario, en otro programa de televisión.

Ambos eventos tendrán lugar a las 20:00 horas. La cadena NBC News recibirá al inquilino de La Casa Blanca, mientras que la cadena ABC News lo hará con el candidato demócrata.

NBC News ha explicado que las pruebas diagnósticas de COVID-19 muestran que Trump ya no puede contagiar. Según un comunicado enviado a la cadena por el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), Clifford Lane, los test realizados al mandatario indican «con un alto grado de confianza» que «no propaga» el virus.

La presentadora Savannah Guthrie moderará el evento, de una hora de duración y el cual se celebrará a las afueras del Museo de Arte Pérez, en Miami, en el que también participará un grupo de votantes de Florida. La moderadora y el candidato republicano estarán separados por más de 3.6 metros de distancia.

De la participación de Biden no se han revelado mayores detalles.

Recordemos que Trump rechazó participar en el segundo debate, debido a la  decisión de la Comisión de Debates Presidenciales de cambiar el formato tras su contagio por COVID-19. La propuesta era que se realizara de manera virtual por cuestiones de seguridad.

Aún queda un tercer debate entre ambos, el 22 de octubre, pero no está totalmente confirmado que se vaya a celebrar ni en qué formato.

El primer debate, el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio, se caracterizó por las continuas interrupciones y la imposibilidad de abordar en profundidad cuestiones de interés para los votantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que sí saldrá de gira la próxima semana, tal como lo había adelantado, esto pese a estar en plena pandemia y que el propio gobierno ha proyectado los próximos días como el punto máximo de contagios.

Detalló la agenda que seguirá:

  • Lunes – Xalapa, Veracruz
  • Martes – Tlaxcala, Tlaxcala
  • Miércoles – Puebla, Puebla
  • Jueves – Pachuca, Hidalgo
  • Viernes – Cuernavaca, Morelos

Indicó que llevará a cabo las reuniones de seguridad diaria en dichas ciudades, de seis a siete de la mañana, la conferencia matutina de siete a ocho, y una «acto más» en cada estado.

Enfatizó que en todas las ciudades que visite, mantendrá las medidas de que los expertos en salud han recomendado, como la sana distancia, esto en referencia a la pandemia de Covid-19. Precisó que no habrá mítines, ni grandes concentraciones, tal como sucedió en la gira que realizó la semana pasada por el sureste del país.

El mandatario señaló que el acto extra que tendrá en cada estado, tiene que ver con los programas que se están llevando a cabo, para supervisar su implementación y dar seguimiento a las necesidades de la población.

Sobre lo que había declarado ayer, acerca de que tenía tres opciones de ruta para la gira de la próxima semana, dos de ellas al norte del país, AMLO aseguró que la elección de la misma fue por la viabilidad de hacerla por carretera. «Es la más cercana a la capital. y los traslados son más cortos. Ya habrá tiempo para ir al norte. Ahora vamos cerca».

El anuncio de su gira se contrapone con lo declarado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre que la próxima semana se alcanzará el punto máximo de contagios en el país.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó esta mañana que suman 645 mil 102 empresarios solidarios los que no despidieron personal de enero a marzo, por lo que serán quienes reciban un crédito de 25 mil pesos de apoyo para sortear la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

El funcionario explicó durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que cada crédito tendrá un porcentaje de interés del 6.5% y a partir de este martes estará disponible el formato en la página del instituto para que se haga el trámite.

Explicó que se ubicó a las empresas que «que no hubieran disminuido su plantilla, tomamos esa fotografía, hicimos el corte el 15 de abril acerca de quienes habían mantenido el empleo, son 645 mil 102 empresarios solidarios elegibles», señaló Robledo al precisar que los recursos de dichos apoyos no saldrá de las cuotas del IMSS, sino de un fondo federal.

Recordemos que el gobierno federal anunció 1 millón de créditos para empresas solidarias, sin embargo, tras la revisión, no se logró acomodar el millón de créditos.

Robledo agregó que, en lo que respecta al tamaño de las empresas, 505 mil cuentan con uno a cinco trabajadores, es decir, son pequeñas empresas: abarrotes, misceláneas, peluquerías, entre otras. El segundo grupo es de cinco a 10 trabajadores son 74 mil 708 empresas.

Las que dan trabajo de 10 a 50 empleados suman 55 mil 130;  de más de 50, suman nueve mil 604 empresas.

Será a partid e este martes que los empresarios podrán ingresar con su número del Registro Federal de Contribuyente (RFC) a la página electrónica del IMSS, donde se le indicará si es elegible porque cumplió con mantener su plantilla de trabajadores.

Posteriormente se genera la solicitud donde pondrá todos sus datos, como nombre, dirección, teléfono, CURP, y la cuenta bancaria donde quiere que se le haga la transferencia.

Se explicó que la Secretaría de Economía transferirá a los bancos comerciales la información de cada empresario para que creen las cuentas digitales donde se les depositarán los 25 mil pesos, y en la que, dentro de tres meses, empezarán a pagar el crédito al 6.5% de interés.

“Pasados los tres meses de gracia, los acreditados van a ir pagando a interés del 6.5 por ciento, en el caso es el mismo de la tasa interbancaria, con lo que presta el Banco de México, que es inexistente en la banca comercial», dijo Robledo.

Por su parte el presidente López Obrador indicó que al final de mayo el Gobierno de México habrá entregado 2 millones de créditos.

El presidente Donald Trump presentó este lunes un presupuesto de 4.8 billones de dólares que vuelve a intentar cortar programas sociales, a pesar de que ello ha sido rechazado anteriormente por el Congreso.

El plan de gastos 2021 promete saldar las cuentas públicas en 15 años sin afectar programas como la Seguridad Social y el Medicare.

El documento presenta que el déficit superará el billón de dólares sólo en el año fiscal actual y que luego irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar proporciones manejables, pero para ello se basa en pronósticos económicos optimistas, bajas tasas de interés, una reducción de la presencia militar estadounidense en el extranjero y recortes a agencias de gobierno que serían contrarios a los dos presupuestos anteriores aprobados por Trump.

El presupuesto «fija el camino para la continuación del dominio y la prosperidad de Estados Unidos», afirmó Trump en un mensaje escrito anexo al documento.

El presupuesto no tiene probabilidades reales de ser aprobado por el Congreso y ni siquiera las tenía antes del amargo debate en Washington por el juicio político al mandatario, acusado de abuso de poder y obstruir la investigación Congreso.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, lamentó que «una vez más el presidente demuestra cuán poco le importan la salud, las finanzas y el bienestar de las familias trabajadoras de Estados Unidos».

El presupuesto repite ideas intentadas antes, de eximir a programas que benefician a los ancianos como Medicare y Seguridad Social pero corta programas de ayuda a los pobres, de energía limpia y de subsidios a estudiantes endeudados. Nuevamente, estipula enormes recortes a las misiones militares en el extranjero con el fin de ahorrar 567,000 millones de dólares en 10 años, pero agrega un desembolso de 1.5 billones de dólares en ese mismo lapso para hacer que sus reducciones de impuestos se conviertan en ley permanente.

Según el plan, se reducirían 465,000 millones de dólares a entidades vinculadas con el Medicare como hospitales, lo que inmediatamente despertó quejas y denuncias de la oposición demócrata.

El borrador de presupuesto fue rechazado el lunes por los demócratas en el Congreso estadounidense, que dijeron que el plan traiciona la promesa del mandatario de proteger los programas de salud y de seguridad social.

El presupuesto financiaría las principales prioridades del presidente republicano, entre ellas la construcción de un muro en la frontera con México, al tiempo que recortaría miles de millones de dólares de los programas de redes asistenciales.

El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como punto de partida en las negociaciones con el Congreso. Con el objetivo de reducir la deuda y el déficit, Trump propuso una vez más recortes abruptos a programas inmobiliarios, de medio ambiente y transporte, entre otros.

«Vamos a seguir proponiendo este tipo de presupuestos y esperamos que en algún momento el Congreso tenga cierta sensatez fiscal y se una a nosotros en los intentos por hacer frente a nuestra deuda y déficit», dijo a periodistas Russ Vought, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto de La Casa Blanca.

Russell Vought, dijo el lunes que la propuesta incluye más de 740,000 millones para gastos de defensa, un aumento del 20%.

Como parte de la estrategia que promueve el proyecto educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que es una prioridad para la presente administración, formar jóvenes profesionales en diversas disciplinas.

En ese sentido informó que en 2019, a través del programa «Rechazo Cero», se ofrecieron 50 mil lugares en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

En dichos espacios educativos, los jóvenes podían seleccionar entre 141 licenciaturas, 66 ingenierías y 67 programas de Técnico Superior Universitario que ofrecen las 94 instituciones públicas y 58 particulares que participan en el programa.

Moctezuma Barragán indicó que en 2020 se ampliará el catalogo de instituciones que participan en el programa.

El titular de la SEP reiteró que la dependencia trabaja para que los jóvenes tengan las mismas oportunidades de ingreso a estudios de educación superior, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica.

Recordemos que según datos del propio gobierno federal, existe un rechazo anual de 200 mil jóvenes que quieren obtener un lugar en alguna universidad pública de nivel superior.

El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, afirmó que pese a los dichos del gobierno federal, “lamentablemente no hay visos de mejora para el 2020”, y acusó que el 2019 fue un año negro para los mexicanos, especialmente para la clase trabajadora.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizó en campaña el mismo discurso que viene repitiendo en el gobierno, aunque sus decisiones y sus omisiones van justo en sentido contrario a lo que promete; “es como un Rey Midas al revés”, dijo el panista.

Al gobierno, agregó, le gusta engañar con estadísticas y frases vacías que no resisten el más mínimo análisis. “Por ejemplo, ciertos voceros andan diciendo que crearon casi un millón de empleos. Si eso fuera cierto, habría que darles doble Premio Nobel de Economía por hacerlo mientas derrumban la economía de 2.5 a 0.0 por ciento”.

Herrera Ávila indicó que en realidad los empleos totales disminuyeron un 30 por ciento durante el presente año, se dejaron de crear 290 mil empleos formales y, para ocultarlo, el gobierno pretende maquillar las cifras con los beneficiarios de programas clientelares, aquellos diseñados expresamente para captar votos en el 2021.

El vocero del PAN afirmó que el presidente López Obrador utiliza el mecanismo que tanto criticaba en época de Carlos Salinas de Gortari: el uso clientelar de los programas sociales para garantizar la permanencia de su partido en el poder.

Afirmó que en los hechos, la clase trabajadora es una de las más perjudicadas por las políticas del nuevo régimen, pues en los trabajadores que lograron conservar su empleo hubo una precarización, un empobrecimiento, del mismo. “El año pasado, el 59 por ciento de los trabajadores ganaba menos de dos salarios mínimos; hoy, el 66 por ciento se encuentra en esa lamentable situación”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que su gobierno seguirá entregando los recursos de programas sociales y apoyos directamente a los beneficiarios y no a través de organizaciones ni funcionarios.

«No se va a entregar dinero a organizaciones como era antes. No habrá partidas de moche que repartían diputados a gobiernos estatales o municipales. No se acepta el influyentismo», expuso en su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que no hay proveedores predilectos del régimen, y que por el contrario, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido.

El mandatario señaló que ya no hay corrupción en el gobierno federal. «Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando», expresó.

En ese sentido, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 permanecerá la regla de que no haya transferencias de recursos a organizaciones; por el contrario, serán entregados directamente a los beneficiarios.

“Hay distintas organizaciones que solicitan diversos tipos de apoyo, pero una de las reglas en el Presupuesto de este año, y en el que sigue, es lo que estableció el Presidente de la República: ya no hay transferencias a organizaciones, va directamente a los beneficiarios”, puntualizó.

El líder parlamentario puntualizó que muchas organizaciones están pidiendo mayores recursos para diversos sectores; sin embargo advirtió que en los programas que no dieron resultados y en los cuales se presentó mucha corrupción no avanzarán en el PEF 2020.

“Hay una inercia muy grande siempre en el presupuesto, estos programas tradicionales que no dieron resultados, que prestaron mucha corrupción, ya no van a avanzar, o transferencias que se hacían de manera directa las organizaciones; ya no se está sobre esos esquemas, ahora son programas para que lleguen los recursos directamente a los beneficiarios, sin intermediarios”, subrayó.

Expuso que la negociación con diferentes organizaciones que bloquean los accesos de la Cámara de Diputados, es en términos de demandas legítimas, y no sobre “la forma en como recibirán recursos en el pasado, eso sí acabo”.

Delgado Carrillo recordó que en el Ramo 23 había programas dedicados al campo, a construcción de centros culturales, banquetas, entre otros, que “eran proyectos de papel que simplemente servían para darle la vuelta, y que en complicidad de algunos empresarios corruptos con autoridades municipales y diputados, terminaran quedándose con ese dinero”.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reconoció al Gobierno de México por impulsar el combate a la pobreza.

Destacó que acabar con los privilegios es una condición necesaria para alcanzar la igualdad.

Bárcena asistió como invitada a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo de la inauguración de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

La titular de la Cepal pidió reconocer la «dura» realidad de la región, en la que existe la «urgencia de sacar de la pobreza a 84 millones de latinoamericanos», principalmente en el Caribe, y dijo coincidir con la frase de López Obrador en que «por el bien de todos, primero los pobres».

Bárcenas refrendó su respaldo a la política de bienestar social impulsada por el gobierno de López Obrador y los 12 programas que dijo, buscan estimular el consumo en las familias con mayor pobreza, así como apoyar a los jóvenes, adultos mayores y discapacitados.

“Convierten a los beneficiarios en sujetos de derecho (…) sí apoyamos los programas sociales del gobierno de López Obrador”. De manera particular celebró la implementación de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y ‘Sembrando Vida’, el cual recordó que también se aplica en Honduras y El Salvador como parte de la estrategia para contener la migración.

Por su parte la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, destacó la necesidad de compartir experiencia en materia de política social en América Latina y el Caribe para construir países más justos, fronteras más humanas que permitan a sus habitantes tener una vida digna.

La funcionaria mexicana dijo que la región debe superar los retos de la pobreza, la desigualdad, las brechas de desarrollo, la falta de salud y de seguridad social.

En su oportunidad, Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y El Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó la importancia de la reunión y dijo que América Latina y el Caribe enfrenta retos comunes como la violencia, la migración, el crecimiento económico y los fenómenos naturales.