Tag

Opinión

Browsing

De acuerdo a la más reciente encuesta de Consulta Mitoksky, la problemática que más urge atender en el país es la inseguridad (50.9%), mientras que en Sinaloa, donde se llevó a cabo el recién operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, la inseguridad es también el mayor problema a resolver (30.8%).

La opinión que se tiene sobre el Ejército es, a nivel nacional, 62.5% buena, 26.4% regular y solo un 10.1% mala. En Sinaloa, la opinión es 51.5% buena, 33.8% regular y 13.6% mala.

Sobre usar al Ejército para combatir al crimen organizado, el 82% de los encuestados indican que es correcto emplear al Ejército, mientras que en Sinaloa 82.6% coincide con dicha afirmación.

A nivel nacional, 56.7% de los mexicanos se sientes seguros cuando miembros del Ejército patrullan los municipios y estados.

Respecto al operativo de Culiacán, Sinaloa, 55.5% de los encuestados a nivel nacional, y 71.4% en Sinaloa, indican que el gobierno hizo bien en liberar a Ovidio Guzmán debido a los actos violentos y amenazas contra la sociedad que los delincuentes hicieron en respuesta a la detención del hijo de «El Chapo».

Al plantear a la ciudadanía qué hubieran hecho si ellos hubieran sido los responsables de decidir sobre la liberación o no de Ovidio Guzmán, 56% a nivel nacional y 69.7% en Sinaloa afirmaron que hubieran liberado al narcotráficante para evitar muertes civiles. Solo 38.1% y 23.3% respectivamente lo hubieran mantenido retenido y encarcelado pese a las vidas civiles que se hubieran podido perder.

La mayoría de los encuestados (68.1% y 73.2%) coincidieron en que si no se hubiera soltado a Ovidio Guzmán el crimen organizado hubiera cumplido su amenaza en contra de la sociedad.

51.8% de los encuestados a nivel nacional aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) actuó de buena manera respecto al operativo, mientras que 58.6% calificaron al actuación del Ejército del mismo modo.

Sobre la estrategia de seguridad que mantiene el gobierno federal, el 53% de los consultados a nivel nacional refirieron que debe modificarse porque no está dando resultados, mientras que 42.4% indicaron que debe mantenerse.

Mientras los campesinos reciben ayuda económica a través de Segalmex, que les compra sus productos a precios de garantía; los adultos mayores reciben su cheque mensual; los jóvenes que ni estudian ni trabajan reciben tres mil 600 pesos… por mencionar solo tres de los programas del gobierno actual, las afectaciones a las mujeres trabajadoras se siguen sumando.

Primero vino el anuncio de la cancelación de los refugios a mujeres víctimas de violencia, que afortunadamente no prosperó, por la serie de reclamos de que esto era una barbaridad. Después vino la cancelación del programa de estancias infantiles, del cual son beneficiarias más de 300 mil mujeres que acuden para que sus hijos estén cuidados mientras ellas trabajan. Y ahora, en el nuevo paquete económico 2020, se incluye una iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se busca gravar con impuesto a personas físicas dedicadas a la venta por catálogo.

Este impuesto va a afectar primero que nadie, a mujeres, ya que arriba del 90 por ciento de quienes venden productos por catálogo son mujeres que son el sustento de su casa. O no tienen trabajo y ganan a través de estas comisiones que reciben por vender distintos productos como maquillaje, zapatos, suplementos alimenticios, electrodomésticos, etc. O que tienen un trabajo y mediante estas ventas complementan un ingreso para cubrir las
necesidades de sus familias.

Sea cual sea su situación, el trabajo es honesto.

Pero ahora, con el gobierno sufriendo la baja recaudación de ISR e IVA por el frenón que provocaron en la economía y con la necesidad de cumplir con la promesa que hizo el presidente desde campaña de que no habrá alza a los impuestos en los primeros tres años de gobierno, la novedad es querer inventar nuevas formas de recaudar más de quienes ya son causantes del fisco. Solo así podrán siquiera pensar en cumplir sus metas.

Así, el secretario de Hacienda llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados, en donde  se encontró a un grupo de mujeres pidiéndole que no se aplique este nuevo impuesto a la venta por catálogo. Herrera respondió que no se trata de un nuevo impuesto porque es el mismo que se aplica ya en otros establecimientos como restaurantes o librerías, en donde el consumidor paga a la hora de hacer el consumo vía el IVA.

Pero el asunto no es tan sencillo. Cuando uno llega a un restaurante o a una librería paga un impuesto al consumo. Pero a las mujeres que llegan a empresas como Avon, zapatos Andrea etc., a donde llegan a comprar para revender, se les quiere cobrar como si fuera consumo. Los números que dieron a conocer ante la Cámara de Diputados las mujeres que recibieron al secretario de Hacienda es que ellas en promedio compran al mes 3 mil pesos de mercancía. De ahí, al ir puerta por puerta para vender a amigos, conocidos o familiares, acaban recuperando lo invertido más 750 pesos al mes, en promedio, cuando venden todo.

La nueva ley que se está discutiendo en el legislativo dice que de esos tres mil pesos, la empresa de venta de catálogo les va a retener el 20 por ciento a las mujeres, después de darlas de alta, para así cobrarles el ISR mensual, vendan o no su mercancía. Esto será así aun si en ese mes las mujeres no vendieron el total de esa mercancía que compraron.

 

Columna completa en El Universal

La buena noticia en el arreglo que anunciaron los empresarios y la Comisión Federal de Electricidad en el diferendo sobre los contratos de cinco de los siete gasoductos en conflicto es que se logró un acuerdo ganar-ganar.

Ganaron todos porque se evitó ir a un arbitraje internacional que sería costoso no solamente en términos monetarios, también de imagen para México como un país en el que los acuerdos no siempre se respetan, depende de quien esté en el gobierno.

Ganaron gobierno y empresas porque lograron mejorar a la baja las tarifas que le pagará la CFE a las empresas que construyeron los gasoductos, pero se extendió el periodo de los contratos. Así no se altera el valor del proyecto. En lugar de pagar una tarifa menor al principio y que fuera creciendo con el paso de los años para tomar en cuenta variables como la inflación, se acordó una tarifa constante, pero de mayor duración. Los contratos pasaron de ser de 20-25 años a 30-35 años.

Sigue pendiente saber qué va a ocurrir con los dos gasoductos de la empresa Fermaca (Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara y La Laguna-Aguascalientes). Fermaca se encuentra en un escenario distinto al que tienen los otros cinco gasoductos en cuestión y que construyeron IEnova, TC Energy y Carso. En el caso de éstas últimas empresas el capital para el gasoducto provino en parte de las propias empresas. Los dos gasoductos de Fermaca se hicieron con capital prestado y cualquier cambio a los contratos se debe hacer tomando en cuenta la postura de los bancos, es decir, el proceso de renegociación es más tardado.

La otra buena noticia es que los gasoductos se los quedan los privados. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba convencido de que el hecho de que los privados se quedaran con el gasoducto al concluir el periodo del contrato era un robo a México. Ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, pudo explicarle al presidente López Obrador que lo que él pretendía era como pensar que si una persona renta un departamento por diez años, al final de la década el departamento pasa a ser de quien rentó el inmueble. Obvio no. El presidente entendió.

Fue justo la participación del presidente AMLO la que logró destrabar las negociaciones. Que pasaran de una discusión ideológica a una discusión en términos comerciales. Esto es una gran noticia que demuestra que si bien el presidente puede ser terco, como él mismo lo dice en varias mañaneras, a veces también puede escuchar y cambiar de opinión.

La mala noticia es que el titular de la CFE sigue siendo Manuel Bartlett. Él claramente no cree en los acuerdos público-privados en el sector energético. Añora los años en que México era

autosuficiente en producción de energía y no requería de particulares para proveer a la paraestatal. En esta nostalgia no toma en cuenta que, de entrada, la demanda por electricidad ha crecido exponencialmente en el mundo y México no es la excepción. Solamente tomando el consumo privado como ejemplo, no es lo mismo tener que conectar el despertador y unas cuántas lámparas, como hacíamos en los 80s, a todos los aparatos eléctricos que requieren conexión eléctrica ahora, desde el teléfono, las tabletas, computadoras y un largo etcétera.

Además, Bartlett, quien estudió en los años 60 Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad de París, creció con la idea de que el modelo energético francés de la otrora empresa cien por ciento estatal, Électricité de France (EDF), es el correcto.

JORGE CASTAÑEDA

EL FINANCIERO

 

 

Haber otorgado el beneplácito al embajador de la dictadura de Nicolás Maduro en México constituye una vergüenza para el país, un error político, pero sobre todo una pifia diplomática innecesaria. Lo es por la persona a la que le fue concedido, por las explicaciones que se dieron, y por la incapacidad o renuencia a adoptar una solución factible, fácil y económica.

Francisco Arias Cárdenas fue golpista con Chávez en 1992. Se dirá que se trataba de una buena causa, contra un régimen neoliberal; que Chávez también lo fue; pero nada de todo eso justifica su aceptación por un tercer país. Los venezolanos eligieron a Chávez en 1998, pero México no tenía por qué aceptar a uno de sus colegas. Ya me imagino si el gobierno chileno de Patricio Aylwin, en 1990, nos hubiera mandado de nuevo embajador a un exmiembro de la junta que derrocó a Salvador Allende. Que por cierto Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano contra el cual se alzaron, entre otros, Chávez y Arias Cárdenas, era tan amigo de México como el Chicho.

En segundo lugar, la Cancillería inventó una serie de mentiras o medias verdades para justificar el otorgamiento del beneplácito. La Convención de Viena no obliga a otorgar o negar beneplácitos en un plazo determinado y la supuesta, anacrónica y absurda Doctrina Estrada no dice absolutamente nada al respecto. La tesis según la cual en los archivos de la Cancillería no figura ningún trazo de un beneplácito anteriormente negado es un argumento para tontos e ignorantes. Los beneplácitos no se niegan por escrito; se hace palpable de manera indirecta u oficiosa que un determinado país no desea que fulano de tal sea el embajador de otro determinado país y punto.

Me remito a los dos casos que sí conozco, de dos beneplácitos negados en los hechos a México, en los años ochenta. Tanto el Reino de Holanda como el Reino Unido le comunicaron a los gobiernos de De la Madrid y de Salinas de Gortari que sus candidatos a ocupar la representación diplomática de México en La Haya y Londres no eran aceptables, y que mejor los retiraran. Si no deseaban hacerlo, no habría un rechazo formal, pero jamás una aceptación. Se retiraron ambas candidaturas, después de un “intervalo decente”.

Por último, acceder a la petición de Maduro fue un error político. La embajadora anterior del dictador había sido por lo menos aprobada por la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoritaria. Arias Cárdenas es el embajador de la Asamblea Constituyente, espuria, desconocida por buena parte del mundo, y repudiada por el pueblo venezolano. Maduro lo es también. Incluso en términos jurídicos no queda claro si podrá tomar posesión de la representación diplomática en la Ciudad de México.

Pero, sobre todo, la metida de pata trae dos consecuencias lamentables. En primer lugar, cualquier taparrabos de neutralidad al que hubiera podido aspirar López Obrador se destruyó. Por razones de pura afinidad ideológica, se otorgó un beneplácito innecesario. ¿Por qué innecesario? La respuesta es evidente para cualquiera con un mínimo de experiencia. Bastaba con no dar respuesta a la solicitud de Maduro: ni sí, ni no. Nos lo han hecho muchas veces; todos los países recurren a esta medida; nadie puede reclamar nada, y si reclaman, ni siquiera es pertinente responder. “Estamos estudiando el caso”.

Al desaparecer todo viso de neutralidad, queda patente la toma de partido de AMLO por Maduro, y la marginación completa de la Cancillería. Sabíamos que no metió ni las manos en el tema del Rey de España; conocimos las objeciones del secretario a las modalidades de la visita de Kushner a México y cómo fue informado a última hora; ahora nos enteramos que tampoco incide en la política hacia Venezuela. Nadie nos va a convencer de que Ebrard no sabía que existía una alternativa, y que prefirió el oso de Arias Cárdenas a la demora indefinida. Fue Morena, y las huestes chavistas mexicanas, que obviamente se brincaron a Ebrard y convencieron a quienes mandan que sí había que aceptar al enviado de Maduro. Golpista, ilegal e innecesario.

LIÉBANO SÁENZ

MILENIO

El mayor desafío de ahora es entenderse y asumirse en los nuevos tiempos. Es mucho lo que cambia de forma vertiginosa y es natural, ante lo desconocido y la incertidumbre, optar por resistirse al cambio. Suscribir la nueva realidad es imprescindible para todos. Esto no significa desentenderse de lo bueno del pasado ni transitar en una contemplación negativa hacia todo lo que sucede. El país está inmerso en una nueva realidad. Hay signos de preocupación, pero más que ello, compromisos por identificar y asimilar.

Es preciso diferenciar las causas de los efectos, y también efectos que se vuelven causa. En términos políticos, el amplio descontento social de años pasados dio origen a un proyecto que contó con el aval de la mayoría de la población. Para bien se abre la puerta a un gobierno decidido a cambiar, con objetivos irrefutables, pero para mal, con métodos y estrategias dudosas y que resultan contraproducentes para el mismo proyecto en curso, y también para el país. La secuela del enojo social y el deseo de cambio echó abajo los contrapesos que habían caracterizado el régimen político desde que el gobierno dividido se instauró en 1997. Esta es nuestra nueva realidad. Hay que asumirla y actuar en consecuencia. Hoy, a lo social le corresponde hacer más, porque la política no está dando para los contrapesos.

Aunque los signos del cambio despierten incertidumbre y preocupación, lo importante es ser proactivos y positivos en el espacio que a cada quien corresponde. El país es mucho más que un proyecto político en particular, éste, por más pretensiones y respaldo que tenga, se inscribe en la circunstancia de nuestros tiempos. De hecho, lo político es más precario en su continuidad que lo económico, lo social o lo cultural. Por ello es preciso observar la realidad actual con perspectiva, con un sentido de lo importante y de lo que debe trascender y permanecer.

Asumirse positivo no es una forma de someterse, como tampoco lo negativo es por sí mismo resistencia. Cuidar lo importante obliga a la mesura y también a la paciencia. La persistencia ha probado ser una actitud válida, pero ésta debe tener propósito. Además, debe inscribirse en los mejores valores de la cultura liberal como es la tolerancia, el respeto a la dignidad de las personas, y el cuidado a las instituciones que dan vigor y vigencia a las libertades y a la contención al abuso del poder.

Es posible que conforme pasa el tiempo se acentúe en algún sector el sentimiento de que lo nuevo no muestra consistencia entre lo que se hace y lo que pretende, entre lo que se predica y lo que resulta, entre los compromisos y los hechos. El futuro no es fatalmente promisorio ni desastroso, es lo que cada quien, desde su propio espacio va construyendo y defendiendo. Si vale para lo individual, mucho más para lo colectivo.

La realidad de hoy día demanda un esfuerzo de adaptación. No es la primera vez que el cambio se impone. En otros momentos ha ocurrido a partir de la crisis con todas sus expresiones dramáticas y elevados costos sociales. Afortunadamente, ahora vivimos un cambio no accidentado y que obliga a una participación con entusiasmo, pero, sobre todo, con claridad de lo que se pretende. No es asunto de supervivencia, sino hacer que lo nuevo sea consecuente con lo mejor del ayer, que no es poco. A pesar de que los nuevos tiempos deslumbren e impidan ver con claridad lo mucho que hay por preservar y cuidar, al margen de la nostalgia o de cualquier interés particular, es necesario reflexionar que el futuro del país nunca se ha construido destruyendo el pasado, sino usando lo mejor de aquellos tiempos como piso firme para fincar hacia adelante.

La causa del cambio está en lo social y en lo económico. Se entreverán para transformar a las personas en sus ideas, valores y pretensiones. La realidad política de ahora convoca a la inclusión y a revisar mucho de lo que se daba por válido en el paradigma del pasado. Es muy positivo que los actuales tiempos convoquen a la equidad, a ampliar el bienestar y mejorar las condiciones de vida no solo de las mayorías, sino también de los por mucho tiempo olvidados. Eso es bueno, pero el reto está en lograr lo que se quiere; no es la pretensión ni la intención lo que convalida, sino los resultados, y es allí donde más dudas despierta lo que ahora desde el poder se instaura como método, causa y razón.

La voluntad cuenta y mucho, pero también el orden, la claridad y los medios para alcanzar lo que se pretende.En los mexicanos hay consenso en lo que hay que hacer, pero no así en la manera de lograrlo. No hay coartadas fáciles para cambiar lo que no nos gusta de la realidad. Además, no se debe desentender de los instrumentos ni siquiera a partir de lo elevado del propósito. La justicia no puede someter a la ley; tampoco la ley puede quedar a merced del calculado interés político.

Los nuevos tiempos convocan hoy más que nunca a la claridad de visión, al compromiso y a la persistencia con perspectiva del largo horizonte de nuestra historia.

@liebano

Luego de que desde octubre del año pasado diversas caravanas migrantes han llegado a México con personas cuyos países de origen son principalmente Honduras y Guatemala, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, la firma Parametría presentó su más reciente estudio sobre la percepción que los mexicanos tienen de los migrantes.

A pesar de ser México un país de tránsito de migrantes hacía Estados Unidos, el éxodo ha provocado diferentes reacciones en el país tanto del gobierno federal para dar respuesta a la llegada de personas, como de la propia sociedad.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la migración que tenemos en el país es baja en comparación con otras naciones; en Emiratos Árabes Unidos el 88% del total de personas que viven ahí son inmigrantes. Estados Unidos alberga el mayor número de migrantes en el mundo, casi a 50 millones, lo que representa el 16% de su población total. En México, las personas de otros países que radican en el territorio nacional representan apenas un 1% de la población total del país.

Cuatro de cada diez personas (42%) consideran que en el país viven demasiados extranjeros. 3 de cada 10 dijo que habita la cantidad adecuada y sólo 11% mencionó que hay menos extranjeros de los que debería haber.

La percepción que se tiene de las personas que nacieron en otros países y que vienen a vivir a México genera opiniones divididas, pues 42% creen que los extranjeros que radican en México benefician al país, mientras que 44% afirman que lo perjudican.

Parametría sostiene que podría resultar preocupante el alto porcentaje de quienes creen que los inmigrantes que viven en México perjudican al país, sobre todo si se considera que los discursos de odio que alientan la xenofobia parten de supuestos sobre el impacto negativo que tienen los migrantes en los salarios, la economía y el empleo de los países a los que llegan.

Otro de los argumento que se han utilizado en contra de los flujos migratorios ha sido el de la afectación que representa para las economías al hacer que los salarios bajen. Seis de cada diez mexicanos consideran que la llegada de personas de otros países a México perjudicará al país porque hará que los salarios disminuyan.  Sólo dos de cada diez considera que con los migrantes que llegan la economía mejorará.

Finalmente, el estudio muestra que también hay opiniones divididas sobre qué tan grave es la presencia de inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal. El 43% de los mexicanos cree que la presencia de inmigrantes que se encuentran en México sin haber realizado la documentación necesaria es un problema más grave que en los Estados Unidos, por el contrario 43% dijo que el problema era menos importante de lo que se presenta en Estados Unidos.

Al respecto…
 
Por: Alejandro Aguirre Guerrero
Y estuvo en el norte de Veracruz para levantar a Cuitláhuac García lo más alto que pudo; el objetivo era ayudar a su más rezagado pupilo en la República Mexicana, al que no logra caminar sin la “andadera” del Gobierno Federal. AMLO tenía una meta y buscó cumplirla.
Lo adelanté en esta columna y así ocurrió, tal como me lo confiaron los cercanos al Presidente en Palacio Nacional:
“La visita de este fin de semana a Veracruz es básicamente para sacar de terapia intensiva a Cuitláhuac García ante su propia gente, buscando hacer ver que las cosas no están mal, y para eso, le dará todo su apoyo en público, lo cobijará, pero la verdad es que estamos muy preocupados por su lentitud como Gobernador”.
López Obrador no se cansó de repetir, en los tres puntos donde estuvo (Poza Rica, Tuxpan y Tantoyuca) que le habían dejado muy mal el estado al Gobernador García, pero que aún así, la seguridad mejoraría, particularmente porque la autoridad ya no estaba coludida con los delincuentes.
El Presidente tuvo que meter el acelerador en el afán de empujar al Gobernador de Veracruz. Los reportes que el tabasqueño tiene son claros, “a este paso y con el magro papel de Cuitláhuac García, en las elecciones intermedias Morena perderá terreno frente al panismo estatal”.
La gente de AMLO en Morena sabe que en materia electoral, Veracruz peligra bajo el mando de Cuitláhuac García. Tienen claro que los municipios más relevantes en el estado bajo su “dominio”, particularmente Xalapa y Coatzacoalcos, se hunden en la inseguridad, y que sus alcaldes, agobiados por la inoperancia de su Gobernador, no alzan la voz como quisieran, pues sería “como patear al propio Presidente”.
AMLO cumplió su objetivo en Veracruz: ayudar a Cuitláhuac García, levantarle la mano, sonreír con él, ponerlo a su derecha en la tarima. Ahora sabe que cometió un error al repetirlo como candidato, pero no es tiempo de lamentaciones, sino de poner el pegamento necesario, “aunque se gaste la botella entera”.
Sin embargo, me dicen que el Presidente se llevó una nueva preocupación de Veracruz. “Más allá de las fallas del Gobernador, AMLO se percató que algunos de sus Secretarios hacen que Cuitláhuac quede peor ante la opinión pública, como si buscaran tropezarlo o lucir más que él. Nos pidió revisar bien el tema y pasarle el reporte. Hay indeseables metidos”.
Twitter: @aaguirre_g

José Woldenberg

EL UNIVERSAL

 

El tortuoso nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está develando uno de los peores resortes del Presidente de la República. Su incapacidad para asumir cabalmente la corresponsabilidad con otro poder constitucional, su afán por subordinarlo y el reflejo bien aceitado que, al parecer, piensa que la autoridad o es autoritaria o simplemente no es. No una Presidencia que busque la convergencia y colaboración con otro poder legítimo y legal; no una Presidencia flexible, abierta a otras opiniones; en su lugar, una capaz de incluso acudir a una lectura amañada de la ley con tal de que su voluntad emerja triunfadora. Veamos.

Se sabe: el Presidente de la República envió al Senado cuatro ternas para elegir a 4 de los siete comisionados que deben integrar el órgano de gobierno de la CRE. El Senado resolvió que los candidatos no cubrían los requisitos legales y/o no contaban con los conocimientos necesarios para ocupar esos cargos. El Presidente, conforme a la ley, debía mandar otras ternas, pero decidió enviar 11 de los 12 reprobados y agregar uno nuevo. Y ahora el Senado debe escoger cuatro entre los que ya había rechazado o de lo contrario el Presidente designará a quien quiera de esas ternas. De tal suerte que, al parecer, haga lo que haga la llamada Cámara Alta, resultará humillada por el titular del Ejecutivo. Pero no adelantemos vísperas.

Dice la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 6º: “Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días… En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República”.

No hay duda del sentido y la literalidad de la norma. Si la primera propuesta es rechazada, el Presidente está obligado a mandar una “nueva”, no la misma “gata, pero revolcada” (perdón por la expresión). La Ley busca la cooperación y corresponsabilidad de dos poderes, intenta que los designados cuenten con el aval de ambos, busca que con su comparecencia demuestren conocimiento en la materia, y que esa operación genere comisionados no solo capaces y con un fuerte apoyo de salida, sino que además puedan desarrollar sus labores en un órgano regulador que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión. Es decir, una comisión no dependiente del Ejecutivo.

Pero, al parecer, para el Presidente no se trata de eso. Sino de demostrar quién es más poderoso en un jueguito elemental (e innecesario) de fuerzas. Ha colocado en un aparente jaque a una de las Cámaras del Congreso: 1) o apruebas a cuatro de las personas entre las doce que te he mandado o 2) yo las designo directamente. Si optas por 1 pierdes porque ya las habías descalificado y si es por 2, yo decido contra tu voluntad.

No obstante (creo), la propuesta agresiva y desconsiderada del Presidente puede y debe ser atajada con los propios recursos que ofrece la Constitución. El artículo 105 establece que la Suprema Corte de Justicia puede conocer sobre controversias constitucionales que se susciten entre “el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste…”. Y creo que la Corte no solo establecería con claridad que en asuntos de tanta trascendencia no valen las triquiñuelas y que la Constitución es clara, sino que además serviría para refrendar que los poderes constitucionales no pueden ni deben estar subordinados al Ejecutivo. Eso convendría incluso a los legisladores de Morena si realmente se asumen como tales y no como súbditos del Presidente.

Profesor de la UNAM

JOSÉ WOLDENBERG

EL UNIVERSAL

 

 

¿Vamos hacia un sistema político que girará en torno a un solo hombre, el Presidente de la República?, ¿una especie de sol que ordenará, subordinando, a los demás actores en el escenario? No es solo la pretensión de que en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados los ejes se reconstruyan para plantear de manera rotunda “con o contra el Presidente” (es decir, unos comicios federales diseñados para que en el centro del litigio esté el Poder Legislativo colocarán en el foco del debate público la adhesión o no al Presidente), sino una serie de elementos que develan la ambición de disminuir o anular el rol y la influencia de otros poderes y órganos constitucionales y agrupaciones de la sociedad civil.

Enumero sin ningún concierto: superdelegados en los estados para, por lo menos, hacer sombra a los gobernadores; reducción de recursos a los órganos públicos autónomos que, según la Constitución, deben estar fuera de la órbita del Ejecutivo; descalificación de las agrupaciones de la sociedad civil a las que se presenta como encarnaciones oligárquicas; acoso retórico a los medios no alineados con el gobierno; disminución del financiamiento público a los partidos; desprecio por el funcionariado profesional de las instituciones estatales genéricamente descalificado por corrupto; colonización de instituciones centrales del arreglo republicano con “eles” no necesariamente capacitados para la función (el último nombramiento en la Corte). No es un listado exhaustivo, pero (creo) sí expresivo.

Hay por lo menos una idea fuerza que ofrece sentido al abanico de acciones y dichos antes enunciados. Y recordemos, como si hiciera falta, que las ideas nunca resultan anodinas, menos cuando encarnan en posiciones de poder. Las ideas dan pie a discursos y conductas, ofrecen sentido al pasado, a los acontecimientos en curso e incluso pretenden diseñar el futuro. No son triviales y acaban por modular el tipo de poder al que se aspira. Tienen fuerza propia y acaban cincelando a las personas.

Todo parece indicar que el Presidente cree sinceramente que a través de él se expresa el pueblo. Y por supuesto quienes se le oponen, critican o dieren no pueden más que encarnar al antipueblo. La idea es sencilla, útil y contundente, ordena los campos y ofrece una épica, inyecta sentido a sus actos y logra cohesionar a sus seguidores que se ven a sí mismos no como agentes de una o unas políticas, sino como militantes de una causa trascendente. El “pequeño” problema es que la idea es una construcción falaz que ha llevado en el pasado y en el presente a la edificación de regímenes autoritarios (de izquierda y derecha). Porque si el pueblo es uno y está unificado, si ya encontró a “sus auténticos representantes” y puede expresarse con una sola voz, ¿para que es necesaria toda la parafernalia democrática que parte de una premisa que se encuentra en las antípodas de la anterior?, es decir, que en la sociedad existen intereses, ideologías, aspiraciones y sensibilidades distintas y que ellas reclaman fórmulas para su expresión, recreación, convivencia y por supuesto competencia. Ese pluralismo es lo que justifica y genera a los regímenes democráticos y cuando se le niega, bajo el argumento de que el pueblo es una entidad monolítica y que además ya encontró a su pastor, toda la normatividad e institucionalidad que pone en pie la democracia resulta prescindible.

Así, la división de poderes, las facultades acotadas de las distintas autoridades, los tortuosos procedimientos, los contrapesos constitucionales y hasta las libertades y los derechos individuales, pueden aparecer como un obstáculo para el despliegue de la “voluntad popular” que encarna en un solo hombre. De suceder eso —y la esperanza es que la complejidad y diversidad del país sean suficientes para fortalecer los diques a esa pulsión—, la aspiración de unos poderes estatales acotados por el derecho podría deslizarse hacia un poder que ve en el derecho una molestia, un corsé, un antagonista.

 

Profesor de la UNAM

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo, otra vez, de opinar sobre la aprobación de leyes que prohíban la interrupción legal del embarazo pues dijo «ser dueño de su silencio».

«En este caso me reservo mi opinión porque no quiero polemizar, no quiero tomar partido. Ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto entonces por lo pronto no me meto, soy también dueño de mi silencio», mencionó.

López Obrador dijo que su abstención se debe a que prefiere evitar una confrontación.

«Soy respetuoso de las libertades, de que todo mundo se manifieste, pero en este caso, permítanme mantenerme al margen», señaló.

El presidente insinuó que «si el caso lo amerita» el tema de la interrupción legal del embarazo sería atendido.

«Siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia, pero ahora tenemos una encomienda que es la que está demandado todo mi tiempo, mi trabajo: acabar con la corrupción en México», declaró.

López Obrador ya había sido cuestionado sobre el tema el viernes pasado, cuando se le preguntó si vetaría una iniciativa que prohíba o criminalice el aborto a nivel federal.

Al respecto, el mandatario contestó que la prioridad del Gobierno es el combate a la corrupción y que una vez lograda esa meta se podrían ver otros asuntos.

«Primero logremos limpiar de corrupción al régimen, que es lo que más ha dañado (al país), y una vez logrado eso vamos viendo, entre todos, otros asuntos porque hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción al Gobierno», declaró en aquella ocasión.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA

MILENIO

No hemos visto ni el final del principio. Florestán

Cuando la mayoría de los empresarios que critican al presidente López Obradorlo aplaudían el lunes por la mañana en Palacio Nacional al convocarlos a invertir para crecer al cuatro por ciento este año, no entendieron que les había endosado esa responsabilidad y que de no llegar a esa cifra, como no se llegará ni a la mitad, será su responsabilidad.

A esto agrego lo que publicó el vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel: La desaceleración económica parece ser más generalizada de los que algunos creen. En diciembre de 2018, la actividad industrial en Europa cayó a una tasa anual no vista desde hace una década. Lo mismo ocurrió en México.

Consultado otro especialista, me dijo:Esquiveltiene algo de razón, pero dada la dependencia con Estados Unidos, que no se ha desacelerado, caer igual que Europa es una mala noticia.

¿Qué quiere decir la suma del planteamiento del presidente a los empresarios de  invertir para crecer este año al cuatro por ciento, cuando los indicadores nos ponen por debajo del dos por ciento y la afirmación de Esquivel que de darse es desaceleración, como se dará, será un asunto del exterior?

Pues que el decrecimiento de este año será responsabilidad de los empresarios, que no invirtieron y de la caída de la economía internacional.

Y le doy estos datos: en los últimos cuatro sexenios, de acuerdo al INEGI, el crecimiento promedio de la inversión bruta de capital fue de un triste 1.8 por ciento, lo que no se alcanzará este año.

Así, pues, será imposible, no diga usted crecer al cuatro por ciento como le celebraron los inversionistas el lunes por la mañana, ni siquiera al dos. Pero ya hay responsables: esos empresarios que le aplaudieron en el salón Tesorería y los factores externos de volatilidad.

Sus decisiones de gobierno, no.

RETALES

1.SOBORNOS.- La próxima semana se activará el caso Odebrecht y la Fiscalía General de la República procederá contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de haber recibido y depositado en cuentas en el extranjero, lo que operadores de esa trasnacional confesaron haberle entregado:

2.CORTE.- El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, me dijo ayer que el presidente López Obrador no ha intervenido para nada en la vida interna del Poder Judicial y que hay quienes los quiere enfrentar. Que la Corte es el fiel de la balanza como lo demuestra el fallo que suspende la aplicación de la Ley de Retribuciones Públicas; y

3.GUARDIA.- A pesar de que ayer el presidente de la República acusó a la oposición de formar un bloque para batear la Guardia Nacional, lo que no tiene nada de anormal, y de balconear a los senadores que se opongan, la bancada del PRI en el Senado reiteró que si no acepta el mando civil y elimina la cadena militar de esa GN, no la votarán

Nos vemos mañana, pero en privado

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

REFORMA

 

 

A principios de la semana pasada, en el Palacio Nacional, el presidente de la república da cuenta de una lista de traidores. Funcionarios que conspiraron para destruir la industria eléctrica del país. Significativamente, se sirve de un hombre desvergonzado y sin prestigio para dar lectura al nombre de los infames. “Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares.” Su subordinado reitera que la difusión de la lista es una orden del jefe del Estado mexicano: me encarga el presidente que recordemos el nombre de quiénes han destruido a la CFE. Así empieza a leer la lista de los villanos. No se toma la molestia de verificar cargos y responsabilidades. Se equivoca en los tiempos en los que ocuparon puestos, confunde fechas y oficinas, pero aún así procede a leer la lista de la infamia.

Desde el centro del poder nacional, ante todos los medios de comunicación del país, el hombre más poderoso de México da la instrucción para destrozar la reputación de un grupo de mexicanos. Adelante, dijo: lea usted los nombres. Son los traidores. Son los inmorales. Son quienes cometieron faltas imperdonables. Vulneraron el interés de la patria. Colocaron su ambición por encima del deber. Que los conozca el mundo para que dé la espalda a los miserables. Para que les escupa y se les destierre. Ningún otro propósito tiene la publicidad de esa nómina. Se trataba de arruinar el prestigio de un grupo de mexicanos. Marcar su rostro y su cuerpo con una seña de deshonra. Mancharlos, estigmatizarlos. Todo el poder de la presidencia en contra de un grupo de ciudadanos que no puede defenderse de la agresión. ¿Qué defensa puede esgrimir un particular en contra de una embestida presidencial de esta dimensión? ¿Quién tiene una tribuna semejante a la que ocupa el presidente cotidianamente? ¿Quién cuenta con los poderes que ejerce el presidente más poderoso de la historia reciente del país? Una acusación del presidente López Obrador es una denuncia, un veredicto y una condena. Un monstruoso abuso de poder.

¿Y de qué se les acusa? De haberse apartado del código moral del Amado Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene oportunidad de defenderse en tribunales para limpiar su imagen. El jurado y el verdugo son el propio presidente de la república. Es sólo él quien ha inventado la infracción moral. Los acusados no han cometido delito alguno. Cumplieron, hasta donde puede saberse, con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que son las únicas cuyo cumplimiento puede exigir el poder público a los ciudadanos. ¡Pero pecaron! Todos esos funcionarios fueron tentados por el mal y cayeron en el vicio. El puritano los llama pecadores, inmorales. Ese lenguaje de inquisidor implacable ha vuelto al discurso público: quienes aparecen en la lista de la deshonra no cometieron delito pero, a juicio del inquisidor, actuaron “inmoralmente.” Por eso lanza a los pecadores a la jauría. Incapaz de construir un argumento legal en su contra, los mancha para provocar su deshonra.

Al inquisidor le tiene sin cuidado el marco de lo jurídico, ese trazo que todos conocemos y que delimita con razonable precisión los límites de lo lícito. Su engreimiento moral lo faculta para lanzar acusaciones que no tienen más fundamento que su prejuicio. Así aparece cotidianamente en la plaza pública para fustigar al traidor que no se ajusta a su código personal. Nuevo ataque al orden cívico: despreciar la ley acordada para invocar la moralidad del caudillo.

Lo que sucedió la semana pasada en la conferencia de prensa del presidente de la república es gravísimo. El presidente empleando su gigantesco poder para aniquilar moralmente a sus adversarios. La tribuna presidencial empleada para promover una cultura de linchamiento. Esta es la lista de los miserables: que el pueblo noble, sabio y bueno actúe como crea conveniente. Cuando el presidente habla no habla un ciudadano cualquiera que expresa su punto de vista. La palabra presidencial tiene un impacto directo en la vida de las personas que nombra. La voz del poder no puede ser la voz de la inquina personal y del odio.


WordPress Lightbox Plugin