El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.
De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político “solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada”.
?Mario Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID19 al interior del CERESO y su edad avanzada. Dicha petición le fue denegada por el juez.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 4, 2021
Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.
Además, la organización señaló que el exgobernador “se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica”.
Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.
El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.
“Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva”, apuntó Maldonado.
Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió “un proceso justo” para el exgobernador.
Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.
Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro “Los demonios del Edén”, Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un “coscorrón” a Cacho.
