Luego de que fuera aprobado en el Congreso el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, por el que se avala mantener hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se remitió a los Congresos locales para su aval.
Para que entre en vigor, se necesita que al menos la mitad más uno de los 32 Congresos locales ratifiquen la reforma para que pueda entrar en vigor.
Ayer, este proceso ya inició. El Congreso de la Ciudad de México y de Sinaloa se convirtieron en los primeros en avalar la reforma. Ambos Congresos cuentan con mayoría y son gobernados por Morena.
Con 36 votos a favor, el Congreso de Sinaloa avaló ampliar el período de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Durante la discusión, a favor de la minuta hablaron la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, y los diputados de Morena, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta Zazueta.
En contra fijaron posicionamiento los diputados del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas y Luis Javier de la Rocha Zazueta, y la legisladora del PAN, Giovanna Morachis Paperini.
Después de la votación, que registró cuatro votos en contra de la minuta, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó comunicar de la aprobación a la Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.
En tanto, el Congreso capitalino aprobó en votación dividida la minuta. Tras una amplia discusión de las y los legisladores integrantes del Congreso capitalino, la minuta se aprobó con 42 votos a favor, 22 votos en contra y una abstención.
Al iniciar la ronda de posicionamientos de las diferentes fracciones parlamentarias, el diputado de MC, Royfid Torres González, cuestionó los resultados de las estrategias de pacificación y construcción de la paz impulsados por el gobierno federal, y solicitó una explicación de por qué el ejército se encuentra inmerso en todas las áreas del gobierno del país.
El diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde consideró necesaria la aprobación de esta reforma, porque ante la inseguridad y la fuerza del crimen organizado es necesaria la ayuda de las fuerzas militares, en tanto se logra el reclutamiento de los elementos civiles necesarios para la Guardia Nacional.
Al negar que ampliar la presencia del Ejército en las calles sea darles carta abierta sin control ni vigilancia, la diputada del PT, Circe Camacho Bastida, afirmó que las fuerzas armadas son la única instancia de seguridad que tiene un alto porcentaje de aceptación entre la ciudadanía.
El diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz señaló que la Guardia Nacional debe seguir formando parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no ubicarse en la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre del PRI, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez sostuvo que el cambio constitucional otorgaría certeza y rumbo para tener instituciones que den mejores resultados en materia de seguridad pública, “estar en contra de esta reforma significaría dejar sometida en la violencia a la ciudadanía, dejándolos desamparados ante la presencia del crimen organizado que no ha cesado”, sentenció.
Al emitir su posicionamiento, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana del PAN mencionó que esta militarización puede derivar en formas menos democráticas de gobernar, como ha ocurrido en otros países de América Latina, por lo que aseveró que esta estrategia no está basada en la construcción de la paz de las familias.
