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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados, 699 informes individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en las que detectó irregularidades por 104 mil 241 millones de pesos, de los cuales 98 mil 102 millones corresponden al gasto federalizado que el Ejecutivo entrega a los estados y 6 mil 879 millones a posibles desvíos de dependencias federales.

 

Se indicó que dichos informes complementan las revisiones presentadas en junio y octubre pasados que fueron 1,166, y que también corresponden al ejercicio fiscal 2016. El total de auditorías realizadas sobre la Cuenta Pública 2016 asciende a 1,865.

 

Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y Auditor Superior en funciones, informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se emitieron 10,346 observaciones, de las cuales 4,439 corresponden a recomendaciones; 643 solicitudes de aclaración; 2,557 pliegos de observaciones; 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

 

En su mensaje a los legisladores, señaló que los entes fiscalizados tienen 30 días para aportar las pruebas que pudieran aclarar las observaciones recibidas. Algunas de las dependencias involucradas las presuntas irregularidades son la Sedesol, la Sedatu, Sagarpa, Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

 

Los estados con mayor número de observaciones fueron Veracruz, con 12 mil 150 millones; Estado de México, 7 mil 320.6 millones; Michoacán, 5 mil 481.2 millones; Nuevo León, 4 mil 019.7 millones y Chiapas, con 3 mil 868.9 millones de pesos.

 

El documento entregado hace referencia a las áreas de riesgo en que se presentaron “problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes gubernamentales llevan a cabo”.

 

  • Contrataciones entre entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  • Obra pública
  • Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado
  • Finanzas estatales
  • Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.

 

Con información de medios / Foto: Archivo APO

Luego de que esta mañana se difundiera una investigación sobre el supuesto desvío de recursos en la SEDESOL y la SEDATU cuando Rosario Robles estuvo al frente de dichas dependencias, fue la funcionaria federal quien negó las acusaciones y retó al diario que dio a conocer la información a probar sus acusaciones.

 

 

En un primer mensaje, Robles aseguró que es falsa la información difundida, y aunque si bien no negó que en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hayan encontrado irregularidades en las dependencias, sostuvo que “no hay una sola línea o señalamiento que diga que yo Rosario Robles haya realizado un desvío de recursos”.

 

Indicó que debido a que el país se encuentra en un proceso electoral y para evitar guerras políticas, solicitó a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública investigar sus cuentas bancarias y su evolución patrimonial, además de que autorizó se haga pública su situación financiera rechazando el secreto bancario. Dijo “la que nada debe nada teme”.

 

Aprovechó su red social para asegurar que prueba de la falsedad de la acusación, es la investigación que se le realizó en 2001 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la investigó “hasta por debajo de las piedras y no se encontró ninguna irregularidad”.

 

 

Retó al periódico Reforma a que sea este miércoles en punto de las 12 del día, para que acudan ante la Procuraduría General de la República (PGR) para acreditar con documentos la relación que existe entre las empresas mencionadas en la investigación y su figura. “Están obligados a probar su acusación”.

 

Debido a lo prioritario que es su construcción, la Casa Blanca incluirá una partida cercana a los tres mil millones de dólares como adelanto para el muro en la frontera con México en el presupuesto de gasto que presentará esta semana al Congreso.

 

El encargado de hacer el anuncio fue el director de la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, Nick Mulvaney, quien afirmó que la construcción del muro es una las tareas prioritarias de la Administración del Presidente Trump.

 

“El año pasado, en el presupuesto de 2018, pedimos algún dinero para el muro, creo que fueron 1.6 mil millones de dólares. Estamos pidiendo cerca de tres mil millones este año para el muro”, sostuvo Mulavney en entrevista con la cadena Fox News Sunday.

 

Añadió que adicionalmente se solicitará el traslado de fondos del presupuesto del año anterior hacia el de este año etiquetados para la misma tarea, los cuales estarían supeditado a la concreción de un acuerdo bipartidista que regule la situación de cientos de miles jóvenes indocumentados.

 

“Existe suficiente  dinero para construir todo el muro, o casi todo, asumiendo que se haga el DACA”, precisó el funcionario.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Todo parece indicar que las cosas para Ricardo Anaya se complicarán aún más, pues como regalo de cierre de precampaña, en su nueva edición el diario Proceso revela nuevos detalles que desmienten sus “vagas justificaciones” sobre lo publicado la semana pasada respecto a las supuestas triangulaciones financieras de la “Fundación por más Humanismo”

 

El precandidato presidencial, atribuyó al PRI la “filtración” de los datos que exhibían el negocio millonario que se realizó al amparo de la agrupación supuestamente sin fines de lucro, lo cual en la nueva entrega de la revista queda desmentido.

 

Tal como lo ha argumentado, Anaya renunció a la asociación civil en mayo de 2014, cinco años después de creada, pero dos años después de su renuncia, seguía siendo el representante ante las autoridades fiscales, tal como se acredita con la Constancia de Situación Fiscal de la asociación civil a la que Proceso tuvo acceso y que cuenta con fecha de 7 de abril de 2016.

 

Además se señala que el domicilio fiscal de la “Fundación por más Humanismo” era el propio domicilio particular de Anaya, en el fraccionamiento Club Campestre de Querétaro, así como el correo electrónico de contacto que se encontraba registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 

A su vez, el empresario Eduardo de la Guardia Herrera quien también participó en la organización como vocal, y que renunció en la misma fecha que Anaya, siguió manejando la cuenta bancaria de la asociación civil hasta 2017, cuando emitió cheques a su nombre que cobró en efectivo. Incluso los estados de cuenta llegaban al domicilio particular de De la Guardia Herrera.

 

De la Guardia era parte de esta última y titular de la cuenta bancaria junto con Anaya cuando, en 2010, recibió un depósito del empresario Abraham Jaik Villarreal por un millón 650 mil pesos para comprar un terreno en el que se construyó un edificio. Cuando éste se vendió, en 2016, ambos empresarios se repartieron los 7 millones 800 mil pesos de pesos producto de la venta.

 

Con información de Proceso / Foto: Archivo APO

El Presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, pidió a la precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, dejar de mentir con un tema tan delicado para los capitalinos como lo es la reconstrucción tras el sismo de septiembre pasado.

 

“Quizá no es guerra sucia, quizá solo es la ignorancia de Claudia respecto al procedimiento para la aplicación de los recursos para la reconstrucción, lo que la ha llevado a mentir y decir que tres diputados locales tendrán en sus manos el manejo de los mismos, cuando el Jefe de Gobierno es el único facultado para destinarlos a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre”, dijo el perredista.

 

Flores explicó que las funciones de la Asamblea Legislativa son claras, y una de ellas es la de vigilar la correcta aplicación del presupuesto, por lo que los diputados locales sólo puede supervisar que los recursos lleguen a quienes en verdad los necesitan con la mayor transparencia y que no se desvíen para otros fines, pero la facultad de ejercer esos recursos es única y exclusiva del Ejecutivo local.

 

Las declaraciones del dirigente perredista surgen luego de que la ex delegada de Tlalpan afirmara que su oponente Alejandra Barrales estaría a favor de que los diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero manejen los recursos de la Ciudad para la reconstrucción. Indicó que si eso sucedía, claramente sería una señal de que su campaña sería beneficiada con ese dinero.

 

“No me sorprende que Claudia Sheinbaum quiera engañar a la gente con el discurso absurdo de que tres diputados van a manejar dichos recursos, pero lo que si es imperdonable, y debería ser inaceptable para Claudia es que haya pasado de noche que todos los diputados de Morena  junto con Víctor Romo y Beatriz Olivares votaron en contra de dotar casi 9 mil millones de pesos a la reconstrucción”, remató.

Luego de haberse difundido una investigación en la que se señala a Ricardo Anaya de orquestar una supuesta triangulación de recursos a través de la “Fundación por más Humanismo AC”, el panista emitió un posicionamiento al respecto, y aseguró que la asociación jamás recibió un solo centavo de recursos públicos, además de que siempre se actuó apegado a derecho y sin fines de lucro.

 

 

“Todo lo que ha hecho esa fundación ha sido absolutamente transparente, absolutamente apegado a derecho, yo no me beneficiado con un solo centavo y es muy importante que se sepa, cada peso que esa fundación manejó fue recurso 100% privado”, indicó Anaya de visita por Veracruz.

 

El ex dirigente nacional del PAN reiteró que jamás recibió ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación, pues desde 2014 que presentó su renuncia a dicha asociación “esta contaba con activos y deudas prácticamente equivalentes. El único activo era el inmueble referido, que aún se encontraba en proceso de construcción, y los pasivos eran las deudas producto de los préstamos obtenidos para su edificación”.

 

Anaya aseguró que dicha investigación con verdades a medias, no es más que una guerra sucia en su contra, orquestada por el PRI, pues están desesperados y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de José Antonio Meade.

 

Adicional hizo un llamado a conducir la precampaña con civilidad, “a que hablemos con verdad, a que no engañemos al pueblo para tratar de ganar votos como está haciendo el PRI, eso no le ayuda a la democracia, esto de andar contando medias verdades para confundir a los ciudadanos, filtrar información a medias, inclusive confundiendo a los propios medios de comunicación, estoy convencido de que no es ético, yo le exijo al PRI que paren ya su guerra sucia y que hagamos una campaña de propuestas”, remató.

 

Con información de Noticieros  Televisa / Foto: Twitter

El aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en su natal Querétaro la “Fundación por más Humanismo” en mayo de 2009, después de renunciar a la administración del gobernador Francisco Garrido Patrón, la cual de acuerdo a una investigación realizada por la revista Proceso, ha servido de fachada para triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.

 

De acuerdo con la información difundida por Proceso, en 2010 Anaya recibió a través de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, con lo que  adquirió un terreno en la que construyó un edificio que en 2016 vendió a una empresa copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién por un monto de 7 millones 854 mil pesos.

Sin embargo de los 7.8 millones de la venta del edificio, Anaya le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal, aunque existió otra transferencia de  4 millones 909 mil pesos a la empresa de éste.

 

Las reacciones a la información difundida no se han hecho esperar, y una de las primeras fue la del ex panista y ahora colaborador de José Antonio Meade, Javier Lozano, quien dijo a Reforma que “usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”.

 

“Esa es justamente la hipocresía que ha inundado al PAN, encubren una cauda de corrupción ilimitada, como pasó con los moches. Si Anaya fue capaz de usar una fundación para lavar dinero para un negocio, puede ser capaz de muchas cosas”, dijo el ex Senador.

 

Con información de Proceso y Reforma / Foto: Archivo APO

El cierre de Gobierno que se vivió el viernes en Estados Unidos, coincidió con el primer año de gobierno de Trump, razón por la cual las críticas se han centrado en él. Sin embargo, los demócratas también resultan ser culpables, pues a lo largo de un año han logrado muy poco por no decir nada como oposición política.

 

Los demócratas no han logrado elaborar una buena propuesta para hacer que los ciudadanos puedan votar por ellos dado el desencanto que hay hacia Donald Trump.

 

Ahora, las encuestas señalan a los demócratas como los culpables del cierre de gobierno.

 

 

Luego de la polémica que se desencadenara al saberse de la presunta clonación de tarjetas que Bansefi entregó a los damnificados del sismo de septiembre pasado como parte del programa de Fonden, la institución negó que cualquier fraude o desvío de recursos.

 

 

A través de un comunicado, Bansefi negó “la existencia de fraude o desvío de recursos en el proceso de entrega de tarjetas bancarias Fonden” que dicha dependencia controló. Detalló que “toda la ayuda ha sido depositada debidamente a los beneficiarios conforme al tipo de daño determinado por la autoridad”.

 

El banco reconoció que “se presentaron incidencias en las operaciones y en la información de los potenciales beneficiarios derivadas de la urgente necesidad de emprender su atención inmediata”, sin embargo aclaró que todo el proceso de entrega tendrá “actualizaciones y correcciones”.

 

A pesar de que en la entrega de ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalló que buscó a Bansefi para obtener su posicionamiento al respecto y ésta no quiso dar declaración alguna, la institución “invitó” a MCCI a que “acudan a nuestra institución y requieran toda la información que sea útil para efectos de máxima transparencia”.

En un segunda entrega de la investigación que se ventiló ayer, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer este martes que si bien Bansefi clonó a damnificados del sismo, se detalla cómo fue que se operó el retiro de los recursos.

 

Compras realizadas, con poco tiempo de diferencia, en lugares alejados de Oaxaca y Chiapas de donde son los damnificados que en cuestión; cientos de transacciones por un solo peso y retiros efectuados, incluso, antes de que llegaran los plásticos a manos de los afectados por los terromotos. Para extraer el dinero se utilizaron terminales bancarias de un supermercado, dos pizzerías y una tienda de telefonía celular ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. Hasta ahora, sólo se confirmó la clonación de 249 tarjetas; el número podría ser mayor.

 

La CNBV señala que Bansefi carece de mecanismos para detectar y bloquear estas transacciones fraudulentas.

 

A unas siete cuadras de la playa de Boca del Río, en Veracruz, está la tienda Chedraui en donde, durante once días, del 23 de octubre y hasta el dos de noviembre de 2017, se hicieron cargos a 82 tarjetas entregadas a los afectados por los sismos de septiembre pasado; el supermercado de Boca del Río es uno de los cuatro establecimientos comerciales que de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se mencionan como los sitios desde donde se realizaron cargos a las tarjetas de débito clonadas a damnificados de Chiapas y Oaxaca. Los otros tres comercios son una pizzería de Guadalajara, Jalisco; otra del Puerto de Veracruz; así como una tienda de celulares en Cancún, Quintana Roo.

 

Buena parte de los cargos se realizaron, incluso, antes de que se entregaran las tarjetas a los afectados por los terremotos. Y esto ocurrió porque Bansefi, instancia responsable de depositar el dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las tarjetas y de repartirlas, carece de mecanismos que permitan prevenir fraudes en los plásticos que emite, de acuerdo con la investigación de la CNBV.

 

Hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. La CNBV confirmó que 96.5% de esas tarjetas sí fueron hackeadas y se extrajeron a través de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos.

 

El fraude, sin embargo, podría ser mayor: la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.

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El Secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, reprochó al gobierno federal no darle celeridad  al tema de la reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en Oaxaca y Chiapas y  de manera fraudulenta utilicen los recursos económicos para fines electorales, afectando gravemente a las familias damnificadas.

 

“Es imperdonable que el gobierno federal no haya puesto la atención suficiente y se hayan dado tarjetas para la reconstrucción con el mismo nombre a más de 30 personas  y que con ello se cometiera  fraude, es un tema muy sensible y vulnerable para  la sociedad mexicana quienes  esperan  ayuda y atención por las pérdidas materiales que sufrieron” enfatizó el perredista.

 

Recalcó que ese dinero de las tarjetas, “dinero saqueado”, tenga tintes electorales en dichos estados y se juegue con la pobreza de la ciudadanía en lugar de generar políticas públicas para acortar la desigualdad.  “Desafortunadamente es sabido que ese es el juego y el actuar de los gobiernos priistas para obtener votos, aprovechándose de la condición de pobreza de las personas”, enfatizó.

 

Finalmente el Secretario General demandó que el desvío de recursos utilizados para la “reconstrucción” sea investigado a fondo y que los culpables sean sancionados y se les finquen responsabilidad penal, sean de Bansefi  o de cualquier dependencia federal.

 

“La gente espera de manera desesperada apoyo para la reconstrucción de sus viviendas y es imperdonable que no se haya atendido esta lamentable situación de manera inmediata por parte del gobierno federal”, finalizó Ávila Romero.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al gobierno de Chihuahua, de querer extorsionar a la institución para obtener recursos económicos que no le corresponden.

 

 

“No se trata e pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley; no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe hacer es ceñirnos al marco de la ley. Esto ha sido avalado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Conago y por distintos actores de gobiernos estatales, quienes han dicho que, en efecto, la Secretaría de Hacienda se ha comportado en todo este tiempo, e históricamente, conforme a derecho”, aseguró Vanessa Rubio, Subsecretaria de Hacienda.

 

Por su parte el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, detalló que en 2017 se entregaron a Chihuahua 43 mil 56 millones de pesos correspondientes a participaciones y aportaciones federales, por lo que rechazó las acusaciones del gobernador de la entidad, Javier Corral, sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

 

 

El subsecretario indicó que en 2018 el gobierno de Chihuahua estará recibiendo 3,000 millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44,106 millones de pesos.

 

Se explicó que los recursos que el Gobernador del estado de Chihuahua menciona que no le fueron entregados en el mes de diciembre del año pasado, se refiere a recursos extraordinarios solicitados por el estado a esta Secretaría y a proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en total, cuatro convenios; dos no fueron pagados puesto que no hubo disponibilidad financiera, y esos representaban 735.3 millones de pesos.

 

Otro de los convenios, que correspondía a 20.4 millones de pesos etiquetados en el programa FORTALECE del Presupuesto de Egresos 2017, contaba con suficiencia presupuestaria y fue pagada el 29 de diciembre de 2017.

 

Sobre el convenio que involucraba 44.8 millones de pesos, explicaron los funcionarios, no se pudo realizar ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado de Chihuahua fue rechazada por el banco comercial. “Fue hasta el 8 de enero de 2018, que el estado de Chihuahua presentó la cuenta validada. Sin embargo, la transferencia no puede ser realizada en este año por la vigencia anual del presupuesto”.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado, y es la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad quien ventila el expediente.

 

De acuerdo a lo difundido, Bansefi habría emitido múltiples tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 68.8 millones de pesos, y fue MCCI quien buscó a los  damnificados cuyos nombres aparecen con más de 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, y de todos ellos, hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

 

Reynaldo Molina Espinoza, de la comunidad de Tenochtitlán, Villaflores en Chiapas, sigue trabajando en la reconstrucción de su casa, misma que fue marcada como apta para ser demolida; sin embargo Reynaldo decidió no tirarla pues sólo recibió una tarjeta con 15 mil pesos, “con eso no alcanza para hacer de nuevo la casa”, dijo a MCCI.

 

Sin embargo en los registros de  Bansefi, el nombre de Reynaldo Molina Espinoza aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510 mil pesos.

 

 

De acuerdo con la pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para 1,495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3,079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares.

 

En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras 1,484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

 

MCCI localizó a cinco de esos once damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 10 tarjetas. Los cinco viven en comunidades marginadas de Chiapas, ninguno recibió tarjetas de más. Incluso, a dos de ellos no se les ha entregado ningún tipo de apoyo federal: ni una tarjeta.

 

Para corroborar que las cinco personas que se localizaron son los mismos que se menciona en la investigación de la CNBV, MCCI buscó sus nombres en una base de datos de damnificados por los sismos, a la cual se tuvo acceso, y en la cual aparece la totalidad de los once casos resaltados por la autoridad bancaria a cuyos nombres se emitieron más tarjetas de las debidas. En esa base de datos se incluye la comunidad en la que viven, así como el número de folio y de tarjeta que les dieron. Cuando se visitó a cinco de esos damnificados en sus comunidades y se revisó sus números de folio y de tarjeta, estos eran exactamente los mismos registrados en la base de datos.

 

 

 

Investigación completa AQUÍ 

Una empresa ligada a la red ‘fantasma’ de Javier Duarte fue utilizada en un esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012. Así lo revela una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

La empresa en cuestión fue ASISMEX, una empresa ‘fachada’ de Veracruz, que dispersó $18.4 millones a 7 partidos en 2012; el 82% del dinero fue ejercido por la alianza PRI-Verde que aquel año postuló a Enrique Peña Nieto. Los supuestos dueños de la compañía que hizo las transferencias residen en casas humildes y son accionistas de otras 14 empresas, cuatro de ellas reportadas como inexistentes por el SAT.

 

De acuerdo a lo detallado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 15 millones 152 mil pesos (equivalente al 82% del total) fueron ejercidos por los dos partidos que integraban la alianza “Compromiso por México” (PRI y Partido Verde). Otros 2 millones 58 mil pesos, equivalentes al 11% del dinero que transfirió ASISMEX, fueron ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, que en 2012 postularon a Andrés Manuel López Obrador, mientras que el PAN ejerció 742 mil pesos, que representó el 4% del total y Nueva Alianza 489 mil pesos (2.6%).

 

Se reveló que ASISMEX se creó el 26 de noviembre de 2010 con 50 mil pesos, y la empresa ‘fantasma’ recibió al año siguiente y en 2012 depósitos por 1,394 millones de pesos en tres cuentas de Bancomer. Pese a su aparente prosperidad, los socios decidieron liquidar la firma en una asamblea realizada el 27 de octubre de 2014.

 

Para leer la investigación completa AQUÍ

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, exhortó al gobierno federal para no demorar las acciones necesarias para la extradición del exgobernador César Duarte, a quien el actual gobierno de Chihuahua le ha imputado el delito de desvío multimillonario de recursos públicos.

 

“Demorar la acción legal (contra Duarte) pone en entredicho la voluntad política del gobierno federal para hacer cumplir la ley sin distinción”, señaló el líder patronal, durante un evento realizado en el estado de Morelos.

 

El líder empresarial a nivel nacional urgió también la regulación de la relación financiera entre los estados y la federación, a efecto que se termine con las distinciones partidistas que han sido comunes hasta el día de hoy. “Esta situación tiene que acabar por que el problema que ahorita vive Chihuahua mañana será de otra entidad”, señaló.

 

En alusión al señalamiento que hizo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el que denunció la represalia financiera del Gobierno de la República por la reciente detención de Alejandro Gutiérrez y con ello el destape de la red desvíos de recursos públicos en favor del PRI, Gustavo de Hoyos dijo que urge regular la relación financiera entre la federación y los estados.

 

“Esta costumbre de años del peregrinar de gobernadores y alcaldes para las asignaciones presupuestales tiene que llegar a su fin”, dijo, al hacer un llamado a las autoridades en su relación presupuestaria con los gobierno para que no haya distinciones partidistas.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el Congreso recibirá en los próximos días un “proyecto de ley lleno de amor” para reemplazar el programa DACA y reforzar la frontera con México, y dijo que una vez que se solucione ese tema podría aprobarse una reforma migratoria más amplia.

 

En una reunión en la Casa Blanca con unos 25 congresistas y senadores de ambos partidos, Trump anunció que el legislador republicano Bob Goodlatte presentará en los próximos días un proyecto de ley para sustituir el programa DACA, que protegió de la deportación a miles de jóvenes indocumentados apodados “soñadores”.

 

Será un “proyecto de ley lleno de amor” hacia los “soñadores”, pero también debe incluir medidas para fortalecer la frontera con México, acabar con la “migración en cadena” que permite a los residentes permanentes en Estados Unidos traer al país a sus familiares, y poner fin a la llamada lotería de visados, advirtió Trump.

 

Al ser cuestionado por los periodistas, Trump aseguró que no aceptará ningún acuerdo sobre DACA que no incluya fondos para el muro y pidió a la oposición “poner el país por delante del partido”. “Lo necesitamos. Me encantaría no construir el muro, pero necesitamos el muro. Si no tenemos el muro, no podemos tener seguridad”, indicó Trump.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO