Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el cual los megaproyectos del gobierno federal serán considerados de “interés público” y “seguridad nacional”, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD rechazó el acuerdo y anunció que interpondrá los recursos necesarios para derogarlo, ya que atenta contra el marco de legalidad vigente.

«La ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad», dijo el perredista.

Enfatizó que el acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del gobierno federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes.

Además, recordó que al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción de dichos proyectos.

Zambrano Geijalva aseguró que el acuerdo busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, indicó que desde Acción Nacional se rechaza el «decretazo» de AMLO que simple y sencillamente pretende opacar todas sus obras públicas.

En ese sentido, el diputado Gabriel Quadri indicó que desde la Cámara de Diputados, propondrán una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que dijo, pisotea todas las normas ambientales, de transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura…

Por su parte la diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que el acuerdo publicado rebasa todos los límites de un Estado constitucional de Derecho. Otras voces de la bancada panista señalaron que el acuerdo es sumamente grave y claramente inconstitucional. Advirtieron que con el acuerdo el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga.

Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la bancada panista, también señaló que se analizarán los medios para impugnar lo que llamó una «aberración» anticonstitucional, que atenta contra la transparencia y el acceso a la información.

Quien también anunció que impugnará el acuerdo del presidente fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que indicó que luego de analizar los alcances del acuerdo, el Pleno determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

«Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información», resolvió el INAI.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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