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LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

 

Todo mundo supone que el presidente tendrá la posibilidad de imponer al candidato de su preferencia, como si nada hubiera cambiado en las últimas décadas, pero especialmente desde la derrota del PRI en 2000. El viejo sistema se fue deteriorando -y produjo repetidas crisis- no por la capacidad o incapacidad de personas en lo individual, sino porque el sistema concebido luego de la Revolución ya era incompatible con un mundo cambiante y un país moderno, grande y demandante. Ahora, luego de patéticos resultados electorales -con calzador y, en el mejor de los casos, de panzazo y con conflicto subsecuente-, la mera pretensión de poder imponer a un candidato desde el zenit presidencial parece absurda. Como dijo Marx, la historia se repite, la primera vez como tragedia, luego como una farsa. Ante este escenario, quizá no haya pregunta más importante para el próximo año -y, quizá, para la próxima década- que la forma en que actuarán los priistas.

 

La historia del PRI es la historia del dedazo, la concentración del poder -del poder unipersonal-, de la paz impuesta desde el centro y del control político vertical. Ese es el modelo que ha intentado recrear el presidente Peña en estos años, pero su inviabilidad ha sido el resultado de la nueva realidad política -y social, económica y tecnológica- que caracteriza al país y al siglo XXI. El PRI de hoy ya no es el de antes y los sistemas de control de antaño sólo producen confusión y, luego, caos.

 

El nuevo panorama, justo a un año de los próximos comicios para la presidencia, no es alentador para un gobierno tan impopular y, sobre todo, para un momento tan sensible y delicado, tanto en lo interno como en lo externo. No es sólo el enojo popular, la inseguridad que ignoran y desdeñan los políticos o el pobre desempeño económico para un enorme número de mexicanos, sino también la evidencia de corrupción y la flagrante impunidad. No es obvio que estas circunstancias sean distintas al pasado, pero sí lo son las percepciones y el amplio acceso a la información. Como dice David Konzevik, “los pobres de hoy son ricos en información y millonarios en expectativas”. Cualquiera que sea la causa, el PRI que hoy se perfila a la próxima justa presidencial no vive sus mejores días.

 

El problema del PRI ciertamente no es novedoso, pero el gobierno actual lo ha agudizado; ha enajenado a los propios priistas: su administración incluye esencialmente a políticos del Edomex y excluye a prácticamente todos los demás, circunstancia que ha enardecido al partido en todos los rincones del país. En segundo lugar, desapareció la quizá más impactante de las características que hacían distintivo al PRI: su disciplina casi leninista en la búsqueda del poder. En las elecciones de 2015, por ejemplo, el gobierno jugó contra el PRI en una jugarreta de palacio pero con desastrosas consecuencias para el PRI. Tercero, tan distante de la realidad se ha vuelto que se ha perdido en estratagemas de fragmentación del electorado que lo han convertido en el principal promotor de Morena.

 

Por donde uno lo vea, el gobierno se ha convertido en un dolor de cabeza para los propios priistas. Es en estas condiciones que se avecina la asamblea del PRI de agosto próximo. Dado el desempeño del gobierno y del partido, todo anuncia que habrá una enorme rebelión entre los priistas, rebelión contra el gobierno o, más concretamente, sobre cómo se nominará al próximo candidato presidencial y con qué mecanismo o criterio. Es decir, una rebelión contra el dedazo.

 

Una rebelión no tiene por qué implicar gritos o golpes, pero sí puede entrañar una transformación radical del sistema político mexicano y ahí yace su trascendencia y complejidad. Trascendencia porque el sistema de gobierno que tenemos, el que construyó Plutarco Elías Calles empleando como modelo -diría Roger Hansen- al porfiriato, sigue siendo el mismo en su esencia a pesar de la enorme transformación que ha experimentado el país (y el mundo) en el último siglo, o sea, un anacronismo. Por otro lado, la complejidad de una rebelión como la que anticipo radica en que algunos de los “alzados” buscarían preservar los privilegios pero sin la disfuncionalidad del dedazo (o sea, la tía y la bicicleta), en tanto que algunos otros, quizá los menos, promoverían una reforma radical del sistema.

 

Vienen, en consecuencia, meses complejos en los que se podrían sentar las bases para la reconfiguración del viejo sistema político o para su colapso final. Cualquier cosa es posible, sobre todo porque lo fácil es iniciar una rebelión; mucho más difícil es controlar su resultado: una vez que ésta inicia, nadie sabe cómo termina. En un escenario así, los priistas tendrían en sus manos la oportunidad de crear condiciones para la construcción de un nuevo sistema político (y darle sepultura al disfuncional sistema de hoy), o para generar caos al pretender preservar los privilegios sin darle viabilidad económica o política. La diferencia radicaría en quién o, más bien, qué gana: la construcción del nuevo entramado institucional que le urge al país o el intento de preservar, bajo nuevas reglas, el mundo de corrupción, privilegios e impunidad que han sido el sello de la casa desde su inicio.

 
@lrubiof

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

MILENIO

 

 

 

Nuestra democracia necesita correcciones serias al menos en dos frentes: la corrupción electoral y la construcción de mayorías efectivas.

 

Respecto de la corrupción electoral, he oído en estos días, de Luis de la Calle y Luis Carlos Ugalde, una sugerencia interesante: establecer el voto obligatorio para todos los ciudadanos.

 

Buena parte de la corrupción electoral es para inducir o evitar porciones pequeñas del voto porque en escenarios de baja participación, y de fragmentación del voto, ganar esos pocos puntos es ganar la elección.

 

El gasto en la famosa “operación electoral” pierde peso cuando la votación es copiosa. Deja de tener sentido y de ser costeable, si en vez de elecciones de 40 o 50 por ciento de participación, se tienen de 80 o 90 por ciento.

 

El voto obligatorio induciría esto último y volvería ociosa la manipulación en el margen que es la especialidad de gobiernos y partidos.

 

Respecto de la construcción de mayorías efectivas, ayudaría establecer la segunda vuelta electoral entre los candidatos punteros. Esto tendría la ventaja de respetar en la primera ronda la diversidad partidaria existente y arrojar en la siguiente un ganador claro, por mayoría absoluta.

 

El mecanismo le da un doble poder a los votantes: el de votar por quien desea en la primera vuelta y por quien quiere efectivamente que los gobierne en la segunda.

 

Da también a los candidatos y a los partidos la oportunidad de formar alianzas políticas después de la primera vuelta y llegar a la segunda con algo más parecido a lo que pudiera ser después un gobierno de mayoría efectiva.

Los grandes adversarios de la segunda vuelta en México han sido históricamente el PRI y López Obrador. Se oponen porque creen que en una segunda vuelta sus posibilidades de perder serían mayores que las de ganar. Bajo ningún supuesto imaginan que puedan ganar la mayoría absoluta.

 

Una reflexión aparte merece la segunda vuelta legislativa, posibilidad que odian los partidos pequeños, pues normalmente no estarían nunca representados en la segunda vuelta.

 

El Congreso, poco a poco, iría volviéndose un cuerpo de dos o tres partidos. Es posible, pero el interés de los partidos pequeños no puede condicionar el interés mayor de la salud de la vida democrática que estamos perdiendo.

 

NEXOS

José Woldenberg

 

 

 

 

¿No sería bueno inyectar al análisis de las elecciones la dimensión política? Porque pareciera que de pronto se nos olvida lo fundamental: los ciudadanos que acuden a las urnas y votan.

 

Al escuchar y leer a algunos parecería que todo se reduce a un asunto de malas mañas, compra de voluntades, presiones ilegales, ríos de dinero que todo lo inundan, olvidando que el día de los comicios comparecen ante la urna millones de ciudadanos que votan según su muy real saber y entender. No digo que las malas artes no existan, pero no lo explican todo.

1. Antes de los comicios del domingo se habían celebrado, desde 2015, 21 elecciones para renovar Gobernadores. Pues bien, en 13 ganaron las oposiciones (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) y en 8 se mantuvo en el Gobierno el mismo partido (Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Puebla, San Luis, Tlaxcala y Zacatecas). En el 62 por ciento de los casos hubo alternancia y en el 38 continuidad. Estos datos (creo) ilustran que no existe un gran titiritero (el Gobierno o los Gobiernos) y unos títeres (nosotros). El malestar con los Gobiernos puede estar explicando ese fenómeno.

2. De las 34 mil 094 casillas que debían colocarse en los Estados, todas funcionaron. No es un asunto menor, menos una cuestión rutinaria. Mucho nos dice de las autoridades electorales, pero sobre todo de los ciudadanos -insaculados y capacitados- que cumplieron con su tarea. Pese al mal humor público imperante, cientos de miles de vecinos siguen realizando una labor fundamental en el desarrollo de los comicios.

3. La participación no fue mala. En el Estado de México pasó del 46.15 por ciento en 2011 al 52.5 según datos del PREP. Un incremento de más del 6 por ciento. Aunque en Nayarit y Coahuila se mantuvo casi en las mismas cifras que en el pasado, pero por encima de la del Edomex (un poco más del 60 por ciento). No existe un abandono de las urnas, por el contrario. Legiones de ciudadanos se presentan a la cita y ejercen un derecho fundamental.

4. En los resultados del Estado de México influyeron diferentes “variables”. Pero no conviene excluir a la política. Todas las encuestas previas al día de la elección indicaban que la mayoría de los ciudadanos deseaban un cambio. Y eso se constató con la votación. El “pequeño detalle” es que las oposiciones fueron cada una por su lado. Esa fragmentación ayudó al PRI, pero también estuvo a punto de favorecer a Morena. El Conteo Rápido nos informó que Alfredo del Mazo obtendría entre el 32.75 y el 33.59 por ciento de los votos y Delfina Gómez entre el 30.73 y el 31.53. Eso lo corroboró el PREP con el 97.79 por ciento de las actas. El PRI y aliados 33.72 y Morena 30.81. Falta el conteo oficial que inicia mientras escribo estos apuntes. Y ojalá se haga de manera exhaustiva de tal forma que coadyuve a despejar dudas.

5. En Nayarit, único Estado en el que la diferencia fue amplia, sí hubo coaliciones. Por un lado, PAN-PRD-PT y un partido regional), por el otro (PRI-PVEM-Nueva Alianza). Antonio Echevarría, de la primera, obtuvo (según el conteo rápido) entre el 37.96 y el 41.40 por ciento de los votos y Manuel Cota entre el 24.84 y 28.20. El margen fue tan amplio que el perdedor aceptó su derrota.

6. En Coahuila, el Conteo Rápido le dio al candidato del PAN y aliados entre el 36.64 y el 39.08 por ciento de los votos y al del PRI y compañía entre el 34.75 y el 37.34. Y dado que los números se empalman fue claro desde el inicio que habría que esperar hasta el conteo oficial. Esa necesidad se incrementó cuando el PREP, que dejó de contabilizar un número muy elevado de actas (más de mil), dio un resultado en el que el abanderado del PRI (38.31) supera al del PAN (36.81). Así que a esperar.

7. En Veracruz se precipitó un alud contra el PRI. Perdió 54 Alcaldías. De 212 ayuntamientos, 112 fueron ganados por la coalición PAN-PRD, 36 por el PRI-PVEM, 18 por Nueva Alianza y 17 por Morena. Pero si uno se concentra en las 10 ciudades más importantes la derrota es mayor: PAN-PRD ganaron 5 (Veracruz, Tuxpan, Córdoba, Papantla y Boca del Río), Morena 4 (Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán) y el PRI sólo una (Orizaba). ¿Tendrá algo que ver la gestión y la rapiña del Gobernador Duarte?

 

Es el día D. Llevamos muchos meses esperando este día. ¿Quién va a ganar el Estado de México? ¿Cuántos estados va a ganar el PRI? ¿Tiene Morena lo que se necesita para ganar? Y, más importante, ¿para perder? ¿Qué le pasó al PAN en el Estado de México? ¿Cómo llegó el PRD tan bajo? Son las preguntas lógicas en esta contienda que como nunca antes se ha visto denitiva por los efectos hacia la grande, hacia el 2018. Preguntas que sin duda son importantes.

Pero si vamos a los fundamentales, hay otros temas de fondo que deben resolverse en la democracia mexicana para asegurar avanzar en el sentido correcto. Por ejemplo: ¿para qué creamos reglas que parecen muy buenas pero que son tan absurdas que no modican más que marcos normativos y no conductas?

 

Texto completo en El Universal

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

 

El país lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.

 

En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados. Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y, sobre todo, de credibilidad, cada que hay elecciones. En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.

 

No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote. En el ámbito político, las reformas electorales tampoco han cambiado la naturaleza de la interacción partidista, aunque la han hecho mucho más compleja: siguen fluyendo ríos de dinero, los gobiernos salientes y el gobierno federal siguen dedicados a manipular los resultados y los puestos de elección popular siguen siendo fuentes de enriquecimiento, no de buen gobierno. Todas esas reformas han fracasado en producir un sistema eficaz de gobierno, como ilustra la crisis de seguridad.

 

Otra manera de decir esto es que el país sigue viviendo en el pasado aunque le haga caravanas al futuro. Deirdre McCloskey expresó esta idea de una manera por demás explicativa: “la izquierda y la derecha se unen en oposición al futuro: la primera porque no es un futuro planificado y la segunda porque éste no es idéntico al pasado”. El futuro que todo mundo promete acaba siendo una quimera porque nadie tiene ni la menor intención de construirlo.

 

Hoy, día de elecciones, es necesario reflexionar sobre las promesas de candidatos en campaña frente a los rezagos, carencias, problemas y atrasos que persisten y que son producto de un pasado que los creó pero que es incapaz de resolver. ¿Cómo conciliar estas dos realidades, estas dos caras de una misma moneda?

 

Históricamente, el país ha sido un botín -para robar o para construir otro puesto, pero botín al fin- para los partidos y políticos, lo que obliga a preguntar si el ejercicio continuo e imparable de posponer soluciones es sostenible. Es decir, si bien la economía ha crecido a un ritmo de más o menos 2% en las últimas décadas, esa cifra, como todo promedio, esconde más de lo que revela. Algunas entidades y regiones crecen a tasas casi asiáticas en tanto que otras se contraen. El potencial de conflicto social en estas últimas es infinito y, en muchos sentidos, constante. A pesar de ello, gobiernos van y vienen pero los rezagos -y sus consecuencias- persisten.

 

Los mundos del pasado y del futuro no se comunican, pero uno depende del otro y es ahí donde choca la actividad gubernamental. Los problemas del pasado -inseguridad, mala educación, pésima infraestructura, ausencia de autoridad- impiden que se construya el futuro, ese que requiere condiciones idóneas para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Parecería obvio que es necesario lidiar con el pasado para que sea posible construir el futuro, pero esa obviedad no lo es en el terreno de la acción gubernamental porque implica afectar intereses: la inseguridad o la mala educación se pueden resolver, pero la solución implica meter al redil a grupos políticos, sindicatos y, en general, intereses dedicados a depredar del statu quo. Así, el pasado -que sigue siendo presente- impide la construcción del futuro.

 

Un nuevo gobierno tendría que pensar en cómo transitar de un lugar al otro. No es posible proponerse atraer inversión -el Estado de México, por ejemplo, la ha venido expulsando- a menos que se atiendan los problemas de seguridad. La inseguridad, un rezago y resabio del viejo sistema político, sólo puede enfrentarse con un sistema de gobierno distinto, fundamentado en concepciones del siglo XXI, no las que el viejo priismo heredó del porfiriato. Sin seguridad, el futuro es inconcebible. Lo mismo sucede con la educación: la educación concebida para el control y el beneficio sindical es incompatible con la economía del conocimiento y es la principal causa de los malos empleos y bajos salarios. No es casualidad que sus baluartes sindicales sean los principales soportes de la convocatoria más reaccionaria y retardataria en la elección del Edomex de hoy.

 

Con Trump, el agua le llegó al tope al viejo sistema. La pregunta es quién ofrece una mejor alternativa.

 
@lrubiof

ENRIQUE KRAUZE

REFORMA

 

 

En junio del año pasado, en una conferencia de prensa con sus contrapartes de México y Canadá, Barack Obama se asumió como populista en la definición anglosajona del término, la referida a “aquellas políticas que buscan apoyar al pueblo, y en particular a las personas de clase trabajadora”. En ese momento aún se veía remoto, por no decir imposible, el arribo de Trump al poder. No sé si ahora, tras el triunfo de Brexit y del fascista que habita (a veces) la Casa Blanca, y ante el ascenso mundial de los líderes que desde la izquierda o derecha representan y defienden feroces políticas antiliberales, Obama -tan sensible y preciso con las palabras- seguiría definiéndose como un populista. No lo ha hecho y es probable que ya nunca lo haga. Y es que la palabra ha terminado por encontrar (en la realidad, no en los diccionarios) su significación definitiva, no tanto por las vagas ideologías que defiende sino por la perversa dominación que trae consigo.

 

Obama -estadista admirable- era víctima de una ilusión óptica, muy típica por lo demás del mundo estadounidense: pensar que toda la historia es historia americana. Andrew Jackson, en efecto, fue “populista” porque abrió una era de intensa participación popular en la democracia estadounidense. Pero en la acepción moderna, la que opera en Europa o en América Latina, no era un populista, entre otras cosas porque nunca rompió el orden institucional.

 

La palabra populismo ha tenido buena fama no sólo en Estados Unidos. También en Rusia, donde el movimiento Narodniki tuvo una importancia enorme en la formación de la conciencia revolucionaria. Los populistas rusos (estudiados por Franco Venturi y referidos en varios ensayos de Isaiah Berlin) eran jóvenes de la burguesía o la aristocracia que abandonaban sus hogares para ir al pueblo, para integrarse a él, aprender de él, redimirlo y redimirse. Eslavófilos por lo general, hallaron una voz en León Tolstoi, que no sólo vestía como Muzhik sino que creó la máxima idealización del alma pura en Platón Karataev, el santo campesino de La guerra y la paz. Curiosamente, fueron los propios campesinos rusos los que expulsaron a los jóvenes populistas de sus comunidades. No los reconocían como sus salvadores ni se reconocían en ellos.

 

En América Latina no hemos dudado en llamar populista al populista, con el sentido real del término. Populista fue Eva Perón, que dijo: “Yo elegí ser ‘Evita’… para que por mi intermedio el pueblo y sobre todo los trabajadores encontrasen siempre el camino de su líder”. Populista fue Hugo Chávez, que en infinitas ocasiones alardeó de ser la encarnación del pueblo: “aquí no hay nada más que amor: amor de Chávez al pueblo, amor del pueblo a Chávez”. Su sucesor no ha podido ser populista porque el carisma no se hereda, porque ya no tiene “pueblo” con el que identificarse (la inmensa mayoría se le opone, hasta el martirio). Y porque es simplemente un asesino.

 

En el México de los setenta tuvimos dos gobiernos que llamamos populistas: los de Luis Echeverría y José López Portillo. Lo fueron por su estilo demagógico y su política económica (que sepultó la economía del país en un mar de inflación y endeudamiento) pero en estricto sentido ninguno de esos mandatarios fue propiamente populista porque no establecieron un vínculo personal de dominación con “el pueblo”. El poder no residía en sus personas sino en la Silla presidencial. Entre ellos y los sufridos acarreados a sus manifestaciones mediaba un entramado sólido: la institucionalidad del sistema. Era esencialmente corrupto pero tenía límites internos y reglas infranqueables, sobre todo una: la no reelección. Los líderes populistas buscan perpetuarse.

 

“Si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista”, declaró hace unos meses Andrés Manuel López Obrador. Nadie lo acusó de populista por esas razones. Pero su nombre está “apuntado en la lista” por motivos que lo alejan de Lázaro Cárdenas, el presidente más popular del siglo XX, a quien admira profundamente. Cárdenas no alentaba el culto de su personalidad, no utilizaba expresiones religiosas para definir su vocación, no amenazaba con actuar por encima de las instituciones, no promovía el odio de una parte de la nación contra otra.

 

En las librerías del mundo occidental proliferan ahora las obras sobre el populismo. Ya no hay equívocos. El populismo es el uso demagógico de la democracia para acabar con ella. A Obama la realidad le corrigió la plana: es popular, no populista.

 
www.enriquekrauze.com.mx

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

REFORMA

El reportaje de la revista Time es un buen retrato del niño que ocupa la Casa Blanca. Donald Trump recibe a los reporteros del semanario y les enseña los rincones de su nueva residencia. Un día antes que decida remover al director del FBI, los lleva a la oficina oval, a las salas de juntas, a su comedor. En una de las habitaciones ha instalado una enorme televisión y quiere mostrarles imágenes que, a su juicio, son importantísimas. Toma el control remoto y busca un segmento que muestra a los demócratas en el Senado en su grabadora de video. Le maravilla el TiVo. “Este es uno de los grandes inventos de la humanidad”, dice. Lo que les enseña es una sesión en la que sus opositores balbucean. El Presidente interviene: “Míralos cómo empiezan a ahogarse como perros”. Divertido, les adelanta: miren lo que viene. “Están desesperados para tomar un respiro”. El presidente de Estados Unidos invita a un grupo de periodistas para burlarse de sus opositores. Como lo haría un niño que ha capturado una escena bochornosa de un compañero de salón, se divierte. Miren: se está ahogando. Y la gente de atrás, boquiabierta. El niño hace del escarnio el vínculo con los otros. La mofa es su recurso de conexión emocional.

El Presidente está feliz con sus juguetes nuevos. Les muestra los salones que ha redecorado con su espantosa devoción por los brillos y los dorados. Les enseña un teléfono que encripta la voz. Se relata en la revista otra escena que parece también reveladora. Los periodistas cenan con el Presidente y el vicepresidente. Mientras Trump habla de sus grandes logros, los reporteros se percatan de que los meseros tratan de manera distinta al jefe. No es que cuiden su dieta con alimentos especiales. Las porciones son distintas. Al niño septuagenario le sirven el doble que a los demás. El niño de la casa tiene derecho al doble de pastel. Cuando llega el postre recibe dos bolas de helado de vainilla. El resto, una.

El niño que gobierna a Estados Unidos ha desatado ya una crisis política que no es exagerado decir que pone en riesgo a la democracia norteamericana. Desde la asunción del poder, el malcriado ha golpeado cada uno de los pilares de la convivencia democrática. Los golpea por el placer de escuchar el ruido que hacen las cosas al romperse. Las aberraciones son hábitos de quien siempre ha hecho lo que le da la gana. A los medios no solamente los ha llamado “enemigos del pueblo”, sino que ha amenazado con perseguir legalmente a sus críticos. Ha agredido a los jueces que han echado abajo sus decretos inconstitucionales. Y todos los días libra una batalla contra la verdad. Donald Trump miente tanto como se elogia. Falsedad y narcisismo son las dos constantes de su discurso.

La crisis que se ha abierto en esta semana es seria. James Clapper, antiguo director Nacional de Inteligencia, ha dicho que las instituciones democráticas de Estados Unidos sufren el ataque del presidente de la República. La decisión de remover al director del FBI constituye un claro abuso de poder. No es una maquinación estratégicamente diseñada. Es un impulso, otro más de sus arrebatos. Y no es que el Presidente carezca de facultades para despedirlo. El Presidente puede hacerlo, pero tomar ahora esa decisión, cuando el FBI investiga la intervención rusa en la elección, implica una obstrucción de la justicia. Quien es investigado, remueve al investigador. Tan torpemente se ha ejecutado esa decisión, que la coartada con la que se pretendía encubrir quedó exhibida por la incontinencia del niño Presidente. En la entrevista que concedió unas horas después del despido, soltó la sopa: lo corrí porque me molestaba su investigación. Una candorosa admisión de abuso provocada por la necesidad de afirmar que su voluntad no necesita consejo. Y tras la confesión, la amenaza. El Presidente, de la manera más pública, pretende intimidar a quien seguramente rendirá testimonio sobre el caso.

El sistema presidencial norteamericano procura la estabilidad del cuatrienio. El presidente Trump, sin embargo, juega con fuego. Su suerte depende de los republicanos. Hasta ahora han optado por la complicidad. En la medida en que la impopularidad del Presidente crezca y que su base de apoyo se erosione, ese apoyo podrá diluirse también. El niño iracundo puede romper su sonaja.

De cara a las elecciones que se vivirán este domingo en Francia, diversas encuestas se han levantado en el país Galo, mismas que miden la preferencia electoral entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, sin embargo, la encuesta de la universidad Suffolk muestra que el presidente Donald Trump no es precisamente muy querido Francia.

De acuerdo al sondeo, un 82% de los franceses no ven con buenos ojos al manate neoyorkino, situación que de acuerdo a especialistas, podría ver afectada a Marine Le Pen, a quien Trump ha apoyado abiertamente. El estadounidense encabeza la lista de los políticos que fueron medidos. En contraste, al rededor del 13% tiene una buena opinión de Trump mientras que un 5% esta indecisos en su opinión. La tercera parte de los encuestados nunca había oído hablar de Trump.

Según la encuesta, Trump es repudiado más que el ruso Vladimir Putin (71% desfavorable), el presidente de China, Xi Jinping (43% desfavorable), y que la canciller alemana Angela Merkel quien logró obtener la opinión negativa más baja con 23%, mientras que fue valorada positivamente con el 70%.

Con información de Newsweek / Foto: Newsweek

La empresa KPMG dio a conocer su informe de “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017”, en donde 7 de cada 10 directivos de empresas en México reprobaron la actuación del gobierno federal en temas económicos.

Se detalla que es el nivel de desaprobación más alto de los últimos cuatro años en los que Enrique Peña Nieto ha estado al frente del gobierno federal, y es reflejo, según la consultora, del trabajo del gobierno en temas como corrupción, inseguridad y el aumento de los precio de los combustibles.

La encuesta que KPMG hace, toma en cuenta a 868 ejecutivos, desde gerentes hasta presidentes del consejo de administración. En su edición 2016, 4 de cada 10 ejecutivos reprobaba la actuación del gobierno federal. “En términos generales, los encuestados consideran regular o malo el papel del gobierno como promotor de la competitividad”, indicó el vocero de la consultoría.

En conferencia de prensa, se indicó que la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desalentado a los altos ejecutivos de las compañías en México, pues 64% de los empresarios consideró que la economía del país empeorará este año por las políticas que pueda aplicar el mandatario de esa nación.

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

 

Por Vidal Llerenas, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional

Milenio 

 

 

No se trata de un tema de mezquindad, como se dice. No se trata de negarse a dar al Ejército, ahora, lo que supuestamente pide. De hecho, no existe una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, al que pertenecen las secretarías de Defensa y Marina en materia de seguridad interior. Es decir, no sabemos con precisión la posición del gobierno de la República en el tema.  Desde ahí comienzan las dificultades. Todo inició con dos iniciativas de prominentes legisladores de PAN y PRI.  Las propuestas de l diputado César Camacho y del senador Roberto Gil son sospechosamente coincidentes. Luego se sumó la iniciativa del senador Barbosa, que resoonde a algunas de las críticas a las propuestas anteriores, pero que coincide con ellas en el fondo.

 

Si lo que se pide es aprobar dichas iniciativas, entonces se pide dispensar a las fuerzas armadas de controles y dar pie a situaciones donde pudieran cometerse más violaciones a los derechos humanos. En las propuestas, por ejemplo, se reserva la información derivada de la aplicación de esta ley como materia de seguridad nacional o se considera la posibilidad de obtener información de particulares bajo cualquier medio.

 

Se dice que las propuestas garantizan a las fuerzas armadas un marco jurídico para que realicen una labor que no pidieron hacer, como si en el servicio público fuera válido desempeñar o no un trabajo porque se pide, cuando en realidad depende de las atribuciones y responsabilidades que uno tenga. En todo caso, legislar en materia de seguridad interior es una manera de mantener a las fuerzas armadas en una tarea para la que no están preparados a realizar. Asumámoslo, seguridad interior es un eufemismo para mantener a los militares en acciones de seguridad pública. No es delimitar sus acciones, sino ampliar sus facultades.

 

El concepto de seguridad interior es problemático debido a que establece una categoría confusa entre la seguridad pública y la nacional. Se dice que la seguridad interior se refiere a cuando las instituciones están en riesgo, lo que abarcaría a casi cualquier cosa. Los conceptos como el deber de proteger o que existe un peligro mayor, supranacional, provienen del tipo de políticas asumidas por Estados Unidos después del episodio de las Torres Gemelas.

 

Se parte de la idea de que la ciudadanía tiene que estar dispuesto a perder parte de sus libertardes a cambio de que agencias del Estado, con letalidad mayor a los de las policías, garanticen su seguridad. La idea de seguridad interior corresponde a parte de la narrativa de la guerra contra el narco. Es posible que la continuidad de esa estrategia es la que hayan discutido los secretarios de Estado y del Interior del vecino país con los titulares de Defensa y Marina de México. Se pretende legislar en seguridad interior incluso antes de hacerlo para construir un sistema nacional policial, que garantice la calidad de las policías a lo largo del país.

 

Cabe señalar que es la mejora de los cuerpos policiales y de los de procuración de justicia lo que permitió reducir la violencia en países como Colombia. La Auditoría Superior de la Federación, en su evaluación de la política de seguridad señala fallas serias en la coordinación y desarrollo de políticas policiales que realiza, la Secretaría de Gobernación. Se ha fallado de manera estrepitosa en cumplir con la promesa de tener policías eficaces y, ahora lo que sucede es que los civiles electos se quieren deshacer de las responsabilidad de encargarse de la seguridad pública, el principal problema del país.

 

Además, no existe una facultad expresa del Congreso para legislar en la materia,  por lo que es probable que se trate de una ley inconstitucional. En todo caso, las actividades que realizan las fuerzas armadas tendrían que regularse en la Ley de Seguridad Nacional. En su casco, la acción de las fuerzas armadas o de otro cuerpo de seguridad que tenga que hacer uso de algún tipo de facultad extraordinaria tendría que hacerlo por medio de un  esquema en el que se suspendieran garantías.

 

Dicha suspensión tendría que ser temporal, en un territorio específico, con objetivos concretos y con controles administrativos, judiciales y legislativos. Lo que hoy tenemos es una suspensión de facto de garantías que en nombre de las acciones de seguridad realizan las fuerzas armadas y otras agencias de seguridad.

 

No se trata de negar a las fuerzas armadas el reconocimiento por la labor que realizan por los mexicanos. Tampoco pretender que se retiren en los próximos días de los lugares que actualmente patrullan. Pero tenemos que reconocer que debido a su carácter de instituciones de guerra es muy complicado que combatan al crimen sin maximizar el uso de la fuerza o que pueden realizar acciones de prevención e investigación del delito sin violar derechos fundamentales.

 

Es además falso que las iniciativas que se proponen protejan a los militares. Esto lograría regresándolos a las labores que les son propias. Las actuales iniciativas de ley , no van a liberar a los militares de la obligación de cumplir el debido proceso y el respeto estricto a los derechos humanos. Lo que sí generarían es menos transparencia y menos control por parte de las autoridades civiles.

 

Se urge legislar, en nombre del honor del Ejército, en un concepto etéreo, peligroso y sin que los detalles estén claros sobre la mesa. La pregunta no es si necesitamos esta ley o no, primero hay que responder si queremos seguir con la misma estrategia de militarizar la seguridad.