Las y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la posible aprobación del llamado ‘Plan B ‘ de la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena impulsan.
Los consejeros advierten que en el dictamen que se discute este miércoles en el Senado, hay deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, trastocarían profundamente el sistema electoral de México, además de que alertaron sobre el proceso legislativo que se lleva a cabo.
“La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”, leyó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
En el pronunciamiento, los consejeros señalaron que, a pesar de que se ofreció en diversas ocasiones, el INE nunca fue consultado por el Congreso o el gobierno federal sobre los contenidos de dicha reforma.
Lamentaron que al Instituto no se le pidiera información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.
Apuntó que tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo que les ha permitido garantizar los 330 procesos electorales federales y locales organizados desde 2014.
El pronunciamiento enlistó las deficiencias que a su juicio pondrían en peligro la operación de los procesos electorales (se reproducen íntegras):
- Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
- El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
- Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
- La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
- Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
- La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas
Los consejeros advirtieron que la reforma que esta tarde se discute en el Senado, donde la oposición ha insistido en retirar los dictámenes, produciría un efecto “regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”.
“Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones”, añadieron.
Aprovecharon el texto para adelantar que, en caso de ser aprobados los cambios que el gobierno federal propuso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas para defender elecciones libres y auténticas.
