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El gobierno federal publicó este martes un decreto que declara como Área Natural Protegida el Lago de Texcoco, donde estaba planeada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto aeroportuario de la administración de Enrique Peña Nieto, y cancelado por la actual administración.

“El decreto es hoy, el Día Mundial del Agua, un regalo para los mexicanos. Hablamos del vaso regulador más importante, con una superficie de 14,000 hectáreas, casi 11,000 de zona federal”, dijo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González.

El decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), abarca los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Albores recordó que fue en octubre de 2018 cuando se hizo una consulta ciudadana en la que ganó el “Yo prefiero el Lago” y se decidió cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en esa región.

El decreto expone que la zona del lago de Texcoco contiene ecosistemas representativos que son el hábitat de más de 250 especies de flora y más de 370 de fauna, y más de 10 especies de hongos y musgos.

Albores explicó que la importancia ambiental de la zona es su capacidad reguladora hídrica para el Valle de México, en donde viven más de 20 millones de habitantes; sus suelos son únicos por la salinidad y alcalinidad extrema que le confieren características particulares en el mundo.

“El desarrollo de infraestructura en este sitio es imposible o con altos costos de mantenimiento por ser muy corrosivo”, dijo al resaltar que el lago de Texcoco es regulador climático por lo que combatirá y reducirá las partículas contaminantes y regula la temperatura.

En cuanto a diversidad, el objetivo es cuidar más de 678 especies de flora y fauna e inducirla como refugio para las aves acuáticas migratorias y de identidad biocultural por el manejo y uso de alga espirulina, ahuautle, tequesquite y protección del ajolote, entre otros.

Por su parte Iñaki Echeverría, responsable del proyecto Parque Ecológico lago de Texcoco, detalló que en 2024 se habrán invertido 4,566 millones de pesos y al momento se tiene una avance de casi 25% de las acciones en este espacio donde se hará un parque ecológico.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que cuando surgió el proyecto del NAIM el objetivo era eliminar por completo el lago.

“Y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago, por eso hoy es un día histórico. Ese decreto lo que hace es rehabilitar, retornar, a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco”, apuntó el mandatario.

Comentó que gracias al documento publicado esta mañana esta reserva natural se transformará en una zona ecológica, donde también se construirá un parque para la conservación ambiental de la flora y fauna.

Foto: Instagram @inakiecheverria

La Suprema Corte postergó este lunes un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien acusa a su familia política por su muerte, y luego de que se filtraran audios en los que presume del apoyo de algunos ministros de la SCJN.

La Corte pidió más tiempo para analizar el fondo del caso, en el que Gertz Manero acusa a su cuñada, Laura Morán, de “homicidio doloso de concubino” y a la hija de ella, Alejandra Cuevas, que está presa, de “comisión por omisión accesoria” por la muerte de su hermano Federico en 2015.

El pleno votó 10 a 1 contra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgaba un amparo a Cuevas, pero no le concedía la libertad inmediata, sino que ordenaba al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México retomar el caso para un nuevo fallo.

Todos los ministros menos Pérez Dayán respaldaron la postura del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de presentar un nuevo proyecto para “resolver el fondo del asunto, en definitiva”, por lo que ahora evaluarán las pruebas y se pronunciarán sobre la libertad de Cuevas, presa desde octubre de 2020.

“Debemos resolver el fondo del asunto con un estudio donde analicemos todas las pruebas y podamos llegar a la conclusión en la que cada uno de nosotros podamos estar”, comentó Zaldívar, quien hace cuatro meses propuso al pleno atraer el caso por su relevancia.
Sin embargo, algunos especialistas como Leticia Bonifaz, han señalado que lo resuelto por la Corte es una buena señal sobre el caso, ya que pese a no admitir el proyecto, todos los ministros ya se pronunciaron y van por otorgar un amparo liso y llano que la deje en libertad a Cuevas.

Explicó que si ganaba el proyecto de hoy, el caso regresaba al colegiado y Alejandro Gertz podía volver a impugnar; sin embargo, se espera que el nuevo proyecto sea solo un paso más para que la acusaba quede en libertad.

Gertz Manero, quien ha recibido el apoyo público en reiteradas ocasiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la autenticidad de los audio filtrados hace unos días, y en lugar de intentar explicar lo que en ellos se le escuchaba decir, denunció “una extorsión mediática” que busca “tumbarlo” de la Fiscalía General de la República (FGR).

La familia de Morán y Cuevas acusa a Gertz Manero de utilizar la FGR, desde que asumió el cargo en 2019, para perseguir a las mujeres, a las que acusa de matar a su hermano por “negligencia” porque, según él, no hicieron lo posible para mantenerlo vivo en 2015 cuando estaba enfermo.

Los ministros de la Suprema Corte no abordaron en el pleno este señalamiento, pero cinco de ellos adelantaron que votarán “por un amparo liso y llano” para Cuevas para “su liberación inmediata”. Quienes se pronunciaron por la liberación coincidieron en vicios de forma, falta de exhaustividad y falta de fundamentación sobre la responsabilidad de Cuevas.

“No encuentro prueba alguna que resulte idónea para acreditar la existencia de una omisión de cuidado por parte de la quejosa (Cuevas)”, argumentó el ministro Juan Luis González Alcántara.

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato, que se tiene prevista para el próximo 10 de abril, fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, la pregunta quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Durante la sesión de este martes, que se retomó luego de ayer se suspendiera debido a un problema en los ductos y aire acondicionado de la sala, el Pleno de la SCJN, los ministros que no alcanzaron a manifestarse dieron a conocer su posicionamiento.

El proyecto que se presentó y analizó,  señalaba que no está previsto en la Constitución que el ejercicio fuera una consulta de ratificación de mandato, lo cual quedaba de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello se buscaba modificar la pregunta y eliminarse la parte correspondiente.

Los ministros que votaron para modificar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Fueron 5 votos los que se opusieron a la modificación.

El ministro presidente dijo en su posicionamiento que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado, por lo que “no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino”. Además, dijo que el proyecto presentado partía de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, dijo Zaldívar.

De acuerdo con un proyecto publicado en estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se propone modificar la pregunta que se aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato.

Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sin embargo, el proyecto señala que no está previsto en la Constitución una consulta de ratificación de mandato, lo cual queda de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello, de ser aprobado por al menos ocho ministros, esa parte de la pregunta tendría que eliminarse.

En el proyecto también se establece que el Congreso no tiene una obligación expresa para proveer el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera para llevar a cabo la consulta, y que es el propio Instituto quien debe prever la inclusión del presupuesto para el ejercicio, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que envía al Ejecutivo Federal, para que este, a su vez lo incluya en el proyecto.

El ministro propone declarar invalido que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato; aunque se propone que los partidos puedan nombrar a un representante ante cada mesa directiva de casilla.

El proyecto podría estarse discutiendo la próxima semana en el Pleno de la Corte.

Al respecto, en el marco de la segunda reunión plenaria de su bancada que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la revocación de mandato genera un blindaje para que en un futuro no haya presidentes que no representen a la mayoría.

Ahí aprovechó para comentó que propuso a la bancada de su partido una iniciativa que adecúe la Ley General de Partidos Políticos para que Morena pueda regresar recursos que le fueron otorgados para su operación, pero que, frente a la emergencia sanitaria, decidió devolver a fin de que se usaran en la atención de la emergencia.

“Es para que podamos devolver de manera directa a la Tesorería de la Federación, de manera directa 547 millones de pesos a los que nos comprometimos devolver. Con esto llegaríamos a la cifra de los 800 millones de pesos, que fue nuestro compromiso regresar, de la prerrogativa ordinaria a pesar de que era año electoral”, indicó.

Human Rights Watch (HRW) condenó este lunes que el secretario de la Defensa Nacional Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, diera su respaldo al proyecto político que encabeza el presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante un acto público.

“El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político. Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.

Y es que el titular de la Sedena defendió este fin de semana, durante el acto de celebración del aniversario 111 de la Revolución, “la transformación que actualmente vive el país” y la participación que tienen las Fuerzas Armadas.

“El interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro, o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción”, manifestó.

Además, llamó a los mexicanos a unirse a la llamada “Cuarta Transformación” de México.

“Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora”, dijo Sandoval en su discurso.

En el Zócalo capitalino, ante miles de asistentes y soldados, López Obrador destacó el “nuevo orden social” creado por la Revolución, en la que Francisco I. Madero terminó con la dictadura de tres décadas de Porfirio Díaz. El mandatario considera la Revolución como la “tercera transformación” de México, tras la lucha de Independencia de 1810 y la Guerra de Reforma de 1857.

Desde que el secretario de Defensa Nacional pronunció dichas palabras el pasado sábado, recibió críticas por parte de políticos, académicos y especialistas que calificaron como “muy preocupante” las palabras del general, ya que representa a una institución del Estado que debería ser neutral.

El colectivo Seguridad Sin Guerra, afirmó que las declaraciones de Luis Cresencio Sandoval se dieron en abierta violación a la constitución y a su ley disciplinaria.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) admitió esta tarde a trámite la demanda que presentó el Congreso de Tamaulipas, por el que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por mayoría de votos, los ministros avalaron el proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

“Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto”, concluye.

Recordemos que la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

En más sobre Cabeza de Vaca, se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas ordenó mantener, por tiempo indefinido, congeladas las cuentas bancarias del gobernador.

La decisión del juez llegó luego de que concluyera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera, de 4 de mayo de 2021”, resolvió el juez, por lo que liberar la cuentas contravendría disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.

El Tren Maya, obra emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el sureste del país, triplicará la llegada de turistas en la región, dijo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

El representante de la OMT visita Yucatán para recorrer los sitios más emblemáticos de la cultura maya, sobre todo aquellos que formarán parte del itinerario del tren Maya como los Pueblos Mágicos de Maní, Izamal y Valladolid, así como las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá.

“Invertir para facilitar la llegada de turismo al sureste de México duplicará o triplicará el flujo de visitantes nacionales y extranjeros a corto plazo”, señaló Pololikashvili al destacar la importancia de la obra. “Es un gran proyecto porque conectará los destinos turísticos más importantes de la Península de Yucatán, será muy exitoso”, añadió en entrevista con la agencia EFE.

Según datos del gobierno de Yucatán, el estado rompió récord en turismo en 2019 la recibir a poco más de 3.2 millones de visitantes

Además, el secretario general de la OMT dijo que el Tren Maya “será un éxito” desde cualquier sitio del mundo que se promueva, incluso desde Ciudad de México con sus 25 millones de habitantes. Reconoció que no es fácil conectar tres puntos claves en el sureste de México. Consideró que el gobierno dio un gran paso con el Tren Maya, pues dijo, es un “proyecto que sí es viable”.

Acompañado de la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, y el titular de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Torruco, Pololikashvili contó que su agenda de trabajo abordará un punto muy importante: el desarrollo del turismo rural.

“Creo que Yucatán es uno de los mejores pueblos que tendremos para impulsar el turismo sustentable desde México”, precisó.

A su vez, Fridman Hirsch explicó que con la visita Pololikashvili se pretende crear un convenio de colaboración para la integración del Consejo Consultivo Turístico de Yucatán como miembro de la OMT, del cual se desprenderán varias acciones sostenibles e incluyentes de gran impacto para la comunidad turística de la región.

El secretario de la Organización Mundial de Turismo visitará este jueves y viernes Maní, Izamal, Valladolid, Uxmal y Chichén Itzá, para luego dirigirse al vecino Estado de Quintana Roo.

Recordemos que el martes pasado, Pololikashvili se reunió con el presidente López Obrador, a quien agradeció por haber facilitado el turismo al mantener las fronteras abiertas durante la pandemia de COVID-19.

Hay que considerar que nuestro país recibió el pasado abril un 199% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, cuando hubo confinamiento en buena parte del mundo debido a la pandemia.

La crisis sanitaria supuso un fuerte golpe para la industria turística nacional, que aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y el gobierno estima que no se recuperará por completo hasta 2023.

Sin embargo, México se convirtió en 2020 en el tercer país más visitado del mundo, un fenómeno coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas del país y al ser uno de los pocos países del mundo que no restringió sus fronteras.

En un intento de hacer frente a las críticas que ha recibido por la derrota que Morena sufrió en la capital del país en las elecciones del pasado fin de semana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que defenderá el proyecto que encabeza, y señaló la necesidad de resaltar los logros alcanzados durante su administración.

Sin embargo, su mensaje volvió a levantar polémica pues dijo que era importante que los habitantes de la Ciudad supieran que los derechos que tienen ahora son parte, en buena medida, de la transformación que encabeza el presidente López Obrador desde que fue mandatario de la Ciudad; es decir, que son gracias a él.

Además, aseguró que “la verdadera democracia” llegó con la Cuarta Transformación. Recordó que la CDMX es una Ciudad de derechos, donde no se está a favor del clasismo o la la discriminación.

Sheinbaum Pardo resaltó que, en 2020 durante la pandemia derivada por COVID-19, se mantuvo el apoyo a niñas y niños que cursan educación básica con el programa de “Mi Beca para Empezar”, así como con otro tipo de becas; destacó los apoyos para la mejora de la Unidades Habitacionales; los centros PILARES, donde se imparten de manera gratuita actividades educativas, culturales y deportivas; los proyectos de movilidad y salud que se implementaron, así como el combate a la corrupción, que dijo, permitió que se recuperaron 25 mil millones de pesos (mdp) los cuales se reorientaron en inversión pública en la Ciudad.

Pese a los señalamientos que se han hecho a la falta de apoyos para la clase empresarial durante los meses más fuertes de la pandemia, la mandataria capitalina dijo que se destinaron 500 mdp en 2020 y 500 mdp este año para apoyos a las microempresas en la capital del país, así como una entrega de apoyos especiales a los trabajadores de restaurantes y se aplicó una disminución del Impuesto Sobre Nómina en diversas zonas de la ciudad, tales como el Centro Histórico .

“Aquí, nadie está derrotado, al contrario, aquí sacamos fuerza para seguir defendiendo este proyecto de Transformación que representamos, y vamos a seguir informando, difundiendo y trabajando por una Ciudad de Derechos en donde a nadie se le olvide que estos derechos se ganaron gracias a esta transformación y desde que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno (…) ese es el mensaje que damos a los habitantes de la Ciudad de México, que este trabajo sigue, continua y que esta Ciudad de Derechos nadie la para”, sostuvo.

Pese a ser un apoyo federal que está garantizado para todos los adultos mayores del país, Sheinbaum Pardo señaló que, en 2020 se benefició a 844 mil 582 adultos mayores mediante el apoyo bimestral de 2 mil 620 pesos, lo que representa una inversión anual de 13 mil 276.8 mdp; y a 73 mil 285 personas con discapacidad con apoyo bimestral de 2 mil 620 pesos, es decir, una inversión anual de mil 152 mdp.

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, podría dar un nuevo golpe a Morena y sus candidatos, ya que perfila cancelar el registro de Mónica Rangel, actual candidata del partido fundado por el presidente López Obrador a la gubernatura de San Luis Potosí.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica Liliana Rangel Martínez, con la cancelación del registro como candidata al cargo de Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí”, se expone en el proyecto que hasta ahora no ha sido sometido a votación, y que deberá tener el respaldo de la Comisión de Fiscalización y luego del Consejo General del INE.

Tal como sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán, si el proyecto logra el respaldo y se determina retirarle la candidatura a Rangel, Morena tendrá un plazo de 48 horas para presentar un nuevo perfil que permita al partido continuar con la campaña.

De acuerdo con el proyecto que se estaría presentando, desde el mes pasado se ordenó un proceso oficioso por las omisiones en la entrega de informes de ingresos y gastos de Rangel, quien niega haber realizado actos de precampaña; sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó gasto en publicidad digital, específicamente en redes sociales por más de 148 mil pesos.

A finales de abril pasado, Mónica Rangel negó a través de sus redes sociales la falta que se le atribuye, y que podría poner en riesgo su candidatura. “No existe peligro para mi candidatura, he sido respetuosa del marco jurídico. Las y los potosinos me eligieron para representar a @PartidoMorenaMx en San Luis Potosí, el único proyecto de cambio verdadero. ¡Este 6 de junio vamos a ganar!”.

El proyecto del INE no solo involucra sanciones a Mónica Rangel, también aplicaría para otras de las precandidatas de Morena en la entidad: Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez. Además perfila imponer al partido multas por su responsabilidad.

Sobre el tema, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, expuso que el INE pretendía “dar otro golpe a nuestro movimiento” al retirarle el registro a Rangel Martínez. “Es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas”, escribió el morenista haciendo un llamado a la imparcialidad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó la noche de ayer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sobre la pérdida de la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

“Por ser de interés público se pone a disposición de la ciudadanía el proyecto SUP-JDC-416/2021 de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, relacionado con la candidatura de Félix Salgado”, indicó el Tribunal en redes sociales al divulgar el documento.

Recordemos que el pasado 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirar la candidatura a Salgado Macedonio por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña.

El morenista indicó que la decisión de Morena no era más que una violación, motivado por su miedo a que la 4T llegue a Guerrero. Indicó que no presentó los informes de ingresos y gastos de precampaña, pues el partido nunca lo registró como precandidato a la gubernatura de Guerrero, por lo cual no estaba obligado a informar.

“Les advertimos: mejor no le muevan porque Guerrero es pionero en las transformaciones, de las luchas del país (…) no hay duda alguna, que lo que está pasando en el INE es porque tienen miedo a la urnas, quieren ganar en el escritorio. Le decimos desde aquí: que no les tenemos miedo, vamos a ganar la gubernatura”, dijo Salgado Macedonio un día antes de la resolución del INE.

El Tribunal indicó que el divulgar el documento del proyecto fue a petición del propio magistrado que lo elaboró y que lo presentará al Pleno, indicando que para actuar con absoluta transparencia, el proyecto se publicara de manera íntegra y sin ningún tipo de edición.

Se espera que el proyecto, que se compone de 100 hojas, se presente mañana al Pleno y sea discutido por los magistrados. En él, se reconocen las faltas de fiscalización por parte de Salgado Macedonio, quien a juicio del magistrado, sí fungió como precandidato de Morena a la gubernatura de su estado.

Sin embargo, se pide que se analicen otras sanciones como multas económicas aunque valida que la pérdida de registro podría ser una de éstas; para ello, el TEPJF devolvería el caso al INE, para que sea el Instituto quien analice el caso y determine la sanción correspondiente.

En el documento, se señala que en Guerrero, Morena incurrió en la omisión de los informes de fiscalización, y se evidencía como el  partido incurre en contradicciones, pues en una primera instancia alegó que no presentó los informes debido a que no se realizaron actos de precampaña, aunque después pidió presentarlos para evitar la pérdida del registro; sin embargo, para ese momento ya había vencido el plazo.

“En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los informes que presentaron MORENA y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto MORENA como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes”, se lee en el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón.

En caso de aprobarse el proyecto, el TEPJF ordenaría al INE calificar “nuevamente la falta cometida” por los precandidatos de Morena, entre ellos Salgado Macedonio, además de que le pidió realizar la individualización correspondiente, a efecto de que determine cuál es la sanción que resulta adecuada para inhibir este tipo de conductas.

Para dicho análisis, el Tribunal pediría al INE considerar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral; el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan, y las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción.

Otros puntos que el Consejo General del INE plantea es que se considere si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación; el monto económico o beneficio involucrado, y su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

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El Ejército será el “propietario” del Tren Maya, proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra.

En entrevista con El Financiero, Jiménez Pons reveló que todas las ganancias que genere el proyecto, que operará a partir de 2023, irán directo a las Fuerzas Armadas en vez de a la Secretaría de Hacienda.

“El propietario va a quedar, vamos a conceder todos (los tramos) al Ejército”, indicó el director general de Fonatur.

Recordemos que el Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador, y que hasta ahora ha reportado una inversión de 6,294 millones de dólares para cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados por los que atraviesa: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El presidente había adelantado en diciembre pasado que una empresa del Ejército administraría tres tramos del tren, los que irían de Tulum, en Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas, para pagar pensiones de militares. Pero Jiménez Pons fue más allá al calificar de “ganadores” a los soldados porque obtendrán de forma directa las ganancias que obtenga el ferrocarril con el transporte de carga, pasajeros de la región y turistas.

“Está perfecto que sea un premio a las Fuerzas Armadas. Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado”, declaró.

El director de Fonatur replicó los argumentos del presidente al asegurar que entregar el ferrocarril a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitará su privatización en futuros gobiernos. También argumentó que la obra tiene un factor de “seguridad nacional” por situarse en la frontera sur, donde existen traficantes de migrantes y de drogas.

“Nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice”, expuso Jiménez Pons.

Las Fuerzas Armadas también se encargarán de construir el tramo 5 norte, el tramo 6 y el 7, además de que operarán los aeropuertos de Tulum y Chetumal; el de Palenque, y el Felipe Ángeles. José Yuste, columnista en Excelsior, indicó que Fonatur se quedará con las partes comerciales en las distintas estaciones del Tren Maya.

Tras revelarse la noticia de este martes, legisladores de oposición acusaron al Gobierno de fomentar la “militarización” y de usar la seguridad nacional como excusa para defender al Tren Maya de los cuestionamientos.

“El fondo no es otorgarle al Ejército ‘beneficios’ con el Tren Maya y aeropuertos, sino pasarse por alto las leyes que norman el presupuesto y los ingresos federales”, manifestó el diputado Carlos Morales, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Analistas como Alejandro Hope han expuesto que el otorgar el proyecto a las Fuerzas Armadas, ocasionaría mayores vínculos con actores económicos. “Cada una de esas interacciones multiplica las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad de las Fuerzas Armadas”, indicó.

Explica que la opacidad en SEDENA es legendaria, por lo que ahora con el Tren Maya en su poder, se puede escudar, más que cualquier otra dependencia, en argumentos de seguridad nacional para limitar acceso a información pública.

La politóloga Denise Dresser lamentó que las ganancias del Tren Maya no sean para el pueblo de México; indicó que los recursos del proyectos no se destinarán a hospitales, escuelas, caminos, o programas de apoyo a mujeres. Irán directamente a las fuerzas armadas con quienes López Obrador “co-gobierna”.

Maite Azuela, colaboradora de El Universal, enfatizó que las ganancias económicas de los proyectos serán para los militares y no para los ciudadanos comunes y corrientes. “¿Para eso trabajó 18 años en convencer al pueblo de su liderazgo? trabaja para el monopolio militar”, cuestionó.

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

“Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno”, dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. “Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump”.

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son “la mayor minoría racial y étnica del país”.

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración “que permita a la gente vivir sin miedo”.

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés “green card”.

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas “haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021”.

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término “extranjero” por “no ciudadano” y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que “otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”.

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales” que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que “la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica”. También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la “asignación y despacho” de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por “criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica”.

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de “elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN”, también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el “fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE” y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías “intermitentes” cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales “con fuente de energía limpia intermitente” que “no proveen una cantidad firme de potencia”.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) notificó el fallo de la licitación pública internacional para el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el cual fue adjudicado a un consorcio que encabeza Grupo México.

El fallo señala como Licitante Adjudicado a Grupo México, a través de su División de infraestructura, en consorcio con ACCIONA, con una propuesta económica de 15 mil 358 millones 287 mil 724 pesos, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La licitación responde a la “elaboración del proyecto ejecutivo, construcción de la vía férrea electrificada del Tren Maya, incluida la adecuación de la plataforma carretera existente, correspondiente al tramo Playa del Carmen Norte a Tulum Norte”.

El también conocido como Tramo 5 del Tren Maya tiene una elevada importancia dentro del proyecto del gobierno de México, debido a la vocación turística del trayecto Cancún-Riviera Maya, así como por la alta demanda de servicios de transporte de carga y de pasajeros que atenderá.

El proyecto contempla obras de infraestructura ferroviaria y carretera, drenaje, terracería, pasos de fauna, así como los trabajos de electrificación de vías, entre otros.

La longitud del proyecto es de 60.3 kilómetros, los cuales tendrán doble vía para tráfico mixto con trenes, que podrán circular a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora e incluye también la construcción de un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen.

El consorcio ganador precisó que calculan que el desarrollo del proyecto ejecutivo ocupará a más de 120 ingenieros, y que, en su etapa de construcción, la obra generará más de tres mil empleos entre directos e indirectos.

Se detalló que la firma del contrato tiene como fecha prevista el 5 de febrero de 2021 y la vigencia del mismo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplando que se estiman 31 meses para terminar la construcción, incluidos los seis meses para la entrega del proyecto ejecutivo, y se agregan 51 meses para mantenimiento y conservación de la vía férrea.

Recordemos que el emblemático proyecto del gobierno federal está valuado inicialmente en unos 139 mil millones de pesos, aunque en recientes días su costo se actualizó a 161 mil 356 millones de pesos, y recorrerá 1,500 kilómetros, e impactará en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Fonatur decidió en octubre dividir la licitación original del “Tramo 5” en dos -sur y norte- luego de que en septiembre declaró desierto ese proceso tras recibir solo una propuesta de un consorcio encabezado por BlackRock.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de ley que despenaliza el consumo del cannabis (marihuana), lo que supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con las de varios estados que ya lo permiten, y con países que ya han liberado el uso de dicha sustancia.

La Cámara baja, bajo control demócrata, logró la aprobación del proyecto de ley por 228 votos a favor contra 164 en contra. Sin embargo, ahora el proyecto pasa al Senado, donde según analistas sus posibilidades son mucho menores, ya que es dominado por los Republicanos.

La nueva norma pretende sacar a la marihuana de la Lista de Sustancias Controladas, que la incluía junto a la heroína o la cocaína como un narcótico peligroso, y que contemplaba fuertes sanciones.

La inclusión del cannabis en esta lista dejaba al gobierno federal de Estados Unidos fuera de la línea adoptada por varios estados que ya legalizaron la marihuana para uso médico y algunos, como Colorado, que optaron por liberarlo completamente y regularon su consumo recreativo.

Este proyecto de ley federal es la culminación de cinco décadas de argumentación por parte de sus partidarios para convencer al gobierno federal de que reconozca el daño relativamente bajo que causa el consumo del cannabis comparado con otras drogas, así como el fracaso en la represión de su comercialización mientras se mandaba a prisión a cientos de miles de personas por delitos menores.

De aplicarse finalmente la ley, los registros penales de muchas personas arrestadas por consumo de marihuana acabarían eliminados y podrían revisarse las sentencias de quienes cumplen actualmente penas por delitos federales relacionados con el cannabis.

También autorizaría a los estados a establecer sus propias leyes y a lanzar una regulación federal y tasación del sector, como ya ocurre con el alcohol.

“Es un momento histórico”, dijo el representante demócrata Tulsi Gabbard, que impulsó la legalización.

Los demócratas usaron argumentos como que los afroestadounidenses han sufrido legalmente mucho más que los blancos de arrestos y condenas, que la despenalización federal permitirá a los veteranos con lesiones de guerra obtengan un mejor acceso a la marihuana medicinal o que la nueva norma implicaría la desaparición de los bloqueos federales de larga duración a la investigación con marihuana.

Pfizer y BioNTech informaron este lunes que su vacuna contra el Covid-19 es eficaz en al menos un 90%, tras el “éxito” del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

Así, su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra el SARS-COV-2 ha demostrado su eficacia contra el coronavirus en participantes sin evidencia previa de infección, según el primera análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre.

Las pruebas han sido realizadas a un total de 43,538 participantes y el análisis ha evaluado 94 casos confirmados de Covid-19 en participantes del ensayo.

Tras estos resultados, el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha destacado que hoy es “un gran día para la ciencia y la humanidad”. “Los primeros resultados de nuestro ensayo de la vacuna Fase 3 Covid-19 proporciona la evidencia inicial de la capacidad para prevenir Covid-19”, ha dicho.

Celebró que se ha alcanzado este “hito” en su programa de desarrollo de vacunas en un momento en el que el mundo “más lo necesita”, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan a su capacidad excesiva y economías que luchan por reabrir.

“Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de  brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas semanas”, ha apuntado el
presidente del Pfizer.

Asimismo, Bourla ha agradecido a las miles de personas que se han ofrecido como voluntarias para participar en el ensayo clínico, a sus colaboradores académicos e investigadores en los sitios del estudio, así como a sus colaboradores de todo el mundo “que están dedicando su tiempo a este esfuerzo crucial”.

El presidente de Pfizer señaló que el primer análisis intermedio de su estudio global de fase 3 proporciona evidencia de que una vacuna puede prevenir eficazmente el Covid-19.

El ensayo clínico de fase 3 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43,538 participantes hasta la fecha, 38,955 de los cuales han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata el 8 de noviembre de 2020. Aproximadamente el 42% de los participantes globales y el 30% de los participantes de Estados Unidos “tienen antecedentes raciales y étnicos”.

El estudio también evaluará el potencial de la vacuna candidata para brindar protección contra el coronavirus en aquellos que han tenido una exposición previa, así como la prevención de la vacuna contra la enfermedad.

Además de los criterios de valoración principales de eficacia que evalúan los casos confirmados de Covid-19 acumulados siete días después de la segunda dosis, el análisis final ahora incluirá, con la aprobación de la FDA, nuevos criterios de valoración secundarios que evalúan la eficacia según los casos que se acumulan catorce días después de la segunda dosis también.

Según las proyecciones actuales, la compañía espera producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1,300 millones de dosis en 2021.