La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados, 699 informes individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en las que detectó irregularidades por 104 mil 241 millones de pesos, de los cuales 98 mil 102 millones corresponden al gasto federalizado que el Ejecutivo entrega a los estados y 6 mil 879 millones a posibles desvíos de dependencias federales.

 

Se indicó que dichos informes complementan las revisiones presentadas en junio y octubre pasados que fueron 1,166, y que también corresponden al ejercicio fiscal 2016. El total de auditorías realizadas sobre la Cuenta Pública 2016 asciende a 1,865.

 

Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y Auditor Superior en funciones, informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se emitieron 10,346 observaciones, de las cuales 4,439 corresponden a recomendaciones; 643 solicitudes de aclaración; 2,557 pliegos de observaciones; 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

 

En su mensaje a los legisladores, señaló que los entes fiscalizados tienen 30 días para aportar las pruebas que pudieran aclarar las observaciones recibidas. Algunas de las dependencias involucradas las presuntas irregularidades son la Sedesol, la Sedatu, Sagarpa, Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

 

Los estados con mayor número de observaciones fueron Veracruz, con 12 mil 150 millones; Estado de México, 7 mil 320.6 millones; Michoacán, 5 mil 481.2 millones; Nuevo León, 4 mil 019.7 millones y Chiapas, con 3 mil 868.9 millones de pesos.

 

El documento entregado hace referencia a las áreas de riesgo en que se presentaron “problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes gubernamentales llevan a cabo”.

 

  • Contrataciones entre entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  • Obra pública
  • Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado
  • Finanzas estatales
  • Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.

 

Con información de medios / Foto: Archivo APO

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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