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El futbolista Dani Alves depositó este lunes en un juzgado, el millón de euros que le impuso la semana pasada la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad, a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena en relación a la violación de una joven en aquel país.

Según han informado fuentes judiciales, la defensa de Alves depositó este lunes en la cuenta de la sección 21a de la Audiencia de Barcelona el millón de euros de fianza, cumpliendo así el requisito para que pueda abandonar la cárcel de Brians 2, en la que ha permanecido los últimos 14 meses.

Recordemos que Alves lleva en prisión desde el 20 de enero de 2023 por la violación de una joven en los baños de una discoteca de Barcelona la madrugada del 30 de diciembre de 2022, hechos por los que la Audiencia de Barcelona le condenó el 22 de febrero en primera instancia a cuatro años y medio de prisión.

La sección 21a de la Audiencia de Barcelona acordó el pasado miércoles, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados, permitir al exfutbolista brasileño salir de la cárcel cuando consignara una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Barcelona interpuesto un recurso de súplica contra la libertad bajo fianza de Alves, algo que también anunció lo haría la abogada de la víctima-, puesto que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista brasileño hace un año.

Según informó el pasado viernes el ministerio público, considera que el riesgo de fuga del futbolista se da “incluso con mayor intensidad a la vista de que el señor Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión”.

Alves logró reunir la elevada cantidad después de casi una semana, en la que ha tenido múltiples dificultades para reunir el dinero, pese a la capacidad económica que se le presupone a un futbolista de élite.

Además de las dificultades por la elevada suma impuesta, una de las más altas que se recuerdan en los tribunales españoles, y la complejidad de los trámites para mover tal cantidad de dinero, se ha añadido un tercer factor: el daño reputacional que puede suponer avalar económicamente a un condenado por violación.

Inicialmente, Alves recurrió a la familia de su excompañero en el Barça, Neymar Da Silva, quien en su día ventiló públicamente de haberle ayudado a pagar los 150,000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima, pero la semana pasada el padre del futbolista, con quien coincidió en la selección brasileña, en el Barça y en el PSG, dejó claro en un comunicado que no abonaría el dinero.

La familia de Neymar daba así, al menos públicamente, un portazo a Dani Alves desde Brasil, el mismo día en que el presidente del país, Lula Da Silva, advertía: “El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó”.

A lo largo del proceso, la defensa del brasileño ha argumentado que la solvencia económica del futbolista se ha evaporado a raíz de su detención, al haberse rescindido tanto su contrato con el Pumas, donde jugaba, como sus acuerdos de patrocinio con distintas marcas a las que representaba.

La candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió este domingo a la autoridad electoral señalar en qué regiones del país no será posible instalar casillas para la elección del próximo 2 de junio, debido a los problemas de inseguridad y violencia que viven.

En su tercer día de campaña, en un mitin en el estadio Olímpico de Querétaro, Gálvez manifestó su preocupación por la violencia e inseguridad que existe en muchas zonas del país y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a determinar en qué regiones no se podrá llevar a cabo la elección.

“Me preocupa el asesinato de los precandidatos, de los candidatos que se dieron prácticamente en los días pasados (en Michoacán). Es muy importante que el INE establezca claramente en qué lugares no se van a poder instalar urnas”, expuso.

Gálvez aprovechó la visita a Querétaro para prometer que va a “desmilitarizar el país”, además de que el Ejército ya no construirá infraestructura como sucede en el actual Gobierno. “Lo vamos a mandar (al Ejército) a defender a la patria y a recuperar los territorios que están en manos de la delincuencia”.

Por otra parte, la candidata propuso que, de llegar a la presidencia, el salario mínimo para los policías será de 20,000 pesos mensuales, además de prestaciones sociales, seguro de vida, de gastos médicos, prestaciones de vivienda, y becas para sus hijos.

Recordemos que una de sus primeras propuestas de campaña, también en materia de seguridad, fue construir una prisión de alta seguridad y con tecnología de punta para inhibir la actividad delictiva.

Esa promesa, que ha generado una gran polémica, se dio en el marco de su arranque de campaña en Fresnillo, Zacatecas, ciudad que eligió para arrancar campaña al ser la de mayor percepción de inseguridad en todo el país.

Su propuesta fue rápidamente criticada por el parecido con lo que sucede en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Ante los señalamientos que generó, en una conferencia de prensa desde Aguascalientes, dijo que “no hay comparación con El Salvador: ojalá México tuviera maras y ese fuera el problema; aquí estamos hablando de cárteles de la droga, extremadamente peligrosos”.

Por su parte el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, advirtió ayer que buscará cerrar la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León, advirtiendo que, de llegar a la Presidencia, su gobierno le apostará a las energías limpias.
La refinería ‘Ingeniero Héctor R. Lara Sosa’, ubicada en el municipio de Cadereyta, ha estado en los últimos meses en medio de la polémica por las altas concentraciones de contaminantes que emite y que afecta el aire de la zona metropolitana de Monterrey.
De gira por el sur del estado, Álvarez Máynez sostuvo que el actual gobierno federal tiene una visión arcaica en el tema de las energías.
“La vamos a cerrar (la refinería). Vamos a apostar por las energías limpias, renovables, por un modelo de desarrollo que nos permita energías limpias, baratas y que no comprometan el futuro de las próximas generaciones”, dijo el candidato durante su discurso.
El candidato presidencial encabezó en el municipio de Montemorelos un acto en el que estuvo acompañado por los aspirantes de su partido al Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera.
En materia de seguridad, Jorge Máynez dijo que su eventual gobierno apostaría a lacreación de un mando civil como el que opera en Nuevo León, y a la construcción de un plan de seguridad como el modelo Bukele en El Salvador, aunque aseguró que será respetuoso de los derechos humanos; además de que dijo, no recurrirá al populismo penal o “las falsas salidas” como “la carcelota” que propuso Xóchitl Gálvez.
“Lo que hay que hacer es generar fuerza, generar policías civiles a nivel municipal, a nivel estatal, que los presidentes municipales, que los gobernadores se comprometan a entrarle al problema conjuntamente, generar coordinación y estrategia para atender el problema, entender que no todo es punitivo ni reactivo, que muchas cosas se pueden hacer de manera preventiva acercando a las personas la justicia en su vida cotidiana”, dijo el emecista en su visita por Nuevo León.

Finalmente, la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo en la ciudad de Guadalajara que su estrategia de seguridad impulsará la coordinación entre la Guardia Nacional con las fiscalías estatales y federal para lograr “cero impunidad” ante el crimen organizado.

“En materia de seguridad la gran diferencia es que va a haber coordinación y la coordinación nos va a ayudar a ir disminuyendo los índices delictivos por ejemplo en Jalisco, con dos ejes centrales que es la atención a las causas (…) y por otro lado seguir avanzando en cero impunidad”, afirmó en una conferencia de prensa.

Sheinbaum aceptó que lo que ha fallado en algunos estados es la coordinación entre las instancias de seguridad estatales y federales, por lo que propuso un trabajo conjunto entre fiscalías y la Guardia Nacional, que será reforzado con “inteligencia e investigación” además de actividades de mayor proximidad a la ciudadanía.

La abanderada de Morena, PT, PVEM, inició su tercer día de campaña en Jalisco, estado que lidera el número de personas desaparecidas en el país y donde la seguridad “es un tema” importante, reconoció.

El sábado en la fronteriza Ciudad Juárez, Sheinbaum declaró que el Ejército seguirá cumpliendo tareas de seguridad pública “el tiempo que sea necesario” y dijo que la intervención de los militares se encuentra sustentada constitucionalmente.

Sheinbaum Pardo adelantó que replicarán en todo el país los programas sociales de atención a la juventud que les permitan involucrarse en actividades culturales y deportivas para que desarrollen “una identidad distinta a la identidad de la violencia”.

Sheinbaum prometió también que recuperará el proyecto de construcción del tren de pasajeros de Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, una de las siete rutas de pasajeros propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También aseguró que no desaparecerán las administradoras de fondos para el retiro que administran las pensiones, sino que el Fondo de pensiones para el bienestar creado por López Obrador permitirá que todas las personas tengan un retiro con un ingreso promedio.

Detalló que de ser elegida el 2 de junio, contempla un programa para el saneamiento y limpieza del Río Santiago que es parte del sistema acuífero Lerma-Santiago y que a su paso por Jalisco y Nayarit causa deterioro ambiental y enfermedades renales a la población debido a la alta presencia de contaminantes y metales pesados.

La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, visitó este miércoles al periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje por las autoridades rusas, tras la decisión de de prolongar su arresto hasta el próximo 30 de marzo.

“Hoy visité al periodista estadounidense Evan Gershkovich en la prisión preventiva de Lefórtovo, donde está recluido. Evan se encuentra en buen estado de salud y conserva el buen ánimo”, escribió Tracy en Telegram.

Y es que la justicia rusa desestimó un recurso de apelación interpuesto por Gershkovich, acusado de espionaje, y ratificó su arresto hasta el 30 de marzo.

La Corte dictaminó “no satisfacer la apelación de la defensa” y mantener “sin cambios” la anterior decisión dictada el pasado 26 de enero, que prevé prolongar la medida cautelar de arresto, según reportó la agencia rusa TASS.

La sesión se celebró a puerta cerrada dado “el carácter secreto” de la causa penal en contra del periodista de The Wall Street Journal.

Recordemos que Gershkovich, de 33 años, fue detenido a fines de marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo KGB.

Según el FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

Las autoridades estadounidenses y el periódico para el que trabajaba han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, abandonó la noche de ayer el reclusorio norte de la Ciudad de México, luego de que un juez de amparo le otorgara el cambio de sus medidas cautelares, para poder llevar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Lozoya salió del reclusorio a las 19:30 horas en un vehículo de lujo y sin que pudiera ser visto por los medios de comunicación, debido a una estrategia para ocultarlo.

Lozoya, quien dirigió la petrolera durante la administración de Enrique Peña Nieto estaba preso desde hace poco más de dos años, desde noviembre de 2021.

Ayer se supo que un juez otorgó la libertad condicional a Lozoya, principal implicado en el país en el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht, por lo que quedaría en prisión domiciliaria, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Así, el exfuncionario podrá moverse por toda la Ciudad de México, pues se le ordenó el uso de un brazalete con GPS, lo que le permitirá salir de su domicilio, pero no de la ciudad ni fuera del país, además de que deberá acudir cada 15 días a firmar el libro de procesados.

“El día de hoy, el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja (a Lozoya) en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, reaccionó la FGR en un comunicado.

En su posicionamiento, la FGR dejó en claro que Lozoya “no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido” y recalcó que el exdirectivo solo ha obtenido de jueces y magistrados “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.

Señaló que dichas resoluciones se dictaron de forma “parcial e ilegal” por jueces y magistrados, a quienes acusó de excluir pruebas obtenidas de forma lícita.

Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, y el segundo, el que lo mantenía en prisión, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil del Gobierno anterior, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Envenenado, encarcelado, condenado y hoy muerto en prisión. Alexéi Navalni pagó con su vida su lucha contra el presidente ruso Vladimir Putin, denunciando sin tregua la represión y la corrupción de su régimen.

“El 16 de febrero de 2024, en el centro penitenciario N°3, el prisionero Navalni A.A. se sintió mal después de un paseo y prácticamente perdió el conocimiento”, indicó el servicio penitenciario de la región ártica de Yamal en un comunicado.

“Todos los gestos de reanimación necesarios fueron practicados pero no dieron un resultado positivo. Los médicos de urgencias constataron la muerte del paciente. Las causas de la muerte están siendo esclarecidas”, precisó el texto.

Navalni, quien se encontraba tras las rejas desde enero de 2021, fue condenado de nuevo el pasado agosto, esta vez a 19 años por “extremismo”, que debía cumplir en una de las cárceles más duros del sistema ruso. Esta mañana se informó que el líder opositor falleció luego de una caminata de rutina.

Navalni quedó físicamente marcado por el envenenamiento que sufrió en 2020, una huelga de hambre y las repetidas estancias en aislamiento.

Durante las audiencias y en mensajes difundidos a través de sus abogados, Navalni no cesó de denunciar a Vladimir Putin, a quien describió como un “abuelo escondido en un búnker”. Durante su juicio por “extremismo” de agosto de 2023 condenó “la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI”, en referencia a la invasión a Ucrania.

En sus mensajes en línea bromeaba sobre la intimidación a la que le sometía la administración penitenciaria. Entre otras cosas, le obligaban a escuchar el mismo discurso de Vladimir Putin día tras día.

A lo largo de 12 años, el abogado Navalni, que durante un tiempo fue muy próximo al nacionalismo, se consolidó como el detractor número 1 de Putin y de su “partido de ladrones y estafadores”, como solía describirlo.

En 2013, quedó segundo en las elecciones municipales de Moscú, un logro que impulsó su visibilidad. Navalni, acosado por las autoridades e ignorado por los medios de comunicación oficiales, construyó en los años 2010 una notoriedad en internet y en las redes, gracias a la difusión de investigaciones en vídeo virales que denunciaban la corrupción del poder ruso.

Navalni consiguió afianzar una base entre la juventud rusa, urbana y conectada, pero su popularidad a escala nacional y entre generaciones permaneció muy limitada. Vladimir Putin se negaba incluso a pronunciar su nombre.

Cuando fue envenenado en agosto de 2020 en Siberia, en plena campaña para las elecciones regionales, recibió el apoyo sin fisuras de todos los opositores, las ONG’s y los países occidentales. A punto de morir, fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, con el acuerdo del Kremlin.

Una vez curado y sin signos de estar amenazado, Alexéi Navalni protagonizó un gran regreso en diciembre de 2020 al tender una trampa a un agente ruso que admitió, por teléfono, que los servicios secretos estaban detrás de su envenenamiento.

Acto seguido y negándose al exilio, el opositor regresó el 17 de enero de 2021 a Rusia sabiendo que sería detenido, lo que ocurrió nada más llegar al aeropuerto, ante las cámaras de todo el mundo. Las autoridades parecían decididas a hacerle la vida imposible al opositor que dijo estar decidido a no rendirse jamás.

Los médicos de un hospital del norte de Rusia estuvieron más de “media hora” intentando reanimar al político opositor Alexéi Navalni, según los primeros reportes difundidos este viernes agencias de noticias rusas.

“Los médicos que llegaron a la prisión, prosiguieron con el protocolo de reanimación, que ya habían aplicado los médicos de la colonia (centro) penitenciaria. Continuaron haciéndolo más de media hora”, indicó el Hospital de Labytnangi, según la agencia Interfax.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Casa Blanca afirmó este viernes que la muerte en prisión del principal opositor ruso, Alexéi Navalni, es una “terrible tragedia”.

Hablando en la cadena NPR, el asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, añadió que “el largo y sórdido” historial del Kremlin acosando a sus opositores “despierta reales y obvias preguntas acerca de lo que pasó aquí”.

Sullivan agregó que Washington está intentando confirmar la información por su lado antes de decidir “los pasos a seguir”.

En 2021, Biden había lanzado una advertencia a Vladimir Putin, al cabo de una reunión con el líder ruso en Suiza. “Le dejé claro (a Putin) que creo que las consecuencias para Rusia serían devastadoras”, declaró Biden en esa ocasión, al ser interrogado sobre una hipotética muerte de Navalni.

En tanto, Antony Blinken fue más claro al señalar que Rusia es “responsable” de la situación que llevó a la muerte al opositor Alexéi Navalni.

“Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo aplicados a un solo hombre subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esta situación”, declaró Blinken al margen de una conferencia sobre seguridad en Múnich, Alemania.

Un tribunal en Irán le impuso otros 15 meses de prisión a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, al acusarle de emitir propaganda contra la República Islámica, informó este lunes su familia.

La sentencia fue impuesta el pasado 19 de diciembre, anunció la familia quien añadió que Mohammadi se negó a acudir a las audiencias en el tribunal.

El veredicto añade que tras cumplir su sentencia, Mohammadi tendrá prohibido salir del país durante un periodo de dos años, formar parte de grupos sociales o políticos y tener un teléfono celular por el mismo periodo.

Además le prohíbe estar en la capital Teherán, por lo cual probablemente tendrá que cumplir la sentencia adicional en otra provincia de Irán. Mohammadi está detenida en la notoria Prisión Evin, cumpliendo una sentencia de 30 meses tras las rejas por acusaciones de difusión de propaganda contra el sistema, desobediencia en prisión y difamación contra las autoridades.

Las medidas reflejan el enojo de las autoridades por el otorgamiento del Nobel de la Paz en octubre pasado, tras años de activismo por parte de Mohammadi y a pesar de décadas de campaña oficialista en su contra.

Mohammadi, de 51 años, es la mujer número 19 en ganar el Nobel de la Paz y la segunda mujer iraní después de la activista de derechos humanos Shirin Ebadi en 2003. Mohammadi ha seguido con su activismo a pesar de ser arrestada varias veces y haber pasado años tras las rejas.

En noviembre, Mohammadi se declaró en huelga de hambre en protesta porque las autoridades le privaron de atención médica a ella y otras reclusas, y contra la obligación a todas las mujeres en Irán de vestir el pañuelo islámico hiyab.

Mohammadi fue inspiración para las protestas por la muerte el año pasado de la joven de 22 años Mahsa Amini, que había sido detenida supuestamente por no ponerse bien el hiyab.

Para las mujeres musulmanas religiosas, el hiyab es muestra de la devoción a Dios y de la modestia en presencia de hombres ajenos a la familia. En Irán, el hiyab, junto con el velo más amplio llamado chador, es también un símbolo político, particularmente desde que volvió obligatorio tras la Revolución Islámica de 1979.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, quedará en libertad mañana miércoles, luego de su detención en 2021 por cargos de narcotráfico, informó la oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

Coronel, madre de dos de las hijas de ‘El Chapo’, cumple actualmente una condena de tres años en una institución federal de baja seguridad en la ciudad Los Ángeles, California.

En su portal de internet, la BOP publicó una breve ficha informativa en la que se hace referencia a la liberación de Coronel el miércoles 13 de septiembre, aunque no ofrece mayores detalles.

La mujer de 34 años, nacida en Estados Unidos, fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto Internacional Dulle, en Washington, por cargos de distribución de cocaína, heroína y de otras drogas.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad la esposa de ‘El Chapo’, también preso en Estados Unidos, admitió haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa mientras que él estaba recluido en el Altiplano, a donde ingresó en 2014.

Tras abandonar el penal, Emma Coronel deberá de cumplir con una serie de requisitos como parte de los cuatro años en libertad supervisada que le restan.

Recordemos que en junio de 2021 Coronel se declaró culpable delos delitos que se le acusaban, por lo cual logró una sentencia reducida de 36 meses de prisión, misma que fue reducida en febrero del año pasado, por lo cual quedará en libertad mañana.

Un tribunal en Rusia declaró este viernes al líder opositor Alexei Navalny culpable de extremismo y lo sentenció a 19 años de prisión, informaron su portavoz y medios de prensa rusos.

Navalny ya cumple una pena de nueve años en prisión por una serie de cargos que él considera políticamente motivados.

Los nuevos cargos están relacionados con las actividades de la fundación anticorrupción de Navalny y declaraciones que han hecho personas de si círculo más cercano.

Se trata de la quinta condena penal y la tercera y más larga pena de prisión que se le ha impuesto al líder ruso opositor; todas son consideradas por sus partidarios como una estrategia del Kremlin para silenciarlo.

Agencias de noticias estatales rusas informaron que cumplirá esta nueva sentencia al mismo tiempo que la actual por cargos de fraude y desacato al tribunal. La fiscalía había pedido una sentencia de 20 años de prisión y el mismo Navalny había anticipado que recibiría una “larga condena”.

Navalny también fue sentenciado en 2021 a dos años y medio de cárcel por violación de su libertad condicional. El juicio por extremismo tuvo lugar a puertas cerradas en una colonia penal al este de Moscú, donde el líder opositor se encuentra detenido.

Cuando el juez leyó el veredicto, Navalny se puso de pie junto a sus abogados y coacusados, con los brazos cruzados y escuchando con una expresión seria en el rostro. Le tomó al juez menos de 10 minutos anunciar el veredicto y la sentencia, algo que en Rusia usualmente toma horas o incluso días.

La audiencia fue transmitida a reporteros en una sala separada, pero la voz del juez era apenas perceptible. La portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, confirmó el veredicto en las redes sociales, y las agencias noticiosas estatales RIA Novosti y Tass reprodujeron citas textuales del veredicto.

Navalny, de 47 años, es el rival más acérrimo del presidente Vladímir Putin y ha destapado casos de corrupción gubernamental y organizado protestas masivas contra el Kremlin. Fue arrestado en enero de 2021 al regresar a Moscú tras estar recuperándose en Alemania de un intento de envenenarlo que él atribuye al Kremlin.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar el abandono y maltrato a las personas mayores.

En su iniciativa, que reformaría diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, se señala que quien abandone a una persona de la tercera edad, deberá recibir de un mes a cuatro años de prisión o de 180 a 360 días de multa, además de retirarle la tutela de adulto mayor.

El diputado Alan Castellanos Ramírez, de la bancada del PRI, señaló que entre las sanciones también estarían la privación de los derechos de familia, así como el pago en reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Argumentó que actualmente las leyes consideran delito el abandono de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que se encuentran enfermas, a pesar de que la edad adulta mayor implica vulnerabilidad; sin embargo, el marco legal permite la impunidad en el abandono de las personas mayores.

Dentro de la iniciativa se indica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores han sido víctimas de abandono, maltrato físico y psicológico, e incluso abuso sexual.

De igual modo, se menciona que existen cifras que muestran que en México se estima una prevalencia de entre 8.1% y 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

“Las personas adultas mayores constituyen un importante grupo de población, de manera que los objetivos que se logren para estas personas eventualmente representarán beneficios en la sociedad”, concluyó el legislador.

Foto: Reinserta

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión por un tribunal de Texas, acusado de aceptar millonarios sobornos con los que compró propiedades en Estados Unidos.

Según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado, Yarrington, de 66 años, aceptó pagos ilegales por 3.5 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas cuando se desempeñaba entre 1999 y 2005 como gobernador de Tamaulipas.

El exgobernador ya había aceptado su culpabilidad en 2021 durante el proceso que se le seguía en Estados Unidos. Como no es ciudadano estadounidense, se espera que sea deportado una vez que cumpla su sentencia.

“El juez Rolando Olvera sentenció a Yarrington a 108 meses de prisión”, dijo la justicia estadounidense.

Yarrington Ruvalcaba logró esta sentencia reducida tras un acuerdo con el fiscal, después de declararse culpable de uno de los once delitos por los que estaba imputado, a cambio de pagar una multa de millones de dólares, así como propiedades, según informó El Universal.

De acuerdo con la decisión, Yarrington “violó su juramento al cargo, debilitando a México como país y promoviendo la actividad delictiva”. A Yarrington también le confiscó una propiedad en Estados Unidos.

“Aunque sea gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando se utilice un cargo para llenarse los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos”, dijo el fiscal Alamdar S. Hamdani.

Yarrington lavó el dinero de sobornos mediante la compra de condominios frente al mar en Estados Unidos, además de grandes propiedades, aviones y vehículos de lujo, precisó el Departamento de Justicia.

Recordemos que el exgobernador fue detenido en 2017 en Italia, cuando viajaba con documentos falsos. Luego fue extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba desde 2013 para someterlo a la justicia. Llegó en abril de 2018 y permaneció desde entonces bajo custodia.

Tras la condena, Yarrington Ruvalcaba será entregado al Departamento de Prisiones estadounidense.

El Tribunal de Leninski, en Minsk, ha condenado este viernes al premio Nobel de la Paz bielorruso, Alés Bialiatski, a diez años de prisión por contrabando y pertenencia a un grupo organizado en el marco de un caso relacionado con la ONG Viasna.

Junto a él han sido condenados otros tres activistas; su adjunto, Valiantsin Stefanovich, el coordinador de la campaña a favor de unas “elecciones libres”, Vladimir Labkovich, y Dimitri Soloviov.

La Fiscalía había solicitado doce años de prisión para Bialiatski, que permanecía en prisión desde julio de 2021, al que acusaban también de financiar protestas antigubernamentales y evadir impuestos.

Según los fiscales, entre 2013 y 2020 “junto a otras personas que no han sido identificadas” formaron una red que permitió obtener más de 800,000 rublos bielorrusos de ganancias.

Los investigadores han señalado que Bialiatski y sus compañeros no dieron de alta la organización en Hacienda y no presentaron los documentos pertinentes ante las autoridades. Así, fueron acusados de evadir unos 113,000 rublos bielorrusos. Sin embargo, todos ellos se han declarado inocentes de los cargos
imputados.

La propia Viasna ha defendido que la ONG “únicamente realiza actividades pacíficas para proteger los Derechos Humanos y las libertades en Bielorrusia, recogidas en la Constitución del país”.

“Rechazamos categóricamente la presión y persecución de miembros de nuestra organización y otros defensores de los Derechos Humanos que llevan a cabo actividades similares, lo cual consideramos como actos de persecución política”, precisaron.

Bialiatski obtuvo el premio Nobel en 2022 junto a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties y se convirtió en la cuarta persona reconocida con el galardón mientras se encuentra encarcelada.

El Gobierno de Bielorrusia criticó el mismo día el premio Nobel y aseguró que reconocimientos como éste hacen que Alfred Nobel se “revuelque en su tumba”.

Al respecto, la Unión Europea (UE) expresó su rechazo a la condena a diez años de prisión da Bialiatski y pidió su liberación.

“Condeno enérgicamente el veredicto del régimen de (el presidente bielorruso, Alexandr) Lukashenko contra los activistas Ales Bialiatski y (la ONG) Viasna, galardonados con el Premio Nobel de la Paz”, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su perfil oficial en Twitter.

La política alemana insistió en que “deben ser liberados” y subrayó que “su lucha por los derechos humanos y la justicia en Bielorrusia continuará”. “Los intentos de silenciarlos fracasarán. Nosotros llevaremos sus voces”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó en la misma red social que la condena de Bialiatski y otros miembros del centro de derechos humanos Viasna de Bielorrusia “es una vergüenza”.

En una declaración, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó “en los términos más enérgicos” los juicios “farsa” a los que han sido sometidos los activistas, que son “otro ejemplo atroz de cómo el régimen de Lukashenko intenta silenciar a quienes se levantan en defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales” de los bielorrusos.

Un ataque armado de presuntos criminales contra una cárcel en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó 17 muertos, incluidos 10 guardias, además de 27 reos fugados, informó la fiscalía del estado.

“La Fiscalía General del Estado informa que en el evento registrado este domingo en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, arrojó el siguiente saldo: 10 oficiales fallecidos, 3 oficiales heridos, 7 ppl (reos) fallecidos, 10 ppl heridos, 27 ppl evadidos”, informó en un comunicado la fiscalía estatal.

El ataque se produjo cuando hombres armados llegaron al Cereso 3 de Ciudad Juárez, a bordo de vehículos blindados y abrieron fuego contra los guardias en momentos en que algunos familiares esperaban para entrar para la visita de año nuevo.

Según las primeras investigaciones, el asalto armado tenía como fin facilitar la fuga de un grupo de presos.

Tras el ataque, policías estatales con la ayuda de militares realizaron cuatro detenciones, añadió la fiscalía sin precisar si se trataba de reos fugados o atacantes.

Reportes de medios locales señalan que al interior del penal algunos reos se habrían amotinado, prendiendo fuego a diversos objetos y enfrentándose con guardias carcelarios.

La fiscalía informó que las fuerzas de seguridad consiguieron controlar la situación en el penal unas cinco horas después de que se desató el ataque.

En el penal donde se produjo el ataque, están recluidos miembros de los brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Juárez, enfrentados por el control de la zona desde hace más de quince años. El Cereso 3 estatal ha sido escenario de distintas riñas y motines, entre ellas una que dejó 20 muertos en marzo de 2009, una de las más sangrientas.

Recordemos que en febrero de 2016, como parte de su visita a México, el Papa Francisco ofició misa en el patio de esta cárcel ante 700 presos y sus familiares. Los llamó a no perder la esperanza y a contribuir a detener la violencia.

Según un reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de febrero pasado, en esta prisión están recluidas más de 3,700 personas cuando su capacidad es de 3,135.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, como parte de su sentencia por un caso de corrupción conocido como “Vialidad”.

Aunque la peronista no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme, pues ya ha sido anunciada una apelación, además de que actualmente cuenta con fuero, la decisión de la Justicia generará una gran incertidumbre a una Argentina que lidia con una crisis económica y un fuerte antagonismo político.

En la lectura del veredicto, el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires consideró a la dirigente “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En tanto, el tribunal absolvió a la dirigente del delito de “asociación ilícita”, en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante sus gobiernos anteriores, cuando se le acusó de que se entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.

“Está claro que la idea era condenarme (…) esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, señaló la vicepresidenta tras conocerse el veredicto, quien consideró que no se respetaron las garantías constitucionales en el proceso y anunció que apelará el fallo.

Cristina Fernández es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la apelación que se anunció. Hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular según lo establece la ley.

Sin embargo, la vicepresidenta dijo que “la condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos”, y afirmó que “en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me vuelvo el 10 de diciembre a la misma casa de donde salí”, agregó.

La dirigente peronista grabó su reacción en su despacho en el Senado, desde el cual siguió de forma virtual el momento en el que un tribunal federal integrado por tres jueces leyó el veredicto.

Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.

Decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.

El tribunal también dictó penas de seis años de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes ya cumplen condenas de cárcel por corrupción, y penas menores para varios exfuncionarios. Tres de los 13 acusados fueron absueltos o sobreseídos por falta de pruebas.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, aseguró este lunes que analiza acciones legales en contra de quienes lo encarcelaron “injustificadamente” y le causaron un perjuicio a él y su familia.

Entrevistado al acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas), luego de que se le retiró el arresto domiciliario dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte Ecovía, el exmandatario dijo que analiza cómo se podría reparar el daño cometido.

“Estoy analizando con mi grupo de abogados lo que tengo que hacer porque evidentemente el daño fue mucho. Para mí (es) muy difícil tomar una decisión, porque luego se ve como revancha o cosas de ese tipo”, declaró a la prensa.

El ex gobernador de Nuevo León mencionó que ha guardado tanto reposo estos nueve meses que le ha dado oportunidad de pensar que sí cometieron una injusticia con él.

Recordemos que ‘El Bronco’ fue detenido el pasado 15 de marzo acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la Presidencia de la República en 2018 y una vez en el Penal de Apodaca le notificaron otra orden de aprehensión por abuso de autoridad.

“El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno o simplemente para distracción no es bueno, se daña no solamente la persona sino también la familia”, sostuvo.

Rodríguez Calderón también aprovechó para no descartar la posibilidad de regresar a la política en un futuro.

“Es decir, soy un ente político, estoy trabajando ahorita yo; todo este tiempo lo he dedicado a tener contacto con la gente a través de las redes sociales, me ha ido bien. Tengo la posibilidad de estar influyendo o tratando de influir, en mi opinión, con la gente que me sigue entonces eso sí tengo que trabajar en eso, no estaré solamente viendo pasar las cosas”, compartió.

Por otra parte, el exfuncionario se deslindó de la crisis hídrica que enfrentó Nuevo León que llevó a cortes programados y un desabasto de agua en la entidad.

“¿A dónde me llevaría yo toda esa agua? Digo ¿dónde está esa agua?, los ciudadanos de Nuevo León son testigos que en nuestro sexenio no les faltó una gota de agua, nunca”, sostuvo. Añadió que él no tiene la culpa de la mala operación de la actual administración.

El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, permanecerá en prisión hasta el próximo miércoles 24 de agosto, fecha que se definió  para la segunda audiencia, luego de que fuera detenido por su presunta participación el “crimen de Estado” en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La segunda audiencia fue programada por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, a las 8:00 horas del próximo miércoles, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial este fin de semana, en la que se concedieron tres recesos.

Durante la audiencia se informó de que el exfuncionario, a cargo de la entonces PGR durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que hay un elevado riesgo de fuga, al contar con una cuenta con más de 85 millones de pesos y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

La defensa del exprocurador pidió la ampliación o “duplicidad” del plazo establecido para ofrecer pruebas en descargo de su defendido, razón por la cual la audiencia de “vinculación a proceso” se efectuará hasta el miércoles.

Recordemos que el pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, además de que señaló que no hay indicios de que estén vivos.

La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido la Verdad Histórica al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en dicho basurero.

Su llegada al Reclusorio Varonil Norte se dio la mañana del sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, desde donde fue trasladado en una camioneta gris, escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

Murillo Karam es hasta ahora el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas.

Además de la detención del extitular de la PGR, la Fiscalía informó que obtuvo órdenes de captura contra 20 militares, 44 policías y cinco funcionarios estatales igualmente vinculados al crimen de los 43 normalistas. Adicionalmente, se autorizó la captura de 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del asesinato.

Los fiscales en España informaron este viernes que pedirán a un Tribunal que condene a la estrella pop colombiana, Shakira, a ocho años y dos meses de prisión si es encontrada culpable de evasión de impuestos.

Shakira está acusada de evadir el pago de 14.5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014. Los fiscales dijeron que pedirán además una multa de 24 millones de euros. El acta de acusación incluye seis cargos.

Días atrás, la cantante rechazó un acuerdo ofrecido por la fiscalía y optó por ir a juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha.

La firma de relaciones públicas de Shakira indicó que la cantante siempre ha cumplido con sus deberes fiscales. Dijo que la artista ha depositado la suma que supuestamente debe, incluidos intereses por 3 millones de euros.

“Shakira siempre ha cooperado y acatado la ley, demostrando una conducta impecable como persona y como contribuyente, y siguiendo fielmente los consejos de PriceWaterhouse Coopers, una prestigiosa firma fiscal reconocida a nivel mundial”, dijeron sus representantes en un comunicado.

Sin embargo, la firma acusó que la Agencia Tributaria española, que dijo “pierde uno de cada dos juicios con sus contribuyentes”, sigue vulnerando los derechos de la colombiana, y sigue con otro caso sin fundamento. S

Shakira confía en que su inocencia será probada al final del proceso judicial, agregó la firma de representación.

Los fiscales de Barcelona dicen que la ganadora del Grammy ha pasado en España más de la mitad de cada año entre 2012 y 2014 y que debería haber pagado los impuestos correspondientes en el país.

Su presencia en el país se habría debido a su relación con el español Gerard Piqué, que recientemente llegó a su fin después de 11 años, aparentemente por infidelidades del astro del Barcelona. La pareja y sus dos hijos vivían en Barcelona.