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Con el programa “Conduce sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ha detenido a 480 personas por conducir en estado de ebriedad, mientras que 409 vehículos han sido remitidos en lo que va de la jornada decembrina, del 12 al 22 de diciembre.

La dependencia informó que este año se incrementó la efectividad de las pruebas de alcoholemia realizadas, pues en 2018 por cada 100 pruebas aproximadamente cinco salían positivas; mientras que, en 2019, por cada 100 pruebas ocho son positivas.

Asimismo, la SSC  indicó que en esta jornada se puso énfasis en fortalecer la operación de los puntos y que éstos se encuentren supervisados para garantizar los derechos y la integridad de los ciudadanos.

Para el próximo año, se prevé que haya seis puntos diurnos diarios, 12 nocturnos, siete itinerantes y cinco fijos. Actualmente se tienen de cuatro a ocho puntos itinerantes, y en todos se cuenta con médico y juez, también se colocan seis puntos diurnos diarios para la revisión de transporte público.

Además del aumento de los puntos, para 2020 se tiene contemplado el endurecimiento de sanciones y la sensibilización del consumo responsable, se renovará la imagen de los puntos para mejorar la identificación y presencia institucional.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las sanciones para los conductores que conduzcan en estado de ebriedad es de arresto administrativo de 20 a 36 horas y penalización de seis puntos en la licencia.

Adicional, y con motivo del periodo vacacional, se informó que hay un promedio de 10 mil visitantes diarios a la pista de patinaje de hielo sintético instalada en el Zócalo.

Según el gobierno local, es el sitio más visitado en la capital en esta temporada; ofrece tardes y noches con música disco, mariachis, banda, norteñas, rancheras, cumbia y salsa.

Según datos del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, la pista Ecologísssima, por ser cero emisiones de contaminantes, es considerada la más grande y ecológica del mundo, su extensión es de cuatro mil metros cuadrados, con capacidad para recibir hasta mil 200 personas de manera simultánea.

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informara que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que “no se puede acusar sin pruebas”.

“Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, dijo AMLO respecto al dictamen de la SFP.

Añadió que además reiteraba el criterio que siempre ha tenido para este tipo de casos: no se puede acusar sin pruebas, “yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder”.

AMLO recordó el caso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien amenazó con demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre”, finalizó al reiterar que no lo han demandado por calumnia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que la instrucción que le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los expedientes relacionados con la investigación contra exfuncionarios, en especial, hizo referencia a al proceso de Rosario Robles.

Cuestionado sobre los reportes de una supuesta venta de terrenos a la extitular de Sedesol y Sedatu, López Obrador dijo que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, en este y en todos los casos es que presente a la Fiscalía todas las pruebas.

El mandatario señaló que es muy importante que se sepa que todos los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar o archivar ningún expediente, porque serían “encubridores”.

Agregó que cada vez que le entregan un expediente sobre algún hecho delictivo instruye que sea entregado a la Fiscalía y se le dé curso. “Es una directriz general y es la FGR la que decide”, señaló.

El mandatario habló del tema luego de una pregunta sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

Julio Hernández, el abogado de Rosario Robles, reveló que tienen indicios de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de licencia de conducir falsa como prueba en el caso contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.

En entrevista con Grupo Fórmula, explicó que esta prueba sirvió para que le dictaran prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El defensor aclaró que Rosario Robles pidió una solicitud de licencia de conducir el 18 de marzo con el domicilio de Coyoacán, pero “la otra licencia no la solicitó ella”.

El defensor dijo que la prueba le llegó en la noche a su oficia por debajo de la puerta en un sobre y refirió: “de comprobarse (esto) tendría que ir a prisión el Ministerio Público, porque toda la evidencia que utilizaron para que (Rosario Robles) estuviera en una prisión justificada, es un encarcelamiento indebido, no tendría un sólo elemento para estar en prisión preventiva”.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) confirmó que atrajo la investigación del ataque ocurrido en un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida al menos 28 personas.

La división, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que para atender los hechos, se movilizaron al lugar de los hechos a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes.

En relación a Ricardo “R”, a quien el gobierno estatal ha señalado como uno de los posibles autores del ataque, la SEIDO indicó que personal de la Fiscalía de Asuntos Internos ya se encuentra en las instalaciones de la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición de este individuo, realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México en los meses de julio y agosto de este año, por probables delitos de narcomenudeo.

Y es que recordemos que hay un cruce de declaraciones entre el gobierno estatal y la fiscalía local, sobre quién dejó en libertad a Ricardo “R”, alias “La Loca”.

En ese sentido, la FGR dijo que hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable su participación en los hechos ocurridos, y en caso de que así suceda, se dará a conocer de manera inmediata.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró esta mañana que en su gobierno no habrá persecuciones políticas, aunque tampoco habrá impunidad si existen pruebas de actos ilegales cometidos por funcionarios de sexenios anteriores o del actual.

“Desde que tomé posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza” dijo AMLO.

En ese sentido dijo, en el periodo de transición, hizo un reconocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto porque, a diferencia de otros presidentes, no intervino en el proceso electoral y no dio pie a que se hiciera un fraude.

“Ni siquiera a los que nos hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo”, dijo López Obrador en referencia al gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Incluso bromeó y dijo que no perseguirá a alguien porque le haya sacado la lengua o robado la presidencia. “No somos iguales”, agregó.

Expresó que, desde su perspectiva, es más importante la condena al régimen neoliberal que a las personas que ocuparon los cargos.

Aseguró que si bien no se persigue a nadie, si hay procesos que están en curso no se van a detener. En ese sentido dijo que él no hace peticiones a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre cómo actuar en ciertos casos. Indicó que no ha hablado por teléfono ni una sola vez con el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero.

Sostuvo que cuando hay información que respalda las acusaciones, lo que ha dicho a sus colaboradores es que se proceda de inmediato. 2Hay pruebas de corrupción, procedan, ah pero se trata de no sé quién, procedan. Esa es la diferencia, como también si no hay pruebas, pues no se puede”, remató.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, hizo un pronunciamiento referente a la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a actos de corrupción y delitos de trascendencia social.

En su denuncia destaca el incendio, ocurrido en enero pasado, de dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que resguardaban información relativa a mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos; la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de la exlideresa Elba Esther Gordillo está “perdido” y la Fiscalía General del Estado de Morelos, confesó que parte de las pruebas del asesinato del activista Samir Flores no son localizadas.

Otro caso, que levantó indignación entre la comunidad universitaria, fue el envío de parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenía valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.

Los representantes de los órganos garantes de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz hacen un llamado a entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.

Los denunciantes aseguran que aunque la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aseguran que los archivos son la memoria histórica del país y piden a la autoridades se investiguen a fondo las circunstancias de los siniestros perpetrados, así como la pérdida y extravío de información relevante para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos.

 

 

Con información de El Universal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, insistió en que no existen “pruebas” específicas que vinculen a la corona saudí en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, aunque no descartó que acaben apareciendo más adelante, informó este jueves el Pentágono.

“Necesito pruebas. Lo puedes llamar pistola humeante o sierra humeante, si algo señala que alguien está implicado (…). Pero debido a mi función en el Ejecutivo, necesito tener algo específico”, explicó Mattis.

El jefe del Pentágono aseguró que todavía “se están revisando” los informes, por lo que no descartó que en un futuro se pueda establecer, sin resquicio de duda, qué fue lo que pasó.

Con sus declaraciones, Mattis defendió la postura del gobierno de Trump de no acusar directamente a la corona de Arabia Saudí de haber participado en la muerte del columnista del diario The Washington Post, quien fue asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul.

Recordemos que el presidente Donald Trump ha rechazado distanciarse del país árabe debido, según dice, al hecho de que no existen pruebas de la implicación de la corona, además de la importante relación comercial existente entre ambas naciones.

 

La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario hizo un llamado a los universitarios y al público en general para que aporten testimonios, gráficos o videos, sobre los hechos de violencia que se vivieron el pasado lunes en la explanada de Rectoría.

La Comisión puso a disposición un correo electrónico ([email protected]) para recibir las aportaciones, e indicaron que todo lo recibido se agregará a la investigación sobre la actuación de los elementos de vigilancia de la Universidad.

Recordemos que en este sentido, se informó la suspensión del coordinador operativo de Seguridad UNAM, Jesús Teófilo Licona Ferro, debido a la actuación que él y el equipo a su cargo tuvieron durante las agresiones en contra alumnos universitarios por parte de grupo porriles.

El Rector Enrique Graue encargó a los miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario revisar los materiales a fin de hacer el deslinde de responsabilidades que permita, si fuera el caso, sancionar a quienes correspondan.

Adicional, la UNAM dio a conocer un desplegado firmado por directoras y directores de las facultades, escuelas, institutos y centros de estudio, en el que exigieron a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

Adicional los firmantes manifestaron su apoyo al Rector y a las decisiones y acciones que tome para afrontar la situación.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que al valorar los datos con que se contaban, se determinó que no existían las pruebas suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte.

Al respeto indicó que decidió reclasificar la acusación “sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”.

Subrayó que tras la conclusión de la fase de investigación complementaria, contemplada por el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público de la Federación determinó acusar únicamente al ex gobernador de Veracruz por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicional señaló que en paralelo al proceso que se sigue contra el ex priísta en la PGR, están en marcha otras acusaciones por parte de la Fiscalía General de Veracruz.

Enfatizó que a pesar de reclasificar las acusaciones contra Duarte, este tendrá que seguir el proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Rusia dijo este viernes que dispone de pruebas irrefutables de que el supuesto ataque químico del sábado pasado contra la ciudad siria de Duma, en el bastión opositor de Guta Oriental, fue un montaje para culpar a Moscú y al régimen de Damasco.

“Tenemos datos irrefutables de que se trata de un nuevo montaje, y que detrás está la mano de los servicios secretos de un país que en estos momentos trata de estar en la vanguardia de la campaña de rusofobia”, dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov respondía así a las acusaciones de Estados Unidos y sus aliados de que el gobierno de Bachar el Asad, protegido por Rusia, lanzó el supuesto ataque en el que murieron cerca de medio centenar de civiles.

Por u parte la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, aseguró esta mañana que tienen pruebas del supuesto ataque químico del pasado sábado en Siria y consideró necesario responder para frenar el uso de este tipo de armamento.

Haley, a su llegada a una reunión del Consejo de Seguridad, dijo que su país, Francia y Reino Unido han llevado a cabo análisis de lo sucedido en Duma y coinciden en que se utilizaron armas químicas.

“Hay prueba de que esto ocurrió”, dijo Haley, que defendió que no se puede permitir la normalización del uso de armas químicas, pero confirmó que su país aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hará en respuesta.

 

Con información de Agencias / Foto: Twiitter

Fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que tienen pruebas para acusar al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán de asesinatos, torturas, fugas de prisión e incluso un intento de introducir al país siete toneladas de cocaína en latas de chiles jalapeños.

De acuerdo con un memorando presentado el martes, hay pruebas de que Guzmán tuvo que ver con un tiroteo entre pandillas de 1992 en un club nocturno en Puerto Vallarta, México, que dejó seis muertos, de acuerdo con el diario The New York Times.

El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, dijo que estaba estudiando el memo y que “responderá oportunamente”.
El juicio en Brooklyn comienza en septiembre.

El lunes, la defensa pidió los prontuarios de capos, mulas, sicarios y contadores que los fiscales podrían llamar al estrado. La lista incluye unos 40 testigos, algunos de los cuales podrán declarar bajo alias.

Los fiscales dijeron que tienen fotos satelitales de Guzmán y su grupo, libros de contabilidad, decenas de videos, miles de llamadas y correos interceptados y más de 300,000 páginas de documentos.

Los fiscales pidieron al juez que excluya temas como las obras de caridad que Guzmán realizó en México; su anuncio reciente por intermedio de un abogado de que planea ser candidato al Senado mexicano; y un artículo del actor Sean Penn publicado en la revista Rolling Stone en enero de 2016, según el cual Guzmán se ha creado una reputación multifacética “casi mítica”, como la de “una figura similar a Robin Hood”.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

Este miércoles, Rosario Robles, actuar titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las acusaciones que se le han hecho por presuntos desvíos de recursos cuando ejerció la titularidad de Sedesol y ahora en Sedatu.

 

 

La funcionaria federal aseguró que no existe una relación entre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su persona, por lo que pidió le sea otorgado el derecho de réplica que la Ley le concede ante las notas periodísticas difundidas por el diario Reforma.

 

Indicó que en ambas dependencias, giró instrucciones para que en las áreas observadas por la ASF se hicieran las investigaciones pertinentes para aclarar si había alguna responsabilidad de carácter administrativo. Sostuvo que “si se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario público, incluida yo, he sostenido y sostengo, se actúe con todo el peso de la ley”.

 

Tal como adelantó la tarde de ayer a través de sus redes sociales, pidió al periódico Reforma presentar los contratos que se mencionan en su investigación; los documentos que acrediten las transacciones financieras entre las empresas mencionadas y ella, así como documentos que probarán que Rosario Robles desvió 1,300 millones de pesos.

 

Robles afirmó que no existe ninguna documentación y no hay ninguna prueba que la vincule con una triangulación de recursos. “Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme”.

 

Refirió que incluso el encargado del despacho de la ASF afirmó que “los informes de las auditorías están siendo publicados. No hay imputaciones de carácter personal, nosotros como Auditoria Superior de la Federación no determinamos culpables, no podemos asegurar aquí ninguna clase de presuntos culpables”.

 

 

A su llegada a las oficinas de la PGR, la funcionaria federal fue abordada por el Diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez  Máynez, quien le entregó un expediente en el que aseguró se sustenta el desvío de recursos e incluso se mencionaba su participación en los desfalcos, por los cuales él interpuso dos denuncias, de las cuales la PGR ha hecho caso omiso.

 

Por su parte Robles cuestionó que en los documentos recibidos existiera alguno que la vinculara, y dijo que en caso de que así fuera, se necesitaba fueran presentadas las denuncias ante las instancias correspondientes. “Queremos pruebas”, remató.

 

Tras concretarse la liberación del actor Axel Arenas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que había pruebas suficientes para detener al entonces probable responsable, pues un juez “había analizado” la carpeta y por ello giró la orden de aprehensión.

 

“Había una orden de aprehensión, quiere decir que pasó por el escritorio de un juzgador que en su momento analizó y consideró pruebas suficientes para librar esta orden de captura. Hay una reiterada imputación de testigos y hay datos que hacían y que direccionaban todo hacia una motocicleta; con reiteración también de los datos obtenidos por parte de una de las personas”, dijo el mandatario.

 

 

Por su parte la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, aseguró que se actuó “con apego a Derecho y en cumplimiento a los principios del sistema penal acusatorio, como el de contradicción, el de igualdad y el de lealtad, con respeto absoluto a los derechos humanos del aprehendido”.

 

Sostuvo que respetará el fallo del Poder Judicial y sostuvo que seguirá trabajando para que el delito no quede impune.

 

Familiares de Arenas indicaron que presentarán quejas en contra de la PGJ por haber señalado a su hijo pese que desde un inicio existían y que probaban la inocencia del actor. Añadieron que la Procuraduría mintió respecto a que su hijo conoció a la modelo argentina de una escuela de actuación, y señalaron que el homicida sigue libre.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

La defensa de  Joaquín “El Chapo Guzmán”, solicitó al Tribunal de Estados Unidos, país donde se encuentra recluido, aplazar el juicio contra su cliente para “agosto o septiembre”, pues indicó que  debido a la cantidad de documentos entregados por la corte, no disponen de tiempo suficiente para acceder a todo el material y revisarlo detalladamente.

 

William B. Purpura, abogado de Guzmán Loera, indicó que han gastado “tiempo y dinero” enr evisar los documentos que fueron entregados de manera digital, así como a que algunas evidencias producidas por el gobierno de Estados Unidos no son consultables.

 

El defensor sostuvo que “en este momento no estamos debidamente preparados para un juicio en menos de cuatro meses”, pues dijo, deben de revisar “más de 290 mil páginas de documentos y miles de grabaciones”, las cuales tienen que ser revisadas detalladamente.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

De visita por el estado de Campeche, el precandidato del la alianza PRI-PVEM-PANAL a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, lanzó la propuesta para que todos los aspirantes presenten sus pruebas toxicológicas, además de exámenes de salud físico y mental.

 

 

 

 

“La siguiente vez que regrese a Campeche voy a traer mis pruebas toxicológicas que acrediten mi estado de salud física y mi estado de salud mental (…) vamos a proponer que los demás precandidatos hagan lo mismo, que cualquiera que quiera participar goce de buena salud física, de buena salud mental”, dijo el ex titular de hacienda.

 

Meade Kuribreña aseguró que la idea fue propuesta por el Presidente del tricolor en el estado, Ernesto Castillo, de quien dijo “es un presidente creativo, un presidente del comité con propuestas ingeniosas con invitaciones importantes, con planteamientos relevantes”.

 

En el acto, Meade recordó que fue en esa ciudad donde “el PRI decide abrir la puerta y las entrañas del partido para que se sienta aire fresco, para que corra el aire y se sienta el ánimo de caminar con la sociedad”, en referencia al candado estatutario que se eliminó para poder impulsar a un candidato externo al partido. “Si no fuera por los vientos de cambio que soplaron en Campeche, yo no estaría aquí”.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter