Al dar cumplimiento a cuatro sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por recibir aportaciones de un ente prohibido.
En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, la autoridad electoral concluyó que la sanción económica sería de $448,100.00.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, explicó que se realizó un nuevo análisis y valoración respecto de las circunstancias específicas del caso, concluyendo que Samuel García, como candidato a la gubernatura, sí tuvo responsabilidad en la recepción de las aportaciones, ya que se acreditó que tuvo pleno conocimiento de las aportaciones, motivo de la queja recibida.
Se explicó que, a través de sus familiares, García recibió dinero de las empresas de las que son socios.
Sin embargo, hubo desacuerdos entre los Consejeros del INE. La Consejera Carla Humphrey consideró que “la sanción es particularmente baja y no cumple con las finalidades de prevención, disuasión e inhibición que deben satisfacer las sanciones para garantizar que, efectivamente, la infracción de que se trate no se vuelva a cometer”.
El Consejero Ciro Murayama indicó que si el tema se abordaba era gracias al trabajo de fiscalización del IEN, que rastreó los depósitos, gracias a la posibilidad de trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en este caso el bancario, que aportó elementos para conocer que las aportaciones de personas físicas a Movimiento Ciudadano tuvieron antes un movimiento en el sistema financiero desde personas morales, es decir, desde empresas que tienen expresamente prohibido contribuir a la vida política.
El órgano electoral también resolvió 29 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales, de los cuales cinco derivaron en sanciones económicas.
La Consejera Norma De la Cruz explicó que corresponden a siete procedimientos oficiosos y 22 quejas en materia de fiscalización, de los cuales se aprobó desechar 10, declarar el sobreseimiento de un procedimiento oficioso, resolver como infundados 11 y determinar fundados siete.
