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El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el Instituto enfrentará los retos de la democracia con una impecable capacidad técnica y organizativa, para brindar a la sociedad elecciones confiables, libres y justas.

Además, indicó que “el INE desplegará una renovada capacidad de comunicación para difundir nuevas narrativas que nos permitan mostrar a la sociedad mexicana que esta no es una institución que arriesgue a la democracia, sino que, por el contrario, es una institución que garantiza las condiciones democráticas para la renovación del poder político”.

Lorenzo Córdova destacó el trabajo realizado por el INE en el pasado proceso electoral, y dijo que a pesar de los ataques y descalificaciones que ha recibido la autoridad electoral, la confianza de la ciudadanía en la institución ha incrementado.

Sostuvo que la confianza de la ciudadanía se debe a los buenos resultados que el Instituto ha entregado como la autoridad encargada de organizar las elecciones de 2021, a partir de lo cual el INE se convirtió en la institución del Estado de mayor confiabilidad en el país.

A pesar de eso, destacó que los ataques al Instituto Nacional Electoral no han cesado, así como los intentos de reforma que han sido promovidos, paradójicamente, desde el gobierno y por parte de quienes han ganado la elección.

Ante este nuevo desafío, junto con otros ya existentes tales como el descontento social, crisis de credibilidad de partidos políticos y parlamentos, desinformación y una sociedad polarizada, el Consejero Presidente refrendó el compromiso del Instituto de seguir trabajando para garantizar a la ciudadanía elecciones confiables que permitan la renovación de los poderes por la vía pacífica en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza este jueves por la aprobación en Estados Unidos de una reforma migratoria que resulte en la legalización de los inmigrantes indocumentados. Dijo que “es justo” hacerlo.

López Obrador se pronunció así al inicio de su reunión de este jueves con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, con quien se reunió en La Casa Blanca antes de su encuentro bilateral con el presidente, Joe Biden, previo a la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica.

“Le vamos a plantear al presidente Biden, con todo el respeto, que celebramos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes, y que ojalá los legisladores de los dos partidos ayuden, porque es justo”, recalcó el presidente en declaraciones a la prensa junto a Harris.

Añadió que hay gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y que no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio, por lo que México estará “observando” la evolución de esa propuesta.

En el encuentro con la vicepresidenta, en donde estuvieron presentes los equipos de ambos países, López Obrador también insistió en la importancia de que Estados Unidos y México inviertan en Centroamérica para que haya trabajos y haya bienestar en la región, y que la migración sea opcional, no forzosa, por necesidad o por violencia, tal como lo ha venido diciendo desde hace meses.

Opinó además que, si se fortalece la integración económica en América del Norte, se va a necesitar ordenar el flujo migratorio, lo que puede generar oportunidades y empleos en la región.

El mandatario también reiteró su idea de integrar económicamente todo el continente americano al estilo de la Unión Europea, y “producir” más en la región lo que se necesita, para no estar dependiendo de importaciones y aprovechar la gran demanda en América.

“La integración económica del América del Norte es una opción, y como ideal, la integración del continente americano, para ser la región más fuerte económicamente del mundo”, subrayó.

Por su parte, la vicepresidenta estadounidense aseguró que la reunión entre ambos era una continuación de la que mantuvieron en junio en Ciudad de México, y dijo que ha disfrutado de todas las conversaciones que ha mantenido con López Obrador.

“Nuestra conversación se extiende a la prosperidad económica, la preocupación mutua sobre la migración y sobre lo que haremos en nuestra alianza para afrontar las causas de raíz de la migración, y lo que hacemos en materia de tecnología y la exploración del espacio”, indicó Harris.

El canciller Marcelo Ebrard y su homóloga canadiense, Mélanie Joly, hablaron este martes sobre energía, migración y las elecciones en Nicaragua, entre otros temas, durante una reunión en la Ciudad de México, de cara a la cumbre de líderes de Norteamérica que se realizará el jueves en Washington.

“Gran encuentro. Dialogamos sobre la fuerte relación entre Canadá y México y sobre la importancia del comercio y las inversiones, incluso en el sector minero y energético”, anunció la ministra de Exteriores de Canadá en sus redes sociales.

Tras el encuentro en la Cancillería, Joly reveló que también abordaron las situaciones en Nicaragua, Venezuela, Haití y la colaboración en materia de migración.

“Espero trabajar en estrecha colaboración y volver a vernos pronto en la Cumbre de Líderes de América del Norte para discutir las prioridades compartidas y encontrar soluciones de América del Norte a los desafíos de hoy y de mañana”, concluyó la ministra canadiense.

Por su parte, Marcelo Ebrard dijo que tuvo “el honor de recibir y conversar” con la nueva ministra canadiense y auguró “coincidencias relevantes y buena relación” en la cumbre de líderes del jueves.

Recordemos que López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunirán por primera vez de forma presencial el próximo jueves en Washington. La última cumbre entre los líderes de Norteamérica, conocida como de los “Tres Amigos”, tuvo lugar en Canadá en 2016 y dejó de celebrarse durante la presidencia de Donald Trump.

Sobre la mesa de la reunión hay temas comerciales relacionados con el tratado de libre comercio entre los tres países , el T-MEC, el combate a la pandemia, el medioambiente y la situación migratoria.

Aunque no está en la agenda oficial del encuentro, la cita tendrá lugar en un momento de tensión por la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador, que limita la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en el sector.

El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, advirtió que la reforma energética en materia eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “ya está muerta”, debido a la negativa y cerrazón de Morena y aliados para modificar el Presupuesto 2022.

“Y la mató la estulticia de las bancadas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cerraron al diálogo y negociación para incluir propuestas del bloque opositor en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022”, advirtió el legislador.

Además, indicaron que el no voltear a ver el Presupuesto alternativo que presentó la oposición cierra la posibilidad de diálogo para discutir la reforma eléctrica, pues según explicó el panista, les expresaron a los morenistas que estaban dispuestos al diálogo y a sentarse a analizar el Presupuesto en el entendido de que más adelante habría votaciones que requerirán mayoría calificada y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar.

Jorge Triana indicó que es lamentable que durante los cuatro días de discusión del Presupuesto, después de mil 994 reservas y alrededor de 400 intervenciones en tribuna, hayan prevalecido las frustraciones de los partidos oficialistas, y hayan usado una estrategia de simulación.

“Simularon presentar reservas que no existían; además simularon ser diputados y simularon ser contrapeso del Ejecutivo y ser un poder diferente”, expresó.

Triana Tena recomendó al bloque oficialista que cuando el Presidente pida cuentas sobre su reforma energética le recordaran que está muerta. “Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica del Presidente y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó.

Por su parte el diputado del PRI, Rubén Moreira Valdez, coincidió en que fue lamentable que la bancada de Morena no haya permitido modificar el Presupuesto de Egresos con alguna de las propuestas que la oposición presentó.

“Es lamentable que la llamada bancada de la Cuarta Transformación no haya sido capaz de escuchar, debatir, analizar y cambiar ni siquiera una coma en el PEF 2022”, externó el coordinador parlamentario del PRI. “Condenamos la cerrazón de los legisladores morenistas para mejorar la distribución de los recursos que son de toda la ciudadanía”, añadió.

Señaló el interés de Morena por destinar un gran porcentaje del presupuesto a solo cuatro grandes obras y a cuatro programas sociales que el gobierno usa con fines electorales.

La reforma eléctrica que propone el gobierno federal desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada que ya está hecha, advirtió este lunes la agencia Fitch.

“Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetaria”, indicó la firma en un reporte.

La calificadora recordó que la iniciativa constitucional busca limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad, que ahora es de cerca del 60%, lo que “añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio”.

También desaparecería a los reguladores autónomos de energía como la CRE o la CENACE, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento y priorizaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

“La propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector”, consideró Fitch.

La agencia señaló que la propuesta también pondría bajo control de la CFE “toda la cadena de suministro eléctrico”, incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro, lo que “acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema”.

Para satisfacer la demanda eléctrica del país, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, apuntó la calificadora.

“Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten”, argumentó en su reporte.

Recordemos que para aprobar la reforma, la alianza oficialista requiere dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría calificada que perdió tras las elecciones intermedias del pasado del 6 de junio. En este contexto, Fitch consideró que la aprobación de la reforma “es improbable”, aunque dijo que “si pasa, las implicaciones al crédito serían significativas”.

El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se comienza a discutir en el Congreso, según una encuesta divulgada este miércoles por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

Según el ejercicio, el 28.1% de los mexicanos está “muy de acuerdo” con esta reforma constitucional, mientras que el 35.7% está “algo de acuerdo”.

Asimismo, un 13.6 % está “algo en desacuerdo” y un 17.3 % está muy en desacuerdo, mientras que un 1.3% no está “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Otro dato que revela la encuesta: el 38.5% de los consultados consideró que los precios de la luz bajarán, mientras que un 27.1% opinó que estos seguirán igual. Un 27.8% indicó que de concretarse la reforma, los precios aumentarán.

Sobresale también que el 45.8% de las personas consideran que pagan más por la luz que las empresas, frente a un 21.2% que estima que paga igual y un 22% que cree que pagan menos. Esta es una idea que el presidente López Obrador ha venido sosteniendo desde que presentó su iniciativa.

El 36.7% de los mexicanos cree que la inversión privada aumentará con la reforma eléctrica, frente al 6.4% que opina que esta inversión seguirá igual. Un 39.6% cree que esta disminuirá.

Preguntados sobre la energía renovable, el 85.8% de los encuestados consideraron que la reforma energética debe contemplar un “mayor uso de energías limpias”, mientras que el 8.7 % dijo que “no es necesario” y el porcentaje restante no supo responder a la pregunta.

Recordemos que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo ha causado un sinfín de críticas pues entrega un mínimo de 54% de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que desaparece los reguladores autónomos de la energía (CRE y CENACE).

También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

En voz del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el gobierno federal defendió la iniciativa de reforma constitucional que el mandatario envió al Congreso sobre el sector eléctrico público, con el que asegura, busca evitar que las empresas privadas “se apoderen del mercado”.

“Hablan de que les vamos a expropiar. Se les deja el 46% del mercado y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, allí está”, dijo el presidente al advertir a las empresas privadas nacionales y extranjeras que sus negocios en el sector eléctrico deberán tener “ganancias razonables”.

“A robar, a otro lado”, sostuvo el mandatario, quien afirmó que quienes se oponen a la reforma eléctrica que propuso “son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México”.

Indicó que si no se adopta la reforma que envió, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y México enfrentaría lo que ahora está pasando en España, “que las tarifas de la luz están por las nubes”.

Según la presentación hecha por Rocío Nahle, actualmente la CFE genera el 38% de la energía y el sector privado el 62%, algo que aseguró debe revertirse para que al menos el 54  sea del sector público.

“Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación”, dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia del presidente.

La funcionaria aseguró que los privados seguirán en el mercado y que “no se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca”, en referencia a que no se va a expropiar nada. Y es que al ser la CFE el único distribuidor de electricidad en México, las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.

Nahle criticó que ahora la CFE está obligada a comprar primero la electricidad de las empresas privadas, porque “se ponen de acuerdo” para ofertarla más barata, dejando las plantas públicas “subutilizadas”. “La CFE sostiene prácticamente a los privados y les ha dejado el mercado”, señaló.

También reivindicó la eliminación de los organismos autónomos que regulan el mercado eléctrico, la Comisión Reguladora De Energía (CRE) y la Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), funciones que sería absorbida por el gobierno.

Nahle también dijo que se contempla el fin de los permisos de autoabastecimiento para que las fábricas generen su propia electricidad, ya que según dijo la secretaria, las empresas lo usaron para vender esta electricidad y generar un mercado ilegal.

Sin embargo, y pese a lo expuesto, tanto empresas como ambientalistas han advertido que la reforma de López Obrador pondrá en riesgo las energías limpias porque no considera las renovables como prioritarias. El sistema actual coloca primero en la red la electricidad de plantas eólicas y solares, por ser menos costosas, las cuales pertenecen a empresas privadas.

Pero la secretaria de Energía dijo que las plantas hidroeléctricas de la CFE generan la energía más “limpia, constante y barata”, lo cual ha sido cuestionado por especialistas. Por ello, el nuevo modelo priorizará la hidroeléctrica, seguido de la nuclear, la geotermia, el gas de la CFE, la térmica, la eólica, la solar, el gas de los privados y el carbón.

Algunos expertos han advertido que lejos de controlar el precio de la luz, este nuevo modelo dispararía las tarifas ya que las plantas de la empresa pública son más viejas e ineficientes.

La reforma también propone cancelar los Certificados de Energías Limpias, que se entregan a las empresas privadas por generación de energía eólica o solar y que obligan a la CFE a comprarlos, aunque Nahle aseguró que México cumplirá sus “compromisos internacionales” en materia de medioambiente y que la CFE garantizará que en 2024 el 35% de la energía sea limpia.

La reforma también incluye la nacionalización del litio. La secretaria de Energía explicó que no se otorgarán concesiones de explotación de este mineral, usado para baterías portátiles, aunque aseguró que las entregadas por gobiernos anteriores no se cancelarán si están “debidamente avaladas”.

El presidente López Obrador dijo que todos los mexicanos deben saber los motivos por los que conviene la reforma constitucional; afirmó que le conviene al pueblo. “Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”, expresó.

Insistió en su mensaje a las y los legisladores; les dijo que, a diferencia del pasado, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

“Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia”, dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos “para que no se afecte a la economía popular”.

“Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas”, añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. “Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación”.

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

Tras la polémica que se generó, el gobierno de la Ciudad de México anunció que no será el artista Pedro Reyes quien realice la obra escultórica de una mujer indígena que sustituirá la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma.

“Sobre quién va a ser o cómo se va a hacer la escultura hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos (…) de la Ciudad de México”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sin dar muchos más detalles.

Solamente dio un “agradecimiento” a Pedro Reyes, sobre quien aseguró que “es probable que parte de su obra esté en la ciudad”.

Y aunque no descartó por completo que no sea Tlali la obra elegida, indicó que será el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) quien decida en “los próximas días o semanas” quien se encargará de realizar la obra de la mujer indígena.

Al respecto, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México puntualizó que “Tlali” de Reyes no ha sido totalmente descartado, sino que todo el proceso de selección estará avalado y por el Comaep.

El anuncio, hecho durante el evento de “Entrega de firmas para la descolonización del Paseo de la Reforma”, llega después de que se le remitiese a la Jefa de Gobierno una carta firmada por más de 350 personas del mundo de la cultura en contra e la participación de Reyes en el proyecto.

“Nos parece inadmisible la elección de Pedro Reyes, un artista hombre que no se autoidentifica como indígena, para representar a “la mujer indígena”: así, generalizada, negando con ello la particularidad y diversidad de las mujeres que se autoidentifican como miembros de pueblos y naciones originarias, y poniendo su imagen en manos de la mirada de un hombre blanco-mestizo”, expusieron en la carta entregada al gobierno capitalino.

Además, consideraron que dicha elección reproduce “el silenciamiento e invisibilización de la lucha de las mujeres y la de los pueblos originarios para que sus voces sean reconocidas y escuchadas”.

Entre los firmantes se encuentran personas como las artistas Lorena Wolffer y Julieta Aranda, la artista y crítica de arte Mónica Mayer, o las historiadoras Graciela de la Torre y Sol Henaro.

Jesusa Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de Cultura para la Ciudad de México, entregó a Sheinbaum las firmas de 5,000 mujeres indígenas para la “descolonización del paseo de la Reforma”, mediante las que solicitaron que se retirase la estatua de Colón y se optara por un monumento en representación de la mujer indígena.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró en días reciente la sustitución de esta figura, pero a la vez, opositores y críticos lanzaron una petición para exigir que se restituya la estatua de Colón.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró urgente que desde el Congreso de la Unión se impulse nuevamente la reforma político-electoral y que ésta pueda quedar lista en el primer año de esta nueva Legislatura que comienza en septiembre, la LXV.

“Si bien hay una independencia y autonomía de instituciones como el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, es importante garantizar desde las leyes que estos órganos no se conviertan en una trinchera de protagonismos e intereses personales, ajenos al avance democrático del país”, dijo el morenista.

Aseguró que la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), demuestra la vulnerabilidad y la descomposición que se vive al interior de instituciones importantes, encargadas de garantizar la legalidad en nuestro país.

Mier Velazco indicó que es momento de acabar, desde las leyes, con la  vieja práctica de los gobiernos pasados: “la cuota y los cuates en las instituciones”.

“Por esta razón expresamos la necesidad urgente para el país de que se haga la reforma político-electoral, que abarque no sólo el respeto a lo que establece la Constitución a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en los procesos electorales, sino todo lo que tiene que ver con los conflictos postelectorales se haga de manera plena, y en este caso, el Tribunal es necesario”, explicó.

Ante lo sucedido en el TEPJF, Mier Velazco llamó a serenar los ánimos; pidió realizar una autocrítica hacia las debilidades de la institución, y no convertir esta situación en un escenario donde se aplique la ley de la selva y anteponerse con “mayoriteos y madruguetes”.

“Hemos visto durante todo este tiempo que ninguno de los integrantes del Tribunal podría arrojar la primera piedra. Más allá de las circunstancias personales, ninguno se salva”, acusó el morenista.

Por ello, insistió en que, una vez resueltos los temas referentes a lo contencioso electoral, los litigios que se están ventilando derivado de las elecciones e impugnaciones para renovar la Cámara de Diputados, los consejeros del TEPJF, y algunos consejeros del INE, principalmente su presidente, deben renunciar por un asunto de ética moral.

“Lo que nosotros queremos es fortalecer el acto democrático, instituciones realmente que garanticen el libre ejercicio de la democracia en México. Ésa es una de las principales debilidades que tiene México, no ha podido en 30 años de promesa de cambio, consolidar su régimen democrático”, remató.

Durante años se pugnó en México para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de premiar o castigar a nuestros políticos a través de la reelección. La idea era que así se rompería el monopolio de los liderazgos partidistas sobre los legisladores, quienes se tendrían que preocupar por su desempeño como funcionarios públicos para que los ciudadanos los quisieran reelegir.

Por ello, en septiembre del 2014 se reformó el artículo 59 constitucional para que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.

En las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos por primera vez desde 1933 reelegir o no a los diputados federales. Sin embargo, los liderazgos partidistas siguieron manteniendo el control sobre sus legisladores y los ciudadanos no pudimos realmente ser quienes decidiéramos si queríamos premiar o castigarlos.

Primero porque los liderazgos dentro del partido fueron los que decidieron quién de sus legisladores podían buscar reelegirse. A principios del proceso electoral más de 440 diputadas y diputados manifestaron que querían buscar la reelección, pero al final solo 207 se pudieron postular. La decisión de quién sí y quién no podía hacerlo fue de los liderazgos que pudieron premiar a sus cuadros leales con ese ‘permiso’. Por ello, por ejemplo, alguien como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder del partido y no de los ciudadanos.

Según un estudio estimado de la reelección que hizo Fernando Dworak, quien conoce como pocos en México el tema, de los 500 diputados de la nueva legislatura, la LXV, 140 van a repetir porque ganaron la reelección. Esto es el 28 por ciento de los legisladores. No es mucho, pero lo importante más allá del número, fue ver que los liderazgos de los partidos fueron quienes permitieron o no a sus legisladores buscar la reelección. Así, los ciudadanos no logramos ser quienes premiamos o castigamos a nuestros legisladores. El control lo mantuvieron los lideres de los partidos.

Otro de los propósitos de la reforma al artículo 59 para permitir la reelección era que se mantuviera la continuidad y con ello la experiencia de los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender como funciona el legislativo y, cuando apenas se estaba logrando agarrarle la onda al proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la experiencia.

Pero, dado como legislaron los diputados en los tres años de la actual legislatura en donde vimos con claridad que el presidente López Obrador mandó órdenes de no modificar ni una coma a iniciativas como la Ley de Energía Eléctrica y que los diputados de su partido le obedecieron, es difícil pensar que la experiencia legislativa que obtuvieron los 80 diputados de Morena que se reeligieron sirvan mucho a la ciudadanía. Más bien, todo indica que seguirán sirviendo al presidente.

Así, dos de los principales propósitos de reformar el artículo 59 para permitir la reelección legislativa no se lograron cumplir en esta primera ronda. La clase política está claramente abocada en darle la vuelta a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por más reglas electorales que se hagan, seguiremos viendo que los políticos responden antes a sus liderazgos que a sus votantes.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Un tribunal federal ordenó este jueves revocar la suspensión definitiva que pesaba sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca “rescatar” a la CFE del “saqueo” de privadas y extranjeras.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró este jueves improcedente la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, de acuerdo con el expediente 144/2021.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados revocaron la suspensión que otorgó el 19 de marzo Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Competencia Económica, con base en un amparo del Parque Solar Orejana de Zuma Energía con el expediente 199/2021.

El tribunal argumentó que la nueva legislación no afecta por ahora a los productores privados, como sostuvo Gómez Fierro, porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que aún no ocurre.

Este fallo se suma al del 1 de julio, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, que también revocó otra suspensión definitiva similar con el argumento que las disposiciones “no causan ningún daño a particulares”.

Sin embargo, la reforma eléctrica permanecerá suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica.

Aun así, esta decisión es un respiro para la reforma que impulsó López Obrador para suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La Ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Recordemos que la polémica reforma también afronta controversias constitucionales, por presuntamente violar la libertad de competencia, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver.

Ante las controversias legales, el presidente López Obrador anunció este miércoles una reforma constitucional para establecer que la CFE controle el 54% del mercado eléctrico nacional. “No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad”, justificó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles su intención de modificar la Constitución mediante una reforma, para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada se quede con el 46%.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo AMLO.

El mandatario señaló que la CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, ya que una de sus funciones es que al ser una empresa pública, sirva para que no aumente el precio de la luz, esto en beneficio de los consumidores domésticos.

López Orador indicó que actualmente la CFE puede aportar solo el 35% de la energía eléctrica, aunque tiene capacidad para más; sin embargo, denunció que las plantas generadoras están subutilizadas debido a las medidas adoptadas durante el periodo neoliberal en beneficio del sector privado.

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que “según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección”.

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de “propaganda” lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo “y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos”, indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario “son inventadas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

“Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que “fortalezca” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la “protección civil” y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso “hace como 20 días”, lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de “violar la ley” al ampararse contra sus políticas.

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del “periodo neoliberal” que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos”, dijo.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de un contexto adverso por la pandemia del COVID-19, la situación de violencia que impera en el país y un discurso contrario a las autoridades electorales, el pasado 6 de junio México tuvo elecciones exitosas.

Córdova Vianello destacó que la alta participación ciudadana que se registró, así como los sistemas electorales que dijo, funcionaron a la perfección, y la pluralidad política que se evidenció en las urnas, demostraron que el Sistema Electoral de México funciona.

En ese sentido, el Consejero Presidente hizo un llamado a defender la democracia, señalando que “la democracia y el sistema electoral siguen teniendo enemigos”.

Aprovechó para destacar que el Sistema Electoral del país funciona, por lo que no se requiere una reforma electoral. “¿Es indispensable una reforma electoral? Mi respuesta es clara y contundente, no. ¿Podríamos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos?, la respuesta es clara, sí”, sostuvo.

Precisó que una reforma electoral es pertinente si se cumplen tres condiciones: que tenga un diagnóstico serio y objetivo de lo que se quiere cambiar; que cuente con amplio consenso y que sea congruente con 30 años de evolución democrática. Resumió que una reforma en el futuro debe servir para mejorar la integridad de las elecciones, la calidad democrática de nuestro sistema, la representatividad y no que sea una contrarreforma.

Lorenzo Córdova resaltó los retos que tuvo el Instituto para organizar el proceso electoral más grande y complejo de la historia. En el caso de la pandemia, aseguró que gracias a los protocolos sanitarios implementados, la jornada electoral no provocó una alteración en la curva de contagios.

En cuanto a la violencia que impera en distintos puntos del país, señaló que no impidió la instalación de las 162 mil 500 casillas. También mencionó la intensidad de los ataques en contra de la autoridad electoral.

Sobre qué retos tiene el INE, Córdova Vianello mencionó la realización de la revocación de mandato, así como la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, que precisó, contará con 57 mil mesas de votación y costará 522 millones de pesos.

Finalizó recordando que en 2022 habrá elecciones en seis entidades; mientras que en abril de 2023 se renovará parcialmente el Consejo General del INE y habrá renovación en la gubernatura del Estado de México y Coahuila.