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¿Qué le dijeron, de qué se enteró o qué vio Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo hasta hace unos días para haber cambiado de opinión respecto al Ejército y su presencia en las calles?

De haber dicho que su estrategia de seguridad arrancaría por regresar al ejército a sus cuarteles, ahora ha presentado su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 mediante el cual anuncia la creación de una Guardia Nacional que será entrenada por y subordinada a los mandos militares.

Es decir, el Ejército no solo no regresa a sus cuarteles. Está aquí para quedarse y lo hará reforzado con 50 mil elementos que conformarán la Guardia Nacional.

En el Plan aquilata la crisis tan grave de seguridad que vive México aduciendo que es de proporciones no vista desde los tiempos posrevolucionarios. “El próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón.”

Nadie puede negar que la inseguridad está desbordada. Como dato al margen que refuerza esta situación, en estos momentos se está llevando a cabo el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, con lo que por primera vez un narcotraficante extranjero está siendo sometido a juicio en Estados Unidos. Los demás criminales del narco que son extraditados a Estados Unidos se han declarado culpables y con ello han evitado un juicio y han buscado reducir sus condenas cooperando con las autoridades estadounidenses.

El Chapo no. El Chapo se ha declarado inocente y el primer testigo, Jesús Zambada García, quien fuera su Jefe de Logística durante años, cabeza del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y hermano de Ismael Zambada, ahora está declarando en contra de El Chapo con lo que empezamos a conocer detalles sobre estos criminales que tienen a México como guarida de delincuentes y también, como dice el documento de AMLO, convertido en un panteón.

 

Columna completa en El Universal

JOSÉ WOLDENBERNG

EL UNIVERSAL

 

El domingo escribí sobre otro asunto. Pero el lunes en la mañana me entero de los resultados de la llamada consulta y de la reacción de los organizadores y decido escribir estas notas al “bote pronto”. Me refiero solo al procedimiento. Por desgracia lo que parece un juego no lo es.

1. La votación realizada entre el 25 y 28 de octubre puede ser denominada como se quiera menos consulta. La consulta está regulada por la Constitución y la ley y el ejercicio realizado no cumplió con ninguna de esas condiciones normativas.

2. Habrá quien diga que mejor eso a nada. Pues no. La única garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestras autoridades no actúen de manera discrecional, arbitraria o facciosa, es precisamente la ley. Son las normas las que establecen lo que pueden hacer y las condiciones para ello.

3. Se dirá entonces que los organizadores no son aún gobierno y que por ello no están obligados a cumplir –como si fueran gobierno- con el marco constitucional y legal. Y en efecto así es. Pero faltando apenas un mes para su ascensión como tal, la única manera de leer el ejercicio es como una fórmula para hacer a un lado las obligaciones
normativas.

4. La “consulta” no contó con ninguno de los mecanismos de seguridad con la que se realizan en México las elecciones. Ni listas de electores, ni funcionarios de casilla sorteados y capacitados, ni vigilancia por parte de representantes de ambas opciones, ni posibilidades de inspección, ni tinta indeleble para evitar el doble voto y sígale usted. Por lo que sus resultados pueden ser creídos o no. Actos de fe.

5. La “consulta” refleja de manera mucho más inexacta que una encuesta la “voluntad popular”. La segunda se construye con una muestra representativa de la población, la “consulta” está sesgada desde origen. Ni remotamente se puede afirmar que “representa” la opinión de la sociedad.

6. El pueblo se hizo chiquito. Según los propios organizadores votó un poquito más del uno por ciento de los electores registrados en el parón. Es decir, 99 de cada 100 no participaron. Ello porque en muchas poblaciones –se anunció desde el inicio- no se instalaron casillas (se excluyó a parte del pueblo) y los otros porque simple y llanamente le dieron la espalda al ejercicio.

7. Como siempre sucede, el pueblo que compareció votó dividido (70-30). Lo digo solamente para subrayar lo obvio: el pueblo no es un bloque ni un monolito. Se trata de un conjunto diverso, plural, con intereses, marcos ideológicos, sensibilidades, visiones y reacciones desiguales y distintas. Eso que cualquiera puede constatar es el piso sobre el cual se edifican sistemas democráticos que intentan forjar condiciones para la reproducción, convivencia y competencia de esa pluralidad.

8. Por el contrario, la utilización del “pueblo” como si fuera portador de una sola voluntad, una sola voz, un solo interés, es lo que ayer y hoy “permite” a algunos hablar en su nombre y desconocer como interlocutores legítimos a quienes disienten de su voluntad. Lo cual no suele presagiar nada bueno.

9. No puede ser considerado como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad en su organización ni de equidad entre las opciones contendientes, excluyó a millones y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que, bien a bien, pueden hacer con los resultados lo que quieran. Y otra vez, si así se entiende la consulta al pueblo, lo que tendremos serán “consultas” para que el pueblo diga lo que su pastor guste y mande.

10. México ha construido instituciones en diversos campos. Muchas son débiles, funcionan de manera inapropiada y tienen carencias. Otras, por el contrario, llevan a cabo tareas estratégicas, lo hacen con esmero y cumplen su función. Sostienen y ofrecen cauce a buena parte de la vida social y sin duda son superiores a los deseos y afanes de una o más personas, por más bien intencionadas que sean. Temo a la desinstitucionalización del país, al reino del capricho.

 

La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, se encuentra preparando una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro fue el encargado de informar que se demandará al comunicador por daño moral, pues ha hecho imputaciones directas y falsas en contra de su clienta.

“Cuando se ejerce la libertad de prensa y la libertad de expresión, se tienen límites, y en el caso de Loret de Mola, ha hecho imputaciones directas, falsas, ha publicado fotografías del momento de la detención, cuando esto es, ahora ya se tapan los rostros, hasta la propia PGR ya lo hace”, dijo el abogado en entrevista con Grupo Fórmula.

Del Toro indicó que aunque respetan la libertad de expresión, una cosa es dar una opinión y otra dar calificativos y datos falsos o aseveraciones tendenciosas.

 

Con información de Grupo Fórmula / Foto: Archivo APO

Pablo Hiriart

EL FINANCIERO

Este arroz ya se coció, como dijo López Obrador al ver la encuesta de El Financiero?

Por supuesto que no. El arroz se cuece el día de la elección. Y las encuestas no son la olla.

Si fuera por las encuestas en Chihuahua gobernaría el PRI, en Durango también, en Tamaulipas igual, en Tlaxcala el PAN, Gran Bretaña seguiría en la Unión Europea y en la Casa Blanca despacharía Hillary Clinton.

La encuesta de El Financiero es excelente: muestra la foto del momento y coincide con la tendencia que marcan otros ejercicios demoscópicos: AMLO va arriba casi dos a uno.

Se trata de una ventaja muy amplia que tal vez convierta a López Obrador en el próximo presidente de México. En efecto, eso podría ser. Pero falta la elección.

Falta también la reflexión del voto, pues hay indecisos aún entre quienes dicen que van a votar por AMLO.

Tan no la tiene segura, que sus adeptos en medios de comunicación han comenzado a hablar, de manera insistente, en que se gesta un “fraude” electoral para impedir la victoria del candidato de Morena.

Opinan que las encuestas son la verdad definitiva, y no es así.

De pronto salieron fieles creyentes en las encuestas, cuando en elecciones anteriores las descalificaban con el argumento de que estaban cuchareadas, no indicaban la realidad, y ellos tenían “otros números”.

Si López Obrador pierde el 1 de julio no será por fraude, sino porque la reflexión del voto provocó un viraje del hígado al cerebro. O al corazón.

Resulta bochornoso verlos, leerlos y oírlos festejar las encuestas como si se tratara de una proeza histórica.

Comenzaron cuatro años antes a hacer campaña presidencial, mientras sus contendientes utilizaron sus tres meses que les asigna la ley.

Si algún fraude habrá en esta elección, gane quien gane, será la campaña anticipada del candidato López Obrador que recorrió cuantas veces quiso el territorio nacional con un baúl de promesas de lo que haría cuando gane la presidencia.

Eso es ilegal, y de darse el triunfo de López Obrador será porque contaron con la complicidad de los órganos electorales que no le sancionaron ninguno de sus actos anticipados de campaña.

Miles de millones de pesos derrocharon en campaña anticipada para promover a su candidato presidencial. Hubo más de tres millones 500 mil spots en los que salió la figura o la voz de López Obrador.

Sus contendientes respetaron las reglas y los resultados se reflejan en las encuestas.

Obviamente no es lo único que tiene a López Obrador arriba. Hay que contar los errores en el gobierno, en el PRI y en el PAN.

Pero la campaña anticipada también cuenta, y fue ilegal.

Y el INE, que guardó silencio ante las ilegalidades de López Obrador con la campaña adelantada y la utilización de dinero de procedencia desconocida antes de que Morena tuviera registro, ahora se pone en plan valiente y hace callar a empresarios que tienen todo el derecho a expresarse.

Qué árbitro tan curioso. Dejó pasar las ilegalidades de quien se ubicó, en parte gracias a ellas, como puntero en las encuestas, y silencia a los que hacen uso de las facultades que les da la ley.

Pero en las encuestas no se cuece el arroz, sino el día de las elecciones.

Y para ello falta que el electorado recapacite y reflexione sobre el sentido de su sufragio.

México es nuestra casa, todos los que habitamos en este país somos una gran familia.

¿A cuál de los tres candidatos le vamos a confiar nuestra casa y nuestra familia por seis años?

Faltan pocas semanas para resolver esa pregunta. Hay una tendencia que indican las encuestas, pero la interrogante se resolverá definitivamente hasta el último minuto, a solas en la casilla electoral.

Ellos lo saben. Por eso pretenden hacer creer que con las encuestas ya ganaron.

Y que si pierden, como es posible que suceda, será por fraude.

De acuerdo con el chequeo de opinión que publicó este viernes El Financiero, 70% de los mexicanos afirma que las empresas sí les indican por quién votar el próximo 1 de julio, esto luego de que en los últimos días se ha ventilado que diversas empresas han dirigido mensajes electorales a sus colaboradores.

A la par, 71% de los consultados consideran que las elecciones están en riesgo por la violencia que se vive en el país. Respecto al desarrollo de la economía, uno de los factores que repercute directamente en los bolsillo de los ciudadanos, 70% creen que es falso que la economía crezca.

Al consultar sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato puntero en las encuestas, el 55% consideró que goza de buena salud pese a los rumores que han surgido indicando lo contrario; mientras que 61% afirma que AMLO no es un peligro para México como lo han hecho creer por sus detractores.

Sobre la contienda electoral, 71% de los encuestados afirmaron que el actual proceso les ha causado mucha ansiedad, y 71% considera que las campañas ya deberían terminar.

 

Con información El Financiero / Foto: Archivo APO

José Luis Vargas

Excélsior

 

 

Las críticas que importan son de las personas que uno respeta por su nivel intelectual, honestidad y sensatez. Esa es precisamente la razón que me lleva a responder a los recientes artículos de José Woldenberg, Vergüenza (12/4/18) y de Jesús Silva–Herzog Márquez, El abono (16/04/18), ambos publicados en Reforma.

Ambos analistas incurren en el mismo error: condenar a una persona a partir de la animadversión que permea en el ambiente con respecto a ella. Y es que la manera en la que Silva-Herzog se expresa en su texto del candidato Rodríguez Calderón refleja un prejuicio en el que el autor ya lo declaró culpable, sin importarle que hasta el momento no existe sentencia o investigación ministerial concluida que constate tales ilícitos. Esto a través de calificativos como los de la primera oración de su segundo párrafo: “El Tribunal Electoral ha convertido a un forajido en candidato presidencial”, o cuando afirma que “El gobernador con licencia empleó los recursos de su estado para engañar al Instituto Nacional Electoral”.

Hoy es muy fácil caer en la constante tentación de generar juicios paralelos o mediáticos a partir de la simple creencia de uno o múltiples ciudadanos de que el otro es culpable, y que ello se replique como un virus, hasta llevarlo a la condena.

Así de tajante es la conclusión del politólogo cuando nos dice en su artículo que su convicción de la culpabilidad de el Bronco entorno a presuntas firmas irregulares es porque el periódico Reforma así lo dijo hace unos días: “Reformahacía hace unos días el recuento de sus trampas”.

 ¿De verdad creemos que a la sociedad le conviene un aparato de justicia que se deje guiar por los mismos criterios inquisitivos?

Otro de los argumentos en el que coinciden ambos articulistas de este diario, es al exponer lo que a su juicio es la obligación del TEPJF: ofrecer certeza y tutelar la aplicación de la ley y la Constitución. En este apartado preciso no podría estar más de acuerdo, si no fuese porque ambos se refieren al cumplimiento de esos principios desde una perspectiva abstracta y subjetiva de lo que consideran son los “buenos” valores que deberían prevalecer en una decisión judicial. La defensa de la Constitución y de los DDHH no se limita a reponer procedimientos, sino a favorecer la protección más amplia de las personas, por lo que su alcance es el de reparar integralmente las violaciones.

Es decir, olvidan que el caso concreto al que se refieren tiene una parte demandante; Rodríguez Calderón-, quien acude a la justicia a hacer valer sus derechos y probar afectaciones concretas imputables a la autoridad electoral, quien originalmente negó su derecho a estar en la boleta.

Precisamente, la actuación de un tribunal apegado a los principios del Estado de derecho exige analizar si la actuación del Estado fue proporcional y apegada al marco legal respecto de quien acude alegando un derecho violado. En el caso concreto, el Bronco alegó y probó que durante el proceso de verificación de las casi dos millones 200 mil firmas que presentó, al menos un millón 200 mil habían sido validadas por el INE. Dentro de esa primera etapa, Rodríguez Calderón acudió a 12 audiencias en las que demostró que decenas de miles de firmas que el INE había declarado erróneamente inválidas, cumplían en realidad con los requisitos legales. En esas audiencias no se revisó la totalidad de los apoyos invalidados por la autoridad administrativa; faltando del total de apoyos, más de 400 mil de ser revisados por el aspirante.

En la última fase de verificación (revisión cualitativa), el INE le comunicó que, del millón 200 mil apoyos previamente revisados y validados a 387 mil 897 se le habían encontrado “inconsistencias” de última hora. Sin explicar en qué consistía cada una de éstas, el Bronco se dio a la tarea titánica de demostrar que existieron errores y acreditó que más de 14 mil eran en realidad válidas. Es aquí cuando él solicitó que le permitieran revisar los 418 mil 494 respaldos que no fueron cotejados en su presencia.

Hasta este momento, Rodríguez Calderón había recuperado 62 mil 760 firmas erróneamente invalidadas por el INE, lo que representó un margen de error del 8% del total de los apoyos que tras haber sido invalidados, fueron cotejados por él.  Cabe preguntar en quién debería recaer la presunción de inocencia y la protección jurídica, cuando se logró probar un desaseo de 62,760 firmas mal verificadas.

Existen otros ejemplos igualmente alarmantes como el margen de error en la verificación de firmas de la aspirante María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien de las más de 11 mil firmas que el INE le invalidó, logró demostrar que el margen de error de la autoridad administrativa en dicho proceso fue del 70%. Es decir, 7 de cada 10 firmas invalidadas fueron errores imputables al INE.

Además, resulta alarmante que en el marco de la crítica es evidente que las sentencias no han sido leídas, aún cuando son públicas y cualquier persona las puede consultar, ya que el texto de las sentencias permite advertir sus evidentes diferencias.

Cuando ambos analistas refieren que se aplican dos varas distintas a casos idénticos, connotan que no conocen a fondo ninguno de los dos casos respectivos. Ambos juicios tienen en común que el TEPJF consideró que a los dos aspirantes se les violaron sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Esto último, debido que el INE, mediante la aplicación para recabar firmas, dejó a los aspirantes sin capacidad de probar que los apoyos que les invalidaban realmente eran de ellos. En otras palabras, es como si cualquier ciudadano, al realizar un trámite administrativo como la obtención de una licencia para conducir, el pago de impuestos, etcétera, el Estado omitiera entregarle un resguardo de un comprobante que le permita acreditar que realizó ese trámite en tiempo y forma.

En otras palabras, el INE los privó de contar con una prueba que les permitiera confrontar su afirmación y con ello poder recuperar apoyos que en realidad eran válidos, lo que se traduce a que los aspirantes acudían a ciegas sin poder defenderse plenamente. Por ello, el TEPJF consideró que el derecho de audiencia que se les permitió ejercer fue deficiente.

No obstante, lo anterior, la mayoría del Tribunal reconoció que se trataba de circunstancias distintas, ya que el Bronco, al haber solicitado y acudido a revisar los apoyos que le invalidó la autoridad, demostró que el INE actuó con un alto margen de error. Por otra parte, Ríos Piter no acudió y por ende no demostró que la autoridad hubiese desestimado los apoyos que obtuvo en tal proporción como en el caso del regiomontano.

En tal sentido, las pruebas que aportó para ese asunto particular Ríos Piter, no generaban si quiera la presunción de que alcanzaría las más de las 866 mil firmas requeridas, mientras que Rodríguez Calderón sí. Se trata de mera aritmética: un 8% de margen de error del INE, contra 1.9% de firmas por alcanzar y un universo de más de 418 mil firmas que no se le dio oportunidad de revisar, a pesar de haber sido solicitado.

Esa fue la razón por la que una mayoría de magistrados del Pleno de la Sala Superior optó en el caso de Rodríguez Calderón por la inmediata reparación para que ejerciera su derecho a ser votado y apareciera en la boleta, pues de no hacerlo así y haber llegado a comprobar la validación de esas firmas (cuestión qué ocurriría por los números señalados), el hoy candidato hubiera perdido al menos una tercera parte del periodo de  campaña  (30 días), con lo cual la afectación hubiera sido irreparable y se habría vulnerado además el principio de equidad en la contienda.

Contestando precisamente a esos juicios lapidarios en los que Silva-Herzog y Woldenberg cuestionan la solvencia técnica e imparcialidad de la mayoría de la Sala Superior del TEPJF, habría que recordar que uno de los fundamentos del Estado constitucional y democrático radica, precisamente, en los límites y garantías para que la autoridad que representa al Estado no avasalle los derechos de los individuos, debido a la desproporción que existe entre uno y otro. Los jueces actuamos conforme a un expediente concreto, en donde ante cada caso se valoran y ponderan los elementos que conforman el juicio. Cuando existen pruebas o indicios a favor del individuo que generan una duda razonable o plausible, la obligación del juzgador es decantarse por su inocencia.

En ese sentido, la sentencia de la Sala Superior se avocó a verificar si los respaldos ciudadanos presentados por el Bronco eran suficientes para alcanzar la candidatura, y no a castigar aquéllos que no cumplían con los requisitos legales; además de que esas presuntas conductas irregulares son objeto de investigación ante las autoridades competentes.

Finalmente, subrayo que la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales no se mide por la popularidad de sus decisiones, sino por una actuación que constate el respeto irrestricto a los derechos humanos, a un juicio justo y al debido proceso, trátese de quien se trate.

*Magistrado del TEPJF

 

Si bien hacia principios de octubre del año pasado la situación para el TLCAN parecía estar al borde del fin, hoy los esfuerzos conjuntos del grupo empresarial encabezado por Moisés Kalach; el equipo de negociadores del gobierno mexicano encabezados por la dupla Videgaray-Guajardo y los asesores de ambos han logrado inclinar la balanza a favor de la continuidad del tratado o en contra de la salida de EUA de éste.

 

Platicando con quienes han estado en las renegociaciones del TLCAN veo un lamento; un miedo y dos señales de optimismo ahora que está por comenzar una nueva ronda de renegociaciones.

 

Arranco por el optimismo. Los negociadores mexicanos han logrado reunirse con 27 gobernadores de Estados Unidos para sensibilizarlos de lo que significaría el fin del TLCAN para sus ciudadanos. Para varios de ellos la relación comercial con México les resultaba o desconocida o ajena. Un ejemplo fue la plática que sostuvieron los negociadores mexicanos con la gobernadora Kim Reynolds de Iowa. Ella no sabía que México representaba el 95% de las exportaciones de puerco de una de las empresas más importantes de su Estado, Sioux –Preme Packing Co. Y que, sin el TLCAN, México podría importarle en lugar de a esta empresa, a otras en Europa o Japón, que son los competidores más importantes para Iowa y con quienes México tiene también acuerdo de libre comercio.

 

Como este ejemplo, hay varios que han logrado hacer ver a gobernadores, congresistas y empresarios estadounidenses que el TLCAN es conveniente para la región. Con ello, cada vez que alguno de estos actores siente que Trump vuelve a querer cancelar el acuerdo, son los propios estadounidenses los que abogan por seguir en él.

 

Otra señal de optimismo proviene del enfriamiento de las relaciones EUA-China. Si bien una guerra comercial entre ambos países no es una buena noticia para nadie, el discurso anti déficit que Trump ha tenido en contra de México parece estar girando hacia China. Esto hace sentido en la visión mercantilista de Trump ya que el déficit de EUA con México (63 mil mdd) es muy inferior al que tiene EUA con China (más de 500 mil mdd).

 

El lamento viene para el sector empresarial por haber abandonado el gran cabildeo que tuvo México en EUA durante las negociaciones del TLCAN en los 80s y principios de los 90s. La duda que flotan es: si este esfuerzo hubiese permanecido quizás Trump nunca habría agarrado a México como su pieza de golpeteo favorita desde que estuvo en campaña.

 

 

Columna completa en El Universal

Arranca el 2018 y los temas nacionales serán las elecciones, la economía y la seguridad.

 

¿Cuáles son los retos en cada uno de estos rubros?

 

Elecciones: Las elecciones presidenciales, de nueve gubernaturas y varias alcaldías, para un total de 3 mil 326 cargos pondrán a prueba las instituciones electorales como el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE. A pesar de ser costosísimas, no han logrado abonar en la confianza ciudadana. Esto ha sido así por una serie de factores: desde que los partidos políticos aprueban reglas electorales que ellos mismos rompen una y otra vez – por ejemplo, al buscar remover antes de lo previsto a los consejeros electorales o procurar el reparto de cuotas partidistas en las instancias electorales; hasta que los propios políticos que compiten por un cargo rara vez reconocen cuando pierden y por ello las elecciones constantemente tienen que ser resueltas en tribunales. Es la judicialización de la política y esto será uno de los grandes retos en este 2018.

 

Economía: el panorama se antoja sumamente complicado. A las autoridades les encanta decir que se debe a factores externos, pero la realidad es que también y sobre todo son los factores internos los que no nos permiten un crecimiento adecuado. Si bien en lo externo está la amenaza de que la reforma fiscal de Trump recién aprobada haga más atractivo invertir en Estados Unidos y tendremos la constante amenaza de que Trump retire a su país del TLCAN de un twitazo, la verdad es que ambas situaciones nos hacen vulnerables porque llevamos tiempo sin hacer la tarea interna. Es decir, no tenemos instituciones sólidas y fuertes que den confianza a los inversionistas y tampoco hemos buscado hacer crecer nuestro mercado interno. Por lo anterior, México no puede hacerle frente a las bravuconas de Donald Trump como sí tiene la capacidad el otro socio del acuerdo que es Canadá. Encima de todo, tenemos que sumar la incertidumbre económica que generará el proceso electoral del julio. 2018 se antoja así muy complicado en el plano económico.

 

Seguridad: Cerró el 2017 como el más violento en los últimos 20 años. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que hasta noviembre del 2017 hubo 23 mil 101 homicidios dolosos. Este número es superior a los 22 mil asesinados en 2011, año que hasta ahora había sido el más violento…

 

 

Columna completa en El Universal

De cara a la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el instituto Pew Research Center revela un estudio en el que la mayoría de los estadounidenses (56%) creen que el acuerdo es bueno para su país, mientras que solo un tercio (33%) opinan lo contrario.

 

 

A pesar de la retórica del Presidente Donald Trump sobre que el acuerdo pone en desventaja a Estados Unidos,  un grupo reducido de encuestados creen que México (30%) o Canadá (20%) se benefician más del acuerdo.

 

Cosa contraria sucede con los republicanos, quienes creen que el acuerdo comercial es malo para los Estados Unidos y que ha beneficiado a México. Más de la mitad de los republicanos y de los independientes republicanos tienen una opinión negativa del TLCAN: el 54% dice que el acuerdo es malo para Estados Unidos, en comparación con el 35% que dice que es bueno.

 

Por el contrario, las opiniones demócratas son positivas: el 72% de los Demócratas dicen que el TLCAN es bueno para el país, y solo un 18% piensa que es malo.

 

Con información de Pew / Foto: Archivo APO

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

En la Ley de Ingresos aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, básicamente se tomó una decisión de gasto. Me explico: los 43 mil millones de pesos adicionales que se registraron no tienen una fuente real de donde se generen. Se supone que los ingresos se recalculan porque el tipo de cambio será mayor, el precio de petróleo promedio del año será de 48.5 dólares (algo muy poco probable) y mejorará la eficiencia recaudatoria del gobierno. Es decir, se asumen mayores riesgos, al tomar variables en rangos menos conservadores. En realidad, se renuncia a discusión tributaria alguna, y se apuesta a que las estimaciones que envió la Secretaría de Hacienda estuvieran subestimadas. Por cierto, si el dólar y el precio del petróleo van a aumentar, y el impuesto especial a las gasolinas se mantiene, entonces el precio de éstas al público necesariamente va a subir. Es probable que el gobierno decida manipular el impuesto, como lo ha hecho este año, para posponer los incrementos de precios hasta que pasen las elecciones. Como la SHCP puede decidir durante el año como aplica el impuesto a las gasolinas, el Poder Legislativo puede también mandatar qué se hace con el mismo en una ley especial, de carácter anual, como es la Ley de Ingresos.

 

Es interesante preguntarse la razón por lo que dicha ley fue votada por todos los partidos, excepto Morena, en un contexto de alta confrontación política, cuando el nuevo cálculo de ingreso en realidad incrementa la incertidumbre y no se reduce el polémico impuesto a las gasolinas. En realidad los votos de PAN, PRD y MC no eran necesarios para que la ley se aprobara, bastaban el PRI y sus aliados. El punto es que a la hora de los ingresos se establecen compromisos de gasto. El problema es que no se hace por medio de procesos transparentes. Se negocian asignaciones a estados y municipios fuera de los esquemas de transferencia automáticos, basados en indicadores de población y pobreza, para hacerlo de manera discrecional, de acuerdo a la preferencia de los actores políticos. Eso explica en buena medida los problemas de calidad de gasto y corrupción en el gasto subnacional. Se dice que los 43 mmdp van a un fondo de reconstrucción, pero este simplemente no existe. Lo más probable es que una parte de los mismos se destinen a los famosos moches, por eso diputados de todos los colores, supuestos opositores de cepa, aprobaron con tanto entusiasmo la Ley de Ingresos.

 

De hecho lo que se anuncia es que el gobierno relajará la contención de gasto de los primeros meses del próximo año. Lo puede hacer no solamente porque cuenta con un registro de 43 mmdp adicionales, sino también porque el déficit autorizado es 44% superior a la deuda autorizada. Esto, en un contexto en el que el costo financiero de la deuda del país es, en proporción del PIB, similar al que enfrentábamos en los años 90. En general, esta Ley de Ingresos sirve para relajar las restricciones que en materia de déficit y deuda imponen distintas legislaciones a entidades y a la Federación. Los estados pueden, por ejemplo, tomar compromisos respaldados por las aportaciones federales, el ramo 33, sin autorización de sus congresos locales. El punto de la Ley de Ingresos no es sólo establecer lo que se recauda por cada fuente de ingreso, sino darle la vuelta a la legislación regular. Es decir, el gobierno compra márgenes de discrecionalidad y opacidad porque acuerda asignar gasto cuando discute los ingresos.

 

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América el Norte (TLCAN), han provocado nerviosismo entre los inversionistas y comunidad empresarial de los tres países en cuestión: México, Estados Unidos  Canadá, pero ¿qué opinan los mexicanos sobre el acuerdo comercial?

 

De acuerdo con una encuesta difundida por el diario El Financiero, el 56% de los mexicanos prefiere que el país se salga del TLCAN en caso de que las renegociaciones no sean favorables, contra un 31% que afirma que es más conveniente que México siga, independientemente de lo que se renegocie.

 

Al cuestionar a los encuestados, qué tanto es un tema de preocupación la actualización del tratado, 58% indicaron que “mucho”, mientras que un 40% indicó que “poco o nada”. Las regiones Sur y Centro-Occidente del país son las que más apoyan que México salga del acuerdo al alcanzar 58% de las opiniones; la zona Norte apoya la ida en un 56%. La zona centro es donde menos se apoya el salir del tratado comercial con 53%.

 

Respecto al equipo negociador, un 42% de los consultados califica su desempeño como “muy bueno o bueno”, un 29% lo califica como “malo o muy malo” y un 15% considera que ni bueno ni malo”.

 

 

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

La nueva encuesta de Pew Research Center, indica que la imagen que los mexicanos tienen sobre Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en la última década y media, situación que coincide con la llegada de Donald Trump Presidencia del país vecino y en especial a la construcción del muro fronterizo.

 

 

 

 

De acuerdo al estudio, el 65% de los mexicanos tiene una opinión negativa de Estados Unidos, más del doble (29%) que hace dos años; adicional 94% de los mexicanos rechazan la construcción del muro. “Esta erosión de la buena voluntad de México hacia los Estados Unidos coincide con una baja aprobación del presidente estadounidense Donald Trump”.

 

En 2015, el 66% de las opiniones fueron favorables hacia los Estados Unidos y sólo un 29% fueron desfavorables. La caída de 36 puntos porcentuales en favorabilidad es la más grande en 37 países encuestados por Pew.

 

En el lado económico, la mayoría de los mexicanos (55%) ven una relación buena con Estados Unidos buena, aunque dicha estadística representa una disminución de 15 puntos a la cifra de 2013 y 21 puntos respecto a 2009. Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 3 de cada 5 mexicanos (60%) ven el TLCAN como algo bueno para su país.

 

 

 

 

Con información de Pew Research Center / Foto: Archivo APO

En las dos rondas de renegociaciones del TLCAN el gobierno mexicano ha estado sumamente firme en algo que me parece incomprensible: en que México sea un país de mano de obra barata.

 

Incomprensible que mientras las contrapartes de Estados Unidos y Canadá pidan mejores salarios para los trabajadores mexicanos, nuestros negociadores le digan a los vecinos del norte que no se metan en esos temas y que nos dejen lo laboral a nuestras leyes. El asunto es de índole nacional, declaró Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y por ello le pidió a sus contrapartes estadounidenses y canadienses que dejen de pugnar por mejores salarios para los trabajadores mexicanos.

 

La preocupación me parece genuina de parte de Estados Unidos y Canadá, pero debiera serlo también para México. Mientras que un trabajador en cualquiera de los dos países del norte gana alrededor de $58 dólares el día, en México el salario es de $4.50 por día.

 

Por ello se podían escuchar gritos afuera del hotel sede de las renegociaciones en la Ciudad de México de Jerry Dias, dirigente de uno de los sindicatos privados más grandes de Canadá, Unifor, pidiendo que los trabajadores mexicanos ganen más pesos la hora.

 

A esta petición Carlos Aceves del Olmo, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional la CTM, declaró que esos salarios eran un sueño guajiro.

 

 

 

 

 

Columna completa en EL UNIVERSAL