La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer el dictamen que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuya finalidad es trasladar funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina.
Avalado en lo general y en lo particular con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen precisa que a la Secretaría de Marina se le otorgan atribuciones para que sea la única autoridad marítima nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Sobre los señalamientos que se le han hecho a la modificación, el dictamen precisa que no existe la finalidad, expresa o tácita, de “militarizar” los puertos, sino de dar certeza sobre la autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria.
“Su finalidad es fomentar el desarrollo marítimo considerando la necesidad de fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como hacer más eficiente la prestación de trámites administrativos a la comunidad marítima”, indica el texto que fue turnado al Senado para su ratificación.
Entre los cambios se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que se pueda responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.
También se amplía la facultad a la Secretaría de Marina para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; igualmente, de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo, expresó que con las reformas se reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, papel que se le reasignó a la Semar en 2016 cuando se reincorporan a su jurisdicción las 103 capitanías de puerto.
La morenista dijo que se sientan las bases para hacer mucho más competitivo al sistema portuario y ubicar a México como potencia marítima mercante, y así modernizar los puertos, particularmente, los de altura.
Mencionó que las reformas no son inconstitucionales, pues la Secretaría de Marina es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, no tiene encomendadas funciones militares y no se encarga de asuntos de guerra.
La bancada del PAN, en voz del diputado Fernando Torres Graciano, señaló que al escuchar a especialistas para hacer un análisis que permitiera concluir la postura de su fracción parlamentaria, resolvieron ir en contra de dichas reformas, pues lo único que se pretende es “seguir dando pasos a la militarización”.
En ese punto coincidió la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, quien expresó que la reforma tiene como objetivo avanzar en la militarización del país. Dijo que se debe reconocer el gran trabajo de las fuerzas armadas, pero con este tipo de cambios “se les expone, se les debilita y se les vulnera”.
Por parte de la bancada del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, precisó que con estas reformas lo que busca el Presidente es disponer de mayores recursos para sus megaproyectos. La Semar asumirá más de cien funciones adicionales, “será un ente monopólico en materia marítima, portuaria y aduanal”.
