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Expertos han detectado más de 2,000 ruinas prehispánicas o cúmulos de artefactos a lo largo de la ruta propuesta por la que correrá el Tren Maya, proyecto que estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El descubrimiento de sitios por medio de la tecnología LiDAR de mapeo de elevaciones podría retrasar la construcción del polémico proyecto, cuyos opositores aseguran que también amenaza a comunidades indígenas y al suministro de agua.

Los datos de elevación vía laser mostraron un total de 2,187 “monumentos” arqueológicos a lo largo de los 366 kilómetros de la ruta propuesta, aproximadamente una cuarta parte del total de las vías planeadas. Los expertos ya conocían la existencia de algunos de los sitios, pero otros son nuevos.

El término “monumentos” puede significar muchas cosas, desde restos de una residencia prehispánica maya o piedras talladas, hasta los vestigios de templos ceremoniales. Se desconoce el número de artefactos detectados de cada tipo, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que hay al menos 91 estructuras de gran escala, como plazas, pirámides y plataformas de templos.

El instituto señaló en un comunicado que las personas que trabajan en el proyecto del tren deben tomar “medidas específicas” para evitar dañar los artefactos, pero no indicó si eso significaba reestructurar las rutas.

Recordemos que en julio pasado, el presidente López Obrador dio el banderazo a los trabajos de  construcción del Tren Maya, que recorrerá cerca de 1,500 kilómetros  en un circuito en Yucatán.

El objetivo del tren es conectar a los populares destinos de playa en el Caribe con el interior de la península, que cuenta con una población de mayoría indígena y sitios arqueológicos, en un intento por estimular el desarrollo económico alrededor de sus 15 estaciones.

El gobierno asegura que el proyecto costará hasta 150 millones de pesos, pero los detractores afirman que la cifra es mucho mayor. Sus críticos señalan que López Obrador se apresuró en llevar a cabo el proyecto sin un estudio adecuado de sus impactos sobre el medio ambiente, los cenotes y los sitios arqueológicos de la zona.

Algunos tramos de la ruta ya cuentan con vías, cuya construcción hace décadas ya perturbó algunos de los artefactos, señaló el instituto. Pero también deben construirse otros tramos a través de terrenos selváticos delicados, aunque irán en paralelo a caminos existentes o líneas de transmisión eléctrica. Incluso en los lugares en donde existen viejas vías de ferrocarril, el proyecto implicaría la modernización de las vías y la construcción de nuevas estaciones.

Algunas comunidades mayas han presentado impugnaciones legales contra el proyecto, con el argumento de que provocará daños ambientales. También aseguran que no se les consultó de forma adecuada al respecto ni resultarán beneficiados.

La secretaría técnica del INAH, Aída Castilleja González, reconoció que en la zona del Tren Maya se ubican 50 zonas arqueológicas abiertas al público, las cuales son atendidas con trabajos de investigación y conservación. Además, existen 10 museos, dos Zonas de Monumentos Históricos, 42 cenotes y numerosos monumentos históricos, como estaciones de ferrocarril, haciendas y templos, los cuales también están sujetos a la vigilancia del INAH; cinco de ellos están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial: Uxmal, Chichén Itzá, Palenque, Calakmul y la ciudad de Campeche.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá el proyecto de sentencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que propone ratificar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro de partido político a México Libre.

El coordinador nacional de la organización, Fausto Barajas, se expresó en desacuerdo con el proyecto difundido ayer por el Tribunal, pues dijo, debe haber justicia para los más de 260 mil mexicanos que respaldan a la organización.

Sostuvo que se necesitan “4 votos valientes de 7” durante la discusión y eventual votación que se realizará este miércoles. Exhortó a los magistrados a valorar las pruebas que México Libre presentó para sustentar sus afiliaciones, asambleas y financiamiento.

Barajas reconoció que si el TEPJF decide negar el registro, ya no hay más instancias legales a las cuales acudir para defender sus derechos.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón, quien junto a su esposa Margarita Zavala impulsan México Libre, aseguró que si bien el proyecto del magistrado Vargas Valdez invalida correctamente el criterio “del 5%” que el INE alegó “sin razón” alguna, no valora las pruebas que identifican plenamente a quienes aportaron a través de tarjeta, mediante terminales Clip,

Además, refiere que el proyecto anula arbitrariamente asambleas el propio INE validó en su momento. Señaló que se estarían anulando 112 asambleas válidamente celebradas, sin fundamento, derecho de audiencia ni debido proceso.

“Es injusto (…) ojalá prevalezca razón y justicia en los Magistrados”, dijo Calderón a través de sus redes sociales.

Finalmente, Margarita Zavala pidió a los Magistrados no negar los derechos de todos los ciudadanos que respaldan a México Libre. Sostuvo que en una democracia se debe respetar el esfuerzo humano de participar a través de los cauces pacíficos y legales.

De acuerdo al proyecto de resolución que compartió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, se perfila negar el registro como partido político a México Libre.

El documento de más de 266 cuartillas, señala entre las razones para confirmar la negativa del INE de otorgar el registro a la organización, en materia de fiscalización, México Libre no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes.

“Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro”, indicó el magistrado.

Concluye que la infracción en que incurrió la organización que lidera Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, implicó la vulneración a los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro.

El magistrado indicó que aunque defiende la negativa de darle el registro, sus razones no coinciden con las consideraciones en que el INE apoyó su sentencia.

Adicional, el proyecto sostiene que cerca de 1 millón de afiliaciones, de los 15 millones que registró, no son confiables.

Sobre el documento y la sentido de la sentencia, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, exhortó al resto de las magistradas y magistrados tomar en cuenta los argumentos que México Libre presentó en su defensa.

“Tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro”, indicó la también exprimera dama.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves a los miembros de su gobierno que tengan “lealtad a ciegas” hacia su proyecto político.

El llamado de AMLO llega luego de la polémica renuncia del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), encargado de subastar los bienes incautados al narcotráfico.

“Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para la transformación: acabar con la corrupción y los abusos, llevar a cabo un gobierno austero y sobrio, y hacer justicia”, expresó el mandatario.

Ante sus declaraciones, López Obrador intentó matizar y dijo que la lealtad no debe ser “abyección y servilismo” hacia su persona, sino “lealtad al proyecto” político que encabeza.

Recordemos que Jaime Cárdenas renunció a la dirección del INDEP solo tres meses después de su nombramiento señalando varios casos de corrupción en el instituto, incluso el robo de joyas por parte de su personal. En su renuncia, el abogado acusó que el gobierno le exigía “obediencia ciega”.

López Obrador, quien ayer aseguró que Cárdenas no se atrevió a “limpiar” el organismo, señaló este jueves que “hacer algo por el pueblo cuesta”, dado que “hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia”.

“El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, era un comité al servicio de una minoría rapaz”, dijo AMLO sobre qué encontró en diciembre de 2018 cuando asumió la presidencia.

El mandatario también habló sobre el plantón del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), que ayer por la tarde arribó a la plancha del Zócalo.

El mandatario pidió a sus simpatizantes “que no vayan y no caigan en ninguna provocación” con los integrantes de FRENAAA, e invitó al líder del movimiento, Gilberto Lozano, a dormir en una de las casas de campaña que instalaron en la plancha, puesto que muchos de los miembros abandonan el campamento por la noche.

“Lo único que pido es que ojalá se queden a dormir los dirigentes, que no esté solo la gente, que se queden a dormir ahí”, expresó.

Incluso dijo que sería bueno que además de Lozano, se dieran una vuelta por el Zócalo los personas que apoyan al movimiento, entre los que señaló a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, los periodistas Carlos Loret y Pedro Ferriz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

“Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México”.

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que 19 proyectos científicos mexicanos de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 recibirán financiamiento para acelerar su investigación y desarrollo.

El financiamiento se realizará a través de un fondo integrado con recursos de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (Amexcid), de entidades extranjeras y de fundaciones del sector privado.

“El objetivo de ésta y todas las iniciativas relacionadas con el desarrollo, prueba y fabricación de vacunas contras el COVID-19 que impulsa la SRE es que México tenga un acceso oportuno y temprano al antídoto, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó la cancillería en un comunicado.

Los proyectos presentados ante el consorcio, en su mayoría de instituciones y centros de investigación públicas, serán apoyados,  reiteró el canciller Marcelo Ebrard.

Por su parte la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado recordó que la cancillería participa en todos los foros y esfuerzos multilaterales para encontrar soluciones médicas a la pandemia del COVID-19. L

En tanto, Esther Orozco Orozco, coordinadora del Consorcio, presentó los diecinueve proyectos seleccionados en esta primera etapa 2020 para la atención del COVID-19. Los mismos fueron presentados por instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), y la Universidad Autónoma de Querétaro, que trabajan tanto en el desarrollo de vacunas como de tratamientos y pruebas diagnósticas.

Adicional, el titular de la SRE dio a conocer que México participará, junto a Noruega, en el desarrollo de una nueva vacuna contra el coronavirus.

Por el momento no se ofrecieron mayores detalles, por lo que se espera que en los próximos días se puedan dar a conocer.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

“No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto”, explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

“Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud”.

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

López Obrador no pierde oportunidad de perder una oportunidad. No es el genio de la política que muchos colegas en la comentocracia describen. Una y otra vez se le han presentado valiosas oportunidades que, de haberlas aprovechado, lo harían invencible. No lo ha hecho. Al Presidente le importa más exhibir su resentimiento y probar que está al mando, a costa de debilitar su proyecto en forma permanente o, peor aún, de cancelar cualquier posibilidad de desarrollo para México.

La primera oportunidad se le presentó con el Nuevo Aeropuerto, AMLO hubiera puesto en un brete a sus detractores de haber apoyado el proyecto. Tenía la narrativa perfecta, negándose a desperdiciar recursos al cancelarlo. Después de ese punto, lo que saliera mal sería imputable a gobiernos previos, y él hubiera inaugurado la obra pública más grande de América Latina. En vez de eso, la canceló. Nos quedamos sin un aeropuerto que generaría miles de millones de dólares de inversión privadas complementaria en un momento clave y, por si fuera poco, pegamos íntegramente por un aeropuerto que no tendremos, sumando enorme desprestigio internacional, dada la evidente irracionalidad de su decisión.

Las protestas contra los feminicidios le presentaron otra oportunidad. López Obrador pudo hacer suya la causa: marchando con las mujeres, manifestando su oposición a la violencia detonada por malas decisiones en sexenios previos, y solidarizándose con la causa feminista- Habría acumulado vasto capital político. En vez de eso, descalificó al movimiento y a las manifestantes, causando innecesaria división alrededor de un tema que tenía respaldo popular.

Pudo haber hecho caravana con sombrero ajeno con el acuerdo entre BID Invest y las cúpulas empresariales. Nuevamente, tenía una narrativa óptima, subrayando que éste demostró que no era necesario endeudarse o presionar al erario para proveer alivia a pequeñas y medianas empresas. En vez de eso, muestra su intransigencia frente a todos lo que no provenga de él y critica “los moditos” de los empresarios. En un momento en el cual México requiere urgentemente de inversión privada, les recuerda por qué jamás ofrecerá un entorno confiable. Su coraje contra ellos es más fuerte que la apremiante necesidad de sus recursos.

La interrupción de cadenas de suministros provocada por la pandemia le dio al gobierno de López Obrador otra oportunidad insuperable. Habiendo logrado la ratificación del T-MEC, México podría atraer mucha de la capacidad industrial que busca reubicarse en territorio estadounidense, o cerca de él. En medio de esa transición, convocó a una consulta popular ilegal para cerrar una planta productora de cerveza de 1,400 millones de dólares (ya en construcción), propiedad de Constellation Brands en Mexicali. Les reiteró a los inversionistas internacionales que en México él está por encima de la ley.

La obsesión de López Obrador por tomar crédito por todo lo que ocurra en el país lo hace irremediablemente dueño de la peor caída en la economía mexicana desde 1932. La culpa será íntegramente suya, porque él así lo quiere. Insiste en ser el pararrayos en la peor tormenta que haya azotado a México desde la Gran Depresión.

La terrible pandemia subraya las limitaciones del proyecto de lopez-obradorista. No es lo mismo ver los toros desde la barrera, despotricar contra la mafia en el poder, criticar el bajo crecimiento y prometer acabar con la corrupción, que tener que dar resultados, teniendo que convocar al país que él mismo dividió a enfrentar juntos la tremenda crisis. No sabe por dónde empezar.

En vez de ganar capital político con astucia, aprovechando las oportunidades que se presentan, AMLO prefiere apostarle a arraigar su proyecto populista autoritario. Sabe que Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, y por eso ha decidido devastar el carácter de contrapeso que la Constitución le otorga a la Cámara, quitándole control sobre el presupuesto en un país que claramente se gobierno con éste.

El desastre que viene es única y exclusivamente su culpa.

En enero próximo se realizará la primera licitación y en marzo darán inicio las obras del Tren Maya, informó hoy el Gobierno Federal luego de que las comunidades indígenas y la población general de los estados por donde pasará respaldaron el proyecto.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentaron los resultados de las consultas populares realizadas el fin de semana, así como el plan de construcción de la obra, que tendrá un presupuesto de 120 mil millones de pesos.

“Iniciaremos la primera licitación en la primera semana de enero, en las zonas donde ya existe vía, y para finales de marzo o principios de abril estarán comenzando las obras”, explicó Rogelio Jiménez Pons, director Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El funcionario encargado de la obra del Tren Maya agregó que se convocará a todas las empresas de construcción que deseen participar en el proyecto, que unirá los destinos turísticos de Quintana Rooo, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que ya se cuenta con el presupuesto para el tren, que será de alrededor de 120 mil millones de pesos, y celebró la probación recibida por el proyecto en las consultas.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, aseguró que “hubo consenso generalizado, unánime, por la implementación del proyecto de desarrollo del Tren Maya”.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, envió ayer al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones generales, un mes después que los cuestionados comicios y la posterior renuncia de Evo Morales desataran una violenta crisis política.

El anuncio llegó horas después de que la fiscalía elevara a ocho el balance de muertos en enfrentamientos de manifestantes leales a Morales y fuerzas de seguridad en una planta de combustible cerca de La Paz el martes pasado, con lo que el número total de fallecidos subió a 32 desde la elección.

El texto, que debe ser aprobado en el Congreso, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales es mayoría, anularía las elecciones realizadas el 20 de octubre, en las que Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato. La bancada de Morales había entregado más temprano al Senado un proyecto similar, que está bajo análisis de una comisión.

También permitiría la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de definir fecha para los comicios. Ese organismo estuvo en el centro de una polémica sobre el recuento de votos favorable a Morales y sus anteriores autoridades están detenidas.

Áñez, que mantiene también la posibilidad de emitir un decreto presidencial para convocar elecciones, declaró en una conferencia de prensa que busca con el proyecto legal “generar un consenso nacional”.

En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó irregularidades en el escrutinio de octubre, aprobó este miércoles una resolución llamando “urgentemente” a la convocatoria de nuevas elecciones.

Desde México, donde está asilado desde la semana pasada, Morales señaló que en tanto el Congreso no acepte o rechace su renuncia, él sigue siendo presidente.

“No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta” en las elecciones de octubre, reclamó.

La jefa del Ejecutivo hongkonés anunció este miércoles que retirará el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, lo que provocó el movimiento de protesta que se han vivido en las últimas semanas, cediendo así a una de las principales reivindicaciones clave de los manifestantes.

“El Gobierno retirará oficialmente el proyecto de ley para apaciguar por completo las preocupaciones de la población”, declaró Carrie Lam en un video difundido por sus servicios.

Este polémico texto que pretendía autorizar las extradiciones hacia China continental, fue el origen de la crisis política sin precedentes en la excolonia británica.

Tras las primeras manifestaciones masivas, Lam había anunciado la suspensión del proyecto a mediados de junio. Los manifestantes en cambio, temiendo que volviese a resurgir, continuaron exigiendo su retirada oficial y definitiva.

Los manifestantes ampliaron a lo largo de las semanas sus reivindicaiones para denunciar un retroceso de las libertadres y la injerencia creciente de China en la región semiautónoma.

La posibilidad de que Lam y Pekín estuvieran dispuestos a hacer concesiones, después de haber permanecido inflexibles, fue anunciada el miércoles a mediodía por varios medios hongkoneses y confirmada después por un diputado que se había reunido con la jefa del Ejecutivo.

La información hizo subir la bolsa local, que cerró con un alza de casi un 4%, cuando había perdido más del 10% desde el inicio de las protestas.

Sin embargo, no es seguro que esta concesión sea suficiente para calmar a los manifestantes, que exigen más cambios.

“No es bastante, demasiado tarde”, declaró Joshua Wong, que en 2014 fue la cara visible del “Movimiento de los Paraguas” y que fue detenido brevemente la semana pasada, durante una redada contra las grandes figuras de la movilización actual.

“También pedimos al mundo que esté atento a esta táctica y que no se deje engañar por Hong Kong y el Gobierno chino. En realidad no concedieron nada, y se prepara una represión a gran escala”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este miércoles que ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco.

“Ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas y cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista; y cumplimos también con el compromiso de no quedar a deber ni un peso a los constructores. Ya se terminó con eso”, indicó AMLO.

Adelantó que en los próximos días el secretario de Comunicaciones y Transportes ofrecerá mayores detalles.

El mandatario añadió que se liquidaron cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales, en donde prevaleció un trabajo de conciliación, de mucho diálogo, y que representaron ahorros.

Sobre el tema de los aeropuertos, AMLO dijo que confía en que se resolverá el problema de la saturación del actual aeropuerto, además de que con el nuevo proyecto aeroportuario se van a ahorrar, en tres años, más de 100 mil millones de pesos.

En ese sentido dijo, se está creando el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto, que no se va a cerrar y la rehabilitación del aeropuerto de Toluca, que se había dejado de usar y es un buen aeropuerto.

“Y lo tercero es que va el Aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía, va a pesar de la lluvia de amparos. Vamos a construir el aeropuerto de Santa Lucía”, insistió AMLO.

Reiteró el aeropuerto de Santa Lucía se tendrá con menos dinero, con más calidad, además de que no se va a hundir ninguno de los aeropuertos, como se iba a hundir el de Texcoco.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre los amparos que s ehan presentado en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se le preguntó hasta dónde, jurídicamente, estaba dispuesto a esperar y permitir que se retrasara el inicio de la obra.

AMLO dijo que efectivamente eran muchos amparos que se han presentado, aunque reiteró que su gobierno actuará con legalidad.

Acusó que lo que quieren sus adversarios es “pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, que es un sabotaje legal”.

Volvió a acusar que detrás de todas las maniobras legales en el caso de Santa Lucía, estaba Claudio X González, pues su hijo siempre ha tenido diferencias con el proyecto que encabeza. Insistió en que todo se debe a que Claudio X González papá fue asesor de Carlos Salinas, y desde entonces ha sido el dirigente de un grupo cercano a él.

Sobre la ruta que seguirá el proceso judicial, y si respetaría lo que determine la Corte, AMLO dijo que ya estaban viendo, desde la oficina de la presidencia, la parte legal; advirtió que ya se analiza otro recurso: poner por delante el interés de la nación.

Al preguntarle a qué se refería, AMLO dijo que en su momento se daría a conocer, aunque adelantó que podrían acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional.

AMLO insistió en que no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país, pues el desarrollo es lo primero que se tiene que defender.

Sobre si con todo el proceso legal que hay al respecto, van retrasados con el proyecto aeroportuario, López Obrador dijo que no había  dificultad pues estaban en tiempos, “va a haber el aeropuerto”.

Finalizó indicando que todo el sabotaje se debe a que están dolidos sus adversarios, debido a que se les fue un “negocito de algunos billullos” y están utilizando todos los recursos de manera muy inmoral.

La Comisión Temporal de Presupuesto presentó el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio 2020.

En la planeación del anteproyecto de presupuesto, dijo el INE, aplicó los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, además de que se utilizó como referencia el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo General para 2019. 

El monto total de gasto operativo que se propone solicitar a la Cámara de Diputados asciende a 12,493 millones de pesos y se divide en dos rubros: presupuesto base y cartera institucional de proyectos.

El presupuesto base corresponde a los recursos para la operación ordinaria. Para dicho rubro el INE solicitará 10,381 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.1% en términos reales respecto a lo requerido en 2019. 

Los 2,112 millones de pesos previstos para la cartera de proyectos corresponden a los gastos e inversiones que de manera temporal tendrá que realizar el Instituto el próximo año, en el que se incluyen los costos de la organización de las elecciones locales a celebrarse en 2020 y los relacionados con el inicio del Proceso Electoral Federal y locales coincidentes 2020-2021.

En términos reales, el presupuesto de cartera de proyectos disminuye un 5.4% si se compara con lo aprobado en 2017 para la fase inicial del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

El INE aclaró que el monto total que prevé solicitar representa el 0.21% del Presupuesto de Egresos de la Federación estimado para el próximo año. Es decir, por cada 100 pesos que gastaría la federación en 2020, sólo 21 centavos corresponden al INE.

La Comisión sesionará mañana para discutir el anteproyecto que la Junta General Ejecutiva remitirá al Consejo General para su aprobación el próximo 28 de agosto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que los gobiernos federales, estatales y locales de Estados Unidos y México planean un nuevo cruce fronterizo, el Otay Mesa II, cuyo costo se estima en 100 millones de dólares.

Así lo dio a conocer el Subsecretario de Infraestructura de la dependencia, Cedric Iván Escalante Sauri, quien indicó que dicho proyecto nace con el objetivo de aliviar la congestión existente y enfrentar el futuro crecimiento en la circulación de vehículos de pasajeros y de mercancías entre San Diego y Tijuana.

En el marco de la Conferencia Bilateral México-Estados Unidos para el Desarrollo de la Infraestructura, Escalante Sauri dijo que está en proceso de liberación el derecho de vía para la construcción de la conexión carretera hasta el nuevo cruce. Para ello se empleará el esquema de concesión vía licitación.

El subsecretario explicó que el plan consiste en la construcción de un nuevo cruce internacional y puerto fronterizo, en una superficie total de 314 mil 773 metros cuadrados, ubicado al este del actual cruce en Mesa Otay.

Destacó que en el norte del país se ubican 54 cruces fronterizos. La infraestructura usada para exportar bienes por tierra alcanzó, en 2017, un valor de 384 mil 734 millones de dólares a través de autotransporte y 79 mil 944 millones de dólares por tren; 56% fueron exportaciones de México hacia Estados Unidos y 44 % importaciones.

La zona Tijuana-San Diego es la más importante de toda la frontera, atiende al 30% de los pasos diarios de automóviles, al 38% de los autobuses y al 30% de peatones. La zona Nuevo Laredo-Laredo es la más utilizada por los camiones, con alrededor de 2.2 millones de cruces al año.

Las otras regiones son: Mexicali-Calexico, California; Nogales-Nogales, Arizona; Ciudad Juárez-El Paso, Piedras Negras-Eagle-Pass, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville.

Foto: Twitter

Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, a pesar de que el gobierno suspendió el examen del texto tras las protestas duramente reprimidas.

Y aunque aún no hay una cifra oficial, medios locales hablan de que más de un millón de personas salieron a las calles para manifestar su inconformidad.

En la movilización de hoy, los inconformes lazaron consignas como “¡Desechen esa maldita ley!”, mientras avanzaban por las calles pidiendo la renuncia de la jefa del poder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, quien ayer anunció la suspensión del controvertido proyecto de ley.

Los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva. Respecto a Lam, no sólo pretenden su renuncia, sino que antes presente excusas por la represión policial de los últimos días.

La multitud de personas vestidas de negro que salieron a las calles se dirigió hacia el Parlamento. Es la segunda marcha multitudinaria que según estimaciones ha sobrepasado el millón de asistentes.

Jimmy Sham, del Frente Civil por los Derechos Humanos, comparó el proyecto de ley sobre las extradición con un “cuchillo” que pende sobre Hong Kong. “Casi llegó a nuestro corazón. Ahora el gobierno dice que no lo impulsará más, pero se niega a asumirlo”, dijo Sham a periodistas.

El miércoles, sin embargo, Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de este territorio a China, en 1997. Una manifestación de unas decenas de miles de personas fue dispersada por la policía con bombas de gases lacrimógenos y balas de goma.

La policía justificó la represión alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas.

Y aunque las protestas fueron desatadas por el proyecto de ley sobre extradiciones, las manifestaciones expresan también un resentimiento de la población de Hong Kong hacia Carrie Lam y China.