La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) le da a Morena mil millones de pesos para financiar la campaña electoral del 2024.
Fue el pasado miércoles cuando el Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que extingue el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, No Sectorizado, Notimex.
Se abrogó la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006.
La diputada del PRI, Cynthia López Castro, aseguró que la desaparición de la agencia representa un retroceso y atenta contra los derechos de los trabajadores, dejando a muchas familias sin protección, salario ni respaldo económico.
Además, cuestionó el cinismo para destinar 237 millones de pesos de presupuesto para 2024, pero como está en huelga, desde el 2020 no se han utilizados esos recursos.
Sostuvo que eliminar Notimex tiene indicios de inconstitucionalidad, porque transgrede el derecho de acceso a la información garantizado por el Estado, y muestra que no se trata de un conflicto laboral sino político que viola la reforma laboral que ellos hicieron, donde se garantizaba el derecho a huelga.
La priista cuestionó sobre lo que los morenistas van a hacer con los mil millones de pesos que no se utilizaron. “Los quieren para financiar sus campañas, entonces mejor destínenlos a Acapulco”.
López Castro mostró su respaldo a la líder sindical y a todos los empleados que se quedarán a la deriva, debido a las diferencias que han tenido con el gobierno por denuncias de maltrato, violencia de género e incumplimiento con el contrato colectivo, entre otras problemáticas.
En el dictamen aprobado, que deriva de una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, precisa entre otras cosas, que Notimex conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables.
El proceso de liquidación quedó a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, para lo cual se le otorgan facultades para actos de administración, pleitos y cobranzas, y de dominio; para suscribir u otorgar títulos de crédito, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación.
Se precisa que la Secretaría de Gobernación debía establecer las bases para llevar a cabo la liquidación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debía designar representantes, para que, de manera colegiada, acuerden sobre las condiciones de liquidación de los trabajadores y vigilen su cumplimiento.
