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Al menos dos sicarios asesinaron a tiros este sábado a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, Puebla.

La también feminista fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta quienes le dispararon en al menos tres ocasiones, agresión que le provocó la muerte.

Cecilia Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el partido Verde Ecologista (PVEM).

La exfuncionaria dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias; además, evidenció las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.

Monzón fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género, pues quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, padre de su hijo.

El pasado 20 de mayo, la víctima denunció a la Fiscalía General del Estado que el proceso legal no avanzaba, pese a cumplir con todos los elementos de prueba.

Sin embargo, según medios y activistas locales, aseguran que el principal sospechoso del asesinato de Cecilia Monzón, es el diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac, a quien denunció penalmente en recientes días por falsificación de firma.

A raíz de su asesinato, cientos de mujeres se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato.

Colectivos, ciudadanas y activistas pidieron celeridad en el proceso de investigación para evitar que se le dé carpetazo y se pueda dar con los responsables de este hecho que daña y lastima a la sociedad poblana.

Durante su protesta, los colectivos feministas aprovecharon para pasar lista de las mujeres que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio durante lo que va de 2022, para recordar que no han tenido justicia y que no son olvidadas.

Al mismo tiempo, la familia y amigos más cercanos de Monzón velaron a la activista y ofrecieron una misa de cuerpo presente

Cabe destacar que las autoridades locales no han dado una postura oficial de la investigación que se realiza al respecto, aunque el gobierno estatal, en un comunicado, condenó el crimen y se comprometió a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

En el país, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1,000 feminicidios.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo esta mañana que era un tema muy doloroso y envió un abrazo a sus familiares; señaló que desde que el gobierno federal tuvo conocimiento de los hechos, ha actuado y se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno de Puebla.

«Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella», dijo AMLO.

Por su parte el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, dijo que el gobierno federal entró en contacto con el gobernador de Puebla y el fiscal estatal. Adelantó que hay material importante para la identificación de los agresores, y señaló que ya se realizan entrevistas para tener más detalles y pruebas que permitan esclarecer los hechos.

El cadáver del bebé Tadeo, que apareció en el penal de San Miguel en Puebla, tras ser extraído de un panteón de Ciudad de México, fue utilizado para «desestabilizar» el reclusorio, dijo este viernes Miguel Barbosa, gobernador de la entidad.

“¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay de otra más que esta disputa por el control del reclusorio y la desestabilización del mismo”, dijo el morenista en su conferencia de prensa diaria.

Las declaraciones del gobernador se dan un día después de que la Fiscalía de Puebla aseguró que «esclareció totalmente el caso del bebé hallado sin vida» el pasado 10 de enero en la basura del Centro Penitenciario.

La Fiscalía informó del arresto e imputación de cinco personas que presuntamente participaron en la introducción del cuerpo, entre ellas Nadia Carolina «N», quien lo habría llevado al centro y es «visitante frecuente» de Antonio «N», un reo.

Los custodios Jessica «N» y Gerardo «N» habrían colaborado con Nadia Carolina, y otro recluso, Sergio «N», lo habría depositado en el contenedor de basura en el que después lo hallaron.

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021, estremeció a todo el país cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable del penal.

El bebé, que había sido enterrado el 6 de enero en un cementerio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, murió por complicaciones intestinales en un hospital de la capital. Posteriormente fue enterrado en un panteón capitalino y exhumado días después para ser trasladado al penal de Puebla, donde apareció entre la basura.

El choque que se registró ayer en la carretera México-Puebla entre la policía y los integrantes de la caravana migrante que avanza hacia la Ciudad de México, dejó 17 heridos, entre ellos 13 agentes policiales, informó el gobierno capitalino.

Los enfrentamientos se produjeron en la entrada a la capital, en donde los indocumentados planean una protesta para exigir que se regularice su situación migratoria. Sin embargo, los migrantes indicaron que su primera intención era llegar a la Basílica de Guadalupe, con motivo del día de la Virgen.

El enfrentamiento se registró tres días después de que 55 migrantes murieron al volcar el tráiler que los transportaba en Chiapas, frontera con Guatemala, que, en su mayoría, aspiran a llegar a Estados Unidos, huyendo de la violencia y pobreza de sus países.

«Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a 13 policías lesionados, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) asistió a cuatro personas que requirieron atención médica», informó en un comunicado el gobierno de la Ciudad de México, sin especificar datos sobre éstos últimos.

El choque se produjo en el Puente de la Concordia, en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, donde estaban más de 300 policías, quienes «únicamente repelieron con su equipo de protección las agresiones hacia ellos, iniciadas por algunos integrantes de este grupo», dijo el gobierno.

«Luego de reiniciar las negociaciones con la caravana migrante», funcionarios de la Ciudad de México «acordaron con el grupo movilizar a sus integrantes en seis camiones para su arribo a la Basílica de Guadalupe», apuntaron las autoridades a través de un comunicado.

Además, el gobierno de la Ciudad de México indicó que puso a disposición de los migrante que arribaron el alberge acondicionado en el Deportivo Santa Martha Acatitla, donde dijo, hay instalaciones adecuadas para brindar la atención que se requiera.

El choque entre migrantes y agentes se suma a varios que han tenido extranjeros y sobre todo agentes del Instituto de Migración (INM) con integrantes de varias caravanas de migrantes en los últimos meses en varios puntos del sureste del país.

La tragedia del 9 de diciembre se produjo después de que se reactivara el programa de Estados Unidos que obliga a los migrantes a esperar en México la respuesta a sus solicitudes de asilo.

Recordemos que más de 190,000 migrantes han sido detectados en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74,300 han sido deportados.

Foto: Twitter @maguinc

Tres explosiones consecutivas ocurridas por una toma clandestina de un gasoducto dejaron la madrugada del domingo a por lo menos un muerto, 17 personas heridas, cuatro de ellas menores, y medio centenar de casas derrumbadas o fuertemente dañadas en San Pablo Xochimehuacán, en Puebla.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acompañado de autoridades civiles, militares y de Pemex, explicaron en conferencia de prensa que se evitó una tragedia mayor gracias a una llamada de emergencia previa a las explosiones, alertando de una nube blanca y olor a gas, lo que permitió la evacuación de 2,000 personas en un radio de un kilómetro.

La fuga fue tan grande que en algunas partes las casas quedaron convertidas en escombros, y más de doce horas después todavía había llamas en el lugar de la toma clandestina, las cuales cesaron una vez que comenzó una fuerte lluvia.

De los once hospitalizados, algunos con quemaduras hasta en el 75% del cuerpo, tres se encontraban intubados y otros dos en estado grave. Las autoridades no especificaron la situación de los menores, de entre 3 y 16 años.

Las labores de rescate comenzaron desde la mañana con binomios caninos por si pudiera haber personas entre los escombros, aunque Barbosa indicó que no hay reportes de desaparecidos. El gobernador agregó que, según un balance preliminar, hay 54 casas derrumbadas o con daños muy graves.

El domingo por la mañana ya había en San Pablo Xochimehuacán un total de 1,400 efectivos entre militares, Guardia Nacional, policías y bomberos municipales y estatales e incluso efectivos de emergencia llegados de Tlaxcala.

Se informó que cerca de 900 militares arribaron procedentes del Valle de México con todo tipo de herramientas, maquinaria y excavadoras y cuatro binomios caninos.

La explosión ocurrió poco antes de las tres de la madrugada. El primer reporte de la nube de gas se recibió a la 1:34 y casi de forma inmediata las autoridades comenzaron la evacuación, primero en un radio de 300 metros hasta llegar al kilómetro. La primera de las tres explosiones fue casi 80 minutos después.

«Si no hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación, hubiera habido una tragedia de grandes proporciones, terrible», aseguró Barbosa.

Incluso se tuvo que evacuar de forma preventiva durante algunas horas a 37 pacientes de un hospital de traumatología cercano, el cual reanudó operaciones normales poco después.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban grandes llamaradas, mientras se escuchaban las explosiones, que sembraron el pánico en la zona. Javier González, de Petróleos Mexicanos, insistió la mañana del domingo en que el riesgo estaba «completamente controlado».

Protección Civil de la ciudad tuiteó poco antes de las 7 de la tarde que, en trabajo coordinado con otros cuerpos, efectivos de Pemex se había cerrado la válvula y controlado la fuga. Desde por la mañana, las autoridades pidieron a los habitantes no acercarse al área.

Según los datos preliminares, el origen de la fuga fue en un predio particular desde donde se estaba robando gas. Frente a ese lugar hay una empresa de gas. En el predio de la toma clandestina había un camión cisterna y 25 cilindros de gas de 20 kilos cada uno, que los delincuentes estaban probablemente cargando, explicó González. La nube de gas se expandió a ras de suelo y al encontrar puntos calientes surgieron las explosiones.

El gobernador de Puebla se comprometió a indemnizar a las víctimas, reconstruir las casas e investigar a profundidad lo ocurrido. Según dijo, los primeros implicados están a la vista: los dueños del lugar donde estaba la toma y del camión cisterna, así como sus socios. También dijo que se investigaría a la empresa de gas situada enfrente.

La explosión tuvo lugar en San Pablo Xochimehuacán, un barrio al norte de la ciudad de Puebla, poco antes de las tres de la madrugada.

Esta mañana, durante al actualización del informe sobre las explosiones, el gobernador decretó dos días de duelo, y el izamiento a media asta, por dos días, de la bandera nacional en señal de luto, así como la colocación de moños negros en dependencias estatales por un mes.

«Tomé la decisión que tengamos en el gobierno dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas las oficinas de gobierno por el mes de noviembre  y un gran repudio a la delincuencia, al crimen organizado, a este desorden que nos está llevando a condiciones muy complicadas como sociedad», declaró Miguel Barbosa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció sus condolencias vía Twitter. Se limitó a decir que la fuga ya estaba controlada, además de que se procuraría que las familias desalojadas permanecieran a salvo.

El robo de combustible ha sido uno de sus grandes compromisos del actual gobierno federal, para lo cual ha desplegado miles de militares para custodiar los ductos. En Puebla había patrullajes constantes desde hace seis meses, según informaron este fin de semanas las autoridades.

Pero aunque las tomas clandestinas se han reducido en este gobierno, el problema no está solucionado.

Según un informe oficial de marzo, México perdía en promedio 4,000 barriles diarios de gasolina y diésel debido a las tomas ilegales, aunque el presidente dijo que los robos, apoyados por los habitantes de poblaciones enteras, eran ya muy pocos.

El gobierno del estado de Puebla confirmó la muerte de tres personas por las lluvias que dejó Grace a su paso por la entidad, con lo que suman al menos 11 los fallecidos por el huracán.

«Se registran tres víctimas mortales, una en el municipio de Huauchinango y dos más en Tlaola», informó en un comunicado el gobierno de Puebla.

Y es que el sábado, luego de que Grace tocara tierra a primera hora como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, el gobierno de Veracruz informó de ocho decesos, entre ellos una mujer y sus cinco hijos luego de que su casa fuera aplastada por un deslizamiento de tierra.

El fenómeno meteorológico tiene además incomunicadas a varias comunidades de ambas entidades por la caída de árboles o afectaciones mayores en las carreteras. Los veracruzanos, junto con habitantes de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, sufren daños en el sistema de electricidad.

Recordemos que Grace impactó en dos ocasiones nuestro país: el jueves como huracán 1 por la península de Yucatán, donde solo dejó daños materiales, y el sábado por el estado de Veracruz con vientos de 205 km/h. Al entrar a tierra, el ciclón se degradó rápidamente pero cubrió gran parte del país desatando lluvias todo el fin de semana.

Una zona de baja presión generada por los remanentes de Grace podrían originar un ciclón tropical frente a las costas del estado de Jalisco, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional de México.

En un comunicado, el organismo señaló que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy la zona de baja presión interaccionará con la Onda Tropical número 22 y con el abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Dichas condiciones propiciarán lluvias puntuales intensas en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se trasladará a Veracruz, donde presentará un plan de apoyo a las personas y poblaciones afectadas por el paso de Grace.

Y es que ya había un plan de visita a la entidad para encabezar la ceremonia conmemorativa de los 200 años de firmados los tratados de Córdoba que acordaron la independencia de México y el retiro de las tropas españolas de la entonces capital de la Nueva España.

Por lo que extenderá su viaje e incluso el miércoles sesionará desde el puerto de Veracruz el gabinete de seguridad, y desde ahí encabezará su conferencia matutina.

Un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, y a su familia, según informó el partido.

«Fueron secuestrados por un grupo armado. Exigimos una reacción inmediata de las autoridades y del gobernador Héctor Astudillo para localizarlos con vida», denunció Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC.

Aunque ni la dirigencia del partido ni las autoridades han detallado la hora y el lugar del suceso, Martínez Núñez publicó en sus redes sociales por última vez durante la tarde de ayer.

Esta mañana, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo indicó que desde el momento en que se recibió la noticia de la desaparición de la candidata, los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz tomaron acciones para su localización. No ofreció mayores detalles.

El secuestro de la candidata es parte de las 782 agresiones o delitos globales contra políticos, con un saldo de 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes, según la consultora Etellekt.

Candidatos de MC han sido víctimas de alto perfil, como Alma Rosa Barragán, aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y Abel Murrieta, quien buscaba ser alcalde de Cajeme, Sonora. Ambos fueron asesinados a plena luz del día en actos proselitistas.

La información del secuestro de Marilú Martínez se da luego de que se conociera que Porfirio Lima Olivares, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Acajete, Puebla, quien había sido reportado como desaparecido, fue hallado sano y salvo en Querétaro.

Fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien había informado que el político había sido secuestrado; sin embargo, ayer se difundió un video en el que el 29 de mayo pasado, el candidato se hospeda por su propia voluntad, en un hotel de Querétaro. Se registró con un nombre falso y permaneció ahí hasta ayer 1 de junio.

«El candidato fue trasladado a Puebla y serán las autoridades de aquella entidad, quienes continúen con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones y/o secuestro simulado», dijo la Fiscalía de Querétaro.

La Fiscalía General de Puebla informó este miércoles que fue vinculado a proceso Rafael N., director de la empresa que era propietaria de la aeronave que se accidentó el 24 de diciembre de 2018, accidente donde perdieron la vida la entonces gobernadora de la entidad Martha Erika Alonso.

Además de la gobernadora, en el accidente también fallecieron su esposo el entonces senador Rafael Moreno Valle y tres personas más

La Fiscalía precisó que de acuerdo con los datos de prueba que se aportaron en audiencia la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la vinculación a proceso se dictó el pasado 12 de marzo.

Los delitos de los que se le acusan a Rafael N. son homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.

Rafael N. permanecerá en prisión preventiva en lo que se le dicta sentencia. Hasta ahora, se han detenido a cinco trabajadores de la empresa Rotor Flight Services, así como al dueño de la misma.

Recordemos que el 27 de marzo del año pasado, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que tras una investigación al accidente, la causa del incidente fue el mal funcionamiento de la aeronave por mantenimiento inadecuado.

El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.

De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político «solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada».

Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.

Además, la organización señaló que el exgobernador «se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica».

Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.

El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.

«Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva», apuntó Maldonado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió «un proceso justo» para el exgobernador.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.

Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro «Los demonios del Edén», Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un «coscorrón» a Cacho.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido este miércoles en Acapulco, Guerrero, acusado de haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005, luego de que revelara una red de pornografía y prostitución infantil en la que presuntamente estuvo involucrado.

«El gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor», confirmó desde su cuenta de Twitter el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

La acusación es por el delito de tortura hacia la periodista y activista Lydia Cacho; se informó que el exgobernador ha sido trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde es requerido por las autoridades.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado «Los demonios del Edén», en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2007 que no se violaron «de forma grave» las garantías individuales de Cacho.

En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.

A comienzos de 2019, el gobierno federal, ya con López Obrador al frente, pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

Foto: Twitter

La dirigencia nacional de Acción Nacional, así como la dirigencia estatal en Puebla, acusaron que el gobierno del presidente López Obrador pretende «sepultar» la verdad con un relato «inverosímil y ocurrente» que no aclara el desplome del helicóptero en el que viajaban la exgobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; su esposo Rafael Moreno Valle, y la tripulación de la aeronave.

Marko Cortés y la Presidenta estatal en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, indicaron que a un año tres meses de la muerte de la exgobernadora de Puebla, la administración de López Obrador aprovecha la crisis de la pandemia del Covid-19 para cerrar y tratar de sepultar un caso que requería una mayor investigación.

Señalaron que la investigación que se hizo aún deja muchas dudas sueltas, así como contradicciones, por lo que indicaron, se debe llegar hasta las ultimas consecuencias y saber qué fue lo que realmente pasó.

“El informe habla de la impericia del piloto, pero antes el propio gobierno había dicho que los pilotos eran expertos, también dicen que había dos tornillos sueltos, pero antes habían dicho que los rotores no habían fallado, ahora entonces ya no se sabe si fue falla técnica o falla humana”, destacaron.

Indicaron que en Acción Nacional no están conformes con los resultados ofrecidos después de 15 meses por el gobierno, ya que además de demostrar lentitud, dejan cabos sueltos.

Además, indicaron que el informe es una nueva cortina de humo como las tantas que han utilizado el gobierno para tapar la crisis generada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien señaló que el Covid-19 solo le daba a los ricos, mientra que los pobres eran inmunes,  por lo que él no se contagiaría.

«Estos gobiernos morenistas son muestra clara de incompetencia, insensibilidad y falta de profesionalismo”, sostuvo Marko Cortés.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espríu, indicó que de acuerdo con las investigaciones, el 13 de diciembre del año pasado, 11 días antes del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más, el helicóptero ya presentaba fallas.

Al presentar el informe final sobre el accidente, el funcionario federal comentó que la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano continúo con la operación del helicóptero a pesar de las fallas presentadas, por lo que habría violado la normatividad.

De acuerdo con el informe, las fallas que se detectaron en la aeronave donde viajaban Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, fueron en uno de los actuadores lineales que mueven las aspas del motor principal.

Indicó que tras concluirse las investigaciones, se descartó alguna falla en el motor, sabotaje o explosión. «El helicóptero debía estar en tierra. No debía volar», precisó.

Adicional, mencionó que las investigaciones arrojaron que antes del impacto «no hubo desprendimiento alguno del helicóptero, ninguna de sus piezas se desprendió».

Con esto, la causa probable del accidente  fue la pérdida de control del helicóptero. «La causa probable del accidente fue la pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”, explicó Jiménez Espriú al participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Se mostró un correo electrónico que el taller Rotor Flight Services envió al Taller Precision Accesories & Instruments, en el que se informaba que  «el actuador que nos repararon, me lo está  reportando mantenimiento que está fallando, por lo que van a bajarlo de la máquina, aquí quiero saber para aplicar la garantía y poder proceder con la misma, ya que si sería un poco urgente por que la máquina tiene vuelos comprometidos y no podemos parar».

Jiménez Espriú indicó que las carpetas de la investigación serán remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), ante aparentes causas constitutivas de delito. Adelantó que se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a la empresa Servicios Aéreo del Altiplano, S.A de C.V., dueña del helicóptero accidentado, y al taller de mantenimiento Rotor Flight Service, S. de R.L. de C.V., que era la encargada del mantenimiento de la aeronave.

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que como parte del dispositivo de prevención, seguridad y vigilancia que se lleva a cabo para evitar los llamados saqueos a centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, 73 personas han sido detenidas.

Dichas detenciones se han realizado desde el pasado 23 de marzo cuando se puso en marcha el operativo.

En los dos primeros días del operativo 42 personas fueron detenidas, mientras que ayer miércoles se realizaron 24 detenciones más.

Adicional, durante la madrugada de hoy seis personas fueron aseguradas por el intento de robo a una pizzería; y un hombre fue detenido por haber participado en un robo en la alcaldía Iztapalapa.

En este despliegue en el que participan más de 6 mil policías y cerca de tres mil vehículos, se han recibido y atendido 30 denuncias por robo, asaltos e intentos de saqueos en diversos centros comerciales.

Dichos saqueos o intentos de saqueo se han registrado en 10 alcaldías de la capital: en Iztapalapa se atendieron 10 reportes de robos y asaltos; en Gustavo A. Madero cinco; en Cuauhtémoc, cuatro; Iztacalco registró tres casos; Miguel Hidalgo y Azcapotzalco dos incidentes; y en Venustiano Carranza, Tláhuac, Tlalpan y Benito Juárez, un caso en cada alcaldía.

La dependencia detalló que entre los objetos robados y en la mayoría de los casos recuperados están bebidas alcohólicas y refrescantes, cajas de cigarros, botanas y helados; y en algunos casos ropa y tenis, o artículos diversos como pilas y teléfonos celulares.

Sin embargo, los saqueos no se han limitado a la Ciudad de México; en el Estado de México, en municipios como Tecámac, Ecatepec, Naucalpan, Texcoco y Cuautitlán, también se reportaron incidentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) informó que derivado de diversos robos a tiendas departamentales llevados a cabo en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid- 19, hasta el momento han sido puestas a disposición del Agente del Ministerio Público 19 personas, dos de ellas mujeres y 17 hombres, por los delitos de robo con violencia, así como provocación del delito y apología del mismo.

Precisó que en total han sido integradas 18 carpetas de investigación, cuatro de ellas iniciadas en Tecámac; tres en Ecatepec; dos en Naucalpan; dos en Cuautitlán; una en Nezahualcóyotl; una en Nicolás Romero; una en Tultitlán: una en Texcoco; una en Amecameca; una en Ixtapaluca y otra en Chalco.

Se indicó que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con corporaciones municipales y la Guardia Nacional, continuarán realizando diversas estrategias, entre ellas patrullajes cibernéticos y operativos en campo, para evitar robos a tiendas departamentales y comercios, y de ser el caso, llevar a cabo las detenciones correspondientes.

En otros estados como Oaxaca y Puebla también se han registrados eventos de robo a tiendas.

Al encabezar una conferencia de prensa para actualizar la información sobe el Covid-19 en la entidad, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la enfermedad de «ricos».

«La mayoría (de los enfermos) son gente acomodada, eh. ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes», dijo el morenista, lo que rápidamente fue difundido en redes sociales.

Sin embargo, no fue la única declaración que causó polémica, pues dijo que no dejará de atender a personas con necesidades, esto tras suspender el Martes Ciudadano, hasta que le dé coronavirus.

«Voy a seguir (atendiendo a la gente) hasta que me dé coronavirus y muchas gentes ya vinieron a verme para pedirme ayuda solidaria, esa es la parte que nos viene y de la cual nos estamos preparando para responder».

El gobernador llamó a todas las autoridades y presidentes municipales a actuar con responsabilidad y solidaridad, y les recordó que las herramientas que se han implementado, «no son para jugar, no saturemos a las instituciones».

Barbosa reiteró que en Puebla no se va a parar la actividad económica pese a la pandemia que se vive, aunque dijo que sí se atenderán todas las medidas preventivas que sugieren los expertos y que hasta ahora se han implementado como la sana distancia e higiene.

Sobre la situación de la pandemia en el estado, el secretario de salud estatal, Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que hasta el momento hay 38 personas infectadas: 28 casos son importados, siete se asocian con importación, dos son fruto de contagio comuntario y uno aún no presenta síntomas.

El secretario detalló que del total de casos confirmados, sólo ocho se encuentran hospitalizadas, los demás se recuperan en sus domicilios. Chalchicomula, San Andrés Cholula, Tlapanalá, Teziutlán, Huejotzingo y Puebla son los municipios en los que se han registrado los casos positivos.

Ante las críticas que recibió por sus declaraciones, fue editado el video de la conferencia que se encuentra disponible en el canal del Gobierno de Puebla, con un corte entre los minutos 33 y 34.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, indicó que será en el primer trimestre de 2020 cuando esté concluido el diagnóstico final de la investigación técnica del accidente aéreo en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

Y es que fue el pasado 24 de diciembre de 2018, cuando el helicóptero marca Agusta A109S, se accidentó en el Poblado de Santa María Coronango, Puebla; además de la gobernadora y su esposo, perdieron la vida Héctor Baltazar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Coppe Obregón.

El titular de la SCT indicó que debido a que el análisis realizado de todos los componentes y piezas recabadas del helicóptero ha sido exhaustivo y detallado, «se prolongó más de lo previsto» la conclusión del informe.

Se indicó que tanto las autoridades mexicanas como las agencias y compañías internacionales que participan en la realización del informe, no dejarán espacio para dudas.

Los integrantes de la comisión internacional acordaron, para que no hubiera discusión sobre el resultado, que todas las pruebas y análisis de laboratorio se hicieran en presencia de representantes de cada una las agencias y compañías, lo que aseguraron, da una «enorme seguridad y transparencia», aunque hace más largo el proceso.

La comisión, integrada por las agencias y compañías, ya recibió y analiza los reportes correspondientes, para realizar el diagnóstico final, en el que se establecerán los factores causales y contribuyentes, así como las recomendaciones que deberán quedar incorporadas en el proyecto del Informe Final de Causa Probable.

En el análisis participan la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y expertos en la investigación de accidentes aéreos de la Trasportation Safety Board (TSB) de Canadá, la Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) de Italia, la National Transportation Safety Board (NTSB) de USA, y la European Union Aviation Safety Agency (EASA) de Europa.

También se tiene la asesoría de las empresas fabricantes Leonard Helicopter Division (LHD) y Logic en Italia, Patt & Whitney y Safran en Canadá, así como Honeywell Aerospace y Collins en Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si se podría descartar la posibilidad de un atentado, Jiménez Espriú sostuvo que desde un principio se descartó dicha idea, pues «no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado».

El funcionario federal señaló que no se han encontrado restos de pólvora, o algún balazo u otra prueba que pudiera apuntar a que se trate de un atentado.

A un día de cumplirse un año del accidente en que perdieron la vida la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle y tres personas más, el PAN exigió al gobierno federal un resultado concreto de la investigación.

El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que es de justicia elemental que se informe a los mexicanos qué provoco la caída del helicóptero y si hay presuntos responsables directos o indirectos del lamentable suceso.

“Son 12 meses de exigencia por conocer la verdad. Son 12 meses de opacidad del gobierno en un asunto de la más alta prioridad para los poblanos y para México. A un año de la tragedia, es de justicia elemental que nos digan que la provoco y si hay presuntos responsables del lamentable suceso. Por eso, sin mayores pretextos y ni retrasos emplazamos al gobierno a que ya nos diga que fue lo que ocurrió”, expuso el dirigente panista.

Dijo que, a casi un año, el gobierno solo ha reiterado que el helicóptero “estaba en perfectas condiciones”, que el clima era adecuado y que los pilotos estaban capacitados, situación que además de alimentar sospechas de todo tipo, revela la incompetencia de las autoridades responsables de las investigaciones encabezadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Explico que en el PAN hay un malestar generalizado por la falta de resultados en este asunto, y que la indiferencia o negligencia del gobierno de López Obrador indigna a toda la sociedad.

Al respecto, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dará a conocer este medio día los avances de la investigación sobre la muerte de la exgobernadora y el exsenador.

“Hoy vamos a informar sobre las investigaciones, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Espriú va a dar un informe de la investigación», reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, aseguró que aunque Puebla registra una disminución en la tasa de homicidios, se han reforzado las acciones de seguridad pública para inhibir la incidencia delictiva.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que este viernes se realizó desde dicha entidad, el funcionario destacó la posición del estado por debajo de la media nacional en materia de homicidios dolosos, al ocupar los sitios 17 en el acumulado a agosto y el 10 por entidad federativa, y el lugar 20 en todos los delitos, que también van a la baja.

Sandoval González mencionó que se tienen identificados siete municipios de mayor incidencia delictiva: Puebla, Quecholac, Amozoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca, sobre todo por robo de hidrocarburos, narcomenudeo y pugna entre células delictivas.

Señaló que para combatir el delito en Puebla, el estado está divido en cinco coordinaciones regionales, tres de las cuales la ocupan la Guarda nacional y en dos la Defensa Nacional tiene efectivos realizando funciones de esta nueva corporación.

Detalló que se tiene un despliegue de efectivos de elementos de seguridad de 18 mil 432 hombres, de los cuales cinco mil 163 son de la Sedena, 31 de la Secretaría de Marina (Semar), dos mil 378 son de la Guardia Nacional en las tres coordinaciones, tres mil 617 son de la Policía Estatal y siete mil 243 de la Policía Municipal.

Por su parte el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, agradeció al gobierno federal por el apoyo recibido, y denunció que recibió un esquema de seguridad pública deteriorado, el cual ahora se está fortaleciendo, gracias a una coordinación estrecha con la Guardia Nacional, el Ejército y las Fiscalías.

Confirmó que durante el mes de septiembre se logró bajar en un 17% la incidencia delictiva de la entidad.

Dijo que el combate a la delincuencia y el proceso de construcción de paz y seguridad se basa en tecnología y estrategia, por lo que están invirtiendo recursos para el arrendamiento de patrullas y la compra de armamento.

Indicó que también hay un proceso de renovación en los Centro de Mando.

Reveló que hay un déficit de policías muy alto, lo cual se revertirá, garantizando que los nuevos elementos cumplan con certificaciones y exámenes de control y confianza.

Barbosa aseguró que en Puebla no existe la presencia de cárteles nacionales, sino células de delincuentes locales, sobre lo que se está trabajando para desarticularlas.