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La Cámara de Diputados aprobó este martes, en comisiones, cambios a la Constitución para hacer obligatorio dos días de descanso “cuando menos” a la semana por cada cinco trabajados, lo que implicaría reducir la jornada laboral del país.

El cambio al artículo 123 constitucional se avaló en la Comisión de Puntos Constitucionales con una mayoría de 27 votos a favor y 5 abstenciones, todos del PAN, y se plantea se discuta en el Pleno mañana mismo.

“Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”, señala el dictamen que se aprobó entre aplausos de los legisladores.

Con esta modificación se reduciría la jornada de cualquier trabajador de seis a cinco días por ley, o bien a un máximo de 40 horas, incluyendo a obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos “y de una manera general, todo contrato de trabajo”, según la ley.

El dictamen aún debe pasar por el Pleno y requerirá del consenso de al menos dos terceras partes del Congreso por ser una reforma constitucional. Se prevé que pueda ser aprobada pues cuenta con el apoyo de todas las bancadas, a excepción de la de Acción Nacional.

La diputada de Morena, Susana Prieto, recordó que no solo debe pasar por el Senado, sino que al ser una reforma constitucional y de “gran calado” también requerirá de la aprobación de 17 congresos locales.

“Los trabajadores y trabajadoras de este país, en su gran mayoría, están muy contentos. Que habrá trabajadores que quieran trabajar tiempo extra y tener más ingresos, están en su derecho, solo tienen que saber que partir de que se apruebe tendrán pago extraordinario a partir del primer minuto de la hora 41″, comentó Prieto.

Esta modificación es significativa porque nuestro país es uno donde más horas se trabajan al año en todo el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con sus datos, los mexicanos trabajamos 2,124 horas al año, por encima de países como Costa Rica (1,913), Rusia (1,874) y Japón (1,598).

Número similar en Colombia, Brasil, Perú y Argentina, donde al igual que México la jornada laboral es de 48 horas semanales y suele darse un solo día de descanso, habitualmente el domingo.

Al menos ocho trabajadores de resultaron heridos y cinco continúan desaparecidos tras dos incendios que se registraron la tarde de ayer en dos instalaciones de Pemex en Veracruz.

Uno de los incendios ocurrió en un equipo de perforación que daba mantenimiento a la Cavidad Tuzandepetl-331, que forma parte del proyecto de rehabilitación de cavidades de la Planta de Almacenamiento Tuzandepetl, ubicada en el municipio Ixhuatlán del Sureste.

El fuego comenzó por razones aún no determinadas y se extinguió tiempo después, indicó Pemex en un comunicado. Este incidente dejó tres trabajadores heridos y otros cinco desaparecidos, agregó.

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Fabián Cruz Hernández, dijo a medios que las familias que viven en las cercanías de la instalación fueron desalojadas por seguridad y llevadas a albergues.

El segundo incidente se produjo en el área del banco de cambiadores de calor de la planta Combinada Maya de la Refinería Minatitlán, también en Veracruz, y causó heridas a cinco trabajadores más.

Pemex explicó que el incendio fue controlado por personal de la empresa y que no se interrumpieron las operaciones en la planta ni se registraron daños materiales.

Sobre las causas del incidente, la empresa indicó que se presume que el fuego fue ocasionado por un “escurrimiento del producto la superficie caliente”.

Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales. La infraestructura de la petrolera también se ha visto afectada por ladrones de combustible, el llamado huachicol.

Recordemos que en el hecho más grave, en enero de 2019, el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo.

Sobre lo sucedido ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado en su conferencia matutina.

“Lamentable, un abrazo a los pobladores de Ixhuatlán”, dijo el mandatario, quien confirmó que sí hay heridos y algunos desaparecidos, aunque no ahondó en cifras.

Dijo que el reporte de los incidentes coincidió con una reunión que sostuvo ayer con los gerentes de las refinerías, el director de Pemex y la secretaria de energía, Rocío Nahle.

López Obrador se limitó a decir que hoy se informará con mayor detalle, pero defendió que “se actuó bien, el Ejercito, las autoridades locales… la gente ayudó a controlar el incendio”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que hay un total de 4 mil 904 pasajeros afectados por el cese de operaciones de Aeromar, que se confirmó ayer tanto por la compañía como por las autoridades.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo que el año anterior, Aeromar transportó 388,188 pasajeros en quince destinos. Y aunque dijo que su participación en el mercado era pequeña, lamentó el cierre de operaciones.

“En Profeco estamos atentos para que se resguarden los derechos de pasajeros afectados”, que dijo, los casi 5 mil afectados comprende a quienes adquirieron boletos para vuelos de entre el 15 de febrero y noviembre próximo.

La Procuraduría precisó que a partir del cierre de operaciones de Aeromar, no se han recibido quejas formales por parte de los usuarios. “Sólo se han brindado nueve asesorías a través de Teléfono del Consumidor”, agregó.

En tanto, el gobierno federal indicó que implementa un plan de apoyo para el público usuario y trabajadores de Aeromar, ante el cese de sus operaciones.

Adelantó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se inició la comunicación con diversas empresas del ramo para buscar el mecanismo legal idóneo para incorporar a los trabajadores afectados.

“En apoyo al público usuario que adquirió boletos de avión con la empresa AEROMAR para volar a partir del 15 de febrero de 2023 en adelante, la SICT buscará que otras líneas aéreas hagan válido su ticket para viajar con ellos y no se vean afectados en sus itinerarios, esto sujeto a la disponibilidad de cada aerolínea”, detalló la dependencia.

En tanto, la Secretaría del Trabajo confirmó que hay emplazamiento a huelga, para esta tarde a las 18 horas por parte de los trabajadores, quienes precisó, tendrán garantizada la continuidad en la prestación de servicios de atención médica y hospitalaria por parte del IMSS, así como la suspensión de cobros de créditos hipotecarios y procedimientos extrajudiciales que se encuentren a cargo del INFONAVIT.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Fernando Gómez Suárez, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, sobre la quiebra de Aeromar y la crisis que atraviesa el sector.

Aeromar anunció este miércoles el cese definitivo de sus operaciones, debido a problemas financieros que enfrentaba.

“El equipo de la compañía realizó profundos ajustes financieros para mejorar su situación, sin embargo, en un entorno adverso, agravado durante la pandemia del COVID-19, las medidas tomadas no fueron suficientes para estabilizar la situación de la empresa”, dijo la compañía en un comunicado.

Aeromar inició operaciones el 7 de noviembre de 1987, y voló por 35 años, conectando 21 destinos nacionales y 3 internacionales en Estados Unidos y Cuba.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la aerolínea informó a sus usuarios, mediante papeles pegados en sus ubicaciones, que la cancelación de los vuelos se debía a la suspensión del suministro de combustible y servicios aeroportuarios.

Recordemos que a inicios de año, el AICM informó que Aeromar había presentado una propuesta de convenio para liquidar el adeudo que tiene con la terminal, el cual ronda los 500 millones de pesos. Tenía como fecha límite para cubrir la deuda este 15 de febrero.

“Previo a la toma de esta decisión, la aerolínea mexicana realizo todos los esfuerzos por preservar la fuente de empleo para los casi 700 trabajadores y sus familias. Por lo que, pese a las dificultades financieras experimentadas, los salarios base del último año de cada uno de los colaboradores fueron liquidados en su totalidad”, añadió la empresa.

El gobierno federal informó de un embargo precautorio de sus bienes a solicitud de los trabajadores.

En ese sentido, Aeromar detalló que quedaron pendientes los pagos parciales de algunos conceptos anexos al salario, mismos que dijo, se encontraban en proceso de pago vía convenios.

Precisó que la Secretaría del Trabajo ha dado seguimiento constante de la situación laboral de todo el equipo.

En lo correspondiente a los usuarios que cuentan con boletos para alguno de sus vuelos, indicó que se emitirá información una vez que se cuenten con alternativas en acuerdo con las autoridades.

Recordemos que en agosto de 2022, Interjet fue declarada en bancarrota. Había dejado de volar a fines de 2020 a consecuencia de las afectaciones causadas por el descenso del volumen de pasajeros durante la contingencia de salud.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, con la unanimidad de 476 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones.

El documento, que fue devuelto al Senado para los efectos correspondientes, precisa que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborales, y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios.

Además, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Tras un acuerdo que se logró entre bancadas, los diputados accedieron a eliminar la modificación que se había hecho en comisiones sobre recortar a seis días seguidos de vacaciones, mientras que los otros seis se tendrían que acordar con el empleador.

El Pleno aceptó la adenda al artículo 78, en la que se precisa que “del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”.

El dictamen menciona que las modificaciones a Ley Federal del Trabajo se insertan adecuadamente en el sistema jurídico al mejorar considerablemente el derecho humano al periodo vacacional, de ahí el nombre que esta reforma recibió, ‘vacaciones dignas’.

Se añade que el cambio realizado considera vital permitir que las personas trabajadoras puedan disfrutar de su tiempo de vacaciones conforme a sus necesidades.

Por parte de la bancada de Morena, la diputada Yolis Jiménez Ramírez dijo que el dictamen recoge la necesidad de que los trabajadores aumenten sus días de vacaciones, porque es digno, justo, ayuda a mejorar la productividad, da tiempo de convivencia con la familia, pero sobre todo por su salud tanto física como mental.

Calificó la modificación como un acto de justicia, progresividad y conciencia laboral.

Por el PAN, la diputada Berenice Montes indicó que la reforma representa un acto de justicia laboral, ya que “los escasos días de vacaciones laborales han sido un reclamo social, durante muchos años.

Recordó que la OMS recomienda 18 días de vacaciones al año, y actualmente la legislación concede un tercio de lo recomendado.

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Tereso Medina Ramírez, apuntó que el cambio aprobado refleja un paso de la sociedad hacia la optimización del trabajo y una garantía de los derechos de todas y todos. “Los datos confirman que en México se trabaja una cuarta parte más en promedio que los países integrantes de la OCDE”.

Finalmente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, subrayó que en el dictamen está representada la voz de millones de trabajadores, sindicatos, empresarios y sociedad civil, para “saldar de una vez por todas una deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora de este país”.

Será este jueves cuando el Pleno de la Cámara de Diputados analice y vote el dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones, que Senadores llamaron ‘vacaciones dignas’ al ampliar de 6 a 12 días  tras el primer año laborado.

Sin embargo, el dictamen fue modificado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, por lo que defensores y activistas han dudado que el proyecto de ley pueda ser considerado como de vacaciones dignas.

Se explicó que luego de un análisis realizado se observa que establecer que los trabajadores disfruten de manera continua de 12 días de vacaciones podría resultar desfavorable no solamente a los centros de trabajo, sino para los propios trabajadores porque limita las posibilidades de que empleadores y trabajadores acuerden diferir estos días para que se distribuyan como mejor convenga a ambas partes y se utilicen de manera libre, de acuerdo a sus necesidades.

El diputado Baldenebro Arredondo de Morena, quien preside dicha comisión, señaló que la modificación que se realizó establece que patrones y trabajadores deberán llegar a los acuerdos para dispersar a través del año laboral el periodo de vacaciones.

Es decir, a diferencia de lo que aprobó el Senado, que el trabajador debía disfrutar 12 días de vacaciones continuos, ahora los trabajadores tendrán solo seis días, y “respetando siempre la potestad y su derecho de convenir con el patrón” los tiempos para disfrutar los otros seis días, ya sea de forma continua o parcial.

El dictamen fue aprobado por 17 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones en la sesión de la comisión.

Las opiniones de los diputados estuvieron divididas. La diputada Susana Prieto Terrazas de Morena puntualizó que estaba en contra de modificar el dictamen referente al artículo 78.

Su compañera de bancada, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, consideró que los 12 días de vacaciones deben ser continuos porque, de lo contrario, se deja en estado de vulnerabilidad a los trabajadores que quieran ejercerlo posteriormente y podrían ser víctimas de amenazas, represión o despido.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda expresó que México es el país que menos vacaciones otorga, por lo que es necesario modificar la ley.

“En este momento no deberíamos cambiarle nada y votarlo tal cual viene del Senado, pero en el caso de que hoy votemos el artículo 78 nuestra propuesta es que elimináramos el segundo párrafo, y si se vota tal cual, que quede claro en que no puede tener el trabajador un derecho menos que el patrón. No podemos frenar esta iniciativa hoy”.

Por parte del PRI, el diputado Tereso Ramírez Medina consideró que la reforma es buena, pero se puede perfeccionar. “Mi fracción parlamentaria va a favor con el ánimo de no retener el avance legislativo de los 12 días de vacaciones. Es propicio hacer un llamado para que los patrones no abusen de los trabajadores y respeten el derecho de vacaciones dignas y otorgar al trabajador una ventaja para que él decida de qué manera quiere emplear sus vacaciones”.

La diputada Berenice Montes del PAN señaló que es necesario evitar la intervención de sindicalistas que “buscan y jalan para su beneficio”, así como de los abusos que puede haber de parte del patrón.

Del PRD, la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia se mostró a favor del aumento de día de vacaciones, pero en contra de la modificación hecha en la Comisión porque, afirmó, no busca garantizar el derecho de las y los trabajadores, ya que en lugar de 12 días de descanso continuos ahora se plantea que mínimo sean 6, eximiendo la obligatoriedad y evadiendo la posibilidad de revertir la precariedad de las condiciones de empleo a través de la ampliación de vacaciones como garantía de un descanso suficiente.

Sin embargo, Claudia Delgadillo González, diputada del PVEM, apuntó que su bancada apoya que sean seis días de manera continua y “después, pactado, para que en las microempresas los trabajadores y el patrón se pongan de acuerdo para ver cómo se pueden variar los otros seis y que no haya un golpe tan fuerte a los empresarios, porque el que se otorguen 12 días continuos perjudica a los pequeños y medianos empresarios”.

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, también del Verde, dijo que se tiene que beneficiar al trabajador sin afectar al empleador. Consideró que si se aceptan, como se propone, los 12 días generará que algunas empresas contraten a otra persona para que sustituya a quien está de vacaciones, lo que tendría un costo más. “Analicémoslo bien, el trabajador tendrá derecho al año a 12 días de vacaciones, pero seis juntos y los otros platicados con el patrón”.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Margarita García García del PT, quien dijo que la modificación propuesta por la Comisión es correcta. “Hoy es un día histórico, se da a los trabajadores la oportunidad de decidir sus primeros seis días de vacaciones de manera continua y si deciden tomar los otros seis será de manera paulatina”.

Un alto funcionario qatarí involucrado en la organización de la Copa del Mundo, situó por primera vez la cifra de migrantes muertos en los preparativos del torneo en cerca de 500, un dato superior a cualquiera ofrecido antes por Doha.

El comentario de Hassan al-Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar, surgió durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

La cifra ya levanta polémica y enciende las alertas de una nuevo ola de críticas por parte de los grupos de derechos humanos referentes al costo de la celebración del primer Mundial en Oriente Medio entre la mano de obra migrante que ha construido los estadios, las líneas de metro y las nuevas infraestructuras necesarias para el torneo, valoradas en más de 200,000 millones de dólares.

En la entrevista, de la cual Morgan ha publicado fragmentos en internet, el periodista le pregunta a al-Thawadi: “¿Cuál cree que es el total honesto y realista de trabajadores migrantes que murieron como resultado del trabajo que están haciendo para el Mundial en total?”

“La estimación es de unos 400, entre 400 y 500”, respondió al-Thawadi. “No tengo la cifra exacta. Es algo que hemos discutido”.

Esa cifra no se había hecho pública oficialmente antes. Incluso los reportes del Comité Supremo que van desde 2014 a finales de 2021 solo incluyen el número de trabajadores fallecidos en la construcción y remodelación de los estadios que ahora están albergando los partidos.

Esos datos contemplaban un total de 40 muertos. De ellos, 37 eran lo que los qataríes describen como incidentes no laborales, como ataques cardíacos, y tres fueron accidentes laborales. Un reporte también recoge por separado una muerte por coronavirus durante la pandemia.

Al-Thawadi hizo referencia a esas cifras al hablar sobre las obras solo en estadios durante la entrevista, justo antes de ofrecer la estimación de “entre 400 y 500” para toda la infraestructura del torneo.

En un comunicado, el Comité Supremo intentó calmar las reacciones al decir que al-Thawadi hizo referencia a las “estadísticas nacionales para el periodo entre 2014 y 2020 para todos los decesos laborales (414) en todo el país, que cubren todos los sectores y nacionalidades”.

“El secretario general, Hassan Al Thawadi, declaró al programa “Uncensored” de Piers Morgan que hubo 3 muertes relacionadas con el trabajo y 37 muertes no relacionadas con el trabajo en los proyectos del Comité Supremo de Entrega y Legado. Este dato se documenta anualmente en los informes públicos del SC y abarca los 8 estadios, las 17 sedes que no son de competición y otros lugares relacionados con el ámbito del SC”, dijo Qatar en un comunicado.

Según esta fuente, las cifras que citó Al Thawadi, que habló de “entre 400 y 500 obreros emigrantes fallecidos”, corresponden “a las estadísticas nacionales que cubren el período 2014-2020 para todas las muertes relacionadas con el trabajo (414) en todo el país, abarcando todos los sectores y nacionalidades”.

Esta cifra está lejos de las 6,500 que el periódico británico The Guardian documentó para un reportaje a principios de 2021.

“Cada año la seguridad en estos sitios está mejorando. Creo que en general, la necesidad de una reforma laboral indica que hay que hacer mejoras. Esto es algo que reconocimos antes de llevar a cabo la candidatura. Las mejores que se han producido no ha sido por la Copa del Mundo. Hemos tenido que hacerlas por nuestros valores”, admitió Al Thawadi.

Y es que desde que la FIFA le concedió el torneo a Qatar en 2010, el país ha tomado algunas medidas para reformar su legislación laboral. Esto incluye eliminar el llamado sistema de contratación kafala, que ataba a los trabajadores a sus empleadores, que tenían poder de decisión sobre si podían dejar sus puestos o incluso el país.

Qatar ha adaptado también un salario mínimo mensual de 1,000 riyales qataríes (275 dólares) para trabajadores y exige suplementos para alimentación y alojamiento para los empleados que no reciben esos beneficios directamente. También ha actualizado sus normas de seguridad para evitar muertes.

Sin embargo, los activistas han instado al gobierno qatarí a hacer más, especialmente para garantizar que los trabajadores reciben sus salarios a tiempo y están protegidos de los empleadores abusivos.

La afirmación de Al-Thawadi renueva también las dudas sobre la veracidad de los reportes, tanto gubernamentales como privados, sobre trabajadores muertos y heridos en todos los estados del Golfo Pérsico, cuyos rascacielos han sido levantados por migrantes de naciones asiáticas como India, Pakistán y Sri Lanka.

El Pleno del Senado aprobó de forma unánime el proyecto que reforma la Ley Federal del Trabajo, para ampliar de seis a 12 días el periodo anual de vacaciones de las y los trabajadores en México.

El dictamen, que fue aprobado con 89 votos a favor y ninguno en contra, fue remitido a la Cámara de Diputados donde se le dará el trámite legislativo para luego, en caso de ser avalado, se envíe al Ejecutivo.

En el texto aprobado se establece que las personas trabajadoras, que tengan más de un año de servicios, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables.

Dicho periodo vacacional aumentará en dos días laborales, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios; y precisa que las personas trabajadoras deberán disfrutar, en forma continua, de por lo menos 12 días de vacaciones.

Los Senadores precisaron que el dictamen aprobado consideró iniciativas planteadas por diversos grupos parlamentarios como Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

Además, dio a conocer que las comisiones dictaminadoras presentaron un adendum con modificaciones al articulado transitorio del proyecto de decreto, mismo que fue aceptado por la Asamblea, por lo que fue necesario que regresara a San Lázaro para su revisión y aval.

El Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2023 o al día siguiente de publicación, si ésta fuera en 2023 una vez que se haya cumplido el trámite correspondiente.

Se detalla que las modificaciones serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo, vigentes a la fecha de la entrada en vigor del Decreto, cualquiera que sea su forma o denominación y siempre que resulten más favorables a los derechos de los y las trabajadoras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, afirmó que la aprobación de este proyecto es un hecho histórico y un acto de justicia para la clase trabajadora, así como la reivindicación de la lucha de millones de trabajadoras y trabajadores.

Además, el coordinador de la bancada de Morena señaló que, de manera manipulada y maquinada, algunos “líderes obreros charros y corruptos” trataron de culparlo por el retraso en la aprobación del dictamen, lo cual fue falso, pues él es simpatizante de las causas de las y los trabajadores.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró el trabajo no debe convertirse en explotación ni en una forma de enriquecer a unos cuantos a costa de la mayoría.

El senador añadió que el incremento del descanso de los trabajadores es un tema de relevancia económica, pues no otorgarlo de manera adecuada produce daños a la salud, con efectos como la disminución de la efectividad y productividad en el empleo.

Precisó que, desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, hace 52 años, no se había reformado el artículo 76, que establece sólo seis días de vacaciones.

Patricia Mercado de MC indicó que las vacaciones son un privilegio, sino un derecho, por lo que el dictamen es relevante pues representará un nuevo piso de derechos, aunque dijo que “de ninguna manera es el ideal”.

El gobierno federal precisó que sí se hará un tajo a cielo abierto para lograr el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, y una vez que se logre se procederá a construir un memorial en su honor.

“Ya hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien, llegamos a un acuerdo que se consolidó de una manera muy importante, se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya, cuanto antes”, dijo la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

La funcionaria indicó que en breve comenzará el proyecto, que calificó como una obra de ingeniería “magna, muy importante”; en dicha obra participará de manera importante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellos mismas (familiares) lo solicitaron. Quieren algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos, sin problemas e indemnización, por supuesto”, expuso Velázquez.

Precisó que todavía no se ha definido la cantidad exacta que se le dará a cada familia, aunque dijo que será una indemnización “muy seria y digna”.

Así fue como la funcionaria hizo frente a las declaraciones que los familiares de mineros atrapados comenzaron a hacer en los últimos días, refiriendo que los trabajos de rescate se suspenderían y que no habría tajo y los cuerpos quedarían sepultados.

Los familiares dijeron que se les informó que solo habría una capilla memorial para recordar a los trabajadores.

De acuerdo con declaraciones al periódico Reforma de Juanita Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros atrapados, las esposas de los trabajadores aceptaron una indemnización y que el lugar será propiedad de las familias para que no se vuelva a extraer carbón en la zona.

Apenas el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las familias de los mineros ya habían aceptado el plan para el rescate, el cual tardaría algunos meses.

“Mandamos consultar con familiares se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya, pues han aceptado”, apuntó López Obrador.

Además, esta mañana durante su conferencia matutina, confirmó lo informado por Laura Velázquez.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, declaró.

Indicó que “ya se tiene un acuerdo con los familiares” y que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

Pemex y sus trabajadores acordaron un aumento al salario del 4% y a las prestaciones del 2.25% para el periodo 2022-2023.

Petróleos Mexicanos expresó en un comunicado que con esta alza “se garantiza a las trabajadoras y trabajadores el respeto y cumplimiento de sus derechos y prestaciones establecidos en la ley”.

También detalló que el aumento al salario y a las prestaciones de los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm), fue presentado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia encargada de vigilar e impartir justicia en las relaciones y posibles conflictos laborales en México.

“Al término de las negociaciones, ambas partes coincidieron su voluntad en la construcción de un acuerdo justo en beneficio de la comunidad petrolera y garantizar su bienestar laboral”, añadió Pemex.

La empresa productiva del Estado calificó de “fructífero” el diálogo con el Stprm por el que se dio el incremento del 4% al salario de los trabajadores de Pemex y destacó que muestra la buena relación y el objetivo de consolidar la soberanía energética del país.

“Pemex y el Stprm continúan con la cimentación de una relación constructiva, fincada en el respeto, la eficiencia y la disciplina financiera; con el propósito de fortalecer a la institución como palanca del desarrollo nacional para consolidar la soberanía energética de nuestro país”, resaltó.

Recordemos que la revisión salarial entre Pemex y el sindicato de trabajadores petroleros comenzó desde el pasado 26 de julio, el cual se acompañó de la auditoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal.

Este último aumento al salario de los trabajadores de Pemex fue mayor al acuerdo de octubre pasado, por el que se dio un alza a sus percepciones salariales del 3.4% y de 1.76% a sus prestaciones para el periodo 2021-2023.

En su más reciente reporte financiero, Pemex reportó un beneficio neto en el primer semestre de 2022 de poco más de 253 mil millones de pesos, un dato positivo que se compara con las pérdidas de casi 23 mil millones de pesos del mismo periodo de 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este viernes la iniciativa de ley que prevé regular los créditos de nómina con cobranza delegada y permitir que los bancos cobren pagos directamente del salario de los empleados.

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador”, señaló el mandatario a pesar de que la iniciativa fue aprobada gracias al apoyo de Morena y aliados.

Agregó que ningún banco debe hacer esta retención ni tampoco ninguna institución financiera. Indicó que el gobierno no debe prestarse a esto. “No estoy de acuerdo con esta iniciativa”.

López Obrador recordó que esta iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados con cambios, por lo que regresó al Senado, donde confió que se revise bien. Acusó a los legisladores de no leer bien las iniciativas, lo que pudo provocar que pensaran que era en beneficio de los trabajadores.

Finalmente, dijo que era “respetuoso” del Poder Legislativo, aunque afirmó que, de aprobarse, él mismo buscaría vetar la ley.

Y es que ayer, la Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que regula los Créditos de Nómina con Cobranza Delegada. Busca impulsar un tipo de financiación que se entrega tomando como garantía el pago quincenal o mensual que reciben los trabajadores.

Según esta ley, una vez se obtiene el crédito, el trabajador puede autorizar a la empresa donde trabaja descontar directamente de su nómina un monto específico para realizar pagos parciales, periódicos o totales, sobre el préstamo que tiene con la entidad financiera.

La Secretaria del trabajo publicó en sus redes sociales un mensaje en que señaló que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, “no pueden ser embargados los salarios de los trabajadores”.

Indicó que la postura del presidente es firme respecto a la iniciativa, pues atenta contra el principal sustento de la familia.

La bancada del PAN señaló que la reforma incorpora mecanismos fuera de la ley, como es la cobranza delegada, la cual en un término simple se refiere a que el patrón se convierte en el cobrador del sector financiero y eso va en perjuicio de la clase trabajadora.

Alertó que se autoriza al patrón a descontar directamente al trabajador el importe del pago de los créditos, desde antes de que reciba su salario. “Los diputados oficialistas con su voto avalan operaciones agiotistas”, indicó Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN.

Tras señalar que la reforma sólo beneficia a una parte de las entidades financieras, en este caso a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), mencionó que lo que llama la atención es la urgencia de los integrantes de Morena para aprobarla, y es “porque públicamente lo han dicho, tienen financieras y lo que quieren es ganar aún en perjuicio de los trabajadores. Vean los tuits y vean las reacciones que ha habido en este tema”.

La bancada de Movimiento Ciudadano señaló que el dictamen aprobado por Morena y aliados da certeza jurídica solamente a quienes otorgan créditos y embarga de facto el salario de las y los trabajadores. Dijo que abre la puerta a que el salario de las y los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido.

“Su intención es acceder a la retención del 45%. Tampoco se fija cuál será la tasa de interés de los créditos, abriendo la puerta al crecimiento incontrolable de deuda”, acusó la bancada naranja.

Finalmente, la bancada del PRD denunció que Morena y sus aliados pretenden retornar a las y los trabajadores a esquemas de finales del siglo XIX y principios del XX cuando, en las llamadas “tiendas de raya” los patrones cobraban adeudos a sus empleados directamente de sus salarios.

Un sindicato independiente obtuvo la victoria para representar a los trabajadores de la planta de General Motors, ubicada en Silao, Guanajuato, luego de la jornada electoral que se llevó a cabo e 1 y 2 de febrero.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), venció a sus tres rivales por un amplio margen, incluida la mayor organización laboral del país que había mantenido el contrato colectivo de trabajo durante 25 años.

El voto de varios miles de trabajadores era obligatorio en virtud de la reciente reforma laboral que se incluye en el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Además, el ejercicio fue acompañado por diversas autoridades, tanto de nuestro país como por parte del gobierno estadounidense.

La central obrera federal dijo que SINTTIA ganó con 4,192 votos de un total de 5,389 papeletas válidas, en unas elecciones con una participación de casi el 90%.

Muchos trabajadores esperaban derrocar a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) después de votar el año pasado para disolver su contrato con el grupo en una votación supervisada por funcionarios estadounidenses en el marco del T-MEC.

La CTM había mantenido el contrato de Silao desde que la planta abrió en 1995, además de que se le criticaba el hecho de estar alineada con el PRI. En la elección de ayer, la CTM obtuvo apenas 247 votos.

Otro grupo que, según los críticos, tiene vínculos con la CTM, conocido como La Coalición, quedó en segundo lugar con 932 sufragios.

SINTTIA, un nuevo sindicato apoyado por grupos sindicales estadounidenses y canadienses, ha hecho campaña durante meses para reunir a sus partidarios en la planta de 6,300 empleados, y ha prometido presionar para conseguir mayores salarios.

Al respecto, General Motors reconoció y agradeció la participación activa de los empleados elegibles a ser sindicalizados, quienes dijo, ejercieron su derecho para elegir al sindicato que los representará.

La empresa recordó que el proceso contó con la presencia de representantes sindicales y observadores externos autorizados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo encargado de coordinar y ejecutar este proceso, para garantizar que se llevara a cabo de manera personal, libre, secreta y directa. También acudieron inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y más de 100 observadores independientes adscritos al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como académicos, todos ellos acreditados por el CFCRL.

El gobierno federal se comprometió a que haya una “elección libre” en la votación del nuevo dirigente del sindicato de Pemex, que está prevista que se lleve a cabo el próximo 31 de enero.

“La gran diferencia de antes y ahora es que son los trabajadores los que van a definir, los que van a decidir. ¿Qué pasaba anteriormente? El Gobierno imponía a los líderes sindicales”, dijo la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Y es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tiene pendiente la renovación de su dirigencia desde 2019, cuando Carlos Romero Deschamps, renunció en medio de investigaciones de la Fiscalía por delitos de corrupción.

La elección se realizará el 31 de enero y será la mayor elección en la que se aplicarán las nuevas reglas de la reforma laboral de 2019 del gobierno de López Obrador, que garantiza que los comicios se realicen con voto libre y secreto, y con la inspección de la Secretaría de Trabajo para evitar cualquier práctica irregular.

El STPRM ya ha renovado sus 36 secciones a lo largo de 2021, en donde, por primera vez, la oposición ganó en cuatro. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto esta mañana por Alcalde, durante el proceso de renovación se han recibido 772 inconformidades, de las cuales 4 se resolvieron con la repetición de los comicios.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la Secretaría. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad en la empresa. Hasta ahora más de 50 mil trabajadoras y trabajadores petroleros se han registrado a la plataforma para poder emitir su voto.

Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

“De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores”, dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

“Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades”, reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anuncio este martes el relanzamiento del llamado ‘Permiso COVID’, que permite a los trabajadores/derechohabientes tramitar su permiso laboral ante infecciones o sospecha de COVID-19, y romper las cadenas de contagio.

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó que esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social.

Con este Permiso “se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes”, dijo Robledo a través de un video publicado en redes sociales.

Recordó que este trámite se puso en marcha en marzo de 2020, como una manera eficiente para reducir riesgos y romper cadenas de contagio, y ahora, ante el aumento de casos de COVID-19 por la nueva variante, Ómicron, se vuelve a reactivar.

El funcionario aclaró que a diferencia de como venía funcionando, esta vez el ‘Permiso COVID’ ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Además, no será requisito obligatorio presentar prueba COVID.

La duración del permiso para quienes lo solicitan es hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas, y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva.

El director general del Seguro Social reconoció la efectividad de gestionar el permiso en línea, ya que con este mecanismo, al corte del 31 de diciembre de 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos COVID-19, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios.

Lo más relevante, añadió, es que se redujeron los traslados y se facilitó el cobro de la incapacidad y subsidios por este concepto, se depositaron directamente en la cuenta bancaria de los interesados y quienes realizaron sus trámites.

Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en compañías de 100 o más empleados tendrán que vacunarse contra el COVID-19 a más tardar el 4 de enero o someterse semanalmente a pruebas del virus, esto de acuerdo a las nuevas reglas emitidas este jueves por el gobierno.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) dijo que las compañías que no cumplan con el mandato enfrentarían multas de casi 14,000 dólares.

Los nuevos requerimientos, anunciados inicialmente en septiembre por el presidente Joe Biden, serán aplicables a unos 84 millones de trabajadores en empresas medianas y grandes, aunque no está claro cuántos de esos empleados no están vacunados.

Se aplicarán reglas más estrictas a otros 17 millones de personas que trabajan en hogares de ancianos, hospitales y otras instalaciones que reciben fondos de los programas Medicaid y Medicare. Esos trabajadores no tendrán la opción de someterse a pruebas solamente y tendrán que ser vacunados.

Los trabajadores, sin embargo, podrán pedir exenciones por razones médicas o religiosas.

La publicación de las reglas sigue a semanas de revisión regulatoria y reuniones con grupos empresariales, sindicatos y otros. Las regulaciones forman la piedra angular de la gestión más activa de Biden hasta ahora para combatir la diseminación del coronavirus.

OSHA redactó las reglas bajo una autoridad de emergencia para proteger a los trabajadores de un peligro inminente. Altos funcionarios del gobierno dijeron que las reglas previenen conflictos con leyes u órdenes estatales, como aquellas que prohíben que los empleadores requieran vacunaciones, pruebas o el uso de mascarillas.

El requerimiento iba a entrar en vigor el 8 de diciembre, pero el gobierno dijo este jueves que será aplazado hasta el 4 de enero para coincidir con los requerimientos a otras empresas grandes y proveedores de atención médica.

Los trabajadores tendrán que recibir dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o una dosis de la de Johnson & Johnson para ese día. Los trabajadores no vacunados deberán presentar un resultado negativo verificado al menos una vez a la semana y usar mascarillas en el trabajo.