El diario The New York Times sorprendió esta lunes al publicar una nueva investigación sobre un espionaje a diversos periodistas destacados en México, así como a defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.
Según detalla el diario, los líderes de opinión han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que en un principio debía ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, sin embargo, asegura ha sido utilizado con otro fines.
Entre las personalidades que han sido investigadas y espiadas por el gobierno mexicano, se menciona a los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola; el activista Mario Patrón del Centro Prodh; Juan Pardinas del IMCO; Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. La nota del NTY señala que el espionaje no paraba en ellos, sino que fue más allá al alcanzar a sus familiares, incluido un adolescente.
Se detalla que el software utilizado por el gobierno mexicano responde al nombre de Pegasus, detallando que se infiltraba en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para “vigilar” cualquier detalle de la vida diaria de las víctimas por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Se sabe que incluso se podía utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
De acuerdo a la investigación del NYT , estos hechos son un “intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”.
Según detalla el diario, el gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos en apego a la ley. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”. Sin embargo, al ser cuestionado por el medio estadounidense, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Con información de The New York Times / Foto: Archivo APO
